Luego de casi 30 años del ‘boom’ petrolero ecuatoriano, los resultados no son nada alentadores y más bien han dejado cicatrices en el sector ambiental, económico y social. Actualmente estas consecuencias se expresan en una marcada agudización de la pobreza, endeudamiento externo, e irremediables daños ambientales en la Amazonía.

Ahora bien, la respuesta a esta situación no es la suspensión definitiva de la explotación petrolera, pues es evidente que su desarrollo técnico y racional puede y debe ser el puntal de desarrollo actual del país. Sin embargo, no desde la actual visión de manejo de esta industria, que responde a unas cuántas familias y no al interés nacional. Hace falta un sentido patriótico, soberano en el manejo de este recurso no renovable, que implique desarrollo real de la economía.

Aquí tratamos de recoger una pequeña parte de la triste historia por la que ha transitado la industria petrolera ecuatoriana y tratamos, sobre todo, de ubicar a los responsables de su manejo desleal y antipatriótico.

Gobiernos socios de los atracadores

Con la aprobación de la Ley Trole II, con la que se reformó la Ley de Hidrocarburos para garantizar la “libre competencia” y abrir la inversión hidrocarburífera en el país, se enterró la soberanía petrolera ecuatoriana. Esta reforma fue enviada por el entonces presidente Jamil Mahuad y aprobada en el Gobierno de Gustavo Noboa. Sin embargo, el atraco petrolero empieza mucho antes.

Y es que los atracadores del petróleo han formado parte de los gobiernos centrales, especialmente de los últimos 20 años, quienes les han servido de cómplices para sus proterbos intereses. En el gobierno de Gustavo Noboa, por ejemplo, se pretendió eliminar el Ministerio de Medio Ambiente para camuflar los daños ecológicos que provocaban las empresas extranjeras y nacionales de estos atracadores, especialmente las que estaban alrededor de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

El reparto de los campos ha sido evidente en todos estos gobiernos: los grandes para las empresas extranjeras y los pequeños para las empresas nacionales. Así tenemos al grupo Isaías, que se ha introducido en las actividades petroleras siendo propietario de varias empresas establecidas en sectores clave, como Lumbaqui Oil, Cayman y Petromanabí. Lumbaqui Oil adquirió el bloque 11 una vez que la Empresa Santa Fe abandonó la zona por considerar que sus operaciones no eran rentables. El objetivo era adquirir los derechos petroleros alrededor de los campos que posee Petroecuador con el fin de que, en los procesos de privatización, se haga valer el criterio técnico de conocer ya el área, los yacimientos, contar con infraestructura cercana, y con ello tener ciertos privilegios. Esta familia es la que defiende abiertamente los intereses de la compañía extranjera OXI, a través de los medios de comunicación de su propiedad, como son TC televisión, Gamavisión, CD 7, etc. Defensa que se desarrolla en grandes espacios de opinión que les brindan a los abogados de las extranjeras como René Ortiz y Fernando Santos Alvite, quienes lucran económicamente defendiendo a los Estados Unidos y atacando al Ecuador. Estos dos defensores del atraco petrolero fueron miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde establecieron relaciones con las transnacionales. En el caso de Ortiz, fue gerente de ENI (antes AGIP), y cuando ocupó el Ministerio de Energía y Minas en el gobierno de León Febres Cordero, firmó un acuerdo de entendimiento con las empresas que más tarde se involucraron en la construcción del OCP y otorgó beneficios a la empresa ENI con el incremento de las tarifas que recibían las empresas comercializadoras, en donde ENI pasó a controlar el 40% de los ingresos por este concepto. Esto provocó un perjuicio al Estado de 82 millones de dólares por año.

Los funcionarios manchados de negro

Así como estos dos siniestros personajes, hay otros que también han hecho parte del atracopetrolero. Uno de ellos es Pablo Terán Ribadeneira, ex presidente de la Cámara de Minería del Ecuador y ex ministro de Energía en el Gobierno de Gustavo Noboa, que fue denunciado por tener intereses personales y de grupo en el sector de la minería, electricidad y petróleo. Él facilitó la construcción del OCP, donde participaron como socias varias empresas internacionales como Techint (Argentina), C. Alberta Energy Company (Canadá), Repsol-YPF (España-Argentina), ENI (Italia), Occidental (EEUU), para la infraestructura, área de exploración, explotación, industrialización y transporte del crudo. Terán actualmente forma parte de la empresa Flowers from Ecuador, la cual ha sido demandada por apropiación de bienes, estafa y violación de las leyes de migración en los Estados Unidos. Fue enjuiciado por el Congreso Nacional pero la mayoría legislativa, conformada en ese entonces por el PSC y la ID, lo salvaron.

Otro de estos personajes es Mario Ribadeneira, tío de Pablo Terán y ex Ministro de Economía en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Formó parte de la Comisión de Paz con el Perú en el tema minero de la Cordillera del Cóndor, es tenedor de deuda externa, está vinculado a la empresa Lumbaqui Oil y Cayman y participó de la reunión para la concesión ilegal del campo Palo Azul para el grupo Isaías cuando Pablo Terán era Ministro de Energía y Minas.

Boris Abad, asesor de Pablo Terán en el Ministerio de Energía y Minas. Fue partícipe de la ley Trole II en la reforma a la Ley de Hidrocarburos a través del Consejo Nacional de Modernización (CONAM), institución en la que actuó como asesor durante la presidencia de este organismo de Ricardo Noboa Bejarano, un contumaz entreguista. Es socio del ministro Pablo Terán Ribadeneira en la empresa Flowers from Ecuador y está ligado a los intereses transnacionales al haber sido empleado de las empresas Conaco y Maxus-YPF en el área socio ambiental. Estas dos empresas vendieron sus acciones a la actual Repsol YPF, con la cual también está ligado. Abad, además, forma parte del Grupo Sipetrol.

Según Adolfo Maldonado, activista de Acción Ecológica, el ex ministro de Energía Pablo Terán Ribadeneira, junto con Boris Abad, asesoraron la privatización de toda la industria petrolera del país. Según dice, en las relaciones de estos personajes se mezclan empresas como “Proinpetrol, Leasing del Pacífico, Valero Energy Corp., Vitol, Lubriamapec, Cayman, Petromanabí, Sipetrol, Odín, Proempres, Tropigás, Petransa, Lubrinasa, Inversiones Vikaya, Lumbaqui Oil, Invertric.

“El grupo Isaías, que participó en las inversiones del Bloque 11 durante la gestión de Santa Fe, participa también en otras empresas petroleras: Cayman (30%), Lumbaqui Oil (100%) y Petromanabí, cuyas acciones (100%) están en posesión de la empresa Inversiones Vikaya S.A., registrada en Panamá y propiedad de los hermanos Roberto, Estéfano y William Isaías Dassum. El Bloque 11 ha sido codiciado por este grupo durante mucho tiempo, pues junto a él se encuentran el campo Bermejo, que posee un crudo de alta calidad, y el bloque 18, que se encuentra junto al campo Palo Azul, con grandes reservas de crudo, y que disputaron con éxito a Petroecuador para hacerse de sus reservas por medio de irregularidades”, asegura Maldonado.

Este círculo siniestro del petróleo no termina ahí. Otro de los parientes de Pablo Terán que está vinculado con al negocio petrolero es Edwin Terán Ribadeneira, hermano del ex Ministro Pablo Terán y que tiene acciones en el Grupo Quest y en Lubriamapec, esta última distribuidora de los lubricantes de Repsol-YPF. Tiene acciones igualmente también en las empresas petroleras Sipetrol y Vitol. Patricio Ribadeneira, ministro de Energía y Minas en el gobierno de Mahuad y Secretario de Vivienda en el régimen de Gustavo Noboa, firmó el acta final del gobierno ecuatoriano con Texaco, donde procedieron a absolver a esta empresa extranjera de los daños ecológicos por la explotación de crudo por 20 años.

A esta lista se agrega César Espinoza, ex subsecretario del Ministerio de Energía y Minas y ex Director Ejecutivo de la Cámara de Minería del Ecuador. Se le acusa de haber repartido las concesiones mineras al sector privado sin procesos de licitación y favoreciendo procesos de corrupción. Manuel Echeverría, quien fue asesor en hidrocarburos y ex miembro del Consejo de Administración de Petroecuador (CAD) en el gobierno de Mahuad. Fue acusado por la adjudicación irregular de los campos Eden-Yuturi y Limoncocha a la empresa Occidental luego de haber sido gerente de esta empresa de EEUU. Y, finalmente, se encuentra una de las personas más influyentes y defensoras de la política norteamericana: Ítalo Cedeño, compadre de Boris Abad, que trabajó en Ecuador y en los Estados Unidos para la empresa Conoco. En Ecuador ocupó la Gerencia de Petroproducción, gestión en la cual fue acusado de la prórroga del período de contrato en el país a la empresa City. Fue empleado de Petransa S.A., que construyó una planta de gas licuado en Itulcachi (Pifo) sin tener los permisos de la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Fue a la vez gerente de Lumbaqui Oil y representante legal de la empresa Petromanabí S.A. Ahora estaría como representante del Presidente de la República al directorio de Petroecuador y habría presionado al Gobierno para la salida de Carlos Pareja Yannuzeli de la presidencia del organismo petrolero estatal.

Para el contralmirante Gustavo Jarrín Ampudia, miembro del Frente Patriótico por la Soberanía del Petróleo, varios han sido los gobiernos que han mantenido relaciones con personajes obscuros en los negociados petroleros. Así menciona por ejemplo a “OSWALDO HURTADO, vinculado con César Robalino Gonzaga, Javier Vidal Maspons, Jorge Pareja Cucalón. LEÓN FEBRES-CORDERO con Javier Espinosa Terán, Fernando Santos Alvite. SIXTO DURÁN BALLÉN con Andrés Barreiro Vivas, Pablo Baquerizo Nazur, Francisco Acosta Coloma, Galo Abril Ojeda, Jorge Pareja Cucalón; Ricardo Estrada, Hans Collins. RODRIGO BORJA CEVALLOS con Diego Tamariz, Donald Castillo, Luis Román Lazo. Además tenemos a ABDALÁ BUCARAM ORTIZ con Alfredo Adum Ziadé. FABIÁN ALARCÓN con Álvaro Bermeo, Luis Román Lazo. JAMIL MAHUAD WITT con Patricio Ribadeneira, Teodoro Abdo, René Ortiz, Wilson Pástor. Y, finalmente, GUSTAVO NOBOA con Pablo Terán Ribadeneira, Rodolfo Barniol, Gustavo Gutiérrez. LUCIO GUTIÉRREZ con Carlos Arboleda, Eduardo López, Luis Camacho, Hugo Bonilla. ALFREDO PALACIO con Fausto Cordovez, Iván Rodríguez; Robert Pinzón, Luis Román Lazo”. Además, Jarrín Ampudia asegura que el actual Ministro de Energía Iván Rodríguez es uno de los culpables del descalabro del sector eléctrico y de la liquidación del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL).