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Ricardo Alarcón de Quesada.

Son ocho años de injusticia y desvergonzada, cínica complicidad con el terrorismo. Washington admitió siempre que su propósito al actuar contra los Cinco era proteger y amparar a los grupos terroristas anticubanos que operan libremente desde el territorio norteamericano.

Nuestros compatriotas lucharon heroicamente contra esos grupos. Por eso, sólo por eso, se les castiga con infame ensañamiento.

Son también ocho años de silencio culpable de los grandes medios que disciplinadamente han acatado la orden de ocultar la verdad. Lo han hecho sin parpadear sabiendo que así facilitan el trato cruel e injustificable a cinco inocentes y la impunidad de los asesinos y sus patrocinadores.

Durante este largo período es muy poco, casi nada, lo que se ha permitido conocer de este tema al público norteamericano, y muy escasa asimismo la información que al respecto han recibido quienes viven en otras sociedades supuestamente democráticas.

En palabras del historiador norteamericano Howard Zinn: "El caso de los Cinco cubanos presos en Estados Unidos es algo que permanece en secreto para el pueblo norteamericano".

Por su parte Ignacio Ramonet describe así la situación respecto al Viejo Continente: "Por parte de los medios de comunicación europeos se está aplicando un boicot generalizado, ni en los periódicos, ni por radio, ni por televisión se habla de esta historia. Nos encontramos frente a un hecho totalmente censurado".

Debió haber sido noticia destacada el reconocimiento explícito, desde la acusación inicial y a todo lo largo de uno de los procesos judiciales más prolongados de la historia, por parte de las autoridades norteamericanas de que su objetivo era defender a bandas terroristas.

Lo proclamaron incluso poco después de los sucesos del 11 de septiembre del 2001 cuando el señor Bush y sus corifeos no descansaban en su incesante y mentiroso sermoneo contra el terrorismo.

Exigieron al tribunal de Miami que, además de las desmesuradas condenas, les fueran impuestas a los Cinco medidas específicas, para asegurar que nunca más, una vez cumplidas sus penas carcelarias, pudieran intentar algo en perjuicio de los delincuentes.

Así lo repitieron una y otra vez como consta en las actas del tribunal, el cual accedió a la petición con esta desvergonzada sentencia: "Como una condición especial adicional para la libertad supervisada se le prohíbe al acusado acercarse a, o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, personas que promueven la violencia o figuras del crimen organizado."

El fraudulento proceso judicial contra los Cinco es, entre otras cosas, una afrenta a todas las víctimas del terrorismo, un insulto especialmente para los norteamericanos muertos aquel 11 de septiembre. Por eso el silencio cómplice de los grandes medios. De ahí la orden de ocultar la verdad.

Desarmados, sin causar daño alguno a nadie, sin emplear jamás la fuerza, valiéndose exclusivamente de su voluntad, su talento y una ilimitada disposición al sacrificio personal, nuestros valerosos hermanos, arriesgándolo todo, penetraron los peores enclaves de Miami, lograron descubrir algunos de sus planes criminales y contribuyeron a evitarlos.

Por ello son y serán siempre acreedores de la eterna gratitud de nuestro pueblo y cuentan con una solidaridad siempre creciente en todo el mundo.

Recibirán también el reconocimiento del pueblo norteamericano que algún día logrará derrotar al régimen inmoral que hoy lo oprime y engaña.

Nuestros compatriotas cumplieron una misión mil veces heroica al sacrificar su felicidad personal y familiar y realizar tareas de sumo riesgo frente a inescrupulosos matarifes respaldados por un gobierno tan culpable como los malhechores.

Llevaban a cabo una misión indispensable, pacífica y noble. Defender a su Patria y a su pueblo frente a una agresión sistemática que incluye acciones terroristas que han ocasionado la pérdida de miles de vidas y cuantiosos daños materiales. Sobran las pruebas. Ignorarlas es infame. En el territorio norteamericano se encuentran ahora mismo, protegidos por las autoridades federales, quienes planearon, dirigieron y hasta celebraron la destrucción en pleno vuelo cerca de Barbados, el 6 de octubre de 1976, de un avión civil cubano y la horrible muerte de sus 73 ocupantes.

Durante 30 años el gobierno de Estados Unidos ha encubierto el abominable hecho y ha amparado a sus autores, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. Documentos oficiales desclasificados en el 2005 prueban claramente que ese gobierno conoció con varios meses de anticipación del siniestro plan, sabía quiénes eran y dónde estaban los asesinos y desde entonces, a lo largo de tres décadas se ha empeñado en impedir la acción de los tribunales de justicia.

En el verano de aquel año el grupo terrorista que se hacía llamar CORU colocó varias bombas en instalaciones aeroportuarias del área del Caribe con la intención de sabotear vuelos dirigidos a Cuba.

En septiembre en una reunión pública en Caracas, Orlando Bosch reconoció abiertamente su responsabilidad en el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier ocurrido el 21 de ese mes en Washington D.C y anunció que a partir de ese "éxito" planeaban realizar una acción de gran envergadura. En la misma reunión Posada precisó que esta consistiría en la destrucción de un avión cubano.

Todo lo anterior consta en informes confidenciales de la CIA y el Departamento de Estado. El gobierno de Reagan-Bush no hizo absolutamente nada para evitar la realización de esos hechos, no movió un dedo para alertar a sus víctimas ni llevó a cabo esfuerzo alguno, ni antes ni después, para detener a los culpables.

Para los grandes medios nada de eso se convirtió en noticia entonces, ni cuando hace un año se conocieron esos informes, ni ahora cuando no se cansan de hablar de otros hipotéticos planes. El crimen de Barbados sigue impune, cubierto por treinta años de silencio y complicidad.

El señor Bosch ha tratado de justificarlo del modo más cínico. Lo ha hecho cada vez que ha querido en los medios televisivos, radiales e impresos de la mafia de Miami.

Acaba de reiterarlo, además, en una entrevista a La Vanguardia, de Barcelona. Nadie ha protestado, sin embargo, en Norteamérica ni en Europa. Porque Bosch disfruta desde hace muchos años de la protección del clan Bush.

¿No lo vieron en televisión en aquella desvergonzada tribuna miamense junto a quien hasta allá fue a agradecer el fraude que le permitió apoderarse de la Casa Blanca en el 2001? ¿No recorrió las calles de esa ciudad en febrero del 2003, encabezando la marcha convocada por él, la única que se efectuó en el planeta a favor de la guerra, con aquel lema de "Irak ahora, Cuba después"? ¿Ha ido el FBI o la prensa norteamericana a interrogarlo alguna vez, aunque sea una vez, después que ha pasado más de un año desde la publicación de documentos oficiales que indican que él, Bosch, participó en el plan para asesinar a Orlando Letelier? ¿No recuerdan ya que el monstruoso crimen ocurrió a plena luz del día en la capital de su país y que allí murió también, despedazada, Ronnie Mofitt, una joven norteamericana?

Posada Carriles publicó su autobiografía en la que da cuenta minuciosa de sus fechorías hasta comienzos de la última década del pasado siglo; posteriormente, el 12 y 13 de julio de 1998 concedió una entrevista de primera plana al diario The New York Times donde reconoció su plena responsabilidad por los atentados con bombas ocurridos en La Habana el año anterior incluyendo el que causó la muerte al joven italiano Fabio Di Celmo (algo que no lamentó, por lo contrario, aseveró, no le impedía "dormir como un niño"); y ha reconocido en otras entrevistas las numerosas vidas que ha segado y el respaldo que para ello ha recibido de Washington y Miami.

Hace ya año y medio que Posada permanece en Estados Unidos, país al que supuestamente ingresó sin cumplir las formalidades migratorias. Eso y nada más le han echado en cara las autoridades que lo mantienen en cómoda custodia.

En el mismo lapso de tiempo decenas de miles de indocumentados han sido encarcelados y expulsados sin grandes miramientos y otros miles han perdido la vida en el desierto o a manos de los cazadores de inmigrantes.

Posada goza de privilegios absolutamente únicos. Cuenta con abogados que lo defienden y diarios, emisoras de radio y de televisión de Miami que además de apoyarlo lo elogian como a un héroe y encomian su perversa trayectoria.

Posada reclama su derecho a la ciudadanía norteamericana y emplea como principal argumento precisamente sus innombrables crímenes que, asegura él, fueron cometidos al servicio del gobierno de Estados Unidos, con su respaldo y patrocinio.

Los atentados contra la aviación civil fueron calificados, hace ya mucho tiempo, como acciones imperdonables que todos los estados están obligados a impedir y llegado el caso a sancionar severamente. Para asegurarlo fue suscrita la Convención de Montreal en 1971.

La comunidad internacional fue capaz de superar las contradicciones de aquellos tiempos de "guerra fría" y arribó a un consenso alrededor de ciertos principios que fueron exigidos con energía por las empresas transportadoras y los sindicatos de empleados de esa industria.

En ninguna circunstancia, cualesquiera que fueran los móviles de sus autores o las consideraciones políticas o de otro orden, se toleraría que ese tipo de acto evadiera la justicia. El artículo 7 de esa Convención no puede ser más claro y categórico.

El Estado en cuyo territorio esté alguien acusado de haber atentado contra la aviación civil solo tiene dos opciones: o lo extradita al país que lo solicite o "estará obligado, sin ninguna excepción" a encausarlo y juzgarlo él.

Hace ya año y medio, sin embargo, que Posada está en Estados Unidos, disfrutando la protección de Bush, el pequeño, como antes hizo con Bosch, el Bush padre. Ni lo han extraditado a Venezuela ni le han iniciado juicio en Estados Unidos por la destrucción en pleno vuelo de un avión civil.

Peor aún. Reconocen que han hecho gestiones con al menos seis países, tratando de encontrarle refugio. Andan a la búsqueda de un cómplice que se preste a evitar que Posada sea juzgado y sancionado como terrorista.

En Estados Unidos siguen disfrutando de la protección oficial los culpables de muchos otros hechos que han provocado muertes y sufrimiento a nuestro pueblo. Pero la impunidad se extiende también a la jurisdicción norteamericana. Aun siguen sin castigo los asesinatos de Santiago Mari Pesquera y de Carlos Muñiz Varela realizados por el CORU en Puerto Rico.

Estas verdades irrefutables prueban hasta la saciedad la inocencia de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René. Cuba ha tenido y tiene la necesidad de defenderse frente al terrorismo de Washington. Nuestros Cinco compatriotas no cometieron delito alguno. Lo que hicieron fue una proeza que no merecía sanción sino homenaje.

Ellos sin embargo siguen en prisión y sometidos a un turbio proceso judicial plagado de arbitrariedades en el que se han violado las normas y procedimientos del sistema norteamericano. Cualquiera de esas violaciones habría sido suficiente para anular todo el proceso desde su inicio.

El confinamiento solitario que se les impuso durante 17 meses a partir de su detención; las extremas dificultades para comunicarse con sus abogados defensores; el haberles negado a unos y otros el acceso a las supuestas pruebas de los acusadores; la realización del "juicio" en Miami bajo las presiones y la histeria anticubana allí exacerbadas durante el secuestro de Elián que coincidió con el encausamiento de nuestros compañeros; la intensa campaña que contra los Cinco desataron los medios de prensa locales en la que ocuparon lugar prominente varios autotitulados periodistas que, como acaba de revelarse el pasado viernes, eran en realidad empleados asalariados del aparato de propaganda anticubana del gobierno de Estados Unidos.

Cualquiera de esos elementos bastaría para declarar nulo y sin valor alguno todo el proceso seguido contra ellos. Pero continúan en prisión injustamente y se extiende su sacrificio y el de sus familiares.

Independientemente de los resultados en la batalla legal que seguirán librando frente a las maniobras de un gobierno tan tramposo como el de Bush, hay que redoblar y ampliar la solidaridad internacional y no descansar en el esfuerzo para que la verdad sea conocida.

La solidaridad de los pueblos, solo ella, traerá la justicia. Hoy se manifiesta en todo el mundo en una Jornada Internacional para exigir la liberación de nuestros Cinco abnegados compañeros y para demandar que se haga justicia a todas las víctimas del terrorismo.

La Jornada se extenderá hasta el 6 de octubre, aniversario del abominable crimen de Barbados. Y no se detendrá ese día.

La solidaridad crecerá: Hasta que los héroes sean liberados. Hasta que los terroristas sean castigados.

Ricardo Alarcon de Quesada es el Presidente del la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba

Agencia Cubana de Noticias