El Poder Legislativo solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión especial de la licitación pública internacional 18575111-006-07 para la operación de ductos, por considerarla anticonstitucional, violatoria de las leyes de Hidrocarburos, de Presupuesto, de Obra Pública y de Adquisiciones, y por poner en riesgo la soberanía nacional.

Desde hace varias semanas, en las oficinas corporativas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se habla de la sucesión de Jesús Reyes Heroles al frente de esa empresa petrolera del Estado. El motivo, dicen funcionarios de Pemex y fuentes del sector privado, es haber operado junto con legisladores priístas (Francisco Labastida Ochoa) posibles reformas constitucionales para privatizar algunas áreas petroleras, sin el conocimiento del presidente Felipe Calderón.

Al interior de Pemex es un secreto a voces la renuncia de Reyes Heroles entre integrantes del Consejo de Administración y directivos de las subsidiarias, algunos de los cuales han alertado del riesgo que significaría para el país que empresas privadas operen ductos petroleros.

Así, el revés que el Poder Legislativo da al primer proyecto de su gestión para abrir a la iniciativa privada sectores que constitucionalmente son exclusivos del Estado, es uno de los factores que podrían significar la salida de Reyes Heroles de la paraestatal.

A unos días de que Pemex adjudique el contrato para la operación y mantenimiento del Sistema 4 de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (el más importante del país), la Comisión Permanente del Senado de la República exhortó al Ejecutivo federal a que cancele la licitación pública internacional 18575111-006-07.

Además, por considerar que el proyecto viola diversos ordenamientos, el Senado citó a comparecer a la titular de Energía, Georgina Kessel Martínez; al todavía director de Pemex, Jesús Reyes Heroles; al director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil, y a los funcionarios que participan en el proceso de licitación.

El Senado determinó que el proyecto impulsado por Reyes Heroles y diseñado por el subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución, Luis Sergio Guaso Montoya, y por funcionarios de PEP –incluido su titular Carlos Morales–, viola la Constitución Política, el Reglamento a la Ley Orgánica de Pemex y Organismos Subsidiarios, mediante los que se otorga a PEP la facultad exclusiva para que directamente, sin la participación de terceros, realice el transporte y la distribución de hidrocarburos y gas.

El dictamen del Senado de la República, en el que se pide al Ejecutivo detener la licitación, argumenta que el dominio directo del Estado sobre el petróleo “no es para atender intereses particulares, sino públicos”, y que con la citada licitación se estaría entregando la enajenación del dominio sobre el manejo del petróleo y se perdería el control sobre la explotación del recurso.

“El dominio eminente del Estado consiste en la potestad soberana de éste sobre su territorio, y es un poder supremo sobre el territorio correspondiente, constituyendo así el poder de disponer directa e inmediatamente sobre la cosa objeto de aquel derecho; es por ello que el Estado, por conducto de Pemex, puede celebrar todo tipo de actos jurídicos, incluyendo los mercantiles que tengan por finalidad la explotación adecuada de ese recurso natural, para beneficio de la colectividad, siempre y cuando no enajene el dominio que de ellos tiene, ni pierda el control sobre la explotación del recurso.”

Sobre el financiamiento del contrato, en información enviada al Congreso, Carlos Morales Gil justificó que la mayor parte se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, dentro de los siguientes Pidiregas: Proyectos Cantarell, Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas, Integral Chic-Pidiregas, Integral Caan-Pidiregas, Integral Yaxche-Pidiregas, Integral Och-Uech y Kax-Pidiregas.

Sin embargo, el Senado documentó que la mayoría de los trabajos del contrato son de mantenimiento y no de inversiones productivas, requisito indispensable para que se aprobaran como Pidiregas, por lo que los legisladores presumen violaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Al respecto, solicitaron a la recién creada Comisión de Investigación de Pidiregas de la Cámara de Diputados que revise la autorización de este proyecto.

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ordenará a la ASF a que realice una auditoría especial a dicha licitación. Los legisladores de las Comisiones de Energía de ambas cámaras solicitarán que la Secretaría de la Función Pública abra una investigación contra Jesús Reyes Heroles por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por supuestos conflicto de intereses y tráfico de influencias, y porque funcionarios de PEP participaron en el diseño de la licitación internacional.

De acuerdo con documentos internos de la paraestatal publicados por Contralínea en agosto pasado, además de Sergio Guaso y Carlos Morales, otros funcionarios involucrados en la licitación son el subdirector de PEP en la Región Sur, José Refugio Serrano Lozano; el gerente de Transporte y Distribución de Hidrocarburos, Carlos Hernández García; los coordinadores de Mantenimiento de Ductos, Eloy Pérez Baruch y Heliodoro Cigarroa Citalán; el coordinador de Seguridad Industrial, Rodolfo Velásquez López; y el especialista en Integridad de Ductos, Víctor Hernández Herrera.

Proyecto amañado

La privatización de ductos fue definida dentro del Modelo Suma (Contralínea, 54), delineado por un reducido grupo de funcionarios del sexenio foxista, encabezados por Luis Ramírez Corzo; el exdirector Corporativo de Operaciones, Marcos Ramírez Silva; y el entonces director de los polémicos Contratos de Servicios Múltiples, Luis Sergio Guaso Montoya, actual Subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución, quien controla los proyectos Pidiregas de la paraestatal.

En el marco de este proyecto, el pasado 22 de mayo, PEP publicó las bases de la licitación 18575111-006-07 para adjudicar el denominado Sistema 4 de Transporte de Hidrocarburos y Gas, que comprende los estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, el más importante en el proceso de producción de crudo por su longitud: mil 700 kilómetros; y por el volumen de petróleo que en él se transporta: 350 mil barriles diarios, dentro de los cuales se ubica el ciento por ciento del energético que llega a las seis refinerías del país para la producción de gasolina.

La licitación fue etiquetada en el rubro: “Aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ducto”. Se trata del primero de los cuatro contratos mediante los cuales se cederá la operación de los ductos por los cuales se transporta, distribuye y comercializa todo el crudo que sale de la Sonda de Campeche (49.2 por ciento de la producción nacional); el 70.2 por ciento de la producción de gas; y el 94 por ciento de condensados. Su operación y mantenimiento es considerada estratégica para la seguridad energética del país.

En agosto pasado, Contralínea reveló el nombre de las 13 compañías que se disputan el contrato, estimado en más de mil millones de dólares; entre ellas se ubicó a la texana Mexssub, para la cual, según publicó La Jornada el pasado 21 de septiembre, Reyes Heroles habría cabildeado ante Ramírez Corzo y Carlos Morales Gil, en septiembre de 2005, para “definir un esquema de mantenimiento integral de corredores de ductos de la petrolera estatal”.

En un análisis de la licitación pública, elaborado por las comisiones de Energía del Senado y de la Cámara de Diputados, se denuncia que las bases de licitación no cumplen de ninguna manera con la normativa al respecto y que si los funcionarios de PEP llevan adelante el proceso y determinan que hubo un ganador del contrato, “sólo será porque arbitrariamente así lo determinen los servidores públicos a cargo del proceso de licitación y no porque tales propuestas hayan cumplido estrictamente con lo dispuesto por la Ley en la materia y su Reglamento”.

El documento señala que aunque supuestamente el contrato está etiquetado en el rubro de obra pública, la licitación está hecha a modo para que la gane una empresa especialista en el negocio de Petróleo y Gas, así como lo relativo a servicios –contrario a la Ley–, pero, además, la única empresa que podría acreditar los requisitos es, precisamente, Mexicana de Servicios Subacuáticos (Mexssub International, Inc.), establecida en 1982 en Houston, Texas, como una corporación encargada de dar servicios de reparación a estaciones subacuáticas de las industria del gas y el petróleo.

El senador Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía del Senado, asegura que, además de anticonstitucional, la licitación supone el tráfico de influencias de Reyes Heroles, quien como consultor privado recomendó a su predecesor, Mexsub, empresa que actualmente se disputa el contrato.

El legislador perredista, quien propuso el Punto de Acuerdo para frenar la licitación de ductos, explica:

“Lo que nos lleva a la sospecha y habla de la parcialidad o de un tráfico de influencias de la dirección es lo siguiente: estamos ante una situación donde no sabemos dónde termina el consultor privado y dónde comienza el director de Pemex.”

En este tenor –señala el senador– “lo más prudente es que Reyes Heroles cancele la licitación, y que así se arreglen las cosas, para no tener que recurrir a otras instancias, porque este proyecto definitivamente es anticonstitucional. Se pueden contratar los trabajos de mantenimiento, pero la operación de los ductos no, eso es ilegal”.

Fuentes de Pemex indican que, pese al pronunciamiento del Senado, la paraestatal sigue adelante con el proceso de licitación. El acta de la octava y última reunión de aclaraciones de PEP con los licitantes, efectuada el pasado 27 de septiembre en las oficinas del edificio Pirámide, en Villahermosa, Tabasco, indica que, acorde con la última prórroga para la asignación inicial del fallo, el próximo 24 de octubre se dará apertura a las propuestas económicas, el 31 de octubre el fallo y el 30 de noviembre la firma de contrato, cuyo inicio está programado para noviembre de 2008.

Legisladores que integran las comisiones de energía en ambas cámaras adelantan que si la paraestatal adjudica el contrato, presentarán una denuncia contra su titular ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se evalúe la inconstitucionalidad del proyecto.

Las irregularidades

Cuando Pemex hizo pública la licitación 18575111-006-07, las comisiones de Energía del Congreso de la Unión crearon grupos de trabajo de expertos en materia energética y abogados, quienes han hecho diversas revisiones al proceso mediante el que Reyes Heroles plantea entregar el sistema de ductos más importante del país a una empresa privada. El resultado de todo este análisis derivó en el rechazo del Legislativo al proyecto.

De su evaluación a la licitación, el Legislativo concluye que es ilegal dejar que terceros participen en la operación “de tan estratégico sistema de transporte de hidrocarburos, cuya función es el inicio del transporte del crudo para las refinerías donde se producen las gasolinas del país”, porque ello “vulnera aspectos de seguridad nacional”.

En los alcances de las bases de licitación, se detectó que “de forma irregular, los funcionarios de Pemex encargados de diseñar las bases simulan un contrato de obra pública, para permitir a la contratista intervenir directa e indirectamente en funciones de operación exclusivas de PEP”.

Entre las atribuciones que irregularmente tendría la contratista, se enumera:

“La asesoría técnica a la operación y mantenimiento que realizará el contratista”, cosa que invade las funciones de operación y planeación exclusivas del organismo subsidiario.

La contratista, contrario a la ley, realizaría “la planeación y evaluación de los programas anuales de trabajo para cada uno de los próximos 10 años, a partir de 2008”. Éstas son funciones exclusivas de las áreas de operación y planeación de PEP, en donde normalmente no se contratan servicios para que terceros realicen las funciones de su competencia en la operación del sistema de ductos.

En violación al artículo 27 constitucional, a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley Orgánica de Pemex, la contratista dirigiría y administraría la ejecución de los trabajos, en las áreas de operación, planeación, mantenimiento y finanzas, que por ley competen a PEP.

Opacidad

El análisis del Legislativo explica que, en el esquema de licitación de ductos, los funcionarios de la paraestatal han incurrido en “una gran opacidad” en el manejo de la planeación, presupuestación, autorización, aplicación y rendición de cuentas de los recursos del Presupuesto de Egresos y de diversos Pidiregas, pues, según informó Carlos Morales al Senado, aún no se tiene claro el porcentaje del contrato que se pagará con recursos autorizados vía Pidiregas, ni el porcentaje que se pagará con dinero del presupuesto de egresos.

La opacidad de dicha información se atribuye a que ni los funcionarios de la paraestatal tienen claro los alcances del contrato, porque está justificado como un contrato de obra pública a precios unitarios, que en cualquier momento puede tener ampliaciones y ajustes de costos.

La licitación indica que la empresa ganadora solicitará durante diez años presupuesto a la paraestatal para ejecutar sus Programas Anuales de Trabajo, y que PEP lo solicitará a su vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las atribuciones que irregularmente se dan a la contratista en dicha licitación y que suponen violaciones a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, son las de subcontratar hasta el 95 por ciento de los trabajos, salvo la asesoría, la administración del contrato y la administración de la ejecución de los trabajos, que representan el 5 por ciento del contrato. Según cálculos del titular de PEP, la contratista podría manejar unas 44 subcontratistas, sin que la subsidiaria las revise.

Por ello, agrega el documento, “si lo anterior fuera poco, el desarrollo de actividades del contratista en la operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos tiene implícito la transferencia de conocimientos de PEP al contratista, para que, en el curso de los años, el conocimiento pleno para operar el sistema esté del lado del contratista y se continúe desmantelando el acervo y experiencia de técnicos y obreros de Pemex”.

Más aún, en este esquema de contratación, se establece un Grupo Directivo que estaría integrado por tres representantes de PEP (incluido su titular) y otros tres de la compañía, con la misma calidad de voto; si existiera alguna diferencia entre ambas partes, estas deberán discutirse en la Corte Internacional de París, donde usualmente Pemex ha perdido los juicios.

Integrantes del Comité Nacional de Energía, quienes han estado presentes en las reuniones de los funcionarios de PEP con las empresas que se disputan el contrato (en el edificio Pirámide de Villahermosa, Tabasco), explican que el proceso rompe con todas las normas de una licitación pública, y que prácticamente ha sido “como una subasta pública, porque ni los mismos licitantes saben cómo estimar sus propuestas económicas por los miles de conceptos que no se están considerando”.

Citan, por ejemplo, que, según las bases de licitación, la contratista deberá obtener por su cuenta todos los permisos y derechos de vía en las zonas de obra, que incluyen ejidos, zonas habitacionales, industriales, entre otras, sin que la paraestatal intervenga en dicho proceso, pero, según los integrantes del Comité Nacional de la Energía, ni los mismos contratistas saben lo que pagarán por cada permiso.

Para hablar sobre la denuncia de inconstitucionalidad e irregularidades documentadas por el Legislativo en el proyecto de ductos, se solicitó una entrevista con el director de Pemex y con el titular de PEP, ninguno de los dos respondió.

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: Octubre 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 89