Este polémico tema ha provocado que se levanten posturas democráticas hacia la defensa de los sectores más vulnerables. En ese sentido, y tomando en cuenta que las propuestas de este Código no solamente tienen la intención de reorganizar el territorio, el bloque de asambleístas del Movimiento Popular Democrático y la Central Unitaria de los Barrios del Ecuador (CUBE) han denunciado la intención privatizadora y neoliberal de la propuesta oficial.

Así, entre las cuestiones más fundamentales se sostiene que la idea del COOTAD es crear impuestos, tasas; y hacer que el financiamiento de la obra pública esté a cargo de la población, todo esto de manera inconstitucional.

En el caso de los Gobiernos Regionales, Provinciales y Municipales, se delegará la gestión de los servicios públicos a la iniciativa privada (empresa privada) lo cual significa la privatización de los servicios, algo a lo que los ecuatorianos hemos combatido durante todos estos años y que hace parte de la política neoliberal. No se quiere que se reproduzcan experiencias como la que hasta hoy se lleva adelante en la ciudad de Guayaquil, donde el alcalde privatizó el agua y la recolección de la basura, sin haber logrado mejorar su servicio, sino despojar al Estado y engordar a las transnacionales. Además de ello, se implementan nuevos impuestos a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios, Consejos Provinciales y Consejos Regionales), quienes podrán cobrar tasas, sobretasas y contribuciones por todos los servicios públicos que entregan a la población (Art. 166), adicionalmente los municipios podrán también crear tarifas de los servicios públicos que recibe la población (Art. 191), y por último, se les entrega la potestad a los Gobiernos Regionales de cobrar un costo adicional al precio de los combustibles (Art. 176).

Según los artículos 149 y 598, la educación y la salud pasarían a manos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el plazo máximo de ocho años. Los municipios tendrán la potestad de cobrar tasas por matrículas y pensiones escolares, lo que da como resultado la violación a la gratuidad de la educación. Los concejales, consejeros regionales y miembros de las juntas parroquiales serán considerados servidores públicos y percibirán una remuneración mensual de hasta el 50% de lo que gana el ejecutivo de cada dignidad, lo que significará una elevación de los sueldos del 15%. (Art. 362), generándose las condiciones para que se produzcan nuevos privilegios con la plata del Estado.

La participación ciudadana es un aspecto importante, recogido desde las aspiraciones de los sectores populares y sociales, sin embargo, la figura de la silla vacía es una burla a la participación, ya que quien la ocupe tendrá derecho a voz y voto, siempre y cuando la posición ciudadana respecto del tema a tratarse fuere unánime, por lo que no se hubiere postulado más de un ponente. (Art. 312)

Por otro lado, el modelo de distribución del presupuesto correspondiente a los gobiernos autónomos descentralizados implica el establecimiento de una forma por demás compleja, pero que no por ello garantiza la equidad en la distribución de los recursos, partiendo del hecho de que uno de los criterios para el mayor otorgamiento de recursos es precisamente la “eficiencia fiscal”; es así que tras esta brillante frase lo que se esconde en realidad es una perversa intención de obligarles a competir entre sí a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s), para definir en la práctica quién está en mejor capacidad de apretar el bolsillo a sus ciudadanos/as y en compensación recibir más recursos del gobierno.

¿El fin de la larga noche neoliberal señor Correa? Al parecer no, el neoliberalismo se sigue reafirmando en las políticas de la supuesta “revolución ciudadana”, si bien es cierto las cosas deben mejorar, pero no con el propósito de meter la mano en los bolsillos de los ecuatorianos, es preocupante saber que competencias importantes para el desarrollo del país que son RESPONSABILDAD del Estado, se las estén planteando como responsabilidades de las personas, como: salud, educación e inclusive la repavimentación de las avenidas.