La ineptitud, la prepotencia y la corrupción, al puro estilo de la vieja partidocracia oligárquica, son los rostros que muestra la “revolución ciudadana”. Por ello, crece el descontento popular y empiezan a manifestarse expresiones de rechazo a Rafael Correa; esto se evidencia en reacciones de la población en varios lugares del país, como en Portoviejo, La Cocha, y últimamente en La Concordia, en donde la gente confrontó valientemente la arrogancia y las provocaciones del primer mandatario.

El contexto en el que se produjeron los incidentes de La Concordia y que no se conoce completamente, es la debilidad política del alcalde del Movimiento País en esa localidad, Walter Ocampo, que ha sido cuestionado por no haber presentado hasta ahora planes de desarrollo para su cantón en el seno del Gobierno Provincial de Esmeraldas, donde le compete hacerlo por norma constitucional, lo cual generaría las suficientes razones para que en La Concordia se inicie un proceso de revocatoria del mandato de este funcionario correísta.

Los anuncios que hizo el Presidente de convocar a una consulta popular para que la población del cantón perteneciente a Esmeraldas se pronuncie acerca de a dónde quiere “pertenecer”, es una burda maniobra, pues incumple la Disposición Transitoria DECIMOSEXTA de la Constitución, que dice: “Para resolver los conflictos de límites territoriales y de pertenencia se remitirán los informes correspondientes a la Presidencia de la República que, en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, remitirá el proyecto de ley de fijación de límites territoriales al órgano legislativo y, de ser el caso, instará la convocatoria de consulta popular para resolver conflictos de pertenencia”. Para el caso de La Concordia no hay problemas de límites ni de pertenencia.

El Presidente llegó a reavivar un tema ya superado, del cual ya no hay nada más que hablar, puesto que el anterior congreso Nacional aprobó, el 20 de noviembre de 2007, la cantonización de La Concordia, como parte de la provincia de Esmeraldas, resolución que fue ratificada por la publicación en el Registro Oficial número 219 del 26 de noviembre del mismo año.

Además esta decisión fue ratificada con la resolución de la Corte Constitucional del 16 de noviembre de 2009, la cual desecha definitivamente el pedido de ir a una consulta popular.

Lo que quiere Correa es desviar la atención de la gente sobre los grandes problemas nacionales, busca enfrentar a la izquierda revolucionaria, representada por el MPD, sacarla del escenario político, toda vez que le estorba en su proyecto político que afirma el sistema capitalista.

Frente a la reacción de la población de La Concordia, que defendió su derecho a ser el octavo cantón de Esmeraldas, Correa ordenó que sean enjuiciados por sabotaje y terrorismo la concejala del MPD Rosaura Bastidas, además de Byron Stalin Rojas, Carlos Alcívar, Carlos Santana, Winder Casanova y Josué Sánchez. La movilización popular que se realizó en Esmeraldas obligó a que los jueces acojan el hábeas corpus y dejen en libertad a los detenidos.

La Directora de la Cárcel de Esmeraldas dejó en libertad solo a la concejala, mientras que al resto no les permitió salir sino hasta después de varias horas, lo cual es una clara interferencia en las decisiones de los jueces. A esto hay que sumar que el Consejo de la Judicatura actuó “diligentemente” y suspendió a los jueces por 90 días, esto en cumplimiento de la orden de Correa de sancionar a los magistrados que emitieron la orden de libertad.

La furia del gobierno por la liberación de los detenidos se expresó también en las declaraciones del ministro del Interior, Gustavo Jalkh, quien dijo que los dirigentes “fueron arrestados en delito flagrante” y que por lo tanto nadie podía dejarlos en libertad bajo el recurso de hábeas corpus, que interpusieron Omar Mina, delegado de la Defensoría del Pueblo y Estuardo Quiñónez, presidente del Colegio de Abogados de Esmeraldas.

Y aunque en esta ocasión el régimen no pudo encarcelar a estos dirigentes populares, como lo hizo en el mes de diciembre del año pasado con el presidente nacional de la FEUE, Marcelo Rivera, ellos también deberán afrontar un proceso penal por terrorismo y supuestos delitos de ofensa a funcionarios públicos.

El número de “terroristas” enjuiciados crece en el país; pronto seremos 13 millones. Es que la “involución” ciudadana está en marcha.