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Hasta con 3 meses de retraso llegarán libros de texto gratuitos a escuelas

La cancelación de la compra de papel para producir 220 millones de libros de texto gratuitos que decretó López Obrador profundiza la crisis en la SEP: las escuelas más alejadas del país iniciarán el ciclo escolar 2019-2020 sin esos materiales; el abasto se regularizará hasta 3 meses después. Afectados, miles de estudiantes.

| Ciudad de México (México)
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Hasta con 3 meses de retraso llegarán los libros de texto gratuitos a las escuelas más alejadas del país, de educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato, educación especial del sistema braille e indígena.

En el “mejor” de los casos, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) estiman que la demora será de mes y medio.

Así, en agosto próximo miles de estudiantes iniciarán el ciclo escolar 2019-2020 sin estos materiales básicos. Y es que alrededor de 66 millones de libros, de una producción total de 220 millones, ya no estarán listos para distribuirse antes del comienzo de clases, alertan fuentes cercanas al proceso de producción.

Aunado a lo anterior, los maestros tampoco contarán con libros guía –en los que basan sus exposiciones– y los padres de familia y tutores no recibirán las lecturas de apoyo que año con año les son proporcionadas para acompañar el aprendizaje de los menores de edad.

Esta crisis en la producción se deriva del atraso de 8 meses en el proceso de licitación y adjudicación de contratos, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador determinara concentrar las compras de la federación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (https://bit.ly/2DABKiJ ) y pidiera al gobierno de Enrique Peña cancelar todos los procesos licitatorios, tras vencer en las elecciones de julio pasado.

A esta demora se suma ahora la cancelación de la compra de papel para apoyar a la Conaliteg, que López Obrador ordenó el 26 de abril luego de que la SEP le adjudicó el mayor contrato a la empresa Bio Pappel, propiedad de su compadre Miguel Rincón.

Las fuentes consultadas por Contralínea señalan que a la fecha no se ha empezado a imprimir un solo libro de texto gratuito, ni en los talleres de la Conaliteg (donde se produce un 20 por ciento del total) ni en los talleres de la iniciativa privada (que aportan el 80 por ciento de la producción); ello, a pesar de que es en abril cuando se envía el primer cargamento destinado a los estados y las regiones más alejadas del centro del país.

Se estima que con estas demoras, y ante la nueva decisión de López Obrador de echar para atrás la compra de papel, sólo se tendrá a tiempo el 70 por ciento de la producción, y ese porcentaje depende de que las imprentas empiecen a trabajar en estos días. Lo que parece difícil, salvo que se adjudiquen directamente los contratos.

La situación es de tal alarma en la SEP, que el pasado 15 de abril la administración de Esteban Moctezuma adjudicó cinco contratos con cargo al presupuesto de la Conaliteg, como parte de una compra consolidada de papel y otros insumos para impresión (licitación LA-011000999-E13-2019).

Las proveedoras son: Comercializadora Copamex, que obtuvo el contrato más importante, por 221 millones 676 mil pesos; le siguieron dos a favor de Delman Internacional, por un total de 67 millones 469 mil 500; otro a Sanipap de México, por 27 millones 131 mil 706, y el último a Corrugados del Altiplano, por 2 millones 254 mil 955 pesos.

Con ello se espera que la Conaliteg inicie la impresión de libros en su propia imprenta, ubicada en Querétaro, pero que tiene una capacidad limitada (de hasta 30 millones de ejemplares al año).

Aumenta la incertidumbre

Más del 80 por ciento de la producción depende de la iniciativa privada, refieren datos de la propia Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que encabeza Antonio Meza Estrada. Hasta ahora, ninguna de las empresas de artes gráficas ha sido contratada para tal efecto.

En la impresión de ejemplares para el ciclo escolar que está por concluir participaron siete impresores: Grupo Infagon, Compañía Editorial Ultra, Litografía Magno Graf, Editora Multicolor, Edamsa Impresiones, Impresora y Editora Xalco y la trasnacional Quad Graphics. Todos se encuentran hoy en la incertidumbre.

Y es que, según la Conaliteg, “la SEP es la mayor editorial de México y el mayor cliente para las empresas que producen libros”. También es “la editorial que más papel para impresión de libros consume. La producción de los libros para cada ciclo requiere de alrededor de 60 mil toneladas de papel”.

En México, el principal productor de papel es precisamente Bio Pappel. De acuerdo con impresores, de esta compañía depende el 80 por ciento del insumo que se requiere para producir los 220 millones de libros. El resto de empresas, encabezadas por Copamex, sólo pueden abastecer un 20 por ciento del total.

De ello se deriva una percepción de empeoramiento en la crisis de producción. Si se aplica la decisión de López Obrador, las compras se tendrían que hacer con trasnacionales que entregarán los embarques en la frontera, explican expertos en el tema.

Los retrasos serían mayores, porque primero hay que elegir qué trasnacionales venderán esos insumos y, luego, trasladar esas miles de toneladas al centro del país, donde se localizan las imprentas privadas.

Antes de esta cancelación de compra a la empresa Bio Pappel, fuentes de Hacienda explicaron a Contralínea que esa adquisición era el primer paso que delineó la Oficialía Mayor para adjudicar los contratos de impresión de los libros de texto gratuitos.

Con esa primera fase, Hacienda buscó desagregar la compra: adquirir el papel de forma directa para castigar los precios de la impresión y el encuadernado. Este procedimiento sería similar al de las compras de medicamentos. No obstante, la decisión de López Obrador echa abajo los propios planes de la Oficialía Mayor.

Es por ello que la salida de Bio Pappel de este proceso pone en jaque nuevamente la producción. Aunado a lo anterior, en el proceso de adjudicación del contrato, la empresa de Rincón fue obligada a bajar el precio del kilo de papel de 22 a 19.5 pesos (las 60 mil toneladas costarían 1 mil 170 millones de pesos). Ahora se supeditarían los precios a la oferta internacional (alrededor de 1 mil 320 millones de pesos, a 22 pesos por kilo).

Las fuentes consultadas explican que un camión dedicado al flete de libros sólo puede salir cuando tiene un reparto completo: “no puede faltarle un título porque tiene que regresar. Por eso, lo que se va a hacer es imprimir la mitad [110 millones de libros] y se va a mandar primero a la Ciudad de México y el Estado de México”.

Según los informantes, “en el mejor de los casos, los libros van a llegar a los estados más apartados entre 30 y 45 días después del inicio de clases. Se va a tratar de negar esta situación pero es una realidad: por más que se apuren los impresores, ya no van a estar a tiempo. Mínimo es mes y medio de atraso, pero pueden ser hasta 3 meses”.

La crisis

La compra de papel e insumos relacionados con la impresión hecha por la SEP a mediados de abril no es el único intento desesperado que se ha hecho al margen de la Secretaría de Hacienda y su Oficialía Mayor, para intentar salvar la producción.

Como lo informó Contralínea (https://bit.ly/2WYM6A6 ), el 22 de marzo la Conaliteg lanzó por la libre dos licitaciones –LA-011L6J001-E5-2019 y LA-011L6J001-E6-2019– para producir 19 títulos de preescolar y primaria. Ambas fueron declaradas desiertas el pasado 11 de abril, tras registrar 10 actas de diferimiento del fallo.

Según impresores consultados, como parte del plan de austeridad gubernamental la Conaliteg castigó tanto el precio por libro que no sólo no les quedaría un margen de ganancia, sino que perderían hasta 2 pesos por cada ejemplar (https://bit.ly/2HURIbg ).

La actual crisis, que mantiene en la incertidumbre a los impresores y la industria relacionada, se deriva por el atraso que provocó la propia administración federal actual.

Y es que resulta que el proceso de licitación y la impresión debían iniciar en septiembre-octubre de 2018 pero se frenaron a solicitud del equipo de transición encabezado por el ahora secretario Moctezuma Barragán.

La idea, explican las fuentes allegadas al tema, era que no se adjudicaran contratos en el gobierne de Enrique Peña con cargo al presupuesto de 2019. Pero lejos de conseguir un proceso eficiente y sin sospecha de corrupción, ahora se teme que no se tenga a tiempo un 30 por ciento o más de la producción total, porque la concentración de compras en Hacienda ha impedido a la Conaliteg y la SEP adjudicar los contratos de forma directa y los procesos paralelos han fracasado.

Los recursos públicos comprometidos en este proceso superan los 3 mil 500 millones de pesos. En años pasados, la producción se planeaba a 10 meses, porque siempre se han tenido dos periodos cruciales: abril y julio, cuando se entregan los embarques. El primero de ellos y que esta vez no se cumplió es el que cubre los estados fronterizos del Norte y el Sur del país y las regiones rurales, las más apartadas y las de difícil acceso.

El retraso en la asignación de contratos ha afectado a toda la industria e incluso se han perdido fuentes de empleo vinculadas a empresas proveedoras de cajas, tarimas de madera, tintas, papel, impresión, bodegas y fletes.

Según la Comisión, los ejemplares que adquiere con los privados o produce en su propia planta cada año son entregados a las autoridades educativas de los 32 estados, para que éstas a su vez los hagan llegar a los estudiantes desde el primer día de clases.

Los programas de preescolar, primaria y telesecundaria requieren de la producción de cerca de 140 millones de libros, agrega. Para los programas de secundaria y de bibliotecas escolares se emplean los libros editados por la industria editorial mexicana: en el primer caso, “la SEP evalúa las propuestas que los editores privados hacen para las 17 materias y con ellas conforma un catálogo [de 400 títulos] de donde los maestros y las autoridades educativas de los estados seleccionan los libros que se usarán en los salones de clase”.

En secundarias, indica, “se reparten alrededor de 33 millones de libros que son adquiridos en parte por la Conaliteg y en parte por los estados. La inversión de la Conaliteg representa 75 por ciento del total de esta compra”.

Los datos oficiales refieren que de esa Comisión también depende la producción de libros accesibles para niños con baja visión o ceguera en los niveles de primaria y secundaria. “Para los niños ciegos que estudian la primaria existen las versiones de 41 títulos […]. La Conaliteg produce también 73 títulos en macrotipo, que son libros de gran formato adaptados para ellos”.

La afectación mayor será para los estudiantes: miles de ellos iniciarán clases sin sus libros.

Fuente
Contralínea (México)

Artículo bajo licencia Creative Commons

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