JPEG - 11.4 KB

Desde allí en adelante la subida ha sido vertiginosa hasta lograr una cima en el primer trimestre del 2004 con un crecimiento de 29,8% en el producto interno bruto. Durante el segundo trimestre de este mismo año una serie de indicadores adelantados muestran la misma tendencia, lo cual es igualmente visible al comparar el valor del producto interno bruto (PIB) en el primer trimestre en relación con el segundo del año 2003, cuestión que indica un crecimiento, sin tener aún las cifras del segundo trimestre del año 2004, de 5%. Si a ello le agregamos el crecimiento intertrimestral histórico entre el primero y el segundo trimestre nos da una estimación cercana para el segundo trimestre del 2004 de un 10%.

Junto a lo que ocurrió durante el primer trimestre del 2004 podemos estimar que el cierre del primer semestre del 2004 se encontrará entre un 15 y el 20%. Entre cifras y estimaciones se tiene un proceso de recuperación del aparato productivo venezolano que viene acompañado con un nivel adecuado de reservas internacionales y una inflación y un desempleo con tendencias descendentes.

Este nuevo ciclo de crecimiento de la economía venezolana se da en un contexto político de respeto a los preceptos considerados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Dicha Carta Magna aprobada hace ya más de cuatro años, a través de un referéndum como hecho histórico novedoso y en contraste con lo que habían sido experiencias anteriores, se ve hoy ante una nueva aplicación de su texto según lo pauta el artículo 72 el cual afirma que todos los cargos y magistraturas de elección popular son de carácter revocable.

Para que esa situación ocurra deben darse algunas condiciones, en primer lugar haber transcurrido la mitad del período, y luego que se hayan recogido un número de firmas no menor al 20% de los electores que lo soliciten. Ambas condiciones se dieron en el caso del Presidente de la República. El próximo paso lo produjo el Consejo Nacional Electoral al fijar para el 15 de agosto de 2004 la realización de dicha consulta revocatoria o ratificatoria.

Curiosidades no faltan en ese singular proceso para la oposición que tuvo que ir a reparos por las dudas que surgieron a finales del año 2003 en la consulta previa. El Presidente de la República ha aceptado ese derecho de la oposición a su gobierno y ha declarado enfáticamente su deseo de confrontar los resultados de su gestión con la voluntad de los electores que lo impugnan.

Desde el 6 de diciembre de 1998 han existido variadas confrontaciones electorales donde la oposición ha perdido las mismas, en una sucesión de siete derrotas al hilo. Apenas pudieron conseguirse ahora un número de firmas poco superior al mínimo, en términos relativos no se llegó al 21%, y en cantidades absolutas menores a las que había obtenido la oposición durante las últimas elecciones presidenciales de julio de 2000, como votos en contra del Presidente de la República.

Debe añadirse que tales números en proporción han disminuido en relación con el crecimiento de la población, y aún se encuentran muy distantes del apoyo recibido por el Presidente Chávez en esa oportunidad cuando obtuvo una cifra de 3.757.773 votantes. Larga brecha, que deberá confrontarse a la popularidad actual del Presidente así como al no pequeño detalle que el nuevo proceso no será de una recolección de firmas en varios días de reparo, adicionándole a lo realizado la dudosa presencia de los llamados “itinerantes”, y acompañado por otros vicios determinados en la recientes fechas de los reparos.

En este artículo queremos destacar, por un lado, el necesario respeto a las normas constitucionales al tener que responder a esta novedad de los referéndum, uno de los cuales le dio plena legitimidad a la propia Constitución cuándo fuera aprobada el 15 de diciembre de 1999. Por otro lado, ese derecho deberá pasar la prueba siguiente de la confrontación electoral la cual encuentra al país en condiciones favorables para su aparato productivo por la recuperación ya mencionada. Se contrasta de esa manera la presencia de especies de ciclos en el campo de lo económico y en el campo de lo político electoral.

Situaciones estas que deben pasar a ser normales dentro de los cánones que estipula la CRBV. La constitucionalidad debe operar en múltiples dimensiones dentro de modificaciones que sufre su aparato productivo y su régimen político. Este último normado por el mismo texto jurídico y por las leyes específicas que rigen los procesos electorales.

En el caso de lo productivo los cambios no se dan de manera exacta por una fecha previamente determinada, ello por la naturaleza del aparato productivo donde las razones se deben a otro tipo de factores. Sin embargo, han sido precisamente los hechos trágicos y lamentables del golpe de estado primero en abril de 2002 y el sabotaje petrolero después, los que ocasionaron, sin lugar a duda, y por plena responsabilidad de quienes se embarcaron en esa dolorosa aventura, el ciclo negativo de la caída de la producción. Hoy en día esa situación se ha revertido porque el propio sector privado viene contribuyendo al crecimiento, además de la recuperación que se dio en el sector petrolero una vez dominado el sabotaje.

Ya superadas las circunstancias, de tipo destructivo al aparato productivo y la regularización de la norma constitucional, es de esperarse que al cesar los efectos negativos anteriores y darse los cambios en un clima constitucional, el aparato productivo podrá continuar su senda de recuperación, ahora bajo una realimentación positiva, o virtuosa si se quiere.

Recuperación y referéndum podrán andar juntos bajo el respeto de la pauta de la Constitución, en un deber que tenemos todos y bajo los derechos que nos corresponden a cada uno de nosotros, tal de procesar las diferencias sin el temor de tenerlas que enfrentar bajo ciertas reglas del juego. De esto trata también el proceso de transición que vive el país.