Y es que, durante un mes los jubilados ecuatorianos llevaron adelante una lucha simple y heroica: exigir un incremento modesto en sus pensiones jubilares. El costo de esta lucha fue dramático: 15 y según otras versiones 16 muertos.

En Ecuador, uno de los países más caros de América Latina, donde el kilo de carne magra cuesta 4 dólares aproximadamente, el alquiler de un pequeño departamento en un barrio popular de la ciudad de Quito, asciende a 100 dólares y el salario mínimo es de 120, muchos jubilados reciben pensiones de 3 a 80 dólares.

Su protesta se incrementó con la indignada solidaridad de la población y la indolencia del gobierno. El presidente se volvió sordo, ciego y mudo. Sus voceros lanzaron la pelota a la cancha del Congreso Nacional, El Congreso Nacional y la consabida comisión estudiaron fuentes de financiamiento para el incremento, acudieron a los impuestos, y ahora hablan de la necesidad de buscar cómo resolver el problema del “subsidio” de las pensiones jubilares.

Con un vocabulario elevadamente técnico enredaron a la opinión pública, a los periodistas y a los propios jubilados. Se escondió que el dinero del IESS ha sido utilizado para pagar la deuda externa e interna. No podemos olvidar que el 29 de mayo del 2003, mediante el decreto ejecutivo 433 se emitieron bonos estatales por US$ 440 millones de dólares comprados por el IESS, de los cuales 354,2 millones fueron destinados para pagar compromisos de amortización de la deuda interna y externa. Quiénes son los beneficiarios? En primer lugar los poseedores de los “papeles” de la deuda, que cobran, puntualmente, los usureros intereses. Entre los beneficiarios se cuentan rancios aristócratas, ex ministros, banqueros, industriales y hasta la iglesia católica.

Tampoco se puede pasar por alto que el gobierno del Coronel Gutiérrez se comprometió con el FMI, a través de la Carta de Intención firmada en febrero del 2003, a no incrementar las pensiones jubilares violando la Constitución Política del Estado que señala la obligación de ajustar las pensiones por jubilación anualmente, a pesar de que el entonces ministro, Mauricio Pozo, conocía, por haber sido Presidente de la Comisión Técnica de Inversiones del Instituto de Seguridad Social, que en el año 2002 la recaudación del IESS por aportes al programa de pensiones superó al gasto en prestaciones y administración por aproximadamente 110 millones de dólares, y que el Estado realizó aportes adicionales por 65 millones, los mismos que debían ascender a 80 millones al finalizar el año, cuyo resultado fue el incremento significativo de las reservas del Instituto.

Poco se habló durante esta protesta sobre la consolidación de la deuda que el Estado tiene con el IESS y a la negativa del gobierno a reconocer, como manda la Constitución, los intereses correspondientes. Y tampoco se dijo que la deuda del Estado se debe al incumplimiento de la entrega correspondiente al 40% de las pensiones de jubilación, y que, lógicamente, esta medida afecta al propio fondo de pensiones impidiendo su mejoramiento.

Pero además vale la pena preguntarnos, después de haber asistido horrorizados a las imágenes de los ataúdes de los jubilados, quienes han sido los beneficiarios de esta política genocida del gobierno nacional. La indignante indolencia, indiferencia, desidia, insensibilidad y muchos otros calificativos a la conducta presidencial no alcanzan para llenar la ira, la bronca.

Sin embargo, si vale preguntarnos, en este gobierno de estrategas, qué hay detrás de esa conducta, quien se beneficia, y hacia donde enrumbarán sus buques. Alerta!!! Luego de la conmoción de la muerte, de la dignidad de la lucha, de la entereza de esos bellos y sabios viejos, de la solidaridad, comienzan ya a llegar las voces privatizadoras. El IESS es el último reducto de dinero fresco y no es de extrañarse, que se esté ya planificando su apropiación por los grandes empresarios. De cuya enorme deuda con el seguro social, tampoco se habló.

Altercom