El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Alberto Gonzales, autorizó el sábado 27 de mayo de 2006 un registro de la oficina del representante William Jefferson en los locales del Congreso. Jefferson, representante demócrata por Nueva Orleans, es sospechoso de haber sido sobornado para facilitar la obtención, por una firma de Virginia, de un mercado público de telefonía en Ghana y Nigeria.

El presidente de la Cámara, el republicano Denis Hastert, quien trataba de proteger la inviolabilidad del Congreso e impedir que los agentes del FBI penetraran en el Capitolio, fue amenazado. Los policías le manifestaron que si trataba de impedírselos, harían saber a la prensa que él también era objeto de investigación por corrupción.

En definitivas, dos de los asistentes parlamentarios de Denis Hastert aceptaron colaborar con los investigadores, quienes incautaron una serie de documentos. El presidente Hastert se quejó ante el Departamento de Justicia, que confirmó haber recibido una denuncia anónima que lo cuestionaba, pero sin disponer del menor elemento probatorio. Denis Hastert se quejó igualmente ante la Casa Blanca por dicha violación del principio constitucional de separación de poderes. El presidente George W. Bush ordenó una rápida restitución de los documentos incautados, pero no la anulación del proceso.

Recordemos que la corrupción de los congresistas no sólo es legal en los Estados Unidos, sino estimulada por el reglamento del Congreso que la tipifica. Sin embargo, la corrupción debe ser transparente y los sobornos declarados. La investigación que apunta hacia Jefferson es una de las múltiples aristas del caso Abramoff, nombre del cabildero más influyente en el congreso. En este mismo contexto, algunos cientos de congresistas habrían podido ser objeto de iguales investigaciones. Durante los últimos meses, Jefferson había multiplicado sus críticas acerca del desentendimiento del Estado federal en cuanto a la reconstrucción de Nueva Orleans.