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Mientras el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2007 da prioridad a delegaciones y a obras públicas, los órganos autónomos –entre los que destacan la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información– sufren dramáticos recortes

La reducción por 250 millones de pesos a 11 órganos autónomos del Gobierno del Distrito Federal fue aceptada al calor de la discusión sobre el Presupuesto de Egresos del D.F. para este año. En un inicio los miembros de la Asamblea Legislativa recortarían gastos solamente a cinco instituciones, pero con la aprobación final, las 11 entidades del gobierno fueron castigadas para derivar su presupuesto en favor del Metro y 14 de las 16 delegaciones.

Al Tribunal Superior de Justicia del D.F., al Consejo de la Judicatura, al Tribunal de lo Contencioso, a la Junta Local de Conciliación, a la Universidad de la Ciudad de México, a la Contaduría Mayor de Hacienda, al Instituto y el Tribunal Electoral, al Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Comisión de Derechos Humanos, se les asignó un total de 6 mil 470 millones de pesos, no obstante una errata en la Gaceta Oficial que no restaba esa cantidad.

Entonces, se propuso una modificación al artículo 18 transitorio que asentaba: “De las economías que se generen en este presupuesto, contemplados en el primer informe trimestral, se les transferirá 250 millones de pesos a los órganos autónomos afectados con la reasignación al Metro”. Es decir, los órganos autónomos dependerán de los remanentes de gasto de otras dependencias.

Por si fuera poco, una reforma al Código Financiero 2007 obliga a dichas entidades a regresar los remanentes que se hayan obtenido de su ejercicio fiscal para financiar programas prioritarios e inversión en delegaciones.

Las disminuciones podrían afectar la actuación de estos organismos que, entre otras facultades, son rectores de la transparencia y los derechos humanos en la capital.

Transparencia, a la zaga

De las 11 entidades autónomas, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Info-D.F.) es la del menor gasto presupuestal. Apenas el 1.1 por ciento del total designado para estas instituciones, y el .02 por ciento de los egresos del gobierno del Distrito Federal.

–¿Es suficiente?

–No. El presupuesto representa el 66 por ciento de lo que en 2003 las fuerzas políticas consideraron indispensable para comenzar a operar. Aunque de los órganos de transparencia, solamente el IFAI tiene más presupuesto, aquí viven 8.7 millones de personas y casi el 50 por ciento de todas las peticiones en el ámbito federal surgen de la capital, todavía no estamos a la altura–, responde el comisionado ciudadano del Info-D.F., Salvador Guerrero Chiprés.

En el estudio Claroscuros de la Transparencia en el D.F., horizontes en el escrutinio de la gestión pública, realizado por el Info-D.F. en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Óscar Mauricio Guerra Ford, comisionado presidente, apunta que la entidad recibe un presupuesto inferior al promedio nacional.

“Mientras que en 2005 y 2006 los órganos garantes recibieron en promedio 4 mil 447 millones de pesos por cada mil habitantes, el Info-D.F. recibió 2 mil 980 millones, lo que representa un 33 por ciento inferior al promedio nacional. Y en relación con el presupuesto de la entidad federativa, 60 por ciento inferior al promedio nacional”, destaca.

“Para 2006 el presupuesto aumentó a 35 millones de pesos, mientras que la remodelación de la columna de la Independencia costó 40 millones”, refiere Guerrero Chiprés.

Este año, el Info-D.F. solicitó un incremento de 30 millones para impulsar 52 proyectos. De realizarse la reducción por 5 millones que prevé la Asamblea, el Info-D.F. tendría que revalorizar los programas de divulgación, vinculación, capacitación, el proyecto de la plaza de la transparencia, el observatorio ciudadano y obra pública, “que para nosotros es abrir otros dos espacios”, expresa Guerrero Chiprés mientras señala dos locales dentro de la plaza comercial en donde está ubicado el organismo.

“Además el 50 por ciento de las oficinas de Información Pública no han alcanzado un estándar de servicio adecuado. Ése es un desafío que debemos sortear este año”, agrega.

El comisionado afirma que “el presupuesto es crucial para que los ciudadanos hagan suya la ley. Hay mucho qué hacer, nadie sabe qué es transparencia, nos hace falta contacto con los medios de comunicación, no podemos movilizarnos, y si tenemos la baja, habrá que revisar el programa de conversión social –un proyecto de capacitación y educación con organizaciones no gubernamentales y escuelas–, de difusión y de publicaciones. Aun así podríamos hacer un esfuerzo para seguir trabajando con austeridad real”.

Durante el año que ha operado formalmente el Info-D.F. –antes Consejo de Información (Consi)–, de una tasa inicial de cinco solicitudes de información recibidas en 2004, para el 2006 aumentó hasta 161.

“Esta etapa es para consolidar una política pública que le permita al ciudadano llegar a la rendición de cuentas, que permita que el servidor público sea vigilado y que la información sea verificable. Sólo así, el ciudadano podrá opinar sobre la actuación del gobernante”, expresa Guerrero Chiprés.

En opinión del comisionado, en el Distrito Federal hay una deuda pendiente en materia de transparencia: “No sólo por la obstinación de los actores políticos sino por este contexto cultural que inhibe el desarrollo del ciudadano como un individuo capaz de cuestionar al poder. Hay una correlación entre la falta de transparencia y de cultura política, de disposición combativa de la ciudadanía y de honestidad en algunos funcionarios públicos”.

Esa resistencia tuvo un nivel culminante durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. “Creyó que él representaba la transparencia, que crear un instituto era demasiado oneroso e iba en contra de su política de austeridad y que la transparencia era utilizada por las fuerzas opositoras para obstaculizar su proyecto político. Entonces decidió crear un Consejo de Información con 18 representantes e hizo prácticamente imposible que la transparencia operara”, describe el funcionario.

Aunque más alentador, el panorama de transparencia y acceso a la información en la capital del país con el actual jefe capitalino, Marcelo Ebrard, no parece el ideal: “Se necesita un período mayor de observación. Algunos consideramos que el jefe de gobierno no enfatizaba suficiente en algo sustantivo. Si su discurso en la toma de posesión era de ocho páginas y se menciona transparencia en un párrafo, pues hay una falta de énfasis”.

Sin embargo, admite: “En transparencia, todas las corrientes, los partidos y el gobierno fueron generosos. Dijeron sí al proyecto de transparencia, eso es algo fundamental.

Que el Info-D.F. sea el órgano autónomo con el menor presupuesto se explica porque “hay razones de desconfianza sobre quién puede apoderarse de esta política pública y también hay una lucha por el presupuesto entre 69 entes públicos”, opina el comisionado y añade: “Primero, en esa competencia a veces se utilizan técnicas no muy ortodoxas para descalificar al otro. Segundo, hay prioridades identificadas por toda la clase política. Hay quienes argumentan que los órganos autónomos hacen lo que quieren, que ya teniendo el presupuesto lo distribuyen como se les antoja. Es un argumento que circuló en la discusión de este presupuesto. También es posible que haya una reorganización del proyecto político que privilegie la obra pública, en vez de la promoción de valores de cultura política”.

Operación mínima

En el texto Aproximaciones iniciales al análisis de la transparencia, rendición de cuentas y presupuestos en las instituciones de Seguridad Pública: el caso del Distrito Federal, realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, durante 2000 y 2004, se comparó el presupuesto fijado para la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) y las partidas de otros organismos dedicados a la administración de justicia.

El estudio concluye que “existe una gran diferencia entre las asignaciones otorgadas a la SSPDF y las otras instituciones”. Sobre todo las correspondientes al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF), donde el contraste es evidente: “El presupuesto establecido para la CDHDF es tan pequeño en relación con el presupuesto de la SSPDF que apenas se puede distinguir”, observa el estudio.

Aun cuando, según lo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el presupuesto de la CDHDF pasó de 203 millones de pesos a 242, el reajuste a la baja “afectaría la capacidad de respuesta de la Comisión, así como el programa de publicaciones, cursos y servicios dirigidos a los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y la adquisición de un inmueble que será la nueva sede del organismo”, subrayó Emilio Álvarez Icaza el 21 de diciembre pasado.

Entre otros proyectos programados por la CDHDF para este ejercicio 2007, está la integración de un Colegio de Visitadores, la ampliación de Atención por la No Discriminación, el Servicio Profesional en Derechos Humanos, el Sistema de Información de Derechos Humanos y un programa radiofónico para dar orientación a la población.

Rodolfo Córdova, investigador de Fundar en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades Ciudadanas, cuyo objetivo es ampliar la participación de los ciudadanos mediante la observación de las instituciones y el análisis del presupuesto público, señala: “Durante 2001, la Comisión atendía a 20 mil personas y en 2006, arriba de los 50 mil. Si el presupuesto creciera a la par con la demanda, entonces se podría decir que las autoridades sí tienen un compromiso para que la Comisión atienda a la ciudadanía, pero si el presupuesto baja y la demanda aumenta, entonces no hay lógica”.

En ese sentido, Córdova considera que la CDHDF ha hecho un esfuerzo notable en la profesionalización y en la incorporación de estándares de derecho internacional. “Lo que sí hay es un problema grave de capacidad humana y material para cubrir la demanda de la ciudadanía. Esto surge por dos motivos: uno, es que se le ha dado prioridad a la consolidación de la autonomía, y dos, el presupuesto asignado por la Asamblea Legislativa es insuficiente”.

Y es que de acuerdo con el especialista hay un déficit muy alto en la garantía a los derechos humanos por parte de las autoridades locales.

“Pese a que hay recomendaciones, las autoridades no modifican su actuar cotidiano con los ciudadanos. El hecho de que se repitan las mismas violaciones al mismo derecho y por la misma autoridad, año con año, es un indicador de que la situación no está cambiando. Entonces hace falta apertura del gobierno y capacitación a los servidores públicos sobre la definición de derechos humanos y sobre la importancia de la Comisión como garante de esos derechos”.

Del mismo modo, Córdova reprueba la actuación de la Asamblea en su facultad para llamar a comparecer a las autoridades que son denunciadas ante la CDHDF: “La Asamblea aun teniendo esa capacidad jurídica, no la usa. Entre 2001 y 2006 sólo se hizo una vez por una recomendación dirigida a la Procuraduría de Justicia”.

“Por ello –insiste el investigador de Fundar– es necesario crear políticas transversales desde la óptica de los derechos humanos para estructurar el actuar de los organismos. Hay que generar esta cultura de derechos humanos que al final le conviene también a las autoridades”.

La Justificación

Para el asambleísta perredista Humberto Morgan, la deducción a la partida presupuestal de los órganos autónomos está justificada: “Esta asamblea buscó ampliar los recursos para las delegaciones, siempre que no se descuidaran programas prioritarios. Consideramos que lo mejor era invertir en obras y servicios para los ciudadanos. Gran parte de esos fondos vienen de lo solicitado por los órganos autónomos, que pedían egresos mayores”.

Para las delegaciones se incrementó el presupuesto en 20.5 por ciento con respecto al año anterior, y totaliza casi los 20 mil 270 millones de pesos, cantidad que de acuerdo con el diputado estará etiquetada. “No se podrá emplear en gasto corriente: mayor burocracia o eventos proselitistas, sino específicamente para el combate a la pobreza, educación y cultura”, aclara Morgan.

En este sentido, el perredista explica: “Las reducciones tienen una justificación ‘de lo más importante’, porque vamos a ver en la ciudad de México obras de mayor calidad y mejores servicios. No se afectará a la gente que necesita esos apoyos. Por el contrario, aumentarán los beneficiados. Además, no se lesionan programas como la entrega gratuita de uniformes, útiles y desayunos escolares.

“Tuvo que haber ajustes. Desgraciadamente, aunque subió el presupuesto en 5.6 por ciento, casi 98 mil millones de pesos, se tuvieron que reducir algunos rubros que no se consideraron tan importantes. Todos nos amarramos la cintura: la delegación, el gobierno central y los órganos autónomos”, resume Morgan.

Publicado: Febrero 1a quincena de 2007