A principios de mes la Cámara de Diputados asumió un punto de acuerdo para exigir que la Secretaría de la Función Pública abra auditorías en contra de los funcionarios que durante una década han administrado el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y al mismo tiempo crearon la empresa de portafolios SIASA, con la cual la Secretaria de Comunicaciones y Transportes administra los ingresos, mantenimiento y operación del 90 por ciento de las autopistas en el país.

En conferencia de prensa, el pasado 7 de marzo el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, hizo un recuento de lo publicado por las revistas Contraloría y Fortuna en febrero pasado, bajo el título Remate carretero legado de Gil Díaz, y motivó que los diputados federales emitieran dicho acuerdo.

En la Cámara los legisladores solicitaron a la SFP audite los malos manejos que hizo el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en la administración del FARAC para los tramos carreteros rescatados y la venta de deuda carretera avalada por el Banco de México y gestionada por los ex titulares de Banobras, Luis Pazos, y el hoy presidente Felipe Calderón.

"Esas irregularidades alcanzan al hoy presidente Felipe Calderón, titular de Banobras en 2003, periodo en el que preparó la ilegal subasta de deuda carretera. Por órdenes de Gil Díaz, Calderón Luis Pazos trasladaron en concesión otros 26 tramos carreteros del patrimonio de Capufe, no incluidos en el decreto de 1997, y ahora maneja un total de 49 carreteras, y los ingresos obtenidos por su explotación han sido destinados al pago de la indemnización", señaló Gonzáles Garza.

El coordinador parlamentario recalcó que el propio Gil Díaz incurrió en tráfico de influencias en el manejo del llamado rescate carretero, al gestionar que la SCT otorgara al banco británico HSBC, para el cual funge como su asesor, una concesión por 20 años para construir, operar, explotar, conservar y mantener tramos de las siguientes autopistas: Tihuatlán-Tuxpan, México-Pachuca, Asunción-Tejocotal, Tulancingo- Nuevo Necaxa, en los estados de Hidalgo, Veracruz y Distrito Federal (Contralínea 73).

González Garza exigió que la Secretaria de la Función Pública investigue las gestiones de Gil Díaz en la SCT a favor del banco britanico, y que el titular de SCT explique por qué el área a su cargo administra y opera más del 90 por ciento de los ingresos carreteros, el mantenimiento y la construcción de autopistas y puentes federales de ingresos por medio de SIASA, una compañía de portafolio creada por Manuel Zubiría Maqueo (hermano del titular del SAT,José María Zubiría), y el abogado Baltasar Cavazos Chena.

Los legisladores adelantan que después de la comparecencia de Luis Téllez, a mediados de marzo, votarán en contra de la reprivatización. Al reclamo de los diputados se unió también la de los senadores de oposición.

Ricardo Monreal, del PRD, dijo que además de exigir las auditorias al Farac y SIASA, votarán en contra del proyecto de Felipe Calderón de reprivatizar las carreteras, y más aún, porque los interesados en adquirirlas son los mismos que en 1997 provocaron el quebranto carretero.

Empresa de portafolio

Ni los ingresos derivados de la reprivatización carretera –estimados en 275 mil millones de pesos–, ni los 30 mil millones de pesos de presupuesto, ni el incremento al peaje, garantizan sanear el sector porque la SCT opera por medio de SIASA, empresa de portafolios creada por altos funcionarios del gobierno foxista.

Desde enero pasado la SCT inició un proceso de adjudicación de tramos carreteros del llamado “fobaproa carretero”, a los que el gobierno federal ha inyectado recursos excesivos durante los últimos diez años, y que Calderón regresará a las empresas beneficiadas por la privatización de Carlos Salinas, como ICA, Triturados Basálticos, y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD).

La reprivatización de 4 mil 240 kilómetros carreteros –manejados por el Farac– que anunció el 3 de marzo Felipe Calderón, es un esquema diseñado los ex titulares de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y de la SCT, Pedro Cerisola, y fue puesto en marcha hace tres meses (Fortuna 49).

Al anunciar el esquema, Luis Téllez argumentó que con la reprivatización el gobierno federal obtendrá 275 mil millones de pesos para abonar al adeudo del “fobaproa carretero” que, según Banobras, es de 160 mil millones de pesos.

Para justificar la “urgencia” de reprivatizar las carreteras el director del Banobras, Alonso García Tames, señaló que de los 275 mil millones de pesos que serán adjudicados a las nuevas concesiones –programadas a 30 años–, 160 mil millones serán dedicados al pago de la deuda, y el resto “a la construcción y modernización de carreteras”. De lo contrario, es decir, de no reprivatizarse, la deuda del rescate carretero se pagaría hasta el 2019, estimó el titular de Banobras.

Con el afán de desmantelar Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), funcionarios de la administración pasada crearon una empresa “de portafolio” para administrar el 90 por ciento de las casetas que integran la Red Propia y Red Farac. Esta última empresa opera en medio de un cúmulo de irregularidades, con la venia de Luis Téllez y Agustín Carstens.

Durante el gobierno de Carlos Salinas, la SCT creó el fideicomiso F/121128, para administrar al personal asignado a carreteras y puentes federales de cuota, por medio de un fideicomiso elaborado entre Capufe y el Banco Mexicano, el cual tendría vigencia de 5 años a partir del 6 de agosto de 1993. Sin embargo, a finales de la administración de Ernesto Zedillo, de forma ilegal el fideicomiso seguía operando.

En el 2000 el Sindicato de Terrajeros emplazó a huelga al fideicomiso por irregularidades en las firmas del contrato colectivo de trabajo en áreas de trabajo que no eran de Capufe, sino del fideicomiso.

En noviembre de 2001, Manuel Zubiría Maqueo asumió como director general de Capufe, y semanas después, junto con el poderoso abogado Baltasar Cavazos Chena, (hijo de Baltazar Cavazos Flores, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo), crearon la empresa Servicios Integrales en Autopistas S.A. (SIASA).

La abogada Claudia Ruiz, asesora de los trabajadores, y quien durante los últimos cuatro años ha llevado denuncias laborales contra SIASA, señala: “Manuel Zubiría dijo que tenía un amigo que podía resolver los asuntos laborales de Capufe, y trajo a Baltasar Cavazos Chena, así crearon SIASA”.

SIASA tiene atribuciones para recepcionar más del 93 por ciento de los ingresos carreteros, “proveer” a Capufe de la mano de obra “que se requiera para operar las vías de cuota concesionadas; y contratar personal, pero en caso de que los empleados la demanden, Capufe asume, como “obligado solidario”, el paga de los litigios perdidos.

A partir de su creación, SIASA ha cambiado unas 12 veces de domicilio, actualmente renta una casa en Palenque 395, colonia Vértiz- Narvarte, donde una recepcionista y un contador, se negaron a proporcionar los nombres de los titulares de la empresa.

Las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda, y Capufe, se niegan a revelar el nombre de los propietarios de SIASA, cuya cara visible es el despacho Cavazos Flores, propiedad del abogado Baltasar Cavazos Flores, asesor del Senado de la República. Como apoderado legal de SIASA ha comparecido Baltasar Cavazos Chena.

SIASA no paga impuestos. El pasado 16 de enero, el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública en Capufe, inhabilitó a la empresa por tres meses por presentar documentación apócrifa para justificar su situación fiscal ante Hacienda. En tribunales federales enfrenta unas 4 mil denuncias laborales por despido injustificado; carece de patrimonio propio y utiliza a los altos mandos de Capufe para el “trabajo sucio”.

Los operadores

En la poco clara relación entre las autoridades de Capufe y SIASA, los altos mandos de la empresa del estado, delegados y subdelegados de carreteras, operan también como jefes visibles de los empleados que contrata SIASA.

Un ejemplo de la subordinación de los funcionarios de SCT y Capufe a SIASA, fue el despido de 60 trabajadores asignados a la carretera México-Pachuca, quienes durante años fueron empleados del entonces fideicomiso F/121128.

Para 2002, SIASA se convirtió en su patrón, hasta el pasado 22 de marzo cuando Claudio Bernardo Vasconcelos, subdelegado de Operación de Capufe, acompañado de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Policía Federal de Caminos, y policías municipales de Ecatepec, los desalojó y obligó a que “entregaran” la caseta al nuevo personal de SIASA.

Juana Valadez, administradora de la caseta, denuncia: “A las 12 de la noche, en el cambio de turno, llegó la AFI, judiciales, la Federal de Caminos, todos armados. A los cajeros los encañonaron, el delegado de Capufe, Alfonso Vásquez Repetto, jamás dio la cara; llegó un representante de SIASA que nunca se identificó y dijo que traía orden de liquidar a todos; nos hicieron firmar la renuncia y entregamos la administración”.

Juana Valadez nunca supo quienes eran los dueños de la empresa para la que laboraba, y refiere que cuando la Secretaría de Hacienda hacía alguna auditoría, la orden era asumir que la administración y personal era de Capufe. Para cuestiones laborales, dice, “éramos SIASA”, y para pagos el “fideicomiso 121128”. Explica que la empresa mantenía diferentes figuras para protegerse ante demandas fiscales o laborales.

Cuando los trabajadores fueron desalojados, el representante de SIASA les extendió una hoja de liquidación con el nombre de la empresa, un borroso logo de Capufe y su firma como “representante legal”.

La propuesta de la empresa, dice la ex administradora, fue tajante: ‘o firmas o te vas a la cárcel’. “Protestamos, pero no había otra opción”. La mayoría de los trabajadores tenían una antigüedad más de 20 años, y SIASA les hizo firmar una carta de renuncia, pero nunca firmaron contrato de trabajo.

En las autopistas, tanto de FARAC como de Capufe, es difícil identificar qué trabajadores corresponden a un organismo y otro.

Aunado a la evasión de impuestos de SIASA, su pasivo laboral crece a la par de los despidos masivos injustificados. Lo más grave, señala la abogada Claudia Ruiz, es que como “obligado solidario”, Capufe actualmente está como codemandado, y deberá responder por el pago de las indemnizaciones a los despedidos.

La abogada explica las argucias de la empresa: “Al trabajador lo despiden y a partir de allí comienza un calvario, no puede demandar a nadie porque SIASA ha cambiado por lo menos ocho veces de domicilio, y en todos los juicios los abogados del despacho Cavazos alegan renuncia; hay incluso peritos grafoscópicos en la Junta Federal que hacen las firmas de los trabajadores”.

Abusos laborales

El caso de Marisol Castillo Ríos es un ejemplo emblemático de la forma cómo opera la empresa. Desde 1997 se desempeñaba como cajera de la caseta de la autopista México-Pachuca, donde fue atropellada y quedó “lisiada” de una pierna, estaba embarazada. Cuando se reincorporó a trabajar, el 8 de noviembre de 2002, fue despedida. En febrero de 2003 demandó a SIASA y a Capufe. En representación de SIASA, el despacho Cavazos Flores presentó un documento apócrifo como prueba de su “renuncia”.

Cuando la prueba fue apelada, SIASA contrató a un perito que certificó que la firma era legal. La abogada de Marisol solicitó la intervención de un perito de la Junta Federal, y éste trató de extorsionarla con 25 mil pesos. Marisol no pudo pagar y el perito se puso a las órdenes de SIASA.

Los peritos del despacho fueron demandados penalmente ante la Procuraduría General de la República por falsificación de documentos, para presentarlos como pruebas.

Desde su despido Marisol no ha encontrado empleo, y clama por que las autoridades laborales actúen con imparcialidad y no por influencias de los representantes de SIASA.

En mayo de 2002 dejó de operar el fideicomiso F/121128 (y no en 1998 como era el mandato). Las denuncias contra SIASA en algunos estados, como en Guerrero, iniciaron a partir de agosto de 2002, cuando trabajadores de la Autopista del Sol denunciaron ante el entonces secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, que Manuel Zubiría, director de Capufe, pretendía hacerlos firmar un contrato de trabajo con una empresa “fantasma” para desconocer sus derechos laborales.

Pero la disposición fue avalada por Cerisola. A través de la Dirección de Obra Concesionada, la SCT les confirmó que debían sujetarse a las disposiciones de SIASA, la cual, a partir del 1° de junio de 2002, fungiría como su nuevo patrón.

En la denuncia los trabajadores expusieron que los contratos de SIASA eran temporales y que lesionaban sus derechos laborales, pues en ninguno se especificaba los alcances legales.

Actualmente SIASA opera con tres mil trabajadores distribuidos en todo el país, quienes son sometidos a extenuantes jornadas de trabajo por el sueldo mínimo, sin equipo especial, ni uniformes de seguridad, y contratados todos de forma eventual.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe, Martín Curiel Gallegos, señala que aunado a las denuncias laborales, lo grave es que SIASA administra la mayoría de las casetas del fideicomiso Farac, con las que supuestamente se pagaría la deuda carretera, la cual en el sexenio de Fox no sólo no fue liquidada, sino que se triplicó, al pasar de 57 mil 316 millones de pesos a 167 mil 316 millones de pesos.

En este manejo discrecional de los recursos, SIASA es la puerta de entrada a los recursos de carreteras de peaje cuyo destino es el Farac, cuyo presupuesto no está regulado por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público ni el Presupuesto de Egresos de la Federación, y cuyo manejo se hace exclusivamente por el Comité Técnico del fideicomiso, es decir, por el titular de Hacienda, Agustín Carstens.

De acuerdo con estimaciones de Martín Curiel, de cada peso que se paga en las casetas la utilidad es de 85 centavos.

De acuerdo con estimaciones de la SCT, alrededor del 30 por ciento de los ingresos anuales, que se reciben del peaje en las carreteras del Farac, se destina al mantenimiento y operación. El mantenimiento desde 2002 está concesionado en su mayoría a SIASA, sin embargo el mal estado en que se encuentran las carreteras presume irregularidades de la empresa.

Los trabajadores exigen que la SHCP audite las finanzas de SIASA, con el antecedente de que la Secretaría de la Función Pública determinó irregularidades fiscales, sin embargo, dice Curiel, “por sus irregularidades la empresa ya no debía estar operando”.

Por su parte, la abogada Claudia Ruiz responsabiliza a la SCT “como cabeza de sector” de las consecuencias que pudiera tener el que la empresa “de portafolio” desaparezca, y que Capufe tenga que absorber su pasivo como obligado solidario.

Se solicitó entrevista con los titulares de SCT, Luis Téllez, y de Capufe, Humberto Treviño, para saber su postura respecto a las ilegalidades con las que opera SIASA, pero no hubo respuesta.

Revista Fortuna Año IV No. 50 Marzo 2007

Ana Lilia Pérez