La administración del PAN ha mantenido encubiertos a sus asesinos

Poster conmemorativo al periodista mexicano Manuel Buendía.
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Hace 23 años se asesinó al periodista Manuel Buendía por el temor que
publicara la relación del poder político con el narcotráfico, una
historia aún secreta

H ace 18 años se encuentra en la cárcel José Antonio Zorrilla
Martínez, director de la legendaria Dirección Federal de Seguridad.
Para toda una generación su nombre no significa nada, pero Zorrilla
Martínez no sólo fue el funcionario de más alto rango en el gobierno
de Miguel de la Madrid en pagar por el asesinato del columnista más
influyente de los últimos 50 años, Manuel Buendía, sino que fue el
chivo expiatorio con cuya condena se encubrió un crimen de Estado.

La noche del 30 de mayo de 1984 Buendía salió de su oficina en
Insurgentes, casi llegando a Reforma, cuando un asesino le disparó
cinco tiros por la espalda. El asesino huyó por Insurgentes, en el
perímetro de la Zona Rosa, que era altamente vigilada por policías y
militares en esos años por el alto número de personalidades que comían
en sus restaurantes, sin que tuviera mayor problema para escapar. Se
subió a una motocicleta y se fue a esconder a las instalaciones de la
DFS, a unas cuantas cuadras de ahí.

Zorrilla Martínez llegó con sus principales comandantes a la oficina
de Buendía y tomó ilegalmente las riendas del caso. Cuando se le
persiguió en el gobierno de Carlos Salinas, él y los comandantes que
hicieron la investigación fueron a la cárcel, junto con Manuel Ávila
Moro, nieto de un presidente de la República, acusado de haber jalado
el gatillo. En realidad, Ávila Moro, agente de la DFS y rockero, no
había sido el victimario, sino quien manejó la motocicleta en la que
el responsable directo de la ejecución escapó. Éste, descrito por
testigos como un tipo alto y fornido, aunque delgado, con una gorra y
un corte de pelo estilo militar, resultó ser un coronel que, tres días
después de ese crimen, apareció asesinado en Zacatecas con más de 120
puñaladas en el cuerpo.

El asesinato de Buendía fue fraguado con sólo 30 días de antelación,
luego de que el columnista retomara en dos columnas una declaración de
finales de abril de aquel año de los obispos del Pacífico sobre la
penetración del narcotráfico en las estructuras del poder. A través de
pedazos de los detalles de su asesinato recogidos arqueológicamente
por los años, se pudo establecer que, como consecuencia de ellas, el
secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, convocó a una reunión
donde se decidió el destino de Buendía.

Creía, de acuerdo con la información que ha salido a cuentagotas en
casi un cuarto de siglo, que Buendía tenía información que vinculaba
al Ejército y a altos funcionarios del gobierno federal con el
narcotráfico, y que la daría a conocer en su famosa columna Red
Privada. En la reunión estuvieron funcionarios de la Secretaría de
Gobernación, proveedores de armas para el Ejército, Zorrilla Martínez
y varios comandantes de la DFS, un par de ellos asesinados años
después en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Una investigación paralela de Samuel del Villar, en ese entonces el
cruzado de la renovación moral en Los Pinos, establecía que ante la
crisis económica que sufría el gobierno de De la Madrid, se elaboró
una política secreta donde el gobierno se haría de fondos del narco
mediante la protección de los campos de cultivo. Un ex secretario de
Estado en la administración de De la Madrid expresó altas dudas sobre
la veracidad de aquel informe, en buena parte porque, comentó, Del
Villar -un hombre con una genialidad que tocaba muchas veces la
locura- estaba produciendo documentos desconcertantes, como una
propuesta al presidente para resolver el problema del sindicato
petrolero con una especie de Noche de San Valentín.

Lo que era innegable, de acuerdo con otros ex secretarios de Estado
que hablaron con el paso de los años, era que el Ejército sí protegía
cultivos de droga, particularmente en Sonora y Sinaloa, y que la
participación de Arévalo Gardoqui como jefe de esas actividades
siempre fue muy difícil de rebatir. El narcotráfico ya había penetrado
las estructuras del poder en México. De hecho, las redes de
distribución estaban inmersas en la geopolítica del momento,
particularmente la contrarrevolución organizada por Washington en
contra del gobierno sandinista en Nicaragua. La ayuda a la contra
tenía problemas de abastecimiento de armas por la Enmienda Boland,
mediante la cual el Congreso de Estados Unidos prohibía a la Casa
Blanca ayudar de cualquier manera, salvo humanitaria, a los contras.

Se conoce ampliamente el caso del Irancontras, que fue una operación
para llevar armas a la contra procedentes de Irán a cambio de la
liberación de los rehenes estadounidenses en su embajada en Teherán,
pero casi nada ha salido, en todo este tiempo, sobre el papel de
México. Buendía siguió esa pista con su peculiar olfato periodístico
hasta que lo mataron, el mismo día y a la misma hora en que a 2 mil
500 kilómetros, en La Penca, Costa Rica, un agente de la CIA colocó
una bomba en una conferencia de prensa convocada por Edén Pastora, el
legendario Comandante Cero de los sandinistas que se volteó contra
ellos y que para 1984, después de haber sido una de las piezas claves
en el trasiego de armas para la contra desde México, se había
convertido en un problema para la agencia.

Pastora sobrevivió el atentado donde murieron cuatro personas y 14
resultaron heridas. En esa conferencia que en ese momento no sabía que
era promovida por agentes de la CIA en San José, iba a revelar las
presiones que tenía de la CIA, que desde Costa Rica controlaba la
recepción de armas para la contra, que llegaban a ese país y a la base
militar en San Salvador, manejada por los agentes en Centroamérica y
por el teniente coronel Oliver North desde la Casa Blanca.

Una de sus primeras declaraciones, muy poco difundidas, fue que el
atentado "había venido de México", donde estaba buena parte del
trasiego de armas para la contra, que cambiaban por droga en Texas.
México era parte de la geopolítica de la guerra fría, donde Estados
Unidos cerró sus ojos para beneficios de sus intereses ulteriores. En
ese sentido el general Arévalo, pese a la documentación que lo
involucraba en el narcotráfico, nunca fue perseguido ni acusado
formalmente, como tampoco fueron reveladas las relaciones del Ejército
con el narco.

Buendía, temía el secretario de la Defensa, tenía pruebas de cómo él,
altos funcionarios de Gobernación y familiares del presidente, estaban
metidos en el negocio del narcotráfico. No está claro todavía si
cuando Arévalo se alarmó el columnista tenía documentación sólida.
Pero Zorrilla Martínez, que era su compadre, sí sabía todo aquel
entramado. Pero para un crimen de Estado se necesitaba un hombre de
Estado.

En efecto, por más contradictorio que parezca, Zorrilla Martínez se
comportó como un hombre de Estado, tragándose todo lo que sabía,
guardando silencio entonces y ahora para salvar la viabilidad de un
gobierno. Pero, sobre todo, para proteger a los secretarios de Estado
que, con la aprobación o no del presidente De la Madrid, metieron sus
manos de lleno en el narcotráfico, prólogo pernicioso de la realidad
actual.