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Hace más de cinco lustros, entre gobiernos priistas y panistas, las condiciones laborales, económicas y materiales de los trabajadores mexicanos iniciaron un acelerado deterioro. En las vísperas de las polémicas elecciones federales de 2006, subsistía en la población un consenso: la necesidad de iniciar una redistribución de la riqueza a través de más y mejores empleos que paliaran las desigualdades económicas y sociales. Atendiendo más a los consejos de la mercadotecnia que a las convicciones, un candidato se autonombró el “presidente del empleo”.

Sesenta y ocho días después de emitidos los sufragios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó el triunfo a ese aspirante. Luego de 17 meses de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, la situación de los trabajadores mexicanos no se ha revertido. Por el contrario, se agudiza la tendencia degenerativa –iniciada desde el priismo– de la estructura social, jurídica y material, herencia de la Revolución Mexicana, que arropó a los generadores de la riqueza: los trabajadores de la ciudad y el campo.

En el México de hoy, más de 90 millones de niños, adolescentes, adultos, ancianos y mujeres laboran por cuenta propia y 3 millones más trabajan sin recibir remuneración alguna, según datos de la UNAM. Además, cada año alrededor de 550 mil personas se ven obligadas a abandonar el país en busca de empleo. Huyen de la miseria campesinos, madres solteras, artesanos, pero también profesionistas en los que el Estado mexicano invirtió más de 15 años de educación.

Según el Informe panorama laboral 2007. América Latina y el Caribe, de la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia, y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación urbana se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Apenas 16 millones de personas cuentan con salario y prestaciones que marca la ley.

El salario mínimo ha perdido casi 24 por ciento de su poder adquisitivo tan sólo en el año y cinco meses de la nueva administración. El deterioro acumulado desde 1982 rebasa el 82 por ciento, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.

El 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo son de protección patronal, revela un estudio del investigador Alfonso Bouzas. Así las empresas garantizan la “paz laboral” a cambio de la violación de los derechos de la clase obrera y la explotación de los trabajadores.

Los raquíticos salarios, la intromisión gubernamental en la vida interna de los sindicatos y el constante ataque a la seguridad social, son los factores en común que detonan los conflictos obrero-sindicales en México. Desde el inicio del calderonismo, se han emitido más de 9 mil emplazamientos a huelga. De ellos, han estallado más de 50.

Además, la propuesta de reforma laboral que se negocia a espaldas de la sociedad busca legalizar la conculcación de los derechos de los trabajadores.