Los campos petroleros Paraíso, MDC, Huachito y Biguno, que poseen crudo de 28 grados API, fueron descubiertos y manejados por la ex CEPE y Petroecuador. Sin embargo, estos campos fueron entregados de manera fraudulenta por el gobierno de Gustavo Noboa, a tres meses de la terminación de su mandato, sin licitación y violando la Ley de Hidrocarburos vigente a la empresa ENAP- Chile.

El gobierno de Lucio Gutiérrez tuvo la información adecuada para suspender este lesivo contrato, pero prefirió callar y ser cómplice de ese millonario perjuicio.

“Este lesivo contrato contempla en una de sus cláusulas que Petroecuador le reconoce a la contratista su participación económica, desde el momento mismo de la suscripción del contrato, sin importar si ésta invierte y/o aumenta la producción. Dicho de otra manera, ENAP de Chile, desde que firmó el contrato y, sin haber invertido un solo centavo, ya fue dueña del 30% de los ingresos generados por la extracción de crudo en estos campos.

“Por este contrato se pagaron algunas facturas por un valor de 13,218 millones de dólares, hasta diciembre del 2003, mes en que recién la empresa chilena perfora su primer pozo, es decir, a los 15 meses de la suscripción del contrato, pero quedando un saldo de 2,343 millones de dólares, que fue pagado luego de la perforación del primer pozo señalado; sumados, representan 15,561 millones de dólares, que es el adelanto que generosamente entregamos los ecuatorianos para que los extranjeros nos den haciendo las cosas. Debe señalarse, por otro lado, que hasta el mes indicado, diciembre 2003, en que SIPEC perfora su primer pozo, por supuesto con dinero ajeno, la producción en el campo Paraíso no había subido; más bien, aunque parezca mentira, había bajado”, señala el ingeniero petrolero Mariano Santos.

La empresa chilena sabía que las reservas en al campo Paraíso eran, o son, de 110 millones de barriles; pero declararon que “solo” existían de 55 millones, poniendo en duda la eficiencia de los técnicos ecuatorianos que estudiaron la capacidad de extracción de este pozo. Lo que en el fondo escondía esa declaración, es que se sometería a esos yacimientos a una sobreexplotación: lo que la ENAP buscaba era la utilidad por sobre todo y no la explotación sistemática y responsable de los yacimientos, pues la sobreexplotación conduce a la destrucción de los campos petroleros.

Utilidades y falsificaciones

Esta empresa chilena transnacional también aplica las políticas neoliberales en lo referente a la relación laboral: tiene en su planta de trabajadores a tercerizados, a los cuales les sobreexplota a través de una compañía denominada Sudamérica Energy S.A. ( SAE Group), para eludir así responsabilidades laborales. Para colmo de la estafa y el atropello laboral, intentaron entregarles utilidades de burla, que iban de 19 a 20 dólares, luego de que muchos de ellos han laborado por mas de cinco años. En contraste, el personal que trabaja directamente con la empresa recibió utilidades cercanas a los 200 mil dólares cada uno.

Además, como la fecha para cumplir con el pago de las utilidades se estaba pasando, decidieron presentar el informe de pago de las mismas, del año 2006, falsificando las firmas de los trabajadores para evitar así las sanciones de ley.

Este atropello laboral, que incluso tiene tientes penales, está denunciado al Ministerio del Trabajo: existe un juicio penal por falsificación de firmas a 102 empelados, a la empresa SIPEC-SAE Group. Los trabajadores denuncian que las tercerizadoras por las que han ‘circulado’ son parte del mismo grupo y tienen sus oficinas en el mismo edificio, el World Trade Center de Quito; estas empresas no se encuentran registrados en las oficinas del Ministerio del Trabajo; además tienen los mismos teléfonos, solo cambian los representantes, pero tienen la misma finalidad: la explotación.

Por este justo reclamo fueron despedidos 11 trabajadores, con fecha 4 de abril del 2008. Se supone que con aplicación del Mandato 08 debieron ser reintegrados a sus puestos de trabajo, pero no: la contratista les liquidó, sin sujetarse al Código del Trabajo y sin que las autoridades pertinentes hagan algo.

Al parecer, a la usuaria chilena el Mandato no le hizo ‘ni cosquillas’; por lo visto, el contrato fraudulento de la concesión incluye también la desobediencia a las leyes ecuatorianas, pues todas estas denuncias se encuentran en la Asamblea Nacional Constituyente y Ministerio del Trabajo, pero estos nada dicen, nada hacen y se sumergen en un silencio cómplice.

Los trabajadores, aún tercerizados, siguen en pie de lucha pese a las amenazas de despidos, pese al hostigamiento; sus demandas son totalmente legítimas, las petroleras deben acatar las leyes ecuatorianas. Los trabajadores deben ser ingresados como trabajadores de planta con plenos derechos, garantías y sin amenazas.