Las familias de los cuatro jóvenes mexicanos comparten desde sus hogares los recuerdos y las vidas de sus hijos; piden justicia por los asesinatos de quienes en febrero de este año asistieron al Segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana convocado en Quito, Ecuador. En los primeros días de marzo todos supieron los resultados del viaje que ellos emprendieron: fueron masacrados en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Sucumbíos, localidad ecuatoriana. Para los padres, aún no hay respuestas.

Ellos regresaron al país después de una intensa jornada de “denuncia y solidaridad” que realizaron por tres naciones sudamericanas: Ecuador, Chile y Argentina. Organizan próximas movilizaciones: la Jornada Continental de Protesta por las Víctimas de Sucumbíos y la realización del Campamento Nacional contra el Imperialismo y la Guerra en América Latina, ambas se llevarán a cabo en la capital mexicana en febrero de 2009.

Sin embargo, el gobierno mexicano ignora las demandas de los padres de ciudadanos mexicanos asesinados en Ecuador. Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) les responde.

“Le apuestan al olvido”, reclama Álvaro González, historiador y padre de una de las víctimas. Él y Rita, su esposa, junto a las otras familias, continúan la labor que sus hijos emprendieron: “Crear lazos de solidaridad, dentro y fuera de México, por la justicia y los derechos humanos con los pueblos hermanos de Latinoamérica”.

Además, luchan por contrarrestar las acusaciones penales que pesan sobre sus hijos y otras 27 personas; entre éstas: compañeros, familiares, investigadores, académicos, defensores de derechos humanos.

La creación inspiradora, Verónica Carraspea, el dolor logra invadir sus recuerdos. Sentada a la orilla del sillón y con sus manos entrelazadas, Ana María mordisquea sus labios y desvía la mirada. Huye de las lágrimas. No es la primera vez que padece el síntoma. Ella y su hija ya antes lo compartieron. Hace cuatro años, Ana perdió a su esposo; Verónica, a su padre.

Ahora, la madre de Verónica Natalia Velásquez Ramírez se esfuerza y logra conversar. Recuerda que a su “muchachita” le gustaba ir al teatro, ver cine, leer esos tantos libros de los que incluso ella desconoce los títulos, y escuchar música, “principalmente oaxaqueña”.

Verónica, de 30 años y egresada de la licenciatura en estudios latinoamericanos, estaba orgullosa de su cultura, de la que compartía con su padre largas charlas antes de que a él lo consumiera el cáncer de esófago. “Él estaba orgulloso de sus dos hijos y quería que se prepararan –se estremece Ana María–. Verónica y Javier (su hermano) se querían mucho y nunca tuve problemas ni con ellos ni con su padre”.

En febrero, en la colonia Jardines de San Gabriel, allá en las zonas limítrofes y marginadas del Estado de México, una madre comenzaba a desesperar. Sabía que desde el extranjero las llamadas eran caras. Verónica se lo había dicho una vez cuando se comunicó por teléfono.

Pero algo no estaba bien y Ana María intentaba contactar a las familias de los compañeros de su hija. No lo logró. El martes, tres días después del ataque al campamento de las FARC –guerrilla de la que ni conocía su existencia–, su desesperación se acentuó al escuchar el nombre de Lucia Morett en el televisor. Verónica y Lucía se habían ido con otros tres de sus compañeros, “casi hermanos”, según recuerda.

“Pensamos que era un error, pudo ser confusión de las embajadas”, ni ella ni Javier le dieron tanta importancia. “Ni siquiera lo hubiéramos pensado que ella estaba ahí”. Pero su peor pesadilla se hizo realidad el viernes 7 de marzo, cuando los noticiarios citaron el nombre de Verónica.

Esa misma mañana, representantes del gobierno mexiquense y vecinos acudieron a casa de la familia a brindarle su apoyo. Ana María, desconsolada, narra cómo más asustada que consciente fue conducida a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí sólo obtuvo una respuesta: “Regrese el lunes”; era fin de semana.

De origen humilde y lenguaje sencillo, sonríe al definir el carácter de su hija: Verónica era fuerte, perfeccionista, un buen ser humano y amiga. Desbordaba “tanta imaginación”. Atesorado, Ana María conserva un recuerdo de Verónica: el último par de aretes que su “arañita” le tejió.

La tecnología desarrolla capacidades, Soren Al fondo de la estancia, el altar ocupa toda la atención. Soren Ulises Avilés Ángeles ya no está. En ese espacio quedaron fijos los recuerdos de su vida, pero también el dolor de su familia. De vez en cuando, ésta se reúne al pie del altar y comparte los momentos y enseñanzas de Soren.

No hay por donde comenzar, para la familia fueron tantas las virtudes que describirían al joven. Telésforo considera que su hijo “era extrovertido, alegre y –destaca– poseía una gran capacidad de asombro”.

Las primeras lágrimas escapan cuándo –con voz entrecortada– Telésforo da lectura a uno de los tantos reconocimientos que, como estudiante de excelencia académica, Soren obtuvo.

Por un momento, en la estancia prevalece el silencio y sólo se rompe con el llanto colectivo. Telésforo continúa: “República de Colombia, fue el nombre de la escuela secundaria que reconoció a Soren como hijo predilecto”. Antes de partir, además de cursar el segundo semestre de maestría, él trabajaba como docente en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Como científico, Soren también comprendía la importancia de compartir el estudio y la práctica con las humanidades. Él quiso constatar lo que proponía en su tesis: Formulación y diseño de políticas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en México, y su contribución a la integración de América Latina y el Caribe, dicta el protocolo presentado ante el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del IPN.

Era su primer viaje fuera del país, “aunque de México conocía las zonas arqueológicas y las comidas típicas de cada rincón que visitaba”. Además, él siempre llevó consigo una cámara fotográfica, dice Alejandra, una de sus hermanas.

“Otra de sus habilidades era jugar ajedrez”, agrega Israel, uno de sus hermanos. Recuerda que cuando viajaba también llevaba consigo un tablero de bolsillo. “Soren memorizaba y analizaba los juegos; después me decía en qué movimientos me había equivocado”.

Soren era un ávido lector que gustaba de la prosa y la poesía latinoamericana, especialmente la de Nicolás Guillén, Pablo Neruda y Manuel Gutiérrez Nájera; pero también leía filosofía. “Leía todo lo que llegaba a sus manos”, añade Alejandra.

Disfrutaba de la música latinoamericana: Los Folkloristas, Inti-Illimani, los ritmos mexicanos y andinos eran sus predilectos. La marimba, la trova yucateca, el son cubano, el bolero y toda la música popular eran su admiración, desde José Alfredo Jiménez hasta Tin-Tan.

La conversación transcurre y la madre contiene sus palabras y el dolor. Ella mantiene fija la mirada en aquel altar y en una de las tantas imágenes en las que su hijo sonríe.

El último en recibir noticias de Soren fue Israel, quien prefiere conservar para sí las últimas líneas que su hermano le dedicó. Es un correo electrónico fechado el 28 de febrero en el que Soren le encargaba entregar besos a sus padres y hermanos; lo retaba a su próxima partida de ajedrez; le invitaba las siguientes “chelas”; y le expresaba cuánto los quería.

“Las lecturas que Soren hacía respecto al contexto histórico de América Latina eran profundas”. Y es que el pensamiento y la opinión respecto al tema no eran pasados por alto en el hogar: “Nadie puede ignorarlo y él tampoco lo hacía: criticaba el sometimiento de la política mexicana a la norteamericana”. Respecto al presidente Colombiano, la madre por fin expresa: “Que me pregunte quién era mi hijo en vez de decir tonterías. Uribe, como otros, son personas que sólo acumulan poder para destruir a los demás. A nosotros nos destruyeron”.

La educación emancipadora, Fernando A Chack, como lo conocían sus compañeros y amigos, le apasionaba la docencia. “Tenemos que formar escuelas, crear casas de estudiantes. Nosotros tenemos que construirlas”, era su ideal; la historia, la literatura, la filosofía y el derecho, sus instrumentos.

Sentado al fondo de un café, Marcelo –padre de Fernando Franco Delgado– contiene la indignación y la impotencia de no poder alcanzar nunca más los brazos de su hijo.

Recuerda que a Fernando le gustaba escuchar música, leer e ir al teatro. En particular “encontraba más sabor a la vida cuando escuchaba a los jaraneros y a los copleros”. Y es que juntos gozaban de escuchar música y asistir a eventos culturales.

Él, de 28 años, era estudiante becado en la Universidad Iberoamericana. “La idea prácticamente fue mía, pero Fernando no se conformó y poco tiempo después logró ingresar a la UNAM”, donde también estudiaba filosofía. Pero además –señala Marcelo– él quería estudiar medicina y economía. “Chack nació para la escuela y mi trabajo en el taller era para apoyarlo”.

Además de ser padre e hijo, “Chack y yo éramos buenos amigos”. Las lágrimas resbalan por las mejillas de Marcelo al recobrar los instantes que padecieron juntos. “Era opuesto a mí. De él, siempre aprendí; en esos momentos no era mi hijo, era mi maestro”.

Fernando tenía 18 años de edad cuando su mamá se fue. “Chack y yo nos quedamos solos. Ella nunca más nos dio la cara”. Entonces, después de brindarle apoyo moral, el hijo instó al padre a comprender y perdonar la voluntad de su madre. “Es que Chack era compasivo”.

Al referirse a la Cátedra Bolivariana de la que Fernando y otros compañeros eran participantes, Marcelo señala que ellos, “como jóvenes incorruptibles, eran independientes; pero el gobierno no desea opositores legítimos”. –¿Fernando participaba políticamente dentro del círculo de estudio al que se había integrado?

–Sí. Él tenía actividad política porque creía que para tener un mejor país debíamos trabajar; educar para concientizar. Pensaba que se podía vivir bien siendo honesto. Mi hijo no era guerrillero ni terrorista, era un proyecto de gente diferente; no era corrupto ni se prestaba a injusticias. Por eso lo mataron.

Marcelo considera criminal el que un personaje “tan siniestro y lleno de maldad” como Álvaro Uribe decidiera masacrarlos y después acusarlos de terroristas y narcotraficantes. Es que “los muchachos –señala– fueron investigados desde tiempo atrás”.

Indignado, el padre de Fernando Franco describe cómo el cuerpo del joven fue la evidencia de la crueldad y la saña con la que los cuatro universitarios fueron asesinados: “Quedaron irreconocibles. No se puede tolerar tanta infamia”.

El ritmo de la lucha, Juan Se han desplegado las cortinas en el departamento de un décimo piso. A las habitaciones entra la luz; los ojos de Rita y Álvaro revelan cansancio; delatan horas de sueño inconcluso, su indescriptible sufrimiento y el padecer del silencio que ahora impera en el hogar.

En Tlatelolco, la familia González del Castillo logra levantar el ánimo; lo hace al recobrar las fuerzas para defender la memoria de su hijo. En la amplia mesa del comedor, Rita logra articular –entre sollozos– las palabras: “El 16 de abril cumpliría 29; una edad muy bonita y llena de proyectos: Juan tenía muchos proyectos”.

Rita y Álvaro se resisten. Es que en su habitación aún le esperan carteles y libros por aquí, ropa y discos por allá. El armario permanece abierto; sus ropas, desbordadas. En los muros, las imágenes de Allende, Martí, el Che y Bolívar.

“Le gustaba la música”. A decir de su padre, era parte del proyecto con el que lograría su titulación. Él era egresado de estudios latinoamericanos. “Lo haría este año, se lo había prometido a su papá”. Rita recuerda que su hijo se ocupaba de estudiar los conflictos y la música de lucha en Latinoamérica.

Sería difícil definir su gusto específico por la música. Es que Juan logró recopilar una colección de más de 1 mil 500 discos compactos. De éstos, los ritmos que inundaban las habitaciones de aquel décimo piso eran los andinos, colombianos, argentinos; en fin, latinoamericanos.

A Juan lo recuerdan por su carácter contrastante: “Era sumamente reservado y serio; pero, cuando sentía confianza, era extrovertido, alegre y bromista”. El semblante de Rita revela su añoranza. Ella observa y se detiene a contemplar una a una las fotos de su “amor”: la cronología de la vida de su hijo que se interrumpe un año atrás en la fiesta de cumpleaños de su primo.

Sus padres consideran que Juan poseía una gran cultura: “Cada vez que platicábamos con él nos dábamos cuenta de que sabía mucho; era un devorador de libros. Él creía que los libros, la música y viajar eran la mejor manera de conocer más de la realidad social”.

La política del continente fue uno de sus principales intereses. En alguna ocasión –recuerda Álvaro– su hijo le había hecho comprender que Michelle Bachelet no era la mejor candidata a la presidencia de Chile, como ellos pensaban: “No te creas, ella no es confiable, me dijo. Y el tiempo le dio la razón, después de conocer la represión a estudiantes fue mucha nuestra decepción”.

Álvaro González, que además de ser profesor universitario es historiador, comparte los textos que a la fecha ha reunido en su investigación personal. Su archivo documental es amplio. En él descubre “los tempranos vínculos de Uribe y el actual embajador en México (Camilo Osorio Isaza) con el narcotráfico y el paramilitarismo colombiano”.

Los muchachos eran estudiosos y conocedores de su entorno social. Rita se apresura a dar lectura a algunos de los párrafos de la biografía no autorizada del mandatario colombiano, a quien señala como “el asesino”.

En los últimos meses, Juan se había manifestado lo mismo contra el Plan México que contra el representante colombiano y embajador en México, Camilo Osorio Isaza.

–¿Juan padeció alguna consecuencia por su actividad y pensamiento crítico? –Como a sus compañeros, ahora se le pretende inculpar y criminalizar. Por eso el gobierno favorece la política que se instrumenta en el país: la persecución de luchadores sociales. –Como profesor ¿qué ambiente nota en las aulas, cuál es el sentir de los universitarios? –En la Facultad de Filosofía y Letras hay cierto temor porque se sabe que hay agentes colombianos operando bajo órdenes del embajador colombiano. Eso es grave. La familia también considera “inaudito” que a los jóvenes universitarios se les intente coartar su opinión y su ejercicio profesional, o “peor aún, se les pretenda amedrentar. Resulta un ataque a las universidades públicas. Yo creo que los muchachos también lo percibieron, pero aún es una amenaza velada y cobarde”, apunta Álvaro, padre de Juan González del Castillo.

Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 1 de octubre de 2008 | Año 7 | No. 111

Estudiantes, denunciados por “terrorismo”

José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac –miembros de las asociaciones civiles Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal y Mejor Sociedad, Mejor Gobierno– presentaron denuncias penales contra los cuatro jóvenes masacrados y otras 27 personas –entre éstas, los entrevistados– como presuntos responsables de delincuencia organizada en sus modalidades de terrorismo, terrorismo internacional y apología del delito.

En consecuencia, la Procuraduría General de la República comenzó la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/028/2008. Para los familiares, compañeros, académicos, investigadores y defensores de derechos humanos, las denuncias “son el montaje de una verdadera farsa”.

En la opinión de Alberto Hijar, investigador del Instituto Nacional de Bellas Artes y profesor universitario, las imputaciones descritas en la denuncia presentada el 25 de marzo, y en la ampliación de la misma ocurrida el 13 de mayo, “carecen de fundamento documental o testimonial y resultan conclusiones disparatadas que intentan hacer activo a sustento legal.

“Estamos frente a un crimen de Estado y complicidades, y eso no se debe callar. Las autoridades colombianas sabían de la presencia de los mexicanos en el campamento. Los gobiernos intentan vincular a los movimientos sociales, los activistas solidarios e internacionalistas con el terrorismo.”

Enrique González Ruíz, investigador y luchador social, coincide: “Fue un crimen de lesa humanidad”. A quienes los han inculpado, el también académico de la Universidad de la Ciudad de México los señala como calumniadores.

“Las supuestas laptops de Raúl Reyes –líder de las FARC– no son más que el falso instrumento para justificar actos terroristas de parte de las naciones enemigas del bloque Estados Unidos-Colombia, al que el gobierno mexicano aspira acceder. En su absurda visión, Ecuador, Cuba, Venezuela, Bolivia, Brasil y Perú podrían estar creando un bloque dictatorial que libere los pueblos de su yugo.”

“A algunos de los jóvenes que fueron asesinados yo los conocí. Ellos no eran guerrilleros ni terroristas”, precisa Rosario Ibarra de Piedra, senadora y defensora de derechos humanos. Ella también fue acusada de tener vínculos con el grupo armado y probable participación en “actos de terrorismo”.

Carlos Fazio dice que conoció a algunas de las víctimas y que a ellos debe la cátedra que ahora imparte en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. “Ellos lograron que así fuera”.

Respecto a los hechos, considera que “no fue un caso aislado. Fue un golpe quirúrgico-militar seguido de un terrorismo mediático”. El especialista documenta de manera hemerográfica lo que sucedió después del ataque al campamento: la variable mexicana se estaba montando. “Se utilizó a la prensa mexicana para construir en el país a un enemigo interno”.

Las denuncias presentadas por las asociaciones civiles fueron fundadas en notas y reportajes periodísticos de diversos medios de comunicación “coludidos”, subraya el especialista.

Édgar Sánchez, líder social e internacionalista, considera que todos estos ataques “son la excusa gubernamental para criminalizar la protesta social, la conciencia crítica inherente a los universitarios y la solidaridad internacionalista; todo aquello con dejos de humanismo”. (AM)

Del FNCR, más “denunciados”

Margarita Iracema Villanueva Gallegos y Ángel Fermín Lara padecieron el llamado “terrorismo mediático”. Ellos son miembros del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR). Ambos fueron denunciados por las mismas razones que a los compañeros asesinados en un campamento de las FARC, amigos, profesores y familiares. Además, se les acusa de haber preparado el viaje de los jóvenes universitarios a Ecuador. “Nosotros no tuvimos nada que ver”, dice Margarita.

Y es que la ampliación de la denuncia PGR/SIEDO/UEITA/028/2008 –presentada por el abogado José Antonio Ortega Sánchez, miembro de la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, ante la Procuraduría General de la República– se fundamenta en una nota publicada en un diario de circulación nacional el 10 de abril, firmada por Jorge Fernández Menéndez.

“Nos dimos cuenta que de los denunciados, casi todos pertenecemos a la FNCR. Nos inmiscuyeron para intensificar el argumento mediático por los asesinatos de los muchachos de la universidad y atacar a nuestra organización social”, subraya Margarita.

–¿Cómo se dieron cuenta que una denuncia pesaba sobre ustedes? –Nos enteramos que nos involucraban a partir de un periodicazo. En la siguiente reunión nos dimos cuenta de que la mayoría es del FNCR: Enrique González Ruíz, Édgar Sánchez, la senadora Rosario Ibarra, y más; a excepción de algunos otros nombres, pero que pertenecen al Comité Cerezo; al Comité Digna Ochoa; al Comité Eureka –asegura Margarita–. Era evidente la campaña para criminalizar los movimientos sociales. –¿Conocían a alguno de los jóvenes masacrados?

–No nos cabe la menor duda de que, como universitarios y críticos de la sociedad, ellos hayan estado en alguna de nuestras tantas reuniones y actividades previas a la fundación del FNCR. Sabemos que ellos eran jóvenes críticos e inteligentes, no criminales –puntualiza Ángel Fermín Lara. (AM)

Agentes colombianos infiltrados en la UNAM

Mario Iguarán, fiscal general de Colombia, afirmó el 1 de octubre de 2007 que “agentes encubiertos de su país realizan labores policiacas en nuestro territorio, lo cual constituye una inaceptable violación a nuestra soberanía nacional, indica el punto de acuerdo “por la búsqueda de la paz en el conflicto social y armado en Colombia”, presentado en noviembre de ese año por la senadora Rosario Ibarra de Piedra.

Según el documento, “Camilo Osorio Isaza, embajador de Colombia en México, es quien presumiblemente coordina y auspicia las actividades de los agentes encubiertos”.

La declaración de Iguarán sucedió durante el foro Seguridad y Derechos Humanos, base para el Progreso en México y Colombia –organizado por el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México–, al que también acudieron Francisco Santos, vicepresidente de Colombia, y José Obdulio Gaviria, consejero del presidente Álvaro Uribe.

Juan González del Castillo, víctima del atentado contra el campamento de las FARC, participó en la elaboración del punto de acuerdo en el que también se expresan los motivos que impulsaron a la senadora y otros legisladores mexicanos a solicitar el retiro del actual embajador en México. El Movimiento Mexicano de Solidaridad con la Lucha del Pueblo Colombiano y la Cátedra Simón Bolívar también consideran inaceptable que altos funcionarios del gobierno de Colombia se entrometan en asuntos de política interna mexicana y que agentes de ese país se filtren a las aulas universitarias.

Aunque la SRE intentó desmentir las declaraciones de Iguarán, ésa no fue la primera vez que los funcionarios colombianos se referían al tema. Días antes, Francisco Santos advirtió que su gobierno tenía información precisa de los lugares donde se reunían los círculos de estudio bolivarianos, que apoyaban la radicalización de las acciones y los atentados contra instalaciones de Petróleos Mexicanos. El Ejército Popular Revolucionario se adjudicó dichos actos de boicot, ocurridos en septiembre de 2007.

Más aún, hace tres años, el gobierno colombiano acusó que en la UNAM estaba ubicada una “oficina clandestina” de las FARC. Al respecto, Juan Ramón de la Fuente, entonces rector de la Universidad, exigió al gobierno de Uribe respeto hacia la máxima casa de estudios. (AM)

La persecución contra Morett

La sobreviviente mexicana del ataque al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, Lucía Andrea Morett Álvarez, aún no puede regresar a México a consecuencia de las denuncias presentadas por Jesús Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac. En la opinión de sus padres, “ella aún está en grave riesgo”.

El pasado 12 de septiembre, María de Jesús Álvarez y Jorge Luis Morett solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) –a través de la Oficialía de Partes– la notificación legal del estado jurídico de su hija, quien se encuentra en Nicaragua. A la fecha, la familia aún no obtiene respuesta, ni a la solicitud de entrevista con el procurador.

El pasado 22 de septiembre, en la comparecencia del titular de la PGR ante el Senado, el secretario de la Comisión de Gobernación, Ricardo Monreal, solicitó a Eduardo Medina Mora el esclarecimiento de la situación legal y los avances de las investigaciones contra Lucía Morett por los supuestos delitos cometidos por o contra mexicanos en el extranjero.

Medina Mora respondió que no se han encontrado vínculos entre Lucía Morett y las FARC y que tampoco se ha acreditado su adherencia al grupo armado. Además, el funcionario agregó que a ella no se le impide regresar a México.

Sin embargo, la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/028/2008 continúa abierta de manera indefinida y, de arribar al país, Lucía podría ser aprehendida. A decir de María de Jesús Álvarez, madre de Lucía, la condena por los delitos “construidos” contra su hija podría ascender hasta 40 años de cárcel.

La familia Morett Álvarez considera “ridículos” los cargos por delitos de delincuencia organizada en su modalidad de terrorismo internacional y terrorismo, así como apología del delito, que pesan sobre dos de sus hijas, Sonia y Lucía Andrea. María de Jesús Álvarez también recuerda que todas las acusaciones contenidas en las denuncias presentadas por las asociaciones civiles Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal y Mejor Sociedad, Mejor Gobierno están sustentadas en “información falsa de supuestas agencias de inteligencia, fuentes confidenciales, y de filtraciones a la prensa mexicana”.

Ahora, con el apoyo de la Asociación de padres y familiares de víctimas de Sucumbíos, la familia de la universitaria exige a la PGR que se decrete el no ejercicio de la acción penal para que Lucía Morett pueda regresar a México de manera segura. (AM