En los últimos cinco años, la banca de desarrollo ha sido debilitada de tal forma que perdió 101 de sus oficinas, redujo en 7.6 por ciento su planta laboral y el año pasado apenas participó con el 12.11 por ciento del total de créditos otorgados en el país. La fusión de Bancomext y Nafin, propuesta por el gobierno federal, sólo contribuiría al “desmantelamiento” de la banca pública, advierten opositores a la iniciativa. Afirman que la participación de Héctor Rangel Domene al frente de las dos entidades representa “una fusión de facto”
La participación de la banca de desarrollo en el total de créditos otorgados decreció en los últimos 15 años: pasó de 29.4 por ciento en 1994 a 12.11 por ciento en 2008. En ese lapso, la tasa media de crecimiento de la banca de desarrollo fue de 0.15 por ciento anual, “porcentaje mucho menor que el crecimiento anual (del país)”, señala el documento Diagnóstico de la banca de desarrollo en México, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
Datos presentados por el doctor David Ibarra Muñoz en septiembre pasado indican además que, de 1995 a 2008, el financiamiento de primer piso de la banca de desarrollo cayó 75 por ciento, reduciéndose 98 por ciento en el sector agropecuario y 65 por ciento en el industrial y de servicios.
En un boletín de agosto pasado, el CEFP evidenciaba la dimensión de esta caída, al señalar que “en México la banca de desarrollo en general se desempeña como una banca de segundo piso, es decir, corresponde a la banca privada promover y otorgar préstamos a nombre de la banca pública, con excepción del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Área y Armada (Banjército) y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi)”.
Este “desmantelamiento” de la banca de fomento comienza a darse desde hace tiempo, debido a “la concepción errónea” que de ella han tenido los gobernantes, a decir de la senadora Yeidckol Polevnsky.
Polevnsky considera que se ha perdido de vista que el objetivo de la banca de desarrollo es apoyar a quienes no son apoyados por la banca comercial. “La banca comercial y la banca de desarrollo tienen que tener criterios distintos. La banca comercial presta en función de las ganancias, sin mayor compromiso social, pues no es su objetivo, pero la banca de desarrollo no puede pensar como banquero y eso es lo que ha fallado”.
La senadora perredista señala que desde esta visión equívoca se sustenta la propuesta de fusión de dos entidades de la banca comercial, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin). El argumento del gobierno federal de que la fusión traería ahorro en gastos y evitaría la duplicidad de funciones olvida el propósito de la banca de desarrollo y soslaya la necesidad de contar con órganos especializados para cada sector, explica Polevnsky. “El problema en México es que queremos hacerlo todo general cuando el país no es uniforme”.
Alicia Girón, del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México, comparte esta valoración, pues considera que la administración actual “no tiene una visión de lo que debe ser la banca de desarrollo en un país en desarrollo” y lo deja todo en manos de la empresa privada, “como si ahí no se dieran casos de ineficiencia y corrupción”.
La unificación de entidades diferentes
En marzo pasado, el presidente Felipe Calderón presentó al Senado una propuesta para reformar la banca de desarrollo. Entre otras cosas, la iniciativa planteaba fusionar Nafin, Bancomext y el Fideicomiso de Fomento Minero en una sola institución que atendiera a todos los niveles del sector empresarial. Esta institución sería Nacional Financiera, lo que supondría la desaparición del Bancomext y el impulso de un modelo de banca “que renuncia al primer piso: no es la banca de desarrollo que necesita este país”, afirma el secretario general del Sindicato Único y Democrático de los Trabajadores (Sinudet) del Banco Nacional de Comercio Exterior, Alfredo Castro Escudero.
Para Castro Escudero resulta incongruente la propuesta del Ejecutivo, pues “es increíble que un país, cuyo modelo económico está abocado hacia el exterior, renuncie a uno de sus instrumentos de financiamiento de comercio exterior”, que ha sido la función del Bancomext desde su creación en 1937, mientras que Nacional Financiera se ha encargado de la promoción y el desarrollo en el sector industrial durante 75 años.
La senadora perredista señala que la lógica del gobierno para justificar la fusión es errónea, pues “si tengo dos empresas con funciones distintas, no pienso en desmantelarlas ni en buscar el ahorro, sino en cómo puedo hacerlas rentables”.
Desmantelamiento con gobiernos panistas
La investigadora del Iiec afirma que desde el sexenio pasado se ha tratado de reducir la banca de desarrollo. De acuerdo con datos del CEFP, durante la administración foxista disminuyó notablemente el monto de los créditos otorgados por la banca de desarrollo en todos los sectores, excepto en el de consumo que mantuvo un crecimiento constante. Pero el sector agropecuario, que contaba con 12 mil 401 millones de pesos en créditos en 2003, recibió sólo 772 millones al año siguiente, y para 2008 tuvo sólo 198 millones de pesos, es decir, 0.08 por ciento del monto total de créditos otorgados. El sector industrial pasó de recibir 41 mil 664 millones de pesos en créditos en 2003 a sólo 23 mil 192 millones en 2004. Los sectores de servicios, vivienda, servicios financieros, entidades públicas y entidades en el exterior también registraron reducciones en sus montos para crédito durante la presidencia de Vicente Fox.
La información del CEFP también refiere que tras un crecimiento constante de los activos de la banca de desarrollo desde 1970, a partir de 2003, éstos comenzaron un periodo de estancamiento.
Además, de marzo de 2004 a marzo de 2009, la cartera de crédito de la banca de desarrollo como proporción del Producto Interno Bruto pasó de 6.6 por ciento a 2.1 por ciento.
El secretario del Sinudet afirma que en nueve años de gobiernos panistas lo que ha habido es “un desmantelamiento salvaje: cierre de oficinas por toda la república, prejubilaciones tempranas, gente en plenitud laboral que ha sido removida con jubilaciones o liquidaciones”.
Un reporte del CEFP muestra que de marzo de 2004 al primer trimestre de este año, el número de sucursales existentes de la banca de desarrollo se redujo de 748 a 647, es decir que se perdieron 101 establecimientos, equivalentes al 13.5 por ciento. En el caso de Bancomext, la disminución de oficinas fue de 77 a seis en sólo cinco años.
En cuanto al personal ocupado, éste se redujo en 7.6 por ciento en el mismo periodo. La mayor reducción de personal se dio en 2005, cuando se pasó de 6 mil 348 trabajadores a 5 mil 617; a pesar de que en los años siguientes se logró un incremento de 247 plazas, en el lustro analizado se perdieron en total 484 puestos.
La información que en agosto pasado presentó la Asociación de Jubilados del Banco Nacional de Comercio Exterior es más desalentadora. De acuerdo con sus cifras, el número de empleados en Bancomext pasó de 1 mil 800 en 2000 a 550 en 2008, es decir que se redujeron más de dos terceras partes de sus empleados. Asimismo, su capital se vio disminuido significativamente de 16 millones 388 mil pesos a 4 millones 844 mil pesos en el mismo lapso de tiempo.
Castro Escudero lamenta no sólo la pérdida de personal, sino también el que le hubieran “arrancado” a Bancomext su brazo promotor, ya que por un decreto que data del 13 de junio de 2007, la función de promoción en el exterior fue cedida a ProMéxico, un fideicomiso público a cargo de la Secretaría de Economía.
En su reporte de 2008, Bancomext señala que por una modificación al decreto hecha en marzo de 2008 se eliminó el párrafo referente a la transferencia al fideicomiso de los recursos humanos de Bancomext. Dicha modificación implicó la reducción de 231 plazas, 58 liquidaciones de personal local en consejerías, la transferencia de 25 oficinas a ProMéxico y el cierre de 19 oficinas regionales y siete en el extranjero.
Fusión “de facto”
Tanto Castro Escudero como la senadora Polevnsky consideran que el nombramiento de un solo director para Nafin y Bancomext constituye una “fusión en los hechos”. Polevnsky señala que, “jurídicamente hablando, no se puede hacer, porque cada banco tiene su propia ley orgánica, con lo que cada uno es una figura jurídica independiente”.
Sin embargo, el actual director de Bancomext y Nafin, Héctor Rangel Domene, no es el único en fungir simultáneamente como directivo en las dos entidades.
Ramón Clifford Aznar Coon era coordinador técnico de la dirección general de Nafin hasta diciembre pasado, cuando fue nombrado con el mismo cargo en Bancomext, desempeñando actualmente ambos puestos. Al igual que Rangel Domene, Aznar Coon trabajó en Grupo Financiero Bancomer.
Lorenzo Mario Osorio Méndez funge como director general adjunto de administración de las dos entidades, mientras que Pedro Augusto Argüelles Rodríguez Moncada lo es como director general adjunto de crédito. Ellos también ocuparon puestos directivos en Bancomer.
En la estructura orgánica de ambas instancias también figuran María del Carmen Arreola Steger como directora general adjunta de finanzas, Antonio Castaño Leal como director general adjunto financiero y Víctor Manuel Carrillo Ramos como director general adjunto jurídico y fiduciario, este último también con experiencia en la banca comercial.
Fortalecimiento, no fusión
“Una consecuencia muy obvia y que queremos evitar es que más allá de la discusión en el Congreso, sean hechos consumados”, dice Castro Escudero respecto de las consecuencias que traería la eventual fusión de Nafin y Bancomext.
Polevnsky, quien junto con otros senadores perredistas y priistas ha presentado una propuesta diferente a la del Ejecutivo para fortalecer la banca de desarrollo, comenta que en ésta se plantea que no se fusionen los bancos, sino que ambos queden con su estructura jurídica y se cree un sistema nacional de financiamiento que tendría a la banca especializada por sector retomando “la visión más integral que existía en el pasado”.
Girón también descarta la fórmula de la fusión al considerarla poco útil, y plantea que en su lugar lo que se requiere es organizar bien las instituciones estatales. “Hay esta idea de que las empresas del Estado son corruptas, que no tienen una organización eficiente o que están mal administradas; yo creo que el que tengamos una empresa del Estado no quita que no puedan ser rentables, en el sentido de ser eficientes”.
Manténgase en contacto
Síganos en las redes sociales
Subscribe to weekly newsletter