El intento de imponer a toda costa su voluntad en las mesas de trabajo de cada proyecto, es ya una práctica del gobierno de Rafael Correa. Y la Ley General de Educación no ha sido la excepción, desde que se dio inicio al tratamiento de este proyecto dentro de la Comisión Ocasional, la mayoría gobiernista ha tratado de poner todas las trabas posibles para que las propuestas de los maestros y estudiantes no sean tomadas en cuenta.

A pesar de usar el viejo truco del ”diálogo de oídos sordos”, para aparentar una falsa democracia, Alianza PAIS no ha podido distraer a los maestros, pues el sector educativo se ha mantenido perseverante en su lucha por una ley que ejecute de manera efectiva el desarrollo de la educación de calidad al servicio del pueblo.

Con propuestas concretas como: ’Educación con participación social’ y ‘El Ecuador que los jóvenes queremos’, elaboradas por los docentes, estudiantes y padres de familia, las discusiones han tenido el ingrediente necesario para visualizar un verdadero cambio en la educación, que rompa el esquema tradicional, al proponer la formación de seres críticos y vinculados al entorno social, lo cual los convierte en protagonistas en el proceso de transformación de su realidad, lo que es muy diferente a la llamada “revolución en la educación”, de la que habla el gobierno nacional, que no es nada más que un falso discurso de cambio en este sector tan importante, y que atenta contra la educación.

En un proceso de constante pelea para que las victorias conseguidas en la Nueva Constitución no sean violentadas con propuestas dignas del neoliberalismo, la comunidad educativa se ha mantenido en constante debate y movilización, con lo cual consiguió ser reconocida como co-legisladora, es decir, con derecho a voz en la Comisión Ocasional de Educación, cuyo papel fundamental es debatir, argumentar, proponer textos, pero principalmente hacer observaciones a los articulados del proyecto de Ley, los mismos que son sometidos a votación de los asambleístas que participan en esta Comisión.

Es así que se han venido dando reuniones semanalmente con la Comisión, con la finalidad de llegar a un acuerdo mutuo que permita presentar un proyecto que beneficie a la educación como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad, por lo cual los docentes se sienten más comprometidos en la defensa de los intereses de los niños, de la juventud estudiosa, de los padres de familia y de los pueblos del Ecuador; y han ratificado que no van a permitir que se imponga la dictadura del voto, implementada por la mayoría oficialista ni el diálogo de oídos sordos, al no recoger las observaciones hechas por los maestros, que son tácticas recurrentes en los demás proyectos de ley.

Por ésta razón, el magisterio ha convocado a la comunidad educativa a permanecer unida y vigilante para hacer retroceder las posiciones que impiden que se dé un cambio verdadero en la educación, y a los asambleístas para que legislen en beneficio de quienes depositaron su confianza en ellos, mediante la reflexión del voto en cada articulado del proyecto.

Aun existen puntos críticos de la Ley, que están aún sin discutir como: sueldo justo para los docentes, bonos de frontera, amazónicos, de difícil acceso, antigüedad, jubilación, jornada laboral, carrera docente, escalafón, un trato más justo, el respeto a los derechos garantizados por la Ley de Carrera Docentes y Escalafón del Magisterio, entre otros, que impulsan a los sectores populares a continuar luchando por una Ley Orgánica de Educación General con participación social, construida con los sectores populares, que garantice el derecho a la educación de calidad, gratuita, laica, para todos, con sueldos dignos, que dé atención prioritaria al sistema e infraestructura educativa, y que cumpla a cabalidad con el presupuesto del 6% del PIB para la educación, que garantizará el desarrollo del país. (JTC)