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Los Chalecos Amarillos
contra la globalización

Un gran movimiento popular sacudió Francia en 2018: los «Chalecos Amarillos». Surgido del ‎descontento por el alza de precios de la gasolina, ese movimiento se vió rápidamente como una ‎oposición a los efectos sociológicos de la globalización del intercambio: desaparición de las ‎clases medias y relegación de sectores de la población en zonas rurales pobremente equipadas ‎‎ [1].‎

Dos semanas después del inicio de las manifestaciones, grupos no identificados se introdujeron ‎en aquel movimiento para sabotearlo desde adentro. Fue así como, luego de que durante los ‎primeros 15 días los manifestantes se habían limitado a desfilar agitando con orgullo la bandera ‎de Francia y cantando la Marsellesa –algo que no se veía en las manifestaciones populares ‎desde hace 50 años–, grupos de encapuchados vestidos de negro cometieron actos de ‎vandalismo contra el Arco del Triunfo de la Plaza Charles de Gaulle, principalmente contra ‎el grupo escultórico La Marsellesa, esculpido en uno de los pilares del monumento. Durante el subsiguiente proceso judicial quedó demostrado que los provocadores –‎no identificados ya que nunca fueron detenidos– no tenían ninguna relación con los Chalecos ‎Amarillos –que sí fueron arrestados. ‎

Sin líderes capaces de denunciar y condenar aquella intrusión, el movimiento de los Chalecos ‎Amarillos fue debilitándose durante todo un año. Pero los problemas que planteaba no han ‎desaparecido. ‎

Antes, los políticos creaban las llamadas «Comisiones Theodule» para enterrar los problemas ‎que no querían ver. El presidente Emmanuel Macron innovó en ese sentido inventando un ‎‎«Gran Debate Nacional»… para lograr el mismo resultado que aquellas “comisiones” en estos ‎tiempos de información continua. Los interesados pudieron hablar de los problemas… pero ‎nadie recibió respuestas válidas del poder ejecutivo ni de la Asamblea Nacional. ‎

Los policías contra la desintegración de la nación

Acaba de producirse una segunda alerta. Esta vez, el problema es la ausencia de la seguridad, ‎el tercero de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamados en 1789, derechos que ‎no debemos confundir con la concepción anglosajona de los «derechos humanos». ‎Ese derecho a la seguridad es la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos ‎imprescriptibles a la libertad y la propiedad. Actualmente no existe en Francia un incremento general de la ‎delincuencia sino una desigualdad geográfica cada vez más acentuada. Si bien los ciudadanos ‎que viven en el Distrito VII de París no se sienten amenazados, los que viven en el Distrito XV ‎de Marsella sí viven constantemente atenazados por el temor de ser agredidos por algún ‎delincuente.

Además, la función de la policía que debería defender a los ciudadanos ya no es la de antes. ‎La policía ya no se atreve a entrar en ciertos barrios, donde sus funcionarios son atacados por ‎los delincuentes. Numerosos policías tienen razones para temer por sus vidas –cada año, unos ‎‎10 policías mueren durante su servicio. Por otro lado, algunos policías comienzan a convertirse ‎en agentes de represión contra la oposición política. Es así como numerosos policías hicieron un ‎uso desproporcionado de la fuerza contra los Chalecos Amarillos y, hoy en día, nuevamente ‎ejercen una función represiva contra quienes se oponen a la política sanitaria decretada para enfrentar la epidemia de ‎Covid-19. Aunque esos casos no son numerosos a escala nacional, su existencia misma ‎demuestra que se trata de una orientación deliberada, que cuenta con el respaldo de la cúspide ‎del Estado. ‎

Por el momento, los policías mantienen su apego a una formación republicana, o sea al servicio ‎de todos y no sólo al servicio de las autoridades políticas. Sus sindicatos lanzan reiteradamente ‎llamados en ese sentido y denuncian las condiciones de reclutamiento de sus jóvenes colegas –‎actualmente se admiten en las escuelas de policía personas con antecedentes de problemas ‎psiquiátricos así como individuos provenientes de la pequeña delincuencia. ‎

La próxima elección presidencial, en 2022

Después de los Chalecos Amarillos, este segundo movimiento tiene lugar cuando Francia ‎se prepara para una nueva campaña electoral –en mayo de 2022, los franceses deben elegir ‎la persona que ocupará el cargo de presidente de la República. Ya en este momento, se sabe ‎que dos terceras partes de los electores no desean que el presidente actual, Emmanuel Macron, ‎sea candidato a la reelección. ‎

Luego de los fracasos de sus dos predecesores inmediatos, quienes cumplieron cada uno un ‎primer y único mandato –Nicolas Sarkozy no logró la reelección y Francois Hollande prefirió ‎no tratar de obtenerla–, el actual presidente, Emmanuel Macron, sólo puede esperar obtener un ‎segundo mandato si satisface las expectativas populares, la expresada por los Chalecos Amarillos ‎contra la globalización y la que expresan los sindicatos de policías contra el retroceso de ‎la República, o sea contra la renuncia al interés general. Al no tener intenciones de llenar esas ‎expectativas, el presidente Macron tendrá que depositar sus esperanzas en una maniobra ‎electoral:
- propiciando artificialmente un número elevado de candidaturas y desacreditando a los ‎candidatos con más posibilidades de ganar en la primera vuelta, con excepción de uno que el propio ‎Macron habrá escogido para que sea su adversario en la segunda vuelta;‎
- u organizando una segunda vuelta entre él mismo y Marine Le Pen [2], a quien habrá ‎demonizado previamente para empujar la mayoría de sus opositores a votar por él en nombre de ‎un «frente republicano» contra el fascismo. ‎

Esa estrategia ya funcionó, en 2002, para Jacques Chirac –electo con en la segunda vuelta con un ‎‎82% de los sufragios frente a Jean-Marie Le Pen (17%). Pero hoy puede resultar arriesgada ya que ‎Marine Le Pen no tiene la reputación de fascista que tenía su padre, Jean Marie Le Pen, sino más bien una imagen ‎de republicana. El equipo del presidente Macron está, por consiguiente, en busca de ‎oportunidades que permitan demonizar a Marine Le Pen. ‎

El llamado de los ex militares

Varios ex militares franceses han publicado una Carta abierta a nuestros gobernantes, donde ‎resaltan la descomposición actual de las instituciones y denuncian por adelantado la posibilidad ‎de que se recurra a las fuerzas armadas –algo que creen inevitable– para resolver el problema de ‎la seguridad. Los firmantes publicaron este llamado en su sitio web, Place d’armes, el 13 de ‎abril de 2021. El semanario de derecha Valeurs actuelles lo reprodujo el 21 de abril, pero ‎no en su edición en papel sino en su sitio web. Marine Le Pen, quien dice compartir desde ‎hace tiempo el diagnóstico de estos ex militares, los invitó a votar por ella. ‎

El equipo de trabajo del presidente Macron estimó que se trataba de una buena oportunidad y ‎envió uno por uno todos sus ministros a denunciar en los medios de difusión una «cuadrilla de generales retirados» [3]‎ que, según la versión macronista, llaman a los militares activos a cometer ‎un golpe de Estado. Todos han fingido ignorar que el llamado de los ex militares se emitió el 13 ‎de abril. De esa manera, los macronistas sitúan falsamente su publicación el día 21 para hacerlo ‎coincidir con el aniversario del putsch de los generales franceses en Argel, cuyo objetivo era ‎impedir que el presidente de Gaulle concretara la independencia de Argelia. Para completar ‎la maniobra, los macronistas denunciaron la fascinación de Marine Le Pen por «el sonido de las ‎botas». ‎

Consciente de sus posibilidades de obtener en 2022 mejores resultados que Emmanuel Macron, ‎el líder de la formación política La France insoumise, Jean-Luc Melenchon, presentó ante el ‎fiscal de la República una denuncia contra los «generales sediciosos». Es importante recordar ‎que en la última elección presidencial Jean-Luc Melenchon quedó en tercer lugar con un 19% de ‎los sufragios, detrás de Emmanuel Macron (24%) y de Marine Le Pen (21%). ‎

El lugar de los militares
en el debate público

Nosotros invitamos nuestros lectores a que analicen el texto de la carta abierta de los ‎ex militares [4], lo cual les permitirá comprobar por sí mismos que simplemente ‎se está haciendo mucho ruido por poca cosa. ‎

Se llama «estado de emergencia» a la posibilidad que tiene el gobierno de recurrir al ejército ‎para mantener el orden público. Pero los militares no están entrenados para eso y ‎su intervención en ciertas situaciones, para las cuales sí están entrenados policías y gendarmes, ‎podría traducirse en pérdidas de vidas humanas. En 2005, en 2015 y también en 2017, varios ‎gobiernos instauraron en Francia el «estado de emergencia». Incluso en este momento, cerca ‎de 10 000 militares pueden ser destinados a la protección de la ciudadanía en suelo francés en el ‎marco de la «Operación Centinela», ante amenazas terroristas. Lo mismo sucede en Bélgica y en ‎Reino Unido. ‎

Además, la Constitución francesa de 1958 prevé en su artículo 36 la posibilidad, como último ‎recurso, de transferir a las fuerzas armadas los poderes de policía y de preservación del orden, ‎que normalmente son competencias del ministerio del Interior. Eso es lo que se designa como ‎‎«estado de sitio», que nunca se ha proclamado en la Francia de la Quinta República, ‎ni siquiera ante el golpe de los generales, en 1961. ‎

El Gobierno francés y la formación política La France insoumise subrayan que la Carta abierta ‎de los ex militares no dice en ningún momento que los firmantes se sitúen en el marco del ‎orden constitucional y que, con esa laguna, insinúan una voluntad golpista. Eso es una interpretación ‎sesgada. Nada, absolutamente nada, permite acusar a esos ex militares de albergar intenciones ‎sediciosas. ‎

Toda esta algazara sólo ha servido para atraer la atención hacia ese texto… y más de ‎‎10 000 militares han acabado firmándolo, entre ellos una trentena de generales. El problema ‎que se plantea en esa Carta abierta está ahora en boca de todos y la inacción del gobierno, y ‎de los políticos de todos los partidos, es ahora más evidente que antes. ‎

Sanciones contra quienes lanzan un llamado de alerta

La ministro de Defensa ha anunciado que impondrá sanciones a los firmantes de la Carta ‎abierta. La ignominia destinada a Marine Le Pen cae ahora sobre aquellos a quienes ella ‎se dirigía. ‎

Para la realidad es que de los 10 000 firmantes de la Carta abierta sólo 18 son militares en ‎servicio activo. Son ellos quienes están ahora amenazados de ser excluidos de las fuerzas ‎armadas, por haber faltado a su obligación de reserva ‎ [5]‎. Pero los militares retirados gozan de su ‎plena libertad de expresión, sólo podría imponérseles una amonestación… por haber emitido un ‎llamado de alerta. Sin embargo, resultaría como mínimo sorprendente que 10 000 personas ‎fuesen sancionadas por haber hecho uso de su libertad de expresión como ciudadanos. ‎

Los militares, retirados o en servicio activo, ya no son súbditos sino ciudadanos como los demás. ‎A raíz del putsch de Argel, el presidente Charles de Gaulle emprendió una profunda reforma de ‎las fuerzas armadas francesas. Los militares que se habían negado a seguir las órdenes de los ‎generales golpistas se habían puesto así en situación de ser castigados por no haber obedecido ‎órdenes de sus superiores. ‎

El general De Gaulle –quien se había negado en 1940 a obedecer las órdenes de su superior, ‎el mariscal Philippe Petain, y proclamó la Francia Libre– introdujo una distinción entre lo que es ‎‎«legal» y lo que es «legítimo». Así fue modificado el «Código de la Defensa». Ese código ‎no autoriza los militares “escoger su propio bando” pero los obliga a rechazar órdenes ‎ilegítimas o contrarias al honor e incluso a poner bajo arresto a sus superiores si estos ‎cometiesen ese tipo de actos. Así que no existe ningún complot contra la República. No hay tal ‎comportamiento sedicioso. ‎

Los firmantes de la Carta abierta ejercieron su justo derecho cuando solicitaron hablar ‎‎«de igual a igual» con su jefe de estado mayor, quien los insultaba. Cada soldado, ‎en servicio activo o retirado, tiene ese derecho como ciudadano. Ese derecho está ‎insolublemente ligado a su obligación de Obedecer y Servir. ‎

Al calificar a los firmantes de la Carta abierta como «sediciosos», el ministro de Justicia, Eric ‎Dupond-Moretti, se puso en situación de ser él mismo objeto de denuncias de carácter penal. ‎Cuando utilizó tal calificativo, este ex abogado no estaba defendiendo una causa ante un ‎tribunal, así que tendrá que asumir la responsabilidad por sus palabras. ‎

Tabú

El hecho que algunos de los 10 000 firmantes de la Carta abierta sean miembros del partido de ‎la señora Marine Le Pen –el Rassemblement national (Agrupación Nacional), surgido del Frente Nacional, que fue el ‎partido histórico de los ex colaboradores de la ocupación nazi y de los golpistas de Argel– ‎no autoriza ni a condenar ese texto, ni a condenar en bloque a sus firmantes. Bajo el régimen ‎de la República no existe la culpabilidad hereditaria o colectiva. Todos son ciudadanos ‎franceses con plenos derechos. No sólo ninguno de los firmantes fue antes objeto de alguna ‎medida que lo proclame indigno de su país sino que incluso hay entre ellos muchos que han ‎servido a nuestro país. ‎

En su diagnóstico, los ex militares no se limitaron a denunciar la ideología del islam político y la ‎retórica woke que inhibe el uso del monopolio público de la violencia. También expresaron su ‎espanto ante el uso antirepublicano que las autoridades han dado a las fuerzas del orden para reprimir ‎a los Chalecos Amarillos. La reacción desproporcionada del Estado ante su Carta abierta ‎demuestra que pusieron el dedo en la llaga. ‎

Estamos viendo una inversión de los valores que está llevando a que ciertas personas sean objeto ‎de juicios mediáticos –y quizás a que sean juzgados mañana por sus instituciones militares– no por ‎lo que han hecho o ni siquiera por lo que piensan sino porque plantean un diagnóstico con el que ‎todos están de acuerdo pero que sólo unos pocos se atreven a expresar en voz alta. ‎

El discurso político ha ido alejándose de las realidades y hoy entra una zona difusa donde, como ‎en ciertas sociedades polinesias, lo que está fuera de control es considerado tabú. El «círculo ‎de la razón» [6] no sólo viene tratando desde hace 30 años de ‎prohibir las opiniones contradictorias. Ahora trata también de prohibir que se aborden ciertos ‎temas. ‎

Cuando se pierden los tres primeros Derechos del Hombre y del Ciudadano –la libertad, ‎la propiedad y la seguridad–, es el momento del cuarto derecho, enunciado en el artículo 2: ‎‎«la resistencia frente a la opresión». ‎

[1] «Occidente devora a sus hijos», por Thierry Meyssan, ‎‎Red Voltaire, 4 de diciembre de 2018.

[3] Los partidarios del presidente Emmanuel Macron ‎utilizaron públicamente esa frase, invocando así el recuerdo del presidente Charles de Gaulle, ‎quien calificó de esa manera, el 23 de abril de 1961, a los generales franceses sublevados en Alger. Nota de ‎‎Red Voltaire.

[4] «Carta abierta de ex militares franceses a sus gobernantes», ‎‎Red Voltaire, 13 de abril de 2021.

[5] La “obligación de reserva”, en francés (devoir de réserve), que rige en Francia ‎el comportamiento de los funcionarios estatales y en particular de los militares, se define ‎generalmente como la obligación de evitar durante su servicio la expresión de opiniones ‎personales, sobre todo de carácter político, que pudieran ser interpretadas como un uso político ‎del estatus de funcionario público. Nota de la Red Voltaire.)

[6] En 1994, el cabildero Alain Minc describió la Fundación Saint-Simon –de la que ‎él mismo era miembro– como el «círculo de la razón», que el propio Minc presentaba como ‎opuesto a la demagogia de Jacques Chirac.