1. Nosotros, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, ‎Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, ‎quisiéramos agradecer a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos ‎Humanos (ACNUDH) y la Comisión Etíope de Derechos Humanos (CEDH) sus esfuerzos conjuntos ‎tendientes a investigar las alegaciones sobre violaciones de los derechos de la persona y ‎violaciones graves del derecho internacional de los refugiados cometidas por las partes ‎en conflicto en la región de Tigray, en Etiopía, entre el 3 de noviembre de 2020 y el 28 de junio ‎de 2021. ‎

‎2. Felicitamos al ACNUDH y la CEDH por el trabajo imparcial y transparente que han realizado ‎a pesar de las considerables dificultades que tuvieron que superar para tener acceso a ‎los lugares, las personas y los documentos. Subrayamos igualmente el valor de la información ‎recogida y de los indicios escritos conservados por los responsables de la investigación sobre ‎violaciones de los derechos de la persona y violaciones del derecho internacional humanitario, con ‎el objetivo de apoyar la justicia y la rendición de cuentas en nombre de las víctimas y de los ‎sobrevivientes. Subrayamos la preocupación expresada por la Alta Comisionada Bachelet sobre el ‎mantenimiento de las restricciones en el acceso concedido a las organizaciones humanitarias. ‎

‎3. Es absolutamente necesario que los responsables de tales abusos y violaciones tengan que ‎responder por sus actos, lo cual debe suceder de manera tangible y sistemática. El informe ‎demuestra que es necesario realizar investigaciones más profundas sobre las violaciones que ‎menciona, incluso sobre las alegaciones formuladas el 28 de junio de 2021. ‎

‎4. Las conclusiones de la investigación que figuran en el informe conjunto son graves y existen ‎motivos razonables para creer que han tenido lugar violaciones de los derechos de la persona y ‎violaciones del derecho internacional humanitario, como los ataques contra civiles e instalaciones ‎civiles, asesinatos y ejecuciones ilegales o extrajudiciales, actos de tortura y otras formas de ‎malos tratos, detenciones arbitrarias, secuestros y desapariciones forzosas así como actos de ‎violencia sexual y sexista. Según los autores del informe, algunos de esos abusos y algunas de ‎esas violaciones pueden constituir crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. ‎Esos actos provocaron sufrimientos y angustias y crearon un clima de terror y de miedo ‎generalizado en la población. El informe subraya la impunidad generalizada de los responsables ‎de esos actos y la falta de acceso a ayuda para las personas contra las cuales estuvieron ‎dirigidos así como para los testigos. ‎

‎5. Llamamos encarecidamente a todas las partes en conflicto a aceptar estas conclusiones y ‎estas recomendaciones, además de ponerlas en práctica. Es esencial que todos los responsables ‎de los abusos y de las violaciones de los derechos de la persona y del derecho internacional ‎humanitario mencionados en el informe tengan que rendir cuentas de sus actos. Por su parte, ‎los gobiernos etíope y eritreo deben velar porque estas alegaciones sean objeto de ‎investigaciones creíbles. ‎

‎6. En ese sentido, tomamos nota del compromiso del gobierno etíope a reparar los daños ‎causados a las víctimas de los abusos y violaciones señalados en ese informe. Subrayamos, ‎en particular, la necesidad de que las víctimas de atrocidades basadas en el género obtengan ‎reparación y apoyo. Exhortamos el gobierno de Eritrea, el Frente de Liberación del Pueblo de ‎Tigray (FLPT) y todas las demás Partes en conflicto a contraer un compromiso similar. ‎

‎7. Saludamos igualmente el compromiso del gobierno etíope a instaurar un proceso de justicia ‎transicional, así como su decisión de crear un buró del procurador especial y una cámara judicial ‎especializada ante las cuales se presentarán los procedimientos contra las personas acusadas de ‎haber cometido las violaciones mencionadas en el informe conjunto. ‎

‎8. Todas las Partes deben actuar de conformidad con sus obligaciones a la luz del derecho ‎internacional humanitario, incluso en lo tocante a la protección de los civiles y de los trabajadores ‎humanitarios. Pedimos igualmente la retirada inmediata de las fuerzas eritreas en Etiopía y ‎subrayamos la necesidad para el gobierno eritreo de garantizar que se rindan cuentas sobre las ‎violaciones cometidas por sus fuerzas en Tigray. ‎

‎9. La verdad, la justicia y rendición de cuentas a las víctimas y los sobrevivientes exigen más que ‎investigaciones y procesos. Pedimos a las autoridades gubernamentales que extiendan sus ‎servicios de salud a los sobrevivientes, incluso el apoyo psicológico y los cuidados de salud sexual y ‎reproductiva, así como el apoyo a los cuidados comunitarios. Al hacerlo también deben ‎poner fin a las actividades que obstaculizan el acceso humanitario. Reiteramos nuestro llamado ‎a favor de un diálogo nacional inclusivo en el que participen de manera total, concreta e ‎igualitaria las mujeres, los jóvenes, los artífices de la paz y los dirigentes comunitarios. ‎

‎10. Hoy más que nunca, las conclusiones del informe muestran muy claramente que mientras ‎se mantenga la guerra en el norte de Etiopía, seguirá creciendo el costo humano del conflicto, ‎no sólo a causa del conflicto sino también debido al hambre. Ante el incremento del peligro de ‎nuevas atrocidades, pedimos a todas las partes que cesen inmediatamente las hostilidades. ‎También deben poner fin a la impunidad en cuanto a los responsables de ataques contra el ‎personal humanitario, lo cual incluye todo lo que impide aportar una ayuda urgente indispensable ‎a las personas afectadas. Todas las Partes deben iniciar negociaciones sin condiciones previas ‎para alcanzar un alto al fuego duradero y comprometerse a concretar una paz duradera, ‎caracterizada por la justicia y la rendición de cuentas, lo que hará posible futuros esfuerzos ‎tendientes a garantizar la reconciliación. La justicia y la rendición de cuentas son elementos ‎esenciales de una paz duradera. ‎

‎11. Abogamos por la estabilidad, la unidad y la integridad territorial de Etiopía. Nos complacerá ‎colaborar con el Alto Representante de la Unión Africana en el Cuerno de África y con las Naciones ‎Unidas en sus esfuerzos por poner fin a la impunidad y encontrar una solución duradera a los ‎problemas de paz y seguridad. ‎

Firman:‎
Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, ‎Islandia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia.‎