El dilema helvético

Las denuncias hace más de un año por parte de un banco de Ginebra y otro de Zurich de dos cuentas bancarias atribuidas al ex-presidente Carlos Menem y a su secretario privado, Ramón Hernandez, ha desatado una guerra de baja intensidad entre funcionarios judiciales de los paises involucrados. Con ese telón de fondo el ex-mandatario argentino reincide en sus ambiciones presidenciales al tiempo que las camaras legislativas federales en Suiza van a definir una batería de medidas para reforzar la Ley Antiblanqueo de 1998 a la luz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, procurando que los bancos incrementen el control sobre «las personas políticamente expuestas» y no se limiten a comunicar cuentas a la justicia con posterioridad a que los personajes en cuestión se destacan en los titulares de prensa.

Las cuentas de colores

A lo anticipado desde hace algunas semanas por diarios y revistas, en cuanto a la existencia de una cuenta en la UBS de Ginebra abierta en 1986 por Menem en beneficio de sus familiares directos, con 600 mil dólares de saldo, se añade la precisión que diez años más tarde su secretario privado, Ramón Hernandez, articuló un andamiaje para enmascar su cuenta bautizada «Roja» en la filial Zurich del Banco del Gotardo, con 6 millones de dólares, sirviendose de una sociedad de utilería denominada The Spark Foundation, domiciliada en la posta restante de la capital del Principado de Liechtenstein. Para sustraer esta sociedad instrumental de la mirada externa, Hernandez ha conseguido que sus abogados en Vaduz retiren las señas de identidad de la compañía de los archivos públicos del Registro de Comercio apelando a una argucia administrativa, colocandola al abrigo de la curiosidad periodistica, una prueba suplementaria que el microestado de Liechtenstein sigue siendo, a pesar de las promesas oficiales en contrario y de las presiones de la Unión Europea, un paraiso fiscal y un santuario para el lavado de dinero.

El amor por los colores de los laderos de Menem para vestir sus cuentas en Suiza es recordado esta semana en Buenos Aires por el abogado Juan Carlos Iglesias, en su denuncia penal contra Nicolás Becerra, Procurador General de la Nación, derechohabiente en el «Credit Suisse» de Zurich de una cuenta cuyo seudonimo es «Naranja », una cuenta administrada desde el Uruguay por Hans-Peter Winkler, empleado de ese banco en Montevideo, quien no hace mucho pasó a trabajar para una institución de la competencia, la UBS. Los fondos trasegados por Becerra circulaban a traves de la financiera Maguitur, una agencia de cambios y fiduciaria que opera en varias ciudades argentinas, entre cuyos propietarios figura Ana Mosso, ex-diputada relacionada con Carlos Menem y hoy una de sus consejeras políticas de mayor relevancia. Maguitur aportaba clientes al «Credit Suisse», tejiendose una trama de una docena de cuentas en Suiza, en donde han guarecido sus dineros los entornos de los ex-gobernadores de Mendoza, José Octavio Bordon, flamante sexto precandidato presidencial justicialista, y Rodolfo Gabrielli, ex-ministro del interior del actual gobierno de Eduardo Duhalde, ambos oriundos de la misma provincia de los antes mencionados Becerra y Mosso. Cabe abundar que el anclaje en Uruguay del superfiscal argentino -quien a su vez preside la Conferencia del Ministerio Público de todo el Continente, España y Portugal- se verifica en sus asiduas visitas a las playas de Punta del Este. Becerra ocupa con regularidad en esas costas un palacete contiguo al del ex-general Antonio Domingo Bussi, un genocida argentino también con cuenta en el «Credit Suisse» de Zurich, cuyo velo fuera descorrido por el juez español Baltasar Garzón, gracias a la colaboración de la entonces Procuradora General de la Confederación Suiza, Carla del Ponte.

No es superfluo traer a la memoria que Becerra fue ungido Procurador de todos los argentinos por Menem en 1998 y ha sido el artifice de la naturalización irregular del narcoterrorista sirio Monzer Al Kassar, pariente de Menem y asimismo con cuentas en Suiza, condenado en Ginebra por comercio ilegal de material militar en 1999, a quien le acaba de caer una segunda querella para confiscarle parte de su tesoro helvético lanzada por el procurador adjunto de Ginebra, Jean-Bernard Schmid. Tampoco conviene olvidar que Becerra se haya implicado en la protección jurídica de los esbirros del ex-Almirante Eduardo Emilio Massera que se apropiaron de bienes de desaparecidos en el campo de concentración de la ESMA bajo la dictadura militar. Fue, además, quien aparejó los medios para que, entre otros favores brindados a Menem, la Corte Suprema de la Argentina reconsiderara el procesamiento que pesaba contra el ex-presidente por trafico de armas a los Balcanes y Ecuador durante su gobierno, cuando el 20 de noviembre de 2001 se resolviera anular la detención provisoria que lo mantenía en arresto domiciliario, decretada el 7 de junio anterior por la justicia federal de Buenos Aires.

El enredo de los exhortos

Conocidas publicamente estas noticias ciertos magistrados bonaerenses han tratado de subirse al tren en marcha, siendo vapuleados por la Oficina Federal de Policia en Berna, que ha puesto en crisis la real voluntad de hacer justicia en Argentina, abriendo inesperadamente interrogantes sobre el comportamiento de Suiza en tan sensible escandalo. Las comisiones rogatorias despachadas desde Buenos Aires para que se notifiquen las cuentas relacionadas con Menem, a efectos que ingresen como pruebas en los sumarios que lo envuelven en varios ilícitos que se tratan de esclarecer en Argentina adolecen, según un comunicado oficial suizo del 27 de agosto pasado, de dos tipos de anomalias. Ante todo ha sido desnudado un cumulo de datos inciertos remitidos por algunos jueces argentinos, previamente aportados a los tribunales por la diputada y candidata presidencial por el ARI, Elisa Carrió, quien fuera manipulada por la fantasmal ONG Imolin desde Estados Unidos, envenenando los tribunales con testimonios falases sobre cuentas, titulares, empresas, codificaciones y cifras. Luego arrecian las presuntas debilidades observadas por los jueces en sus exhortos a Suiza, superponiendose carencias en las explicaciones que conectan los hechos que se indagan, las personas y sociedades incriminadas, con los delitos que se imputan, deficiencias que supuestamente le impiden a Suiza otorgar la cooperación judicial, de manera que las cuentas requeridas hagan el viaje transatlantico para nutrir las investigaciones incoadas en Argentina.

Al respecto, el juez Gabriel Cavallo, ascendido a camarista de Buenos Aires en los estertores del extinto gobierno de Fernando de la Rúa, ha conocido una notable reprimenda. Al igual que en su proclamada actuación mediante la cual decía buscar la verdad sobre los sobornos del Senado de la Nación pagados por agentes de De la Rúa para promulgar la ley de reforma laboral -disimulando sus reales intenciones de enterrar ese sumario haciendo creer que investigaba cuando en rigor no lo hacia- la justicia suiza viene de poner en evidencia una conducta equivalente para con Alberto Kohan, Secretario de la Presidencia durante los mandatos presidenciales de Carlos Menem. El 11 y 18 de octubre de 2001, dias antes que trepara a uno de los escaños vacantes de la Sala I de la Camara Federal de Buenos Aires, Gabriel Cavallo envió dos exhortos a Suiza, aparentemente con el proposito de averiguar el presunto incremento del patrimonio de Kohan. Sus interlocutores helvéticos le han respondido que su solicitud se basa en una nota de prensa que contiene información erronea lanzada a rodar por Elisa Carrió, y que su petición no aporta una relación concreta de las circunstancias por conducto de los cuales Kohan pudo haberse enriquecido ilegalmente. Una suerte similar ha corrido la jueza Maria Servini de Cubria, interesada en las hipoteticas cuentas suizas de Domingo Cavallo, ex-ministro de economía de Menem, cuyos rastros anticipados también por Carrió se revelaron inexistentes.

Por otra parte, el juez federal de Buenos Aires, Juan José Galeano ha conocido un escarmiento equivalente. En enero del presente año Galeano pidió a Suiza se verificara si Carlos Menem pudo haber cobrado en un banco de Ginebra en cuyo nombre se aficharía la palabra «Luxemburgo», la suma de 10 millones de dólares, aparentemente desembolzada por el régimen religioso iraní a cambio que se frenaran o desviaran las diligencias penales para llevar a juicio a los responsables del atentado antiisraeli de la AMIA, que el 18 de julio de 1994 se cobrara 85 víctimas y un centenar de heridos en Buenos Aires. Cierta vaguedad en el requerimiento -sembrando la sospecha que se cultiva la imagen de hacer una cosa que ciertamente no se hace- le valió a Galeano un cuestionario suizo fechado el 23 de julio pasado, enumerandoles los deberes elementales para un juez que requiere la ayuda internacional. Se le señaló que no se puede pretender investigar a Menem si no se asumen las cargas que pesarían sobre él si se confirmara que fue sobornado por Iran a raiz de la voladura de la mutual israelí. Y se le preguntó en que fecha se habría perpetrado el cohecho pues su comisión rogatoria plantea rastrear transferencias bancarias desde 1991 cuando el atentado de marras ocurrió tres años mas tarde.

Por cierto, se acumulan pendientes otros dos exhortos. Uno del juez Jorge Urso, quien seguía la ruta de las coimas por la venta ilegal de armas a los Balcanes y Ecuador entre 1991 y 1995, teniendo a Menem bajo la lupa, un expediente que, como se ha visto, le fuera quitado a Urso a instancias de la Corte Suprema via Nicolás Becerra, mudandolo a otra jurisdicción ahora a cargo del juez Julio Speroni. Y otro exhorto del juez Norberto Oyarbide, quien invoca cuatro delitos que apuntan a Menem por haber reconocido ante la cadena de televisión CNN en julio del presente año su participación en la apertura de la cuenta de la UBS de Ginebra ya consignada. Esto es, violación de los deberes de funcionario público, cohecho y/o trafico de influencias, enriquecimiento ilicito de funcionario público y/o falsedad por omisión maliciosa de declaración jurada patrimonial, y encubrimiento agravado.

El peligro del doble lenguaje

Para salir del atolladero y salvar las diferencias, las autoridades suizas han formulado la invitación a los cinco jueces argentinos ensarzados en estas pujas relativas a la trasmisión de las cuentas de Menem y las de algunos de sus allegados, para asistir a debatir en Berna el 7 y 8 de noviembre proximo, de modo que se disipen las dudas y se acomoden los intercambios documentales en el marco de las normas legales de los dos paises. La reacción en Buenos Aires ha sido critica y algo desordenada, y el desenlace es imprevisible. Alli se estima que Suiza esconde detras de una proclamada puntillosidad en el procedimiento y en la extrema solvencia que se le demanda a los indicios recolectados en las causas penales ventiladas en Buenos Aires, una inconfesable resistencia a entregar las cuentas de Menem. La explicación no es desdeñable. Es posible pulsar en fuentes judiciales y diplomáticas los motivos que podrían explicar una conducta de esta naturaleza. Tres son las razones que se avanzan. Se argumenta que Menem no es Fujimori ni Montesinos, pareja hacinada en el pasado político, de cuyo botin guarecido en Suiza este país ya restituyo a Lima 77 millones de dólares, evaluandose que, a diferencia del descendiente de japoneses en el Peru, el hijo de sirios en Argentina tal vez tiene todavía futuro y podría volver al poder. Se bosqueja en segundo termino que el caos argentino dificulta discernir si los interlocutores judiciales en Buenos Aires son serios y de confiar, ante lo cual Berna eleva el nivel de exigencias para asegurarse. Y en tercer lugar se toma en consideración que el Canton de Ginebra, competente en la materia, no lidera más la lucha europea contra el dinero sucio que encabezara con el fiscal general Bernard Bertossa y los jueces anticorrupción Laurent Kasper-Ansermet y Paul Perraudin, magistrados que han abandonado o cedido sus cargos, siendo reemplazados por otros embanderados con criterios menos intransigentes ante la gran criminalidad internacional organizada, o urgidos por otras prioridades en la persecución penal.

Fuera como fuere, dos de los jueces cuestionados, Galeano y Oyarbide, han respondido a los interrogantes suizos, remitiendo comisiones rogatorias complementarias, cuyos contenidos comienzan a trascender en cuenta gotas. Galeano y uno de sus fiscales, Eamon Müllen -quien el pasado 11 de septiembre celebrara una audiencia en Berna con varios funcionarios helvéticos para detallar la información suplementaria enviada- afirman que Abolghasen Mesbahi, el ex-miembro de los servicios de inteligencia iraní que destapó el soborno con que los ayatollas habrían corrompido a Menem, habla de dos pagos, uno anterior a la explosión de la AMIA, no obstante «seis o siete meses después del ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992», y otro posterior al estallido de la mutual israelí en 1994. El agente iraní encargado de girar los fondos a la cuenta de Ginebra que, siempre según Mesbahi, indicó Menem por intermedio de un emisario enviado a Teheran, se lo identifica como Ahmed Azizi, tal vez el mismo o quizá un homónimo de Amer Azizi debido a las similitudes ortograficas del apellido y a la parecida pronunciación fonética del nombre, un extremista islámico con último paradero en Iran sobre el que pesa un pedido de captura emitido por el juez Baltasar Garzón, quien se haya empeñado en desarticular la trama española de los complices de Bin Laden y la red Al Qaeda. Galeano y Müllen agregan que de comprobarse esta acusación contra Menem, se lo inculparía de participación criminal, encubrimiento y cohecho. Oyarbide, por su lado, insiste en los terminos de su requisitoria, recalcando que «una eventual denegatoria de vuestra parte», si Suiza persistiera en rechazar su petición, «conspiraría contra el elevado fin de Justicia», dada la «innegable trascendencia nacional e internacional» del caso, siendo el unico de los cinco magistrados invitados que, de momento, acepta el principio de concurrir a la cita en Berna para solucionar estos litigios. Así las cosas y al margen de conjeturas y recelos, la denuncia de las cuentas de Menem y Hernandez por los bancos ha engendrado un sumario penal en Ginebra por presunto blanqueo de dinero en territorio suizo. Entre suspicacias y presunciones, resta por saber si por cuerda judicial separada, la justicia argentina podrá conocer las pruebas testimoniales y documentales sobre la trastienda financiera en Suiza de un tal Carlos Menem, ex-presidente durante una decada que quiere volver a serlo en las elecciones generales del año proximo.