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La alta concentración de la propiedad rural en Brasil, donde apenas 2% de los propietarios posee el 56% del área total, mientras en el polo opuesto la mitad de los propietarios reúne apenas un dos% de la tierra, explica la intensa lucha por ésta. Sólo el gran latifundio, y las fuerzas de derecha que lo apoyan, niegan la evidencia de que es necesario transformar esta injusta realidad, tras la cual se esconde además la de millones de familias sin un pedazo de terreno para sembrar.

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), surgido hace 20 años, y otras organizaciones sociales que actúan en el campo, han adoptado bajo el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva una estrategia que se asemeja a aquella sentencia del refranero popular, «a Dios rogando y con el mazo dando», y parece darles resultado.

«Luchamos contra el latifundio y contra la absurda desigualdad social del Brasil. En relación con el gobierno, confiamos y presionamos para que cumpla su promesa de asentar 400 mil sin tierra durante este mandato», dijo el líder del MST, Joao Pedro Stédile.

De esa forma sintetizó la finalidad de la jornada de lucha por la profundización y aceleración de la reforma agraria emprendida a fines de marzo, en homenaje al octavo aniversario del asesinato por la Policía Militar de 19 trabajadores rurales en El Dorado de Carajás, estado de Pará, el 17 de abril de 1996.

Durante esta jornada decenas de miles de familias vinculadas al MST y a otros movimientos ocuparon más de 100 haciendas en 17 de los 27 estados del país, tomaron locales públicos, cerraron carreteras, realizaron largas marchas a pie y actos públicos, acciones todas que aprovecharon para exponer sus reivindicaciones.

A los tres días de iniciada la movilización, el presidente Lula asignó mil 700 millones de reales (586 millones de dólares), más del doble de lo originalmente presupuestado, para cumplir las metas del Plan de Reforma Agraria, que este año debe asentar a 115 mil familias. El primer trimestre concluyó con apenas 11 mil familias beneficiadas, según el Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), y siete mil de acuerdo con el MST, y en Pernambuco, el estado con mayores conflictos por la propiedad de la tierra, no se ha realizado este año ningún asentamiento.

Además, el Diario Oficial publicó disposiciones para acelerar la reforma agraria, como reducir de 14 a siete meses el tiempo promedio necesario para realizar una expropiación de tierras, así como se duplicó el valor de los primeros créditos para familias asentadas y se aumentaron los recursos para obras de infraestructura en los asentamientos.

Pero no sólo el gobierno de Lula y el MST son actores en el conflicto rural, en el que intervienen con fuerza los grandes productores rurales y la derecha en todas sus manifestaciones, que buscan satanizar a los movimientos sociales, especialmente cuando usan el mazo, y acusan al Ejecutivo de aplicar mano blanda.

Y esa contraofensiva no es sólo verbal. La matanza de El Dorado de Carajás fue la más impactante nacional e internacionalmente, pero ahí no paró: desde 1995 suman 285 las muertes registradas en conflictos por la tierra, según datos del Oidor Agrario Nacional, Gercino da Silva. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), vinculada a la iglesia católica, ofreció datos aún más reveladores: de 1985 al 2003 ocurrieron en el país mil tres casos de asesinatos en el campo, con mil 349 víctimas, pero sólo 65 casos fueron juzgados, con la condena de 65 ejecutores de los crímenes y 15 que los ordenaron, lo cual conforma un cuadro de impunidad.

La tendencia, además, es a aumentar: en el 2003 fueron 42 muertes frente a 20 en el 2002, y la cifra puede subir, pues aún hay 20 casos que son investigados para definir sus circunstancias. También en el 2003 las ocupaciones de haciendas fueron 222, más del doble de las 103 del 2002, número igualado en sólo tres semanas este año.

El obispo Tomás Balduíno, presidente de la CPT, dijo que la violencia en el campo aumentó el pasado año, primero del mandato de Lula, porque los trabajadores esperanzados por el cambio aumentaron las ocupaciones de tierra, única forma que tienen de luchar por la reforma agraria, y los latifundistas reaccionaron violentamente.

«Es algo positivo, algo que honra el gobierno Lula, porque el personal pensó que era la vez de la reforma agraria», pero el gran latifundio tuvo el apoyo del Poder Judicial, que actuó en forma «conservadora y represiva» junto con gobiernos estaduales que usaron la policía para ejecutar mandatos judiciales de desalojo.

Sin embargo, los representantes del gran latifundio no han logrado detener la lucha de los trabajadores sin tierra, ni han conseguido que el gobierno actual los reprima -como ocurrió más de una vez en el pasado- o criminalice a los movimientos sociales.

Al respecto, el asesor especial de la Presidencia Frei Beto precisó que el gobierno y el MST tienen el mismo enemigo,«el latifundio improductivo», y consideró justas las manifestaciones que éste realiza. «No vamos a criminalizar los movimientos sociales (...) El gobierno entiende que el MST está en su papel de impulsar la reforma agraria porque él es protagonista de ese proceso», dijo y puntualizó que el compromiso de asentar las familias en sus tierras «es un desafío que tenemos que asumir. Fue para eso que fuimos electos».

Ante la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) del Senado sobre cuestiones agrarias, el líder del MST, Stédile, afirmó que los conflictos continuarán mientras un uno% siga poseyendo 120 millones de hectáreas y 23 millones carezcan de tierras. Agregó que esos 23 millones «no son ciudadanos porque no tienen tierra, no tienen trabajo y son analfabetos», y apuntó que no es el MST, sino la Constitución la que ordena expropiar al latifundio improductivo.

«No nos conformamos con vivir en un país con tanta riqueza y existir tanta pobreza», remarcó y aclaró que el MST no es violento y tiene por objetivo combatir la desigualdad social y la pobreza, pues surgió hace 20 años ante la incapacidad de los gobiernos para atender las necesidades básicas de los trabajadores.