Un grupo de líderes sociales populares -convocados por Planeta Paz en el llamado Grupo de Paz-, ha venido desarrollando una reflexión sistemática sobre una estrategia social que permita que la opinión de los liderazgos sociales populares se haga sentir en lo relativo a la negociación política del conflicto social y armado colombiano.

Las negociaciones del gobierno con los grupos de autodefensa o paramilitares ha sido tema de discusión y materia de polarización política por las múltiples implicaciones en ámbitos de la vida nacional. Desde algunas perspectivas, el Estado colombiano debe generar las políticas y acciones para la disolución de los grupos paramilitares, dada la responsabilidad que tiene en su conformación y prácticas, como lo han reconocido los líderes mismos de las autodefensas. Esta perspectiva tendría el inconveniente de dejar en la visión específica de quienes están en la conducción del Estado un tipo de solución al problema que puede o no ser aceptable para el conjunto de la sociedad, como ha ocurrido con las propuestas de Ley de Alternatividad Penal.

En otros enfoques del problema, se estima que si bien el Estado debe encontrar una salida al conflicto que plantean estos grupos paramilitares, debe también asumir las responsabilidades que le caben y atender las demandas que se hacen desde la sociedad para que la solución no viole los principios de los derechos humanos. Las organizaciones sociales pueden entonces sentar sus opiniones y definir si participan o no de la negociación.

Los dirigentes sociales que han respondido al llamado de Planeta Paz, en desarrollo de la estrategia social de paz, ha estimado pertinente, desde este segundo enfoque, sentar una opinión frente a la Ley de Alternatividad Penal sin definirse como partícipe o intermediario de dichas negociaciones, tampoco como vocero de las organizaciones sociales populares. Sólo considera que la responsabilidad estatal no le exime de la posibilidad de sentar una opinión frente a la forma como se pretende dar salida a este componente del conflicto.

En este contexto, se hace el segundo pronunciamiento frente a las modificaciones del Proyecto de Ley de Alternatividad Penal que cursa en el Congreso de la República.

Carlos Salgado