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Tengo el honor de dirigirme a usted en la ocasión de hacer referencia a las denuncias hechas contra la República de Colombia por parte del régimen ilegitimo de Nicolás Maduro, en particular en relación con los supuestos hechos ocurridos entre el 3 y 4 de mayo de 2020.

Permítame en primer lugar agradecer a todos los miembros del Consejo de Seguridad por su apoyo determinado y unánime a los esfuerzos de consolidación de la paz y la seguridad en Colombia, mediante la presencia de la misión política especial y su trabajo articulado con el equipo país. Colombia sigue comprometida con la implementación de la política de “Paz con legalidad”, a través de la cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Mi país es respetuoso del derecho internacional y firme defensor del multilateralismo y el diálogo para resolver las diferencias. Por eso reconocemos la importancia del trabajo de las Naciones Unidas, y en particular de este Consejo.

Al igual que más de medio centenar de países y organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, desde hace más de un año Colombia desconoce al régimen dictatorial e ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, y reconoce y apoya el Gobierno interino del Presidente Juan Guaidó, en sus esfuerzos por recobrar la democracia en el vecino país. En ese sentido es preciso, antes que nada, aclarar que esta comunicación no es respuesta a la enviada por el representante de dicho régimen, cuyo único propósito es desviar la atención frente a la grave situación interna en su país y construir una serie de acusaciones contra Colombia, el Gobierno y el Presidente mismo, sin soportes veraces y con la retórica engañosa que caracteriza a quienes lo conforman.

Es necesario repasar la historia de la relación bilateral entre dos naciones hermanas como Colombia y Venezuela en los últimos años, con el fin de entender a cabalidad el contexto en el que se produce la nota allegada por el régimen, a la vez que ratificar al Consejo el apego irrestricto de Colombia al derecho internacional y el respeto a los canales diplomáticos.

Las relaciones de Colombia con Venezuela constituyen, desde los inicios de la vida republicana, un asunto estratégico. Los lazos históricos, culturales y de buena vecindad guiaron durante muchos años nuestra política internacional.

Colombia y Venezuela comparten una extensa historia y una frontera de 2.200 kilómetros, que es caracterizada como “la más viva de América”. A partir de este hecho, ambos países dieron paso en la década de 1990 a la creación de una serie de mecanismos binacionales para abordar, mediante el diálogo directo y de forma constructiva, los retos intrínsecos a esta relación. La agenda binacional se concentró en un amplio abanico de temas de interés común.

Asimismo, cada país se consolidó como el segundo socio comercial del otro. En 2008, el comercio binacional logró superar los 8.000 millones de dólares y generar 500.000 empleos directos, una cifra de magnitud considerable con una incidencia importante sobre el desarrollo de las dos economías. A partir de las restricciones impuestas a Colombia y los cambios internos y de política exterior de Venezuela, especialmente desde el anuncio de su retiro formal de la Comunidad Andina de Naciones en abril de 2006, el comercio binacional se redujo a 241 millones de dólares en el año 2019, con la consecuente destrucción de empleos, según la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana.

A partir de la elección de Hugo Chávez en 1998, durante el período de Gobierno de Andrés Pastrana en Colombia (1998-2002), se evidenciaron enfoques contradictorios del vecino país en la concepción de las relaciones entre Colombia y Venezuela que, en ese momento, gozaban de un excelente clima de cooperación.

La transición política iniciada en Venezuela con la posesión de Hugo Chávez favoreció el aplazamiento de asuntos decisivos de la agenda bilateral y afectó el buen desarrollo de los canales institucionales existentes. Durante los dos primeros años de gobierno, Hugo Chávez y su canciller, José Vicente Rangel, realizaron frecuentes pronunciamientos en torno a la evolución del proceso de paz que en ese momento se adelantaba en Colombia con la antigua guerrilla de las FARC, que fueron respondidos enfáticamente por el Gobierno de mi país como intromisiones e injerencias en asuntos internos.

El 9 de febrero de 1999, pocos días después de su posesión, Chávez manifestó que su gobierno era “neutral” en el conflicto interno de Colombia y agregó que “solo así, siendo verdaderamente neutral como un referee de boxeo, nosotros podemos tener la moral para interceder en el conflicto” . El 15 de febrero de 1999, reiteró esa posición “neutral” y señaló: “No queremos inmiscuirnos en la guerra interna de Colombia o, bueno sí, mejor dicho, sí queremos inmiscuirnos, pero para lograr la paz” .

En marzo de ese mismo año se suspendió una reunión entre Hugo Chávez y el entonces Presidente, Andrés Pastrana, debido a las declaraciones del mandatario venezolano sobre el estatus de beligerancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). En su declaración a medios, Chávez insinuó que la guerrilla de Colombia mantenía control sobre parte del territorio colombiano y que el mismo Gobierno había dado beligerancia y estatus político a su conflicto interno, lo cual reñía con la realidad de los hechos.

El gobierno de Colombia expresó su enérgico rechazo a la posición adoptada por el gobierno de Venezuela y recordó que, de acuerdo con el artículo tercero común a los Convenios de Ginebra de 1949, la aplicación de las normas previstas para los conflictos armados de carácter no internacional no surte efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. A pesar de las tensiones, gracias a las gestiones diplomáticas, en mayo de 1999 se realizó un encuentro presidencial en Ureña, cuya declaración conjunta reiteró la determinación de ambos Gobiernos de mantener una relación cordial y el enfoque de la globalidad en las relaciones.

No obstante los esfuerzos de aproximación, los hechos demostraron que las tensiones estaban lejos de superarse. Así, el 22 de julio de 1999 tres aviones de la Fuerza Aérea Venezolana violaron el espacio aéreo colombiano a la altura de Vetas de Oriente, penetrando 15 kilómetros dentro del territorio nacional. Ese mismo mes, Venezuela violó las normas comerciales de la Comunidad Andina de Naciones al obligar al trasbordo de mercancías en la frontera. Durante los cuatro años siguientes, Venezuela impuso restricciones de manera unilateral que afectaron la integración comercial obtenida hasta el momento.

Aunado a los incidentes fronterizos y comerciales, en agosto de 1999 Hugo Chávez anunció su intención de reunirse con la guerrilla colombiana en Venezuela y el Canciller Rangel lo justificó señalando que tenían que “reunirse con los que tenían el poder”. Como reacción, el 31 de agosto de ese año, Colombia entregó una nota dirigida a Hugo Chávez en la cual fijó los parámetros de lo que se esperaba del Gobierno venezolano para preservar las buenas relaciones entre los dos países. La misiva nunca fue respondida.

Con posterioridad a ello, en octubre de 1999, tuvieron lugar atentados contra las sedes de la Embajada y el Consulado de Colombia en Caracas, con disparos y artefactos explosivos. El Gobierno de Venezuela no atendió la solicitud del gobierno de Colombia para el incremento de las medidas de seguridad en las sedes diplomáticas. Tras varios meses de tensiones, el 4 de mayo de 2000, Hugo Chávez y el Presidente Pastrana suscribieron el Compromiso de Santa Marta, que contenía los principios y las acciones en los que se debía trabajar para avanzar en la agenda binacional.

No obstante, el diálogo volvió a verse afectado por declaraciones de altos funcionarios de Venezuela sobre las implicaciones del Plan Colombia, diseñado, entre otros aspectos, para combatir el narcotráfico y fortalecer la institucionalidad de mi país. A esto se unieron nuevos y frecuentes incidentes fronterizos provocados desde Venezuela; la suspensión de mecanismos binacionales; y la cooperación con grupos armados organizados ilegales que actuaban en Colombia.

El 21 y 22 de noviembre de 2000 se presentaron al Palacio Federal Legislativo en Caracas Olga Marín y Hernán Ramírez, dos reconocidos voceros de la antigua guerrilla de las FARC, para asistir al Simposio Internacional sobre el Plan Colombia y sus alcances en América Latina. Para su traslado a ese país contaron con apoyo de las autoridades venezolanas. Como consecuencia de esos acontecimientos, el 24 de noviembre de 2000 el embajador de Colombia en Venezuela fue llamado a consultas. Días más tarde, Colombia presentó una declaración oficial en la cual expresó la inconformidad del Gobierno, precisando todos los elementos que habían llevado la relación al punto en el que se encontraba. Era un período en el que los incidentes con violación de la soberanía de Colombia en la frontera entre los dos países continuaban.

El 30 de noviembre, con ocasión de la posesión del presidente mexicano Vicente Fox, se reunieron los presidentes de Colombia, México y Venezuela. En ese difícil encuentro se acordó la reactivación del Grupo de los Tres, mecanismo de integración que vinculaba a los tres países. Durante el diálogo, Hugo Chávez le informó al presidente Pastrana que las FARC le había pedido que les vendiera armamento y él no había querido hacerlo, poniendo así en evidencia su cercanía con ese grupo.

Una vez más, Colombia recurrió a las comunicaciones diplomáticas para orientar los parámetros sobre los cuales debían desarrollarse las relaciones entre los países. La carta enviada el 5 de diciembre de 2000 tampoco fue contestada. En febrero de 2001 se presentó un incidente adicional con la suspensión del proceso de deportación de José María Ballestas, jefe del comando del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) que había secuestrado una aeronave civil de la aerolínea Avianca en 1999 y que se encontraba en territorio venezolano. Unos meses después, fue extraditado a Colombia gracias a reiteradas gestiones jurídicas y diplomáticas.

En marzo de 2001, el Gobierno de Venezuela realizó un anuncio imprevisto para adelantar maniobras militares denominadas “Operación Maremoto I” en Castilletes, uno de los puntos más sensibles de la frontera colombo-venezolana por derivarse de él todas las tesis del proceso pendiente de delimitación de aguas marinas y submarinas del Golfo de Coquivacoa. Este tipo de maniobras sin conocimiento y coordinaciones previas entre los dos gobiernos se consideró un acto inamistoso, que afortunadamente no tuvo graves consecuencias, pero puso en evidencia el hostigamiento sistemático del gobierno de Hugo Chávez y el deterioro en las relaciones que pasaron por su peor momento hasta entonces.

Colombia ha liderado la defensa de los valores democráticos en las Américas desde cuando se celebró en Bogotá, en 1948, la IX Conferencia Interamericana que aprobó la Carta constitutiva de la Organización de los Estados Americanos. Uno de los acontecimientos más importantes en las últimas décadas fue la suscripción, por unanimidad, de la Carta Democrática Interamericana en Lima, el 11 de septiembre de 2001. El proyecto se discutió en la Asamblea General de la OEA, celebrada en San José de Costa Rica del 3 al 5 de junio de 2001, donde Venezuela y algunos países del Caribe se opusieron a su adopción. Colombia, como presidente del Grupo de Trabajo creado para tal efecto, logró la aprobación de ese trascendental instrumento para preservar y defender la democracia en la región durante la Asamblea Extraordinaria celebrada en Lima. Desde esa fecha, la Carta se ha constituido en un documento esencial de imprescindible guía para defender la democracia en la región.

Después de un periodo de relativa tranquilidad propiciado por un encuentro entre las delegaciones de alto nivel de los dos países, en el 2002 revivieron las tensiones. Entre otros, los hechos más relevantes fueron el surgimiento de evidencias de los contactos entre el Gobierno venezolano y la antigua guerrilla de las FARC y un nuevo incidente fronterizo contra las fuerzas militares colombianas por la incursión de guerrilleros desde territorio venezolano.

Colombia siempre ha ejercido en sus relaciones fronterizas una política de buena vecindad y ha sido un actor importante en la búsqueda de soluciones a las naturales dificultades que se presentan en una frontera tan extensa y viva. La política exterior de Colombia ha preservado el principio de respeto al derecho internacional y al no uso de la fuerza. Así lo ha demostrado mi país consistentemente desde el momento de la llegada al poder de Hugo Chávez.

Hugo Chávez gobernó Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013. En esos años, como es de público conocimiento, organizó una poderosa milicia paramilitar (los “colectivos”), con el propósito de sofocar cualquier rebelión contra la denominada revolución bolivariana.

Bajo su extenso mandato, la corrupción, el nepotismo y el crimen se volvieron endémicos en el país. Además de apoyar financieramente a líderes simpatizantes en diferentes países de la región, acogió y protegió a grupos armados organizados de origen colombiano como las FARC y el ELN.

Nicolás Maduro surgió de este contexto. Heredó la infraestructura de Hugo Chávez y Diosdado Cabello conocida como el Cártel de los Soles. Igualmente, Maduro, emulando a Chávez, creó las “milicias chavistas”, que, sumadas a los colectivos, alardean de su arsenal ante un posible ataque.

Desde hace más de 20 años, tanto Chávez como Maduro, han convertido la conspiración permanente contra su régimen, los presuntos atentados (todos fallidos) , o los ataques a la soberanía de Venezuela (todos controlados) , en el bastión de su propaganda.

Durante los dos períodos de Gobierno del Presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se presentó un distanciamiento muy profundo entre los dos países. Si bien existían visiones muy diferentes en relación con la institucionalidad y el desarrollo económico, el profundo e histórico respeto de Colombia por sus vecinos, en un marco de pluralidad, democracia y observancia a los principios y las normas del derecho internacional se mantuvo. Sin embargo, la tensión principal con Venezuela se derivó del interés de Hugo Chávez de incidir en los asuntos internos de Colombia.

Ello condujo a un periodo en el que las reuniones de jefes de Estado y cancilleres, las comisiones binacionales y el comercio se trastornaron. Asimismo, se hizo tránsito hacia la denominada “diplomacia del micrófono”, a llamadas a consultas de los embajadores en Bogotá y Caracas, e incluso hasta la lamentable expulsión del personal diplomático de Colombia en Venezuela.

Uno de los hechos más importantes de este periodo es la denuncia que presentó Colombia en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el 22 de julio de 2010, en la cual presentó evidencia documentada sobre la permanencia en Venezuela de importantes cabecillas de la antigua guerrilla de las FARC y el ELN. Dicha información comprometía a funcionarios cercanos a Chávez.

Durante esta reunión, el Representante Permanente de Colombia ante la OEA entregó las coordenadas de los lugares donde las FARC-EP habían instalado campamentos guerrilleros en territorio venezolano, además de fotografías, vídeos y testimonios .

En dicha sesión, Colombia solicitó formalmente que i) el Gobierno de Venezuela cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales, enfrente y persiga a estos grupos que secuestran, que asesinan, que reclutan menores y que siembran minas antipersonal, y que los entregue para que sean juzgados por la justicia; y ii) se constituya una comisión de verificación con todos los Estados de la OEA para ir a estos sitios. Así mismo, Colombia ofreció a Venezuela, y a los países que lo requieran, todo el apoyo judicial para enfrentar a estos grupos criminales .

El Representante de Colombia ante la OEA concluyó la reunión reiterando los objetivos comunes de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, la convivencia pacífica entre los pueblos y la democracia. Hizo un llamado a no olvidar que nuestra región es una zona que ha estado en paz por bastante tiempo entre sus países miembros, y ese es un valor que queremos todos cuidar y al cual todos vamos a atender.

Esta sesión de la OEA puso en evidencia ante los Estados miembros y ante la comunidad internacional, la constante violación por parte de Venezuela de las obligaciones contenidas en las convenciones de las Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y las resoluciones que la desarrollan.

El Gobierno del Presidente Uribe fue igualmente receptor de las constantes agresiones y falsas acusaciones provenientes de Venezuela. Hugo Chávez señaló a las autoridades de inteligencia de Colombia de “fabricar conspiraciones contra Venezuela” . Acusó al Jefe de Estado repetidamente de “querer asesinarlo” , de “fraguar una guerra en su contra” , y de ser “manipulador y mentiroso” .

Incluso en febrero de 2008, Chávez llegó a afirmar que Venezuela delimitaba con las FARC. “Las fuerzas insurgentes de Colombia tienen otro Estado, que tiene leyes, que las aplican, que las hacen cumplir. Es una realidad que no se puede seguir desconociendo” . Tales expresiones resultaban inaceptables para el Gobierno de Colombia y hacían parte de un libreto deliberado y construido desde el vecino país para atacar a la institucionalidad colombiana.

Durante los dos períodos del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) las dificultades y provocaciones no cesaron, a pesar de los intentos de normalización y de entendimiento mutuo. Dos semanas antes de la posesión presidencial, la canciller designada inició un proceso de acercamiento con su homólogo a fin de restablecer relaciones. Dicho proceso contó con el apoyo del entonces Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Néstor Kirchner.

Tres días después de su posesión, el 10 de agosto de 2010, el Presidente Santos se reunió con Hugo Chávez en Santa Marta, para relanzar las relaciones entre los dos países. Acordaron una hoja de ruta que contemplaba la instalación de seis mesas de trabajo en comercio, seguridad, transporte, energía, frontera y asuntos sociales.

No obstante, a lo largo de este periodo Colombia continuó recibiendo constantes agresiones y falsas acusaciones. El régimen venezolano señaló a Colombia de ser “el origen de todos sus males” . En 2015, en el marco de las llamadas “Operaciones para la Liberación del Pueblo”, se expulsó a más de 22.000 colombianos que residían en la zona de frontera, destruyendo sus hogares. Ello se constituyó en un hecho claramente violatorio de las normas del derecho internacional, causando un enorme desplazamiento humano .

Posteriormente, en diciembre de 2016, Venezuela acusó al entonces Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de vulnerar la paz en América del Sur al promover la cooperación militar con la Organización del Tratado del Atlántico Norte .

En marzo de 2017 se vivió otro momento complejo por la incursión ilegal de tropas venezolanas a territorio colombiano, en un claro acto de hostilidad. El Presidente Santos solicitó el retiro inmediato de las tropas venezolanas del territorio colombiano y mantener el diálogo por las vías diplomáticas hasta que se normalizara la situación. No obstante, la entonces Canciller de Venezuela consideró que la situación se había originado por el patrullaje cotidiano que mantienen autoridades en territorio venezolano fronterizo con Colombia. “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana realiza un despliegue permanente de vigilancia, resguardo y protección de la frontera, a fin de combatir las graves amenazas a la paz y estabilidad de Venezuela, que representan el paramilitarismo colombiano, las bandas criminales, el delito transnacional y en particular el narcotráfico y el contrabando de extracción” .

En mayo de 2017, Nicolás Maduro decidió romper nuevamente las reglas del juego democrático e institucional en Venezuela y ejercer mayor presión sobre la oposición, al anunciar la convocatoria una Asamblea Constituyente que reemplazaría de facto a la Asamblea Nacional elegida legítimamente. El Presidente Santos rechazó esta medida, y declaró: “Cuando unilateralmente decidió elegir una Asamblea Constituyente, deslegitimando la Asamblea Nacional y a través de eso comenzar a recoger todos los poderes, ahí comenzó a destruirse la democracia venezolana y ahí comencé a separarme de Venezuela como una nación con la que se podía tener una buena relación” . Maduro catalogó como una “estocada por la espalda” la reprobación del presidente de Colombia a la vulneración de los derechos civiles y políticos en ese país y lo acusó de formar parte de una campaña de “agresión sistemática” .

A pocos días de terminar el mandato del Presidente Santos, Nicolás Maduro nuevamente lo acusó de estar detrás de un atentado con explosivos en su contra ; “No tengo dudas. Es la saña asesina de la oligarquía colombiana. Y estoy seguro de que aparecerán todas las pruebas. Pero los primeros elementos de investigación apuntan a Bogotá”, aseguró .

El Gobierno del Presidente Duque, quien inició su período presidencial en agosto de 2018, no ha estado exento de los continuos ataques y acusaciones infundadas del régimen de Maduro.

Desde enero de 2019, al igual que otros países comprometidos con la democracia y respetuosos del estado de derecho que hemos decidido desconocer la forma fraudulenta en que ha sido usurpado el poder político en Venezuela, Colombia ha sido muy clara en señalar que sólo reconoce al Presidente interino Juan Guaidó, elegido por la Asamblea Nacional de ese país, y que todas las acciones diplomáticas encaminadas a contribuir a la transición democrática y pacífica en Venezuela se realizarán bajo el irrestricto apego a las normas y principios del derecho internacional.

Una de las principales preocupaciones de la política exterior de Colombia es la actual situación que atraviesa Venezuela y su evolución en el futuro. El restablecimiento del orden democrático en dicho país es fundamental para Colombia y para la región.

Colombia reconoce el protagonismo insustituible de la ciudadanía venezolana en el proceso de restablecimiento de la democracia y la normalización constitucional. Por esa razón, apoya el itinerario definido por la Asamblea Nacional y el Presidente interino Juan Guaidó, para el cese de la usurpación, la conformación de un gobierno de emergencia y la realización de elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y creíbles, con la participación de todas las fuerzas políticas democráticas que permitan la reconstrucción económica. La diplomacia por la democracia, promovida por Colombia en el marco del Grupo de Lima, ha impulsado avances para el restablecimiento de la democracia en el vecino país.

De igual manera, el inmenso flujo migratorio procedente de Venezuela, provocado por la ruptura del orden democrático y el deterioro acelerado de la situación económica y humanitaria en ese país, plantea enormes desafíos para América Latina y, en particular, para mi país, como principal receptor no sólo de refugiados y migrantes venezolanos, sino también de colombianos retornados.

Se trata de una situación sin precedentes en la región, con una innegable dimensión humanitaria, que requiere una respuesta solidaria y responsable. Colombia ha decidido afrontar este desafío, dispuesta a transformarlo en una oportunidad, en tres niveles: nacional, regional y multilateral, y así lo ha expresado en los diversos foros internacionales.

En consecuencia, ante hechos recientes como las falsas acusaciones del dictador venezolano Nicolás Maduro, sobre la participación en supuestas acciones contra el vecino país, es imperativo reiterar el contenido del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del 7 de mayo del año en curso, en el cual el Gobierno colombiano llama la atención de la comunidad internacional respecto a la insistencia de ese régimen por involucrar a las autoridades de Colombia en acciones ajenas al derecho internacional. Colombia es un país que respeta el derecho internacional y que jamás apoyará actividades al margen del mismo.

Las acusaciones del régimen no son nuevas y, como se ha demostrado, forman parte de una estrategia que ha sido claramente diseñada y articulada por la estructura de poder implantada por Chávez y Maduro, con el fin de ganar legitimidad, crear distractores y desprestigiar a sus opositores.

A lo largo de las últimas dos décadas, Venezuela ha sido conducida a una crisis multidimensional de magnitudes colosales. Pasó de ser una de las naciones más prósperas de América Latina a una situación de profundo deterioro económico, social, político e institucional.

Académicos de prestigiosas universidades y centros de pensamiento del mundo consideran que Venezuela es prácticamente un Estado fallido. El último índice (2019) sobre Estados fallidos en el mundo, publicado por la revista Foreign Policy y el Fund for Peace, la ubica en el puesto 32, con una calificación de “grave peligro” y la cataloga como uno de los países más frágiles del mundo .

Los responsables de este retroceso histórico son aquellos que han ejercido el control de la fuerza pública en Venezuela, quienes, a través de sus políticas, devastaron y empobrecieron a un pueblo trabajador y amante de la libertad. En el caso venezolano, no hay enemigo ni distractor externo a quien endilgarle la culpa de lo que sus ciudadanos están padeciendo.

¿Quién podría creer que el país con una de las reservas más grandes de petróleo, gas y minerales del mundo terminaría sumido en la pobreza, sin alimentos, sin electricidad, y sin gasolina para consumo interno? A pesar de la falta de transparencia y la imposibilidad de acceder a información oficial, los datos a continuación permiten tener una visión de la situación actual de Venezuela.

Según el Fondo Monetario Internacional, entre 2014 y 2019 Venezuela perdió dos terceras partes de su riqueza, es decir el 65 %. En 2019 decreció al 35 %; la hiperinflación se mantiene anclada en seis dígitos, alcanzando 9,585 % en 2019, según el Banco Central de Venezuela. El mal manejo de la empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), y la falta de inversión han conducido a una reducción drástica en la producción de petróleo, pasando de tres millones de barriles diarios en 1999 a 622.000 barriles diarios en promedio en abril de 2020. El Banco Mundial estima que la deuda externa venezolana ha aumentado en 213 % en los últimos 20 años, ubicándose en más de 154.000 millones de dólares. A lo anterior se le suma el colapso de los servicios públicos y el desplome del poder adquisitivo de la población.

En términos de desarrollo social, Venezuela vive una crisis humanitaria. El 94 % de la población no cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En los últimos tres años, según la Encuesta Nacional de Condiciones de vida que es liderada por la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar , la pobreza multidimensional creció 10 puntos y en 2018 alcanzó a la mitad de los hogares (51 %). La esperanza de vida se ha reducido en 3.5 años. El salario mínimo mensual equivale a 2.33 dólares y el desempleo alcanza el 35 %, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los venezolanos tienen enormes dificultades para conseguir alimentos y agua, medicamentos e insumos médicos, y sufren los efectos de la falta de energía eléctrica y una deficiente infraestructura hospitalaria.

Desde 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela , señaló la “(…) clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales”. Y observó “preocupantes signos de fragilidad institucional entre los que se puede mencionar la falta de aplicación íntegra de la nueva Constitución, la percepción de la falta de independencia de los poderes del Estado, la creciente concentración de poder en el Ejecutivo Nacional, la impune actuación de ciertos grupos civiles armados y de los grupos parapoliciales, la tendencia a la confrontación y descalificación de la oposición política por parte del Gobierno, los constantes ataques contra periodistas y medios de comunicación, la tendencia hacia una militarización de la administración pública mediante el rol cada vez más protagónico de las Fuerzas Armadas, la creciente radicalización de las posturas políticas en un contexto de descontento social ante la insatisfacción de demandas sociales, y las controversias con relación al ejercicio de los derechos sindicales.”

En su informe sobre Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, publicado en 2009 , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró la ausencia de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela y la utilización del poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política. Advirtió también sobre la creación de “mecanismos para restringir las oportunidades de acceso al poder de los candidatos disidentes del gobierno” y la “preocupante tendencia a castigar, intimidar y agredir a personas a manera de represalia por haber hecho público su disenso con las políticas oficiales”, notando con preocupación que se habría “llegado al extremo de iniciar procedimientos penales contra disidentes, acusándolos de delitos comunes con miras a privarlos de su libertad en virtud de su posición política”.

En 2017, la Comisión hizo público un nuevo informe con el título “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela” en el que relaciona el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos con la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país desde 2015. Al hacerse evidente la materialización de una crisis humanitaria de proporciones significativas, la Comisión decidió la incorporación de Venezuela en su Informe Anual. En el mismo documento, observó el desconocimiento, “desde el punto de vista institucional”, del principio de separación de poderes y la utilización del poder punitivo para judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a disidentes políticos.

En 2017 también se produjo un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos bajo el título “Violaciones y abusos delos derechos humanos en el contexto de las protestas en República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017” . En dicho informe la Oficina documentó la represión incremental a los disidentes políticos por parte de las fuerzas de seguridad del régimen, y el sometimiento de personas detenidas, incluidos niños, a diferentes formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes o castigos como golpizas, choques eléctricos, asfixia y amenaza de agresión sexual. Se documentaron también casos de civiles presentados ante la justicia militar y la violación de sus garantías al debido proceso.

El informe del Alto Comisionado dado a conocer en 2018 bajo el título “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin” , concluyó que “las violaciones de los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones forman parte de un sistema más amplio de represión contra los disidentes políticos y contra cualquier persona que, a juicio de las autoridades, se oponen al Gobierno o representan una amenaza para éste”. También observó que Venezuela ya sufría, para ese momento, de “una dramática crisis sanitaria y de un completo colapso del sistema de atención sanitaria, que ha resultado en violaciones masivas al derecho a la salud” y que “la falta de alimentos, combinada con el hecho de que estos son inasequibles, ha obligado a las familias venezolanas a cambiar sus hábitos alimenticios y a poner en marcha nuevas estrategias de subsistencia”.

La deriva antidemocrática llevó a la autoridad electoral dominada por Maduro a convocar a unas elecciones anticipadas y fraudulentas el 20 de mayo de 2018, para asegurarse un nuevo período en el poder a partir de enero de 2019 —siete meses más tarde—, no obstante la contundente condena de la comunidad internacional.

El Grupo de Lima declaró su no reconocimiento a la legitimidad del proceso electoral y la adulterada reelección de Maduro, por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. A su vez, los países que lo integran acordaron reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela y reiteraron su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en ese país, que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos y en la pérdida de las instituciones democráticas, el estado de derecho y la falta de garantías y libertades políticas de los ciudadanos .

Días más tarde, en reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, los países del Grupo de Lima y Estados Unidos denunciaron la farsa de las elecciones celebradas en Venezuela y reiteraron el no reconocimiento a la reelección de Nicolás Maduro .

La Unión Europea, por su parte, denunció a través de su Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad las irregularidades en las elecciones presidenciales y aseguró que los 28 “considerarán la adopción de medidas adecuadas”. “Las elecciones presidenciales y regionales se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre un calendario electoral y sin cumplir con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble, sin respetar el pluralismo político, la democracia, la transparencia y el estado de derecho” .

Es evidente que el proceso de deterioro de los valores fundamentales de la democracia y la integridad del estado de derecho se inició durante el primer período de gobierno de Hugo Chávez y no ha dejado de acelerarse, llevando a Venezuela a convertirse en un Estado fallido incapaz de preservar la vida de sus ciudadanos. Mientras el régimen de Nicolás Maduro mantiene una retórica que exalta los valores de la paz y el bienestar, somete a los ciudadanos en su territorio a la privación de los bienes y servicios esenciales para su supervivencia. A la represión y coerción de todas las libertades, se suma la imposibilidad de la comunidad internacional de verificar las condiciones sobre el terreno.

Aun así, el 4 de julio de 2019 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela en el que manifestó haber observado “patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, y confirmó “violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”; y afirmó que las “violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del [régimen] de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.

Y en su documento de observaciones y recomendaciones preliminares tras la visita a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos efectuada el 8 de mayo de 2020 desde territorio colombiano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que “la profundización de la crisis política y social del país, en el marco de la represión generalizada, ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela”.

Desde su creación, el 8 de agosto de 2017, el Grupo de Lima, que hoy cuenta entre sus miembros a Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela , y ha trabajado persistentemente con el propósito de buscar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, como única alternativa para aliviar la crisis multidimensional que padecen sus ciudadanos.

Hasta mayo de 2020, el Grupo de Lima se había reunido en 18 oportunidades y en sus declaraciones ha reiterado su apoyo a una solución política, pacífica, democrática, y liderada por los propios venezolanos para resolver la grave crisis que atraviesa Venezuela. El conjunto de los países del Grupo ha coincidido en reiterar que la transición se debe dar en los términos de la constitución y las instituciones venezolanas, sin injerencia de otros países, y mucho menos por la vía de la violencia. De ahí, que en su último comunicado, el Grupo haya respaldado el Gobierno de Emergencia propuesto por el Presidente Guaidó, en estricta aplicación de las disposiciones contenidas en la constitución venezolana.

El Grupo de Lima también ha señalado la connivencia del régimen de Maduro con actores criminales de diversa naturaleza, incluido el grupo terrorista de origen colombiano ELN, y ha condenado dicha complicidad en repetidas oportunidades.

Nicolás Maduro lidera un régimen corrupto y criminal que amenaza la estabilidad y la seguridad de la región. Según el Índice de Percepción de Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, Venezuela es el país más corrupto de América Latina y el quinto del mundo . Transparencia Venezuela asegura que el país ha pasado de un problema de corrupción administrativa y de captura del Estado a un caso de “gran corrupción”, entendida como aquella que ha penetrado los niveles más altos de quienes detentan el control de la fuerza pública, generando graves abusos de poder y distorsionando las funciones de gobierno .

Esta situación se ve seriamente agravada por la connivencia y el apoyo del régimen a grupos armados organizados que se lucran de rentas criminales.

En efecto, el 26 de marzo de 2020, el Fiscal General de los Estados Unidos, William P. Barr, en rueda de prensa conjunta , anunció la imputación de cargos penales formales en distintos procesos , por delitos de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros, en contra de Nicolás Maduro y 14 funcionarios, ex funcionarios, oficiales y tres ex oficiales de alto rango de su régimen. La acusación también cobija a dos miembros de la antigua guerrilla de las FARC que negociaron y firmaron con el Gobierno de Colombia el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera ,en noviembre de 2016 .

En palabras del Fiscal General estadounidense: “El régimen venezolano, dirigido en su momento por Nicolás Maduro Moros continúa plagado de criminalidad y corrupción. Durante más de 20 años Maduro, con una serie de colegas de alto rango, presuntamente conspiraron con las FARC ocasionando que toneladas de cocaína entraran y devastaran comunidades estadounidenses.”

Según el Administrador encargado de la Administración para el Control de Drogas, “Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro. Estos funcionarios traicionaron al pueblo venezolano a conciencia y reiteradamente, conspirando con narcotraficantes y organizaciones designadas terroristas como las FARC para su lucro personal”.

Ese mismo día, se hizo pública la acusación del Distrito Sur de Nueva York, realizada antes bajo reserva, con cargos en contra de Maduro y varios de sus colaboradores, incluidos los miembros de la antigua organización guerrillera . Este caso versa sobre delitos cometidos desde 1999 por los individuos mencionados, como líderes y controladores del Cártel de Los Soles, para facilitar la importación de cocaína a los Estados Unidos, tanto para su enriquecimiento personal y aumentar su poder, como para “inundar” de dicho estupefaciente a los Estados Unidos y propiciar sus efectos nocivos en la población.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, durante las negociaciones de paz adelantadas por las FARC con el Gobierno del entonces Presidente Andrés Pastrana, los miembros de la guerrilla acordaron con los líderes del Cártel de los Soles, reubicar parte de sus operaciones en Venezuela, bajo protección del Cártel. Desde entonces, conjuntamente despacharon cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos con puntos de trasbordo en el Caribe y Centroamérica. Hasta 2004, el Departamento de Estado estima que 250 toneladas o más transitaban anualmente por Venezuela, tanto por vía marítima como aérea.

Como líder del Cártel de Los Soles, Maduro negoció cargamentos de múltiples toneladas de cocaína producida por las FARC; impartió órdenes para que el Cártel de Los Soles suministrara armas de uso militar a las FARC; coordinó con otros países para facilitar el narcotráfico a gran escala y pidió a las cabezas de las FARC asistencia para entrenar milicias que funcionaban como una unidad paramilitar del Cártel de Los Soles.

Por su parte, a Vladimir Padrino se le acusa, entre otros, de conspirar con terceros entre 2014 y 2019 para distribuir cocaína a bordo de aeronaves registradas en los Estados Unidos. Mientras en su condición de General encargado de interdicción de drogas ordenó o autorizó que se obligara a aeronaves sospechosas a aterrizar o derribarlas, en múltiples ocasiones permitió que otras aeronaves, de cuyos coordinadores narcotraficantes recibía sobornos, transitaran por espacio aéreo venezolano.

En cuanto a Maikel Moreno, se le acusa de lavado de activos y conspiración de lavado de activos, en relación con decenas de millones de dólares recibidos o que intentó recibir y por sobornos para solucionar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela .

Existen crecientes indicios de vínculos entre el régimen de Nicolás Maduro y la organización terrorista de origen colombiano ELN y otros grupos armados organizados para la explotación ilícita de oro y otros minerales en el Arco Minero del Orinoco, así como de la presencia creciente de Hezbollah en el territorio de dicho país.

En efecto, los grupos armados organizados de origen colombiano se constituyen como la mayor amenaza para la estabilidad democrática y la seguridad de Colombia y la región, debido a su mutación a organizaciones transnacionales que desarrollan actividades criminales y terroristas. Lo anterior, que se acentúa por la permisividad y apoyo de los miembros del régimen, permite prever un escenario de crecimiento exponencial de las organizaciones si las condiciones actuales se mantienen.

La presencia y acciones del ELN y otros grupos armados organizados en Venezuela se traduce en un sistema de macro criminalidad auspiciado por el régimen de Maduro, que brinda salvaguarda y libertad de acción a organizaciones catalogadas como terroristas por la Unión Europea y los Estados Unidos.

En febrero de 2019, según el International Crisis Group “los sindicatos criminales de Venezuela y los grupos guerrilleros de Colombia vienen generando nuevas amenazas en el sur de Venezuela en su competencia por el control de los lucrativos recursos minerales de la región. Las tensiones y la violencia se han disparado en los últimos meses y podrían empeorar en medio de la crisis presidencial de Venezuela” .

En marzo de 2019, la fundación InSight Crime documentó que dirigentes del ELN residían en el estado de Apure, utilizando a Venezuela como base para coordinar sus operaciones y mantenerse fuera del alcance de las fuerzas de seguridad colombianas . En ese momento, señaló que “las condiciones de Venezuela profundizan una crisis de gobernabilidad que ha decantado (…) en altos índices de criminalidad y la penetración de las más altas cúpulas del Estado por el crimen organizado. Así, el país caribeño no solo se ha convertido en un Estado mafioso, sino que ha buscado aliados en medio de su caos institucional, como el ELN”.

Conscientes de la amenaza que plantea el régimen de Maduro para la estabilidad y la seguridad regionales, los Estados miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) acordaron activar el Órgano de Consultas del instrumento y explorar alternativas que permitan proteger a los países de la región de cualquier amenaza a su integridad.

Es así, como en reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, actuando como Órgano de Consulta del Tratado, el 23 de septiembre de 2019, se adoptó la resolución 01/19, considerando que “el conjunto de actividades criminales, asociado a la crisis humanitaria generada por el deterioro de la situación política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela, representa una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente, en los términos del artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”.

El Órgano de Consulta sostuvo una segunda reunión en diciembre de 2019 y los equipos técnicos han continuado avanzando en el propósito de materializar el compromiso de los Estados parte de intensificar el intercambio de información y la cooperación, judicial y policial con el fin de investigar, y sancionar a los responsables de conductas criminales y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los países miembros.

El Gobierno de Colombia actúa en el marco de las instituciones y en estricto apego por el derecho internacional en la búsqueda del retorno a la democracia en Venezuela. En este propósito, ha desplegado todos los esfuerzos políticos y diplomáticos a su alcance, y se ha pronunciado en diversas instancias sobre los abusos y atropellos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano.

Ninguna de las actuaciones del Estado colombiano se ha realizado de manera encubierta u oculta. Por el contrario, el Presidente de la República ha sido vocal en su rechazo a la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro, y en su condena a la represión violenta en contra de su propio pueblo.

Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, el Presidente Duque recordó que:

“(…) la dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Sus estructuras corruptas son servidoras de los carteles de la droga; sus alfiles son secuaces de la mafia y alimentan la violencia en Colombia; refugian a asesinos y violadores de niños, y quienes ignoran estos oprobios son cómplices de la dictadura.

Mi Gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia.”

En su capacidad como Senador de la República de Colombia, en mayo de 2017, Iván Duque presentó una denuncia en contra de Nicolás Maduro, por la comisión de crímenes de derecho internacional, y otras conductas por acción u omisión, de conformidad con lo previsto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

En concreto, la denuncia presentada por el entonces Senador y un grupo significativo de miembros del Congreso de la República de Colombia y del Congreso Nacional de Chile, documenta casos de asesinato; desplazamiento forzado; encarcelación y otras privaciones de libertad física contrarias al derecho internacional; tortura; persecución por razones políticas; genocidio y apartheid por parte del señor Maduro Moros en contra de ciudadanos venezolanos.

Por su parte, el 30 de mayo de 2018, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos dirigió una comunicación a la Fiscal General de la CPI en la que evidenció que no existe acceso a la justicia imparcial en Venezuela, ni independencia entre los poderes públicos. Señala, igualmente, el uso sistemático, táctico y estratégico del homicidio, el encarcelamiento, la tortura y la violencia sexual como medios para aterrorizar a los ciudadanos venezolanos.

Al hacer referencia al Acuerdo de Cooperación suscrito entre la OEA y la CPI en abril de 2011, el Secretario General pone en conocimiento datos relevantes obtenidos mediante testimonios individuales, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales. El Informe remitido por el Secretario General a la Fiscalía de la CPI se encuentra respaldado por un panel de expertos internacionales que consideró que existen argumentos razonables para que las pruebas exigidas por el artículo 53 del Estatuto de Roma se hayan constituido, por lo menos, desde el 12 de febrero de 2014.

En igual sentido, el 25 de septiembre de 2018 los Jefes de Estado de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suscribieron una comunicación dirigida a la Fiscal General de la CPI, solicitando formalmente el inicio de una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Colombia nunca ha sido un país agresor. Por el contrario, ha dedicado sus esfuerzos a fortalecer su institucionalidad, consolidar sus capacidades para asegurar la estabilidad y la seguridad y elevar la calidad de vida de sus ciudadanos. Mi país ha reconocido históricamente la importancia de las relaciones con Venezuela, y ha procurado las mejores relaciones de vecindad, partiendo del hecho incuestionable de que somos naciones hermanas.

La integración, el desarrollo fronterizo y la buena vecindad como pilares de una política de Estado desarrollada por Colombia, contrastaron con el apoyo permanente al terrorismo y la connivencia con el crimen organizado y el narcotráfico, dentro una política deliberada y sistemática puesta en marcha por Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez que ha afectado la seguridad nacional de Colombia y puesto en riesgo la estabilidad de la región.

En la comunicación dirigida por el representante del régimen al Consejo de Seguridad y al Secretario General de las Naciones Unidas, se hace referencia a hechos ocurridos en el marco de una acción humanitaria requerida y autorizada por la Asamblea Nacional de Venezuela y por su Presidente, Juan Guaidó.

Esta acción no tuvo por objeto nada diferente a proveer a los ciudadanos de alimentos y medicamentos que precisaban con urgencia, esfuerzo al que se sumaron Brasil, Curaçao, Chile, Paraguay, Estados Unidos y Puerto Rico.

Por las facilidades de tránsito entre los dos países a través de los puentes internacionales ubicados en el departamento de Norte de Santander, Colombia facilitó su territorio como canal humanitario y el Gobierno nacional determinó que su responsabilidad consistiría en asegurar que dichas ayudas fueran entregadas a los voluntarios y delegados de la Asamblea Nacional y haciendo posible su transporte hasta los respectivos puentes internacionales.

Infortunadamente, fuerzas armadas del régimen en Venezuela y grupos armados irregulares bloquearon los puentes internacionales mediante la ubicación de contenedores, e impidieron la entrega de las ayudas. Cientos de medios de comunicación internacionales presentes en la ciudad de Cúcuta, y cuyo material fotográfico y audiovisual ha sido ampliamente difundido, además de los registros de las cámaras de seguridad que se encuentran en el puente Francisco de Paula Santander, dan cuenta de lo ocurrido.

Militares del régimen ilegítimo de Maduro se instalaron cerca de la mitad del puente internacional Simón Bolívar y se presentaron enfrentamientos intensos con los delegados que se esforzaban por hacer llegar las ayudas al territorio venezolano.

La tensión y los enfrentamientos aumentaron progresivamente, resultando en cerca de 700 personas heridas. El reporte del grupo de observación de la OEA consignó en su reporte lo siguiente: “De inmediato la Guardia Nacional Bolivariana disparó gases lacrimógenos hacia la caravana, irradiando sus efectos a la mayoría de las personas ubicadas en el lado colombiano, lo que provocó una avalancha y un repliegue temporal. Simultáneamente, se produjeron detonaciones (granadas de aturdimiento y perdigones) desde el lado venezolano”.

En este marco, la agitación del momento y la aversión de pertenecer a una institución viciada por la corrupción y la violación de los derechos humanos contra la población, movió a cerca de 1.400 uniformados a abandonar las filas de la fuerza pública venezolana y fueron recibidos por las autoridades colombianas, quienes les suministraron alojamiento y alimentación tanto para ellos, como para cerca de 400 familiares, en los siguientes meses.

El Gobierno colombiano estableció un protocolo para determinar la condición en la que los uniformados permanecerían en el territorio nacional, con el fin de brindarles protección y evitar la conformación de agrupaciones de orden militar entre los integrantes del grupo. El objetivo de Colombia, en todo momento, ha sido evitar el desencadenamiento de incidentes de seguridad en el territorio nacional.

En mayo de 2019, dicho protocolo para la atención de ex miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales venezolanas se formalizó a través de un memorando de entendimiento suscrito con el representante en Colombia del Presidente interino, Juan Guaidó. En el acuerdo, se otorgaron beneficios a los ex militares, tales como el acceso al Permiso Especial de Permanencia, atención básica en salud y cupos en el sistema educativo para sus hijos. Colombia reiteró que estas personas no podrán ejercer funciones militares, ni policiales o de seguridad y defensa; así mismo se les prohibió el porte de armas y el uso de uniformes .

A raíz de estos hechos, Maduro ordenó la ruptura unilateral de las relaciones diplomáticas y consulares con Colombia y dio un plazo de 24 horas para que los funcionarios colombianos abandonaran el territorio venezolano. Dicha ruptura persiste hasta este momento.

La versión del régimen de una pretendida operación de agresión en un contexto de entrega de ayudas humanitarias falta a la verdad, tergiversa los hechos y desconoce el esfuerzo adelantado por paliar las críticas necesidades de los ciudadanos venezolanos. Estos hechos fueron objeto de debate en el Consejo de Seguridad en febrero del 2019, momento en el cual Colombia transmitió a sus miembros información precisa de lo ocurrido.

Unos 5.093.987 ciudadanos venezolanos se han visto obligados a abandonar su país desde 2016, de acuerdo con la plataforma internacional Response for Venezuelans (R4V), liderada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. En Colombia permanece el 36 % de ellos, es decir, 1.825.687.

Este flujo migratorio, catalogado como el segundo más grande del mundo después del éxodo sirio, ha sido recibido en Colombia con generosidad y fraternidad, lo que ha demandado un enorme esfuerzo financiero e institucional. Por precisas instrucciones del Presidente Iván Duque, las fronteras permanecieron abiertas hasta el día 13 de marzo de 2020 cuando fue necesario cerrar los pasos migratorios, en virtud del riesgo epidemiológico ocasionado por la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Hasta ese momento, cerca de 35 mil personas cruzaban la frontera a diario para recibir alimentación, atención en salud y aprovisionarse de bienes básicos.

Colombia ha adoptado diversas medidas para facilitar la regularización migratoria de los ciudadanos venezolanos en su territorio, hacer posible su acceso a servicios de salud y educación y permitir que sean empleados formalmente. Adicionalmente, en agosto de 2019 y mediante decisión administrativa, concedió la nacionalidad a hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia que se encontraban en riesgo de apatridia. Entre enero de 2015 y febrero de 2020, habían nacido en territorio colombiano 43.540 niños de padres venezolanos, que han sido cobijados por esta disposición.

Entre 2017 y 2019, 749.444 servicios médicos fueron prestados a ciudadanos venezolanos en el sistema público de salud colombiano, entre ellos, 141.575 a madres gestantes. A ello se suman cerca de dos millones de dosis de vacunación gratuitas, destinadas prioritariamente a mujeres y a niños entre 0 y 5 años.

Más de 200.000 niños han sido atendidos por el sistema de bienestar familiar mediante diferentes modalidades y, hasta marzo de 2020, 325.755 niños, niñas y adolescentes venezolanos se encontraban matriculados en el sistema educativo colombiano.

La crítica situación ocasionada por la pandemia ha implicado redoblar los esfuerzos para continuar brindando atención en salud y alimentación a los ciudadanos más vulnerables, entre ellos los migrantes y sus comunidades de acogida. Sin embargo, el compromiso del Gobierno de Colombia es continuar apoyando con solidaridad a quienes han debido huir de su país por la represión que ejercen Nicolás Maduro y sus colaboradores en contra de su propio pueblo.

La comunicación remitida por el régimen ilegítimo de Maduro al Consejo de Seguridad acusa irresponsablemente a Colombia de ser tolerante frente a la comisión de delitos en su territorio que puedan afectar a Venezuela. Nada puede estar más alejado de la realidad.

Mi país ha librado una batalla sin tregua contra la delincuencia y la criminalidad; ha fortalecido sus instituciones y ha logrado un progreso económico y social significativo desde el inicio del presente siglo. El narcotráfico y los grupos armados organizados que explotan rentas criminales han dejado de constituir una amenaza a la institucionalidad democrática, y, si bien generan violencia y afectan especialmente a las comunidades más vulnerables, son combatidos con toda la fuerza de la Ley.

El régimen menciona a la estructura delincuencial “Los Rastrojos” como parte de un presunto complot para atacar a Nicolás Maduro y a sus colaboradores. Este grupo, en efecto, está caracterizado por el Ministerio de Defensa Nacional como un grupo delictivo organizado, y existen precisas directivas impartidas a la fuerza pública desde 2016 para perseguir a los delincuentes que lo conforman y combatir sus actividades criminales.

De la misma manera, la policía nacional adelanta actividades investigativas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación con proyección operacional en contra de “Los Rastrojos”. Desde hace más de dos años, se encuentra activa una campaña dirigida a la persecución de las estructuras criminales que delinquen en la región fronteriza con Venezuela, dejando como resultado la captura de 44 integrantes de esta estructura criminal, incluyendo seis cabecillas y cinco neutralizados, y la incautación de armas.

La comunicación menciona al señor Jhon Jairo Durán Andrade, como una de las personas con las que el Presidente Juan Guaidó adelantó “coordinaciones logísticas”. Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que este delincuente, que ciertamente hace parte del grupo criminal “Los Rastrojos”, cuenta con documento de identidad venezolano y se encuentra privado de libertad desde junio de 2019, por dos procesos investigativos que adelanta la Fiscalía General de la Nación en su contra.

En cuanto al actor criminal Elkin Javier López Torres, alias “Doble Rueda”, también conocido como alias “La Silla” y perteneciente al grupo delincuencial organizado “Oficina del Caribe” o “La Silla”, éste fue capturado en diciembre de 2019 y se encuentra privado de libertad. Cuenta con seis procesos investigativos, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.

La comunicación también se refiere a la incautación de armas en hechos ocurridos en el departamento colombiano de Magdalena el 23 de marzo de 2020, e indica que el Estado colombiano se ha negado a investigarlos judicialmente. Esta afirmación es falsa. Desde el momento en el que se produjo la incautación, gracias a la acción efectiva de la Policía de Tránsito, se libró orden de captura contra la persona que transportaba las armas, se han llevado a cabo dos allanamientos, y el Despacho del Fiscal General de la Nación priorizó el caso, asignándolo a una unidad especial bajo su supervisión. El caso de la llamada “Operación Gedeón” se sumó a esta investigación en curso. El señor Clíver Alcalá, quien se atribuyó la responsabilidad de adquirir dicho armamento, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses con el fin de colaborar con los procesos judiciales que se adelantan en su contra en ese país.

Colombia es un país respetuoso de la democracia y de las libertades, y siempre actuará en el marco de la constitución política y del derecho internacional.

La crisis multidimensional que se evidencia en Venezuela, agravada por la pandemia de la COVID-19, demanda de toda la solidaridad de la comunidad internacional. Mi país continuará apoyando los esfuerzos que sean necesarios para lograr el restablecimiento de la democracia y la recuperación económica de esa nación hermana.

En ese sentido, permítame expresar con toda claridad el rechazo contundente a cualquier supuesto vínculo de mi Gobierno con acciones por fuera del derecho internacional. Deseo reiterar que el único propósito de Colombia es lograr el restablecimiento de los derechos de los ciudadanos venezolanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede tener la certeza de que no es mi país el que representa una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. El Gobierno del Presidente Iván Duque continuará dedicando sus esfuerzos a la construcción de la paz en Colombia, la consolidación y estabilización de sus territorios y la recuperación de la democracia en Venezuela.

Por último, solicito muy respetuosamente sus buenos oficios para circular esta carta entre los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para su debida información y fines consiguientes, y que la misma sea emitida como un documento de dicho órgano.