Observamos con profunda preocupación como la ausencia de una política exterior democrática fundada en el consenso nacional, expresión de un real Estado de Derecho, destinada a la defensa de los intereses vitales del país, nos ha llevado a perder la significativa posición que Venezuela venía ocupando en la comunidad internacional.

La reiterada violación de los derechos humanos en nuestra Patria y el incumplimiento de los compromisos asumidos en cuanto al desempeño democrático del gobierno, nos está conduciendo, inexorablemente, a un aislamiento internacional, sobre todo cuando a ello se agregan los ataques a los organismos internacionales, gubernamentales o no, que se ocupan de estos asuntos así como el desconocimiento sistemático de las decisiones de los órganos intergubernamentales encargados de velar por la protección y promoción de los derechos humanos, contraviniendo de esta manera acuerdos internacionales suscritos por la República.

Comprobamos que la mayoría de los países, han desestimado o rechazado propuestas tales como, la Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA), o la posición aislacionista asumida frente al proceso negociador del ALCA.

La particular politización de la posición del país frente a la integración regional ha llevado a que se considere a Venezuela como un factor perturbador para la buena marcha del esquema que se adelanta en la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Esta posición es inexplicable puesto que se trata del mercado natural más importante para nuestras exportaciones no tradicionales. Igualmente, esta actitud política del actual gobierno ha contribuido a debilitar la CAN.

Consecuentemente, se han deteriorado las tradicionales relaciones de amistad y cooperación que veníamos desplegando con países esenciales para el desarrollo de nuestra industria, agricultura y servicios, como consecuencia de la utilización de una dialéctica de la confrontación en nuestras relaciones externas. Por el contrario, se constata un inconveniente alineamiento con países y regiones de escasa significación para las necesidades de nuestro desarrollo.

A lo largo de los años, todos los gobiernos democráticos de Venezuela han aplicado una política de cooperación y amistad frente a los países del área del Caribe y Centroamérica, fundada en la justicia internacional, equidad y solidaridad. El actual régimen ha desvirtuado tal política al utilizar el petróleo como medio de presión o para dar trato privilegiado, en detrimento de los intereses de la República.

Advertimos que de seguirse la política de confrontación del actual gobierno, apoyo a movimientos subversivos que actúan en otros países de nuestro continente, se pondrá en peligro la democracia y estabilidad de Latinoamérica y el Caribe y, consecuentemente, la seguridad mundial.

Rechazamos la destrucción progresiva de la carrera diplomática. La profesionalización del Servicio Exterior, logro alcanzado a lo largo de muchísimos años, desaparece frente a las propuestas incoherentes de este régimen, particularmente cuando pretende reformar parcialmente por inconstitucional la Ley del Servicio Exterior, propuesta y aprobada por ellos, para dejar en manos y bajo el control del Presidente de la República, la designación de todos nuestros Embajadores. Igualmente, denunciamos los atropellos de que son objeto los funcionarios de carrera al perseguirlos, destituirlos o jubilarlos por haber ejercido un derecho ciudadano consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, al firmar para solicitar la convocatoria del Referendo Revocatorio Presidencial.

Denunciamos la utilización de nuestras Embajadas y Consulados Generales, como centros de propaganda del régimen, contraviniendo así los acuerdos y prácticas internacionales. Por ello, en vez de defender los intereses de nuestros conciudadanos en el exterior les cercenan sus derechos constitucionales como es el caso de su participación, de conformidad con la Constitución, en el Referendo Revocatorio Presidencial del próximo 15 de agosto.

Observamos, con especial inquietud, como la militarización del Ministerio de Relaciones Exteriores durante los últimos años, en particular al ocupar cargos claves en la definición y adopción de políticas, manejo de personal y administración de los recursos financieros, así como al frente de Embajadas de particular relevancia para Venezuela, ha permitido un franco y rápido deterioro de nuestra política exterior, de nuestra posición en el concierto de las naciones y muy especialmente de la profesionalización del Servicio Exterior.

Por todo lo anterior, estamos convencidos de que la única forma de alcanzar una solución pacífica, electoral, democrática y constitucional a la grave crisis por la cual atravesamos, es apoyando activamente el SI en el Referendo Revocatorio Presidencial. Invitamos a todos nuestros colegas, al igual que a todos los venezolanos, a votar SI el próximo 15 de agosto.

Suscrita en Caracas, a los 11 días del mes de agosto de 2004-08-10

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