Esta breve reseña tiene como propósito en primer lugar exponer las tesis y aportes centrales de los artículos sobre política comprendidos en el libro «Reelección: el embrujo continúa». Luego de esa breve síntesis, los comentarios buscan hacer algunas sugerencias sobre cómo captar con mayor precisión la complejidad de la situación colombiana -una situación de guerra que implica a varios actores armados-. Por último, estas reflexiones terminan señalando algunos puntos que pocas veces se precisan en las posiciones de quienes defienden una solución negociada al conflicto armado colombiano.

1. La tesis central: una guerra que se disputa de manera distinta

A pesar de los matices que existen entre los diversos artículos, todos comparten una misma lectura central de la realidad colombiana: en Colombia, a dos años del gobierno Uribe, no hay menos guerra o un parte de victoria del Estado sobre los actores que le disputan la soberanía en el país. Hay una guerra cuyos términos se "reestructuran" a partir de una serie de iniciativas emprendidas por un Ejecutivo decidido a no pasar en vano por la historia.

Así como el Ejecutivo emprende acciones, los otros actores responden a ellas modificando los términos en que se da la confrontación. ¿En qué se distinguen las iniciativas uribistas de aquellas emprendidas anteriormente? ¿Cómo, a partir de una visión de conjunto de esas iniciativas, es posible caracterizar al gobierno? ¿Cómo han respondido las FARC, el ELN y las AUC a estos cambios de estrategia?

a) Desde el Ejecutivo: la estrategia le apuesta a arrinconar a las guerrillas para negociar una desmovilización desde una posición de ventaja militar; y con los paramilitares, la apuesta es también por la desmovilización con el fin de lograr el monopolio estatal de la fuerza. ¿Cómo?

 Fortaleciendo el aparato militar, implicando a civiles por la vía de redes de informantes, desarticulando los apoyos de las guerrillas a través de detenciones masivas, creando cuerpos de montaña y de selva que ayuden a patrullar zonas antes «vacías».

 Dándole una coherencia estratégica al conjunto institucional, a través de la imposición de una unidad de mando por la vía de un fortalecimiento del Ejecutivo. El Ejecutivo asume sobre sus hombros la responsabilidad de la conducción completa del Estado y busca, sin intermediaciones partidistas, los apoyos de la ciudadanía por la vía de la rendición de cuentas en consejos comunitarios y presencia en todas las regiones del país. El presidente Uribe es el centro de las decisiones y del debate público. Más que gabinete, estamos en presencia de un gobierno encarnado en un hombre carismático, mesiánico, imbuido en su propia causa: pacificar al país.

 Con el fin de lograr la unidad de mando necesaria para ganar la guerra, las iniciativas de Uribe, vistas en conjunto son un intento de desmantelar la constitución de 1991 y debilitar la división de poderes tan cara a la tradición liberal. La Corte Constitucional, el Congreso, la tutela, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, la Rama Judicial en su conjunto, han sido blanco de ataques desde el Ejecutivo.

 Todas estas iniciativas buscan su legitimación en el discurso presidencial de estirpe republicana patriótica. Por un lado el republicanismo apela a las virtudes ciudadanas y a las lealtades incondicionales hacia las instituciones. El Republicanismo se distingue de otras corrientes de pensamiento porque parte del supuesto de que la comunidad política unánimemente comparte una noción de bien común y el individuo se transforma en ciudadano a través de una participación ferviente y ordenada en lo público. A esta participación se le exige además ser patriótica, es decir dar fe del amor a la patria a través de su entrega y su lealtad hacia el Estado. De allí, los llamados a hacer parte de las redes de informantes y de soldados campesinos. Por esto, todos los artículos caracterizan a las iniciativas del Ejecutivo de autoritarias.

b) Desde las FARC, se opera un repliegue estratégico que le apuesta a las ventajas que le otorgan los tiempos largos en los que se mueve este actor. Esta guerrilla, en medio de su repliegue, decide emprender ataques selectivos a unidades militares o a símbolos oficiales, y a pesar de las críticas a los secuestros, sigue utilizando estas prácticas como armas de guerra para presionar un intercambio.

c) Desde las AUC, esta fuerza quiere una negociación política con beneficios jurídicos. A la vez que las AUC se sientan a negociar, ellas no dan muestras de asumir un cese de hostilidades. En sus planteamientos públicos, sus líderes manifiestan que ellos se autoperciben como héroes que salvaron ciertas regiones del país de las arbitrariedades de las guerrillas por las debilidades inocultables del Estado. Por su parte, el Estado, encarnado en el Alto Comisionado para la Paz, parece tener en mente una agenda que dista mucho de la voluntad manifiesta de las AUC. Mientras los primeros piensan en su legalización como fuerza política, el Estado le apuesta a una desmovilización sin beneficios. Más que un piso común de supuestos, lo que emerge de estos primeros contactos es unas expectativas encontradas que pueden conducir a un gran fiasco político. De allí las comparaciones entre la zona de distensión de Pastrana y los diálogos en Santa Fe de Ralito.

Ahora bien, si estos son los nuevos rasgos de la confrontación ¿Cómo y por qué se produjo esta reestructuración de la guerra en Colombia? ¿Cómo Uribe logró llevar a la práctica muchas de sus iniciativas? La respuesta se esboza en algunos de los artículos: además de contar con el respaldo de los militares y de sectores empresariales, el Presidente ha logrado una aprobación masiva en las encuestas de opinión. Reconociendo las limitaciones de estas encuestas, investigaciones sobre recepción basadas en etnografías desarrolladas por CINEP señalan que los altos grados de popularidad del Presidente responden además a:

1. Altos grados de frustración provocados por el desbordado optimismo que acompañó la negociación durante el Gobierno del presidente Pastrana;

2. Un enorme cansancio frente a una violencia larga, tortuosa y profundamente dolorosa;

3. El deseo generalizado de un cambio «dramático»;

4. El rechazo a los discursos y acciones políticas y militares tanto del Gobierno como de las FARC y el respaldo a otras fórmulas que suscitaran los cambios deseados (resolución rápida de la guerra y de demandas estructurales) aunque ellos implicaran «sacrificar y auto-restringir derechos, deseos, y sueños propios y ajenos.»

En otras palabras, Álvaro Uribe logra implementar algunas de sus tesis porque se encuentra con un clima de opinión que respalda esas mismas iniciativas. Como bien lo señalara en sus textos Max Weber, un jefe carismático, como lo es Uribe, más que una persona, es una relación entre masas y líder, una simbiosis donde las propuestas de un hombre encuentran eco en los sentimientos y pasiones de muchos.

Por lo general, los artículos, en conjunto, describen una serie de iniciativas que dan lugar a una sociedad vigilada, donde la prensa y los medios se autocensuran o se ven sutilmente presionados a censurarse; los vecinos se ven arrastrados en redes de informantes; las detenciones masivas amedrentan; los homicidios disminuyen pero las desapariciones y las amenazas van en aumento. Además de sociedad vigilada, yo añadiría que en conjunto las iniciativas del Ejecutivo son un intento de reformular el régimen político colombiano. A la democratización implícita en la carta de 1991, le sigue en un movimiento pendular, una respuesta autoritaria que busca ante todo imponer el orden desde un Estado central fortalecido.

2. Rutas para hacer más complejo el análisis

Aun cuando varios de los artículos hacen un análisis de las estrategias tanto del Ejecutivo como de las guerrillas y de las AUCs, algunos se centran en desmenuzar y traer a la luz el proyecto autoritario que subyace a las iniciativas uribistas dejando de lado las acciones que los demás actores armados emprenden para sostener la guerra. Sin desconocer la necesidad de caracterizar el tipo de régimen político que trata de poner en pie el Ejecutivo, también es necesario hacer hincapié en que, para que se sostenga la guerra, se necesita más de uno. Las siguientes son algunas ideas para relevar las dinámicas entre actores que nutren la guerra:

1. Cualquier actor político va perfilando sus estrategias, iniciativas, identidad, en una relación dialéctica con otros actores. Como lo reflejan las encuestas y los estudios de recepción, la propuesta de Uribe crece y se consolida en un contexto político de desgaste del proceso de negociación anterior, donde tanto gobierno como guerrillas han perdido legitimidad política.

2. Así como es necesario caracterizar el proyecto de Uribe, es también indispensable hacer el mismo análisis con los demás actores del conflicto. ¿Cuál es el régimen político que encarnan las FARC, el ELN y las AUC en sus áreas de dominio? ¿Cuáles son sus sentidos de derecho, buen gobierno, buena sociedad?

3. A manera de hipótesis, me atrevería a decir que al republicanismo patriótico del Presidente Uribe, las FARC responden con una concepción de heroísmo revolucionario. Así como en el proyecto de Uribe desde el centro del Estado se decide cuál es la moral virtuosa que debe seguir toda la comunidad bajo su dominio, desde las FARC se agencia un discurso sobre cómo ser buen revolucionario y dar ejemplo en sus filas. La virtud para unos y otros es un imperativo moral que se impone al conjunto.

4. A manera de hipótesis también diría que tanto FARC como Uribe se apoyan en fuertes tradiciones comunitaristas donde el Bien de la Comunidad, definida desde las instancias políticas centrales, prima por sobre las distintas definiciones de bien que puedan tener los asociados. Para ahondar en la comparación, diría que en ambos proyectos se esboza un perfil de ciudadano virtuoso o revolucionario heroico donde las exigencias políticas disuelven las fronteras entre vida privada y mundo público, morales diversas y ética universal. En ambos, un individuo existe como ciudadano o revolucionario en la medida en que entrega su vida, su tiempo y su energía al proyecto colectivo. Ni en uno ni en otro, el proyecto individual cuenta políticamente.

5. Para las AUC parecería que el régimen que se impone, por sobre todo en Córdoba, da más margen a un individualismo acendrado que disculpa cualquier desmán cometido en defensa del interés particular. Puede que se acepten ciertas nociones de privacidad en la medida en que los intereses particulares se convierten en el motor del orden, pero a la vez el control ejercido sobre la sociedad es de tipo totalitario: las dirigencias paramilitares no sólo quieren controlar la política local, legalizar una nueva economía regional, sino que además designan en cargos de dirección académica y en medios de comunicación a personas de su confianza.

Con esto quiero señalar que el panorama que nos circunda a los colombianos puede ser aún más sombrío que aquel que surge de una caracterización que se centra en describir los rasgos autoritarios que va adquiriendo el régimen político colombiano. En Colombia, en distintas regiones, parecen emerger nuevos órdenes, no siempre bajo la tutela del Estado. Aun aquellos que se perfilan bajo otras soberanías comparten rasgos autoritarios difíciles de desconocer.

3. Solución negociada: preguntas insoslayables

Algunos de los artículos sugieren un retorno a la solución negociada al conflicto armado. Además de señalar los otros autoritarismos y aún totalitarismos que se disputan el poder en Colombia, es necesario que quienes abogan por una solución política negociada al conflicto se hagan las siguientes preguntas:

Teniendo en cuenta la proclividad autoritaria de los actores de la guerra ¿qué iniciativas emprender para que la salida al conflicto sea de estirpe democrática? Si, como lo mencionan varios artículos, es necesario defender y preservar la Constitución de 1991 como piso fundamental no negociable ¿cómo lograr que actores armados reconozcan los avances que representa?

En cuanto al andamiaje institucional de una posible negociación ¿se trata de que guerrillas y Estado negocien en la misma mesa reformas estructurales que toquen la propiedad? Y si es así, luego de un proceso de negociación «estructural», ¿estarían las FARC dispuestas a convertirse en partido y disputar en las urnas los cargos de autoridad? ¿o más bien exigirían circunscripciones especiales transitorias de un 20, 30, 40, 50 % de los cargos de elección? ¿Este tipo de ingenierías nos llevaría realmente a un desenlace democrático?

Por otra parte, para reforzar una salida democrática, creo que es imprescindible relevar varios aprendizajes que nos deja este intento de reestructuración del régimen político:

No todas las iniciativas y proyectos uribistas han sido exitosos. Muchos de ellos han encontrado resistencias, en las propias instituciones estatales. Uribe en algún momento propuso una reforma al Congreso que implicaba su cierre y un proyecto de unicameralismo. No logro poner en práctica esta iniciativa. Intentó debilitar la Defensoría y no pudo. En diversas ocasiones, ha atacado la Corte Constitucional porque según él, se extralimita en sus funciones. Por el momento, no ha logrado debilitar su poder y modificar las tareas que le compete desarrollar. El Ejecutivo ha intentado reformar la Justicia y tampoco ha salido avanti con el proyecto. Su primera iniciativa de perdón y olvido para los paramilitares tuvo que ser retirado de la discusión. Sin mencionar el fiasco que representó el referendo.

Quisiera recalcar a partir de este recuento sucinto lo siguiente: nuestras instituciones, esas vilipendiadas muchas veces por pertenecer a la democracia representativa burguesa, han demostrado una fortaleza que en países vecinos, como el Perú de Fujimori, no tuvieron. Por eso, a pesar de los intentos de forjar un régimen autoritario fuerte, Uribe ha semi-fracasado. Nuestro capital democrático también reside en estas instituciones y por ello una solución democrática al conflicto pasa por rodearlas, preservarlas y valorarlas a futuro.

Por último, creo que lo que está en juego en este momento es aquello que otorga mayores ventajas y poder en esta guerra: mientras para unos, el poder es sinónimo de dominio y control a partir de la generación de miedo y de unas instituciones voraces, para otros el poder a largo plazo, el poder proyecto surge de la confianza que los ciudadanos tengan frente a las instituciones, unas instituciones más interesadas en proteger que amedrentar. Esto es lo que creo que la Constitución de 1991 estaba logrando hacer en Colombia: acercar al ciudadano común al Estado. Por eso, frente a quienes predican que la constitución de 1991 debilitó al Estado, yo les respondería, siguiendo a varios de los articulistas de este libro, que por el contrario, en ella reside realmente la posibilidad de que el Estado se fortalezca, perdure a largo plazo y lleve a la superación del conflicto armado por la vía del fortalecimiento democrático.