JPEG - 3 KB
Gral.Powell y Crnel. Gutiérrez

Tres hechos públicos se entrelazan estos días: El propuesto enjuiciamiento político al Presidente de la República, la propuesta de Chile al Grupo de Río para que éste designe una Comisión Mediadora que interfiera en tal juicio político y la suscripción, hace pocos días, entre los Gobiernos de Chile y Ecuador de una Declaración para oponerse en conjunto al reclamo de Perú a Chile sobre la delimitación del mar territorial.

En este último documento se habla de apoyar la estabilidad democrática. Resulta a todas luces evidente que nos hemos sumado a las aspiraciones de Chile a cambio del apoyo de este País al sostenimiento del Régimen del Coronel Gutiérrez.

Los objetivos de la política internacional tienen que ser de mirada amplia y lejana, no pueden confundirse con los intereses de la política interna, que son en este caso, además, de cortas miras y plazos.

El Grupo de Río, la misma OEA, se han comprometido a respetar y hacer respetar la Carta Democrática. Así, estuvo muy bien que los países latinoamericanos rechazaran el golpe de estado que en Venezuela depuso por breves momentos al coronel Chávez y lo sustituyera por el señor Carmona, representante de los empresarios, quien fuera reconocido por los Estados Unidos, en acto precipitado que no ocultaba su antipatía por Chávez.

En el Ecuador lo que está planteado es un juicio político al Presidente de la República de acuerdo a las normas constitucionales. Nada tienen que hacer en esto otros países y organizaciones internacionales. Nada podían hacer en un juicio penal ante la Corte Suprema.

Cuando en los Estados Unidos se planteó el enjuiciamiento al señor Nixon por el escándalo de Watergate, a ningún país del mundo, ni a las Naciones Unidas ni a la OEA se les ocurrió intervenir. Con seguridad, el Congreso norteamericano les habría dado con la puerta en las narices.

El enjuiciamiento político a los jefes de Estado en ejercicio y a los que lo han sido consta en el ordenamiento jurídico de todos los países civilizados y se ha practicado y se practica con relativa frecuencia. En América, entre otros, han sido enjuiciados, con distinta suerte, los señores Pérez en Venezuela, Menem en Argentina, Pinochet en Chile, Rodríguez en Costa Rica (ex Presidente y ex Secretario de la OEA), Alemán en Nicaragua.

En su desesperación, el Gobierno, por intermedio de su Canciller, ha invitado a la intervención externa en los asuntos internos del Ecuador, ha faltado a la Constitución que señala el procedimiento para establecer la responsabilidad de los funcionarios públicos y proclama los principios de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos.

El Congreso debe rechazar, cortés, pero firmemente, la intervención de esta Comisión del Grupo de Río, y el Presidente debe enfrentar el enjuiciamiento político y allí defenderse con los argumentos que considere le asisten.

Defiéndase sin implorar intervención externa. Una persona, aun si es condenada, puede salir engrandecida si se ha defendido con inteligencia y valentía. Son los del enjuiciamiento procedimientos propios de la democracia. Al responder al Congreso, responde al pueblo del Ecuador.