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Al inicio de 1996 centenares de familias se amontonaban en barracas a lo largo de la carretera próxima a las ciudades de Curionópolis y Paraupebas, al oeste de Pará. Al fin del camino del Valle del Río Doce, millares de campesinos pobres venidos de todo el nordeste soñando con la tierra prometida. Una tierra fértil y abundante, allí delante de sus ojos. Pero cercada por el latifundio. Del otro lado de la cerca, un latifundio de 50 mil hectáreas.

Cansados de esperar, resolvieron que una parte de ellos, aproximadamente mil personas, saldrían caminando en dirección a Marabá. Serían más de 300 kilómetros de caminata. Y allá fueron ellos. Asustado por la cantidad de gente, de pobres, el gobernador Almir Gabriel prometió que resolvería, que enviaría canasta básicas y algunos buses para transportarlos hasta Belém, distante a más de mil kilómetros de allí, en donde negociarían una solución.

Los caminantes estaban estacionados en la llamada "curva de la S", próxima a la ciudad de Eldorado Dos Carajás, cuando, el día 17 de abril de 1996, vino la "solución" del gobierno. Después a medio día llegaron algunos buses. Los caminantes pensaron que irían a transportarlos hasta Belém. Los buses, sin embargo, estaban llenos de soldados de la Policía Militar.

Un batallón vino de Paraupebas y no dejó que ellos regresaran. Otro batallón vino de Marabá, y los mil caminantes quedaron cercados. De uno de los lados, los policías también ocuparon un camino de bueyes de los latifundistas locales para impedir que el pueblo "escapase".

Antes de salir de sus cuarteles, los soldados tuvieron el cuidado de retirar las placas del uniforme que identifican sus nombres. Los fusiles y ametralladoras retiradas del depósito, tampoco tuvieron registro. Tampoco la munición. Pasaron por el hospital de Marabá y pidieron a los médicos que se quedaran de guardia.

Ustedes ya conocen el resultado de todo eso por la televisión: Una masacre. Los soldados disparaban como fieras bestias incontrolables sobre la multitud de hombres, mujeres, niños. Pobres. Todos en el fin de la línea de la esperanza y de la migración. Era "para dar una lección a esos sin-tierra vagabundos", gritaban los comandantes alucinados.

El resultado al caer la tarde: 19 muertos, centenares de heridos. Una desesperación completa. Se hablaba de más muertes, porque las camionetas de la policía salían disparadas con los baldes cargadas de cuerpos. Como la región es de frontera agrícola y de migrantes -sin familia, sin documentos, muchos lejos de sus orígenes-, nadie sabrá jamás el número total de muertos.

La sociedad lloró. El gobierno se avergonzó. Creó entonces el Ministerio de Desarrollo Agrario y expropió las tres haciendas reivindicadas, hoy transformadas en asentamientos. Pero costaron muchas vidas.

¿Y los responsables de la matanza? Bien, esa es otra historia... El proceso judicial fue montado de tal manera de no identificar a quienes dispararon. Los que ordenaron sí, se supo todo el tiempo. Los responsables también, pero ninguno de ellos fue incluido en el proceso. Solamente dos oficiales y 158 soldados fueron acusados.

Después de seis años, en mayo de 2002, vino el jurado popular para enjuiciar a los soldados y oficiales. Todos los soldados fueron exculpados (ninguno había disparado, no había pruebas materiales!). Y durante el juicio a los oficiales que comandaron la tropa en la acción, se los condenó a más de 200 años de prisión. Frente a eso, hubo dos recursos: El Ministerio público y los abogados de los sin-tierra apelaron la condena tanto de los comandantes cuanto de los soldados. Y los abogados de los oficiales apelaron, para exculparlos, alegando que no habían dado ordenes de matar.

Hasta hoy ningún responsable, nadie que participó en la masacre de Carajás pagó una hora siquiera de la condena. Empero, entre los sobrevivientes sin-tierra, murieron dos más, por las secuelas de las balas, y otros 65 quedaron inválidos para trabajar en la agricultura, lisiados.

Tras las apelaciones finalmente se desarrollará un juicio ahora, en el Tribunal de Justicia de Pará, esta vez ya no integrado por un jurado popular, sino por algunos jueces magistrados. La fecha es el viernes 19 de noviembre.

Si usted cree que Brasil está harto de impunidad, si usted cree que la sociedad brasileña exige castigo a los responsables por tan horrible crimen, escriba al Presidente del Tribunal de Justicia, a la Magistrada Maroa Brabo de Souza: calle Tomazia Perdigão, 310 cep 66015-260 Belem - Pará, correo electrónico [email protected]

Y dígale a ella sus sentimientos.

¡El pueblo y los sin-tierra solo queremos justicia!