Se ha instalado en Bolivia un debate. Un falso debate, como muchos a los que nos tienen acostumbrados quienes controlan el poder. La disyuntiva es: ¿Las empresas petroleras que operan en el país, deben pagar más impuestos o no? Pensamos que el tema de fondo es otro.

El gabinete económico del gobierno de Carlos Mesa esta preparando un proyecto de cambios a la ley de hidrocarburos, cuyas propuestas centrales, anunciadas por el actual ministro de hidrocarburos serían: Un impuesto complementario, o, subir el porcentaje de regalías que sustituya el surtax -impuesto a las ganancias-, que nunca se hizo efectivo, es decir, el Estado nunca recibió un centavo por ese concepto. La segunda novedad sería que YPFB en el futuro sería socia en el futuro negocio y fiscalizadora de los actuales. Así, de golpe y porrazo, los bolivianos se terminan de enterar, lo que antes eran solo meras especulaciones de opositores recalcitrantes -que los gobernantes de turno se empeñaron en negar- y es que efectivamente las transnacionales del petróleo pagaban menos impuestos al Estado que los que percibían antes de la capitalización y, lo más grave, que había dejado de ser dueña de sus recursos hidrocarburíferos, que ni siquiera se es socio en los negocios del petróleo, del gas y ninguna capacidad fiscalizadora.

Decimos que se plantea una falsa disyuntiva, porque la solución a este estado de cosas tiene que ver, fundamentalmente, con la ley de capitalización -nefasto negociado- impulsado y ejecutado por Sánchez de Lozada, sus ministros y socios permanentes de gobierno.

Un exsuperintendente del sector, que se supone era encargado de fiscalizar los negocios petroleros y velar porque las empresas cumplan con sus obligaciones para con el Estado, el Ing. Carlos Miranda, en una columna de opinión [1], explica que el problema consistiría es una especie de fatídico triángulo de las Bermudas. En uno de los vértices, el extremismo de izquierda; en el otro, las petroleras empeñadas en preservar sus enormes márgenes de ganancia y en un tercer vértice, el pueblo, aprisionado en medio de estas posiciones extremas. Sugiere que la solución a este problemático triángulo será que las petroleras paguen más impuestos ¡Salomónica solución! Pero, por qué no explica la razón por la que en el ejercicio de su cargo de superintendente no ejercitó sus labores fiscalizadoras y el surtax sólo fue letra muerta, y, si su labor hubiese sido eficiente, seguramente ahora, los ministros actuales no estarían hablando de dotar de capacidad fiscalizadora a YPFB en el proyecto en cuestión. Pero claro, no les interesa un debate a fondo del asunto, porque el tema esta planteado en otro nivel, en el de la lucha política y es en este terreno donde la complicidad de los medios de comunicación juegan un rol fundamental para “embarrar la cancha”, como se suele decir en jerga futbolera.

En efecto, una editorial del periódico los Tiempos, luego del show montado con la detención de ocho dirigentes cocaleros del Chapare, acusados de terrorismo, conmina al MAS -hoy por hoy, la principal fuerza de izquierda en Bolivia- a decidirse por “la democracia o el terrorismo”, como si la defensa de los dirigentes sindicales frente a la arbitrariedades de autoridades del gobierno no fuera propio de un Estado de derecho.

El propósito salta a la vista: es chantajear al movimiento popular para frenar sus demandas y la exigencia del cumplimiento de los compromisos surgidos en octubre.

A estos compromisos alude el director de ANF, en el artículo “Carlos Mesa prisionero del palacio” [2], según el cual, el presidente estaría aprisionado por el MAS y los movimientos sociales. Más adelante, se sincera y dice “no creo en el referéndum vinculante, por que eso sería ni más ni menos, democracia directa , que es ir contra la democracia representativa. Ese camino solo funciona en Suiza por su educación política”. Ergo, las masas bolivianas ignorantes e incultas son incapaces de opinar sobre su destino, exactamente como antes de la revolución del 52, los indios no pueden votar porque no saben leer ni escribir. Esa tarea esta reservada para las élites bienpensantes. Lo cierto es que se teme al veredicto popular, no es cuestión de “hacerse a los suecos” o, a los suizos para el caso. El pueblo ya se pronunció en octubre. El referéndum vinculante que propuso Carlos Mesa servirá para ratificar esta voluntad expresada en las calles. Además, como acaba de pasar en el Uruguay, para decirle al FMI, el BM y las transnacionales, que nuestros pueblos no necesitan tutelaje, guste o no guste a los “educados” bienpensantes. ¿De quién es prisionero Carlos Mesa? Del MAS y los movimientos sociales, ¡no! Quizás la verdadera respuesta se encuentre en las expresiones de su ministro de hidrocarburos, quien en declaraciones a los medios de comunicación dijo: “no queremos tener problemas con las petroleras”, “los cambios serán consultados con ellos”. Solo cabe preguntar si el presidente Carlos Mesa está dispuesto a honrar sus promesas y a ser preso de sus propias palabras. En estos tiempos en que la dignidad es verdaderamente un lujo, ¿podrá permitirse ese lujo?

[1] La Razón, 11-12-2003.

[2] La Razón, 7-12-2003