Red Voltaire
España y Argentina: dos Estados, dos conductas

Repsol y la Acción de Oro de YPF S.A.

El autor considera que en YPF S.A. (en Argentina, filial de Repsol SA, o llamada oficialmente Repsol YPF SA de España) en donde recientemente el Estado Nacional designó al director titular y la SIGEN a los dos síndicos, no se entiende entonces como el Presidente y legisladores justicialistas siguen "quejándose" de la venta de la acción de oro. Estos datos son públicos y pueden ser consultados en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ).

| Buenos Aires (Argentina)
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En una nota publicada en Página 12 el 28 de octubre de 2004 titulada "Cortina se hizo humo: que significa para la Argentina" se señala lo siguiente: "Como se sabe, Repsol es una empresa bajo control estatal..." "Como el estado argentino no sólo privatizó YPF sino, además, vendió su acción de oro, se quedó inerme ante los españoles..." "Esa acción dorada le confería a la Argentina poder de veto o, sin llegar a esos extremos, como mínimo voz en el directorio" "De haber conservado esa arma, el gobierno argentino hubiese podido condicionar, desde su misma gestación, los planteos que la misma petrolera le realizaría a él mismo sobre asuntos como las retenciones. En cambio, al haber renunciado irresponsablemente en tiempos de Roque Fernández a ese recurso legal, al Estado sólo le queda el expediente de la presión política, del apriete sin norma que lo respalde". Caben los siguientes comentarios:

REPSOL

En el Reino de los Borbones, Repsol es una empresa con capitales privados mayoritariamente españoles, predominantemente del sector financiero, con participación de la estatal mexicana PEMEX y sin olvidar a grupos estadounidenses [1] cuyas tenencias suelen ser gerenciadas por el Banco de Nueva York. Consecuentemente, el control estatal del Estado Español no es accionario, es político, con lo cual se demuestra que, en los países más importantes, a pesar de haber privatizado su petrolera pública, ésta sigue siendo una herramienta fundamental puesta al servicio de los más importantes intereses estratégicos del Estado. El reemplazo de Alfonso Cortina por Antoni Brufau es un ejemplo indiscutible.

Recordemos que el ingreso de España en la Guerra del Golfo con la declarada finalidad de conseguir jugosos negocios para Repsol, hasta hoy bastante ilusorios y, especialmente, que el copamiento hostil de YPF SA que estaba en manos de inversores norteamericanos, fue una operación iniciada bajo la gestión socialista (?) de Felipe González, continuada por el Partido Popular, pero siempre con la dirección del Jefe del Estado, el Rey Juan Carlos; uno de sus motivos impulsores fue asegurar para el Reino la provisión de petróleo en caso de los previsibles conflictos del Golfo Pérsico y del Asia Central; como vemos y ante nuestra obsecuencia permanente y continuada, un gran acierto.

Similar situación nos muestra Francia, con la defensa de los intereses de la privatizada Total realizada por el Presidente Chirac, tanto en Irak como en los negocios obtenidos para la misma en su reciente visita a China. En ambos casos, los grupos económicos que se quedaron con estas empresas son los mismos que ejercen el poder real en esos países. Además, tanto Francia como España, en el campo internacional no tienen amigos, sino intereses. Por lo tanto, el optimismo vigente en algunas esferas oficialistas es, cuanto menos, ilusorio.

Que el Presidente argentino tenga que discutir cuestiones referidas a los interese vitales de la República con representantes de empresas que son herramientas estratégicas de estados extranjeros, cuyos intereses no coinciden con los nuestros, es una clara muestra de dependencia que nos debe avergonzar, pues nos están sobrando el 25 de mayo de 1810, el 9 de julio de 1816 y el 1 de agosto de 1929, cuando Hipólito Yrigoyen y Enrique Mosconi toman el mercado petrolero interno, desplazando a los trusts internacionales que lo dominaban.

La insistencia manifiesta de instituciones como el Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), la Fundación Illia (FAI) y el Instituto Argentino de Desarrollo Económico (lADE), entre otras, tiene el objetivo mayor de recuperar una parte significativa de la soberanía perdida, tanto sea investigando las transgresiones incurridas en la primera (José Estenssoro) y segunda (Roque Fernández) venta de las acciones de YPF SA o dotando a ENARSA de las áreas en explotación obtenidas y mantenidas en poder de las petroleras privadas, mediante incumplimientos de todo tipo de las normas legales oportunamente aplicables.

En Argentina, Repsol es poseedora del 99 % del capital de YPF SA. El 1 % restante pertenece a diversos pequeños accionistas, dentro de los que se cuenta el Estado Nacional con 1.000 acciones, equivalentes al 0,02 % del mismo. La empresa es una Sociedad Anónima especial, creada por la Ley de Privatización de YPF N° 24.145, con una participación minoritaria del Estado.

La acción de oro

Se conoce como Acción de Oro a la potestad que han conservado algunos Estados en ciertas sociedades privatizadas, -especialmente las petroleras y prestadoras de servicios públicos esenciales- consistente en la participación obligatoria y aceptativa en determinadas e importantes decisiones empresarias.

La Ley N° 24.145 y su modificatoria N° 24.474 establecen que "Mientras el Estado Nacional conserve al menos una (1) acción de la Clase A, se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para: 1. Decidir su fusión con otra u otras sociedades. 2. Aceptar que YPF SA...sufriera una situación de copamiento accionario consentido u hostil que represente la posesión del 51 % del capital social ...3. Transferir a terceros, la totalidad de los derechos de explotación concedidos en el marco de la Ley N° 17.319....de modo que ello determine el cese total de la actividad exploratoria y de explotación de YPF SA. 4.

La disolución voluntaria de YPF SA"."Para tomar las decisiones referidas en los incisos 3 y 4 ...se requerirá además del voto afirmativo de las acciones Clase A,....la previa aprobación por ley". Desde el inicio de la privatización el Estado designó un Director y Síndico con sus respectivos suplentes, siendo los síndicos propuestos por la SIGEN.

En la gestión de copamiento hostil realizada por Repsol, gracias a la Ley N° 24.474, el ministro peronista Roque Fernández le vendió el 20 % del capital accionario que poseía el Estado, conservando sólo 1.000 acciones, con lo cual el Estado perdió la potestad de designar a sus directores y síndicos. Pero tal situación fue subsanada de inmediato mediante la modificación del Estatuto Social que, no solamente le permite mantener los cargos directivos y de control, sino que agregó una potestad limitativa más a las cuatro ya mencionadas, referida al acuerdo de las acciones Clase A para mudar el domicilio fiscal o legal de la Sociedad.

Recientemente el Estado Nacional designó al director titular y la SIGEN a los dos síndicos; no se entiende entonces como el Presidente y legisladores peronistas siguen "quejándose" de la venta de la acción de oro. Estos datos son públicos, pueden ser consultados en la Comisión Nacional de Valores (CNV), cuyo presidente es ahora director de la empresa mixta Enarsa SA, y la Inspección General de Justicia (IGJ).

No se conocen casos donde los representantes del Estado hayan planteado en las reuniones del Directorio de YPF SA y en las Asambleas sus discrepancia con medidas violatorias de las leyes de la Nación, como la indexación del precio de los combustibles según las variaciones del precio internacional, expresamente prohibida por las Leyes de Convertibilidad y la Emergencia Pública vigentes; ni tampoco se conoce impugnación alguna sobre la prórroga de la concesión de Loma de La Lata con 17 años de anticipación, cuando el actual canciller era el Presidente de la SIGEN; ni de la vigencia de decretos menemistas que permiten la acumulación de más de 5 áreas por persona jurídica, transgrediendo explícitas limitaciones de la Ley de Hidrocarburos.

Esta es la inocua forma de control originalmente prevista para Enarsa, finalmente cambiada. No es cierto, en consecuencia, que al Estado le quede solamente la presión política para "apretar" a Repsol y que carezca de otros mecanismos, pues además de sus directores y síndicos, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes de la Nación, que son la fuerza de todos. No es que el gobierno no pueda, la realidad es que no quiere.

[1] Ver trabajo de Fundación Arturo Illia (FAI) e Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador (IDICSO), Los productores de gas natural y sus prácticas oligopólicas en el mercado energético argentino

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