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El gobierno venezolano inició la Operación Rescate de tierras ociosas ilegalmente en manos privadas al aplicar la ley a 110 mil hectáreas en esa situación, situadas en el centro occidente del país.

La operación estará a cargo del Instituto Nacional de Tierras (INTI), dirigido por Eliécer Otaiza, quien informó sobre el resultado de las investigaciones que permitieron determinar el carácter nacional de esos terrenos, ahora en manos de empresas privadas.

Se trata de tierras bajo control de la empresa británica Vestey Group, a la cual se afectará parte de sus casi 13 mil hectáreas y de la también privada Hato Piñeiro, con 80 mil 212 héctáreas, de las cuales casi el 90 por ciento no le pertenecen legalmente.

Los latifundistas no pudieron demostrar, con documentos válidos, ser los propietarios de esas extensiones que, sin embargo, no sólo controlaban, sino que mantenían absolutamente ociosas.

Otaiza explicó que, en estos casos, no se trata de una expropiación pues la medida exime al Estado del pago de compensación, debido, precisamente, al carácter estatal de esas tierras.

La Ley de Tierras, aprobada por el parlamento venezolano y refrendada por el presidente Hugo Chávez, declaró la guerra a muerte al latifundio improductivo, en un esfuerzo por elevar los niveles de producción agrícola y reducir las importaciones.

Igualmente, pretende combatir el desempleo en el campo, impulsar el movimiento cooperativo entregando títulos de propiedad a colectivos de campesinos sin tierra y gravar con fuertes impuestos a los productores que mantengan sin cultivar sus propiedades rurales.

Las empresas privadas que se consideren afectadas por estas medidas pueden establecer sus reclamaciones ante los tribunales de la nación, pero el Estado mantendrá el control de los terrenos mientras no haya una decisión judicial en contrario.