Se trata de un organismo en el que se resuelven las disputas de los grandes grupos económicos y políticos de poder. Ahí están los juicios a los ex presidentes, ex funcionarios del Estado, y a las grandes empresas nacionales y transnacionales. Ahí se da luz verde a multimillonarios negocios ilícitos de las clases dominantes.

Tanto es un organismo muy lejano para los pueblos, que algunos hablan de que no pasaría nada si se cierran sus puertas y se declara una vacancia hasta “encontrarle salidas a esta crisis”.

En los primeros meses del 2005, el ciudadano ha sido convocado a movilizarse para exigir quién sabe qué del sistema de justicia; se lo llama a presionar para la destitución de los actuales magistrados para elegir a una tercera corte, y se le habla de diversos mecanismos “para retornar al estado de derecho”, que por ser “de excepción” (conocido artificio con el que han violado la constitución durante estos 25 años de democracia representativa), deberán “por esta vez”, ignorar algunas disposiciones de la Constitución.

Mientras tanto, en los pasillos de la Corte los rumores cada día son distintos. El último que se escuchaba era que la autodenominada oposición, encabezada por el Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID) buscan acuerdos con Luis Muñoz, dirigente de los trabajadores judiciales, para que obligue a sus cinco magistrados con los que actualmente cuenta, a que renuncien bajo la idea de conformar una “Corte paralela” -similar al “Congreso paralelo(s)” que se intentaba formar hace algunas semanas-, generando así el caos necesario para que las cosas en el Congreso se precipiten y al fin se consigan los votos para la remoción de los actuales magistrados.

Esto demuestra que es en el plano eminentemente político en el que se busca la destitución de los actuales magistrados, porque por el lado legal, las posibilidades son muy escasas. Según se conoció en estos días, la demanda que la oposición y sus grupos de ciudadanos, encabezados por Alberto Wray, presentaron en la Corte Internacional de Justicia, ni siquiera ha sido calificada aún.

Para calificarse, de acuerdo al reglamento interno de la Corte Internacional de justicia de la OEA, se necesitan dos años, y en ese tiempo recién se conoce si la denuncia tiene méritos para ser tramitada, con la circunstancia de que para presentar cualquier acción en esa instancia, es necesario agotar los recursos que la ley interna de los países establece. Entonces, quienes creen que la actual Corte es inconstitucional debían haber demandado eso ante el Tribunal Constitucional del Ecuador, y si ahí se les negaba y querían insistir, presentar recién su demanda ante la Corte Internacional, pero ellos se han saltado instancias y han buscado desesperadamente una intervención abierta y directa de los Estados Unidos en la solución del conflicto.

Además, la Corte Internacional tiene cinco años para pronunciarse, lo que quiere decir que la resolución podría estar saliendo en el año 2 012.

Lo cierto es que se ha puesto de moda hablar sobre posibles mecanismos para la reestructuración de la Corte. Se escuchan todo tipo de alternativas, desde las que hablan de una junta de “notables” o lo que es lo mismo: una “Comisión ética especialísima” para que nomine a los nuevos magistrados, así como que debe ser el mismo Congreso quien vuelva a nombrarlos.

La valoración principal de todos quienes hacen estas propuestas es que la elección debe ser pura de influencias políticas, por lo que hablan de que debe ser “la sociedad civil” la que intervenga. Pero es un planteamiento contradictorio, puesto que esa sociedad civil a la que ellos apelan, tiene en el Ecuador la particularidad de ejercer opinión y acción política constante, por ello se organiza en diversos movimientos y gremios, tanto empresariales como populares.

El problema está en que la visión de las elites que hablan de la sociedad civil es que cuando se trata de gremios empresariales o de intelectuales de las clases dominantes, el ejercicio de la política no solo que es un derecho, sino una obligación moral, pero no sucede lo mismo con los gremios de los sectores populares, a quienes se les niega esa posibilidad, porque se argumenta incapacidad e influencias políticas dañinas.

Por otro lado, estos planteamientos lo que hacen es generar más problemas a la golpeada institucionalidad que, aunque a veces lo olviden, está creada únicamente para servir a sus intereses. Desconocer, por ejemplo, que el Congreso Nacional es la función del Estado generadora de constitucionalidad y por tanto que lo que hizo el 8 de diciembre del año pasado es justo, es demostrar ante el país la inviabilidad que tiene el sistema en los actuales momentos. Según el artículo 1, numeral 4 de la Constitución: “la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que se ejerce a través e los órganos del poder público”. Si trasladamos este imperativo constitucional al artículo 118 del mismo cuerpo legal, vamos a encontrar que cuando la Constitución describe las funciones del Estado, les da un orden de prelación, le ubica en primer lugar a la función legislativa, en segundo lugar a la función ejecutiva y en tercer lugar a la función judicial.

Y ese orden de prelación se demuestra en un hecho claro: es el Congreso quien puede juzgar y destituir al Presidente de la República y a los magistrados de la Corte, no puede el Presidente enjuiciar y destituir a los otros dos.

En todo caso, la esencia de todo este intringulis jurídico tiene que ver con lo que Carlos Marx explicó con claridad hace un siglo atrás: “que el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley”. “En un Estado moderno, el Derecho no solo tiene que corresponder a la situación económica general, ser expresión suya, sino que tiene que ser, además, una expresión coherente en sí misma, que no ande a puñetazos con contradicciones internas. Paras conseguir esto, la fidelidad en el reflejo de las condiciones económicas tiene que sufrir más quebranto”. Es decir que siendo un sistema coherente en sí mismo, el derecho burgués sufrirá siempre fisuras cuando se produzcan disputas entre facciones de la burguesía que se sirven de él, y cuando ese interés se contrapone al interés de los trabajadores y los pueblos, a quienes debe permitir ciertas concesiones, ocultando su real contenido de defensa de intereses económicos.

Está claro que este sistema jurídico no responde a los intereses de los pueblos, aunque puedan servirse de él en determinadas condiciones concretas, porque otros son sus intereses frente al poder, por ello, al pensar en las reales alternativas para el sistema de justicia desde el enfoque popular, debe pensarse en su participación activa en el proceso de elección de los jueces.

Elección universal de los jueces, una alternativa que afecta al poder

Siendo el sistema de justicia parte de la superestructura de la sociedad, que corresponde a unas condiciones materiales concretas, que responde a intereses de clase de quienes se encuentran en el poder, es obvio que desde los pueblos deben plantearse alternativas coyunturales que, sin ser aún lo óptimo de un sistema de justicia, por lo menos se acerque a lo que sería uno nuevo, transparente, eficiente y que represente el interés nacional. Y lo principal es comenzar por democratizar la forma de calificación y elección de los magistrados, alejándose de la práctica excluyente que han tenido las élites en este tema, y que se expresan en propuestas como la formación de juntas de “notables” para la selección de los jueces.

En este contexto, en algunos sectores de profesionales de carrera honestos, así como en sectores sociales organizados, va tomando cuerpo una propuesta planteada ya en el Congreso Nacional, y que se refiere a la elección universal, mediante voto secreto, de los jueces.

Según el magistrado Marcelo Román, es lo mejor que se puede hacer en estos momentos, puesto que la soberanía, la esencia de la democracia radica en la decisión popular. El mecanismo planteado para que esto funcione, según la propuesta que firman los diputados Luis Villacís, Javier Cajilema y Rafael Erazo, consiste en hacer una reforma la Ley Orgánica de la Función Judicial, en el artículo 12, que se refiere a la designación, para que se inserte un texto que diga: “Los magistrados de la Corte Suprema de justicia serán designados mediante voto universal y secreto por los ecuatorianos, según propuesta de los 21 candidatos principales y suplentes de los siguientes colegios electorales:

 Tres principales y tres alternos por las facultades de jurisprudencia del país.  Tres principales y tres alternos por las centrales sindicales legalmente reconocidas.  Tres principales y tres alternos de las organizaciones nacionales de los servidores públicos, debidamente legalizadas.  Tres principales y tres alternos por las organizaciones campesinas, indígenas y afroecuatorianas.  Tres principales y tres alternos por las Cámaras e la Producción del país.  Tres principales y tres alternos por la Unión Nacional de Educadores.  Cuatro principales y cuatro alternos por la Corte Suprema de Justicia, de fuera de su seno. El orden lo determinará el número de votos obtenidos entre listas y en orden descendente, los tres magistrados menos votados serán los respectivos conjueces”.

La selección de los colegios electorales en esta propuesta, difiere a la que se viene planteando por parte de los que hacen llamar movimientos ciudadanos y la oposición burguesa encabezada por el Partido Social Cristiano. Ellos sostienen que quienes deben integrar la comisión de notables que designaría a los jueces esté conformada por:  Un representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana  Un representante de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos  Un representante de la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana  Un representante de los ex presidentes de la Corte suprema de Justicia que hayan ejercido sus funciones en un período completo, a partir del 10 de agosto de 1979  Un representante de la comisión Anticorrupción elegido desde afuera de su seno. Es decir, los mismos sectores reaccionarios, de derecha, vinculados al poder económico, serían los que elijan, según esta propuesta, a los nuevos magistrados. Hay que saber que en el caso por ejemplo, de la Conferencia Episcopal, es una instancia dirigida actualmente por lo más reaccionario de la iglesia católica, que se ha pronunciado políticamente a favor de estos grupos en torno al tema de la Corte. Igual sucede con el resto de instancias, muchas de las cuales son fácilmente manipulables por el poder. No hay aquí ningún sector que represente a los pueblos organizados, no está el pueblo indígena ni los trabajadores, ni los maestros ¿acaso el pueblo es demasiado incapaz como para cumplir con esta tarea?

Las propuestas que hacen estos grupos niegan el desarrollo propio de la sociedad; puesto que incluso en los Estados Unidos se adopta el mecanismo de elección universal de los jueces. En países como Cuba, hay Tribunales integrados por jueces ‘juris’, es decir de carrera profesional, pero también por jueces ‘legos’, es decir que no tienen experiencia de este tipo y que por decisión de la Asamblea Popular se integran a estos tribunales; evidentemente reciben una capacitación.

Si los que hablan de despolitizar la justicia hacen esfuerzos por que la sociedad civil se involucre en estas acciones para el cambio en la Corte, ¿por qué no permitirle a esa sociedad civil que elija, por voto universal y secreto a sus jueces? ¿o de qué tipo de sociedad civil hablan ellos?.

Las Cortes: Un árbol que nació y morirá torcido

Una gran alharaca se desarrolla en el país con el tema de la Corte, por un lado están los damnificados con la destitución de la anterior corte, principalmente el Partido Socialcristiano y la Izquierda Democrática, a los que está sumados Pachakutik, y con ellos se encuentran algunas fundaciones financiadas con los dineros del gobierno norteamericano, la cúpula de la iglesia católica, sectores de las cámaras de la producción y los grandes medios de comunicación, por el otro se encuentra otra fracción de partidos de la derecha, algunos de ellos, al igual que los primeros, dejaron su nefasta huella cuando gobernaron como el PRE, la Democracia Popular, el CFP y el partido de gobierno, Sociedad Patriótica, se suman el PRIAN, el Partido Socialista, los denominados ‘independientes’ que salieron expulsados o por cuenta propia de paridos como Pachakutik, socialcristiano, ID y otros; y el MPD. Unos y otros aluden a la legalidad de la una y de la otra corte, legalidad que a la postre les importa un carajo como no sea para hacer una retórica embustera que a la gran mayoría del pueblo le interesa poco, porque más preocupado está de su difícil situación económica acentuada por este gobierno. En el fondo lo que se mueve son grandes intereses económicos en pugna, de los sectores más poderosos del país y de las transnacionales que requieren el poder en las cortes para tener un soporte legal. Bribones a diestra y siniestra. Quienes cuestionan la actual corte señalan que, además de ser una corte de facto, es decir, ilegal va a favorecer a personajes corruptos como Bucaram que tiene juicios pendientes en el país, que favorecería a poderoso grupo económico de Noboa, que muchos de los ministros jueces nombrados no tiene una hoja de vida idónea, incluso algunos no tendrían títulos profesionales, todo esto es cierto. Que el PRE quiere que regrese Bucaram, es cierto, que favorecerán a Noboa, también, que muchos de los magistrados tienen rabo de paja, igual, y es probable que tengan razón en lo de los títulos. Esta corte no garantiza por tanto que sus fallos no vayan a favorecer a estos grupos, a sus empresas y las transnacionales por la naturaleza de la mayoría de los jueces elegidos. No interesa si son o fueron afiliados a los partidos que los eligieron sino su compromiso con ellos. Por el otro lado, la corte defenestrada, tampoco habría sido legal, pues para su designación violentaron, los resultados de la Consulta Popular , que establecía claramente, entre otras cosas, que el Congreso ya no tenía potestad para designar a los miembros de la Corte. Sin embargo, en los meses de septiembre y octubre del mismo año, el Congreso Nacional dirigido por Heinz Moller en la que funcionaba la famosa “aplanadora” conformada por el PSC y la DP, más el FRA, CFP, PCE, nombraron arbitrariamente una “tremenda” Corte a su gusto y antojo, violentando de manera descarada la decisión popular. Consulta Popular, convocada en febrero por el Presidente “Interino” Fabián Alarcón y realizada el 25 mayo de 1997, en la que se plantearon 13 preguntas. Una de ellas, la número 11, planteaba: “¿ Considera usted necesario modernizarla Función judicial, reformar el sistema de designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que su origen sea la propia función judicial nombramientos sin sujeción a periodos fijos que observen los criterios de profesionalización y de carrera judicial que establezca la ley? Esta pregunta ganó con el 60,73 de los votos validos, proclamados los resultados por el TSE, se publicaron en el Registro Oficial, lo establecía que la decisión popular será obligatoria para gobernantes y gobernados.

Esta facción de la burguesía está recibiendo hoy de su misma medicina. En esa oportunidad no hubo ningún medio de comunicación que sostenga que también era una corte de facto, la ID y Pachakutik callaron porque alguna migaja les dieron. Nadie investigó o cuestionó que le 80% de los miembros de esa Corte tampoco tenían sus título profesionales legalizados, es evidente que para estos grupos la constitución y las leyes que ellos mismos dicen defender les importa un pito a la hora de defender sus intereses económico y políticos y mantener impunes lo delitos, atracos al pueblo y al país. La “aplanadora” de ese entonces cambió la Corte presidida por el Dr. Carlos Solorzano Constatine que había ordenado la prisión de prominentes miembros del Opus Dei, como el ex -vicepresidente Alberto Dahik, por el mal manejo de los gastos reservados, así como de los implicados en la transferencia de 540 000 millones de sucres para el primer “salvataje” del Banco Continental, entre ellos de la ministra de Finanzas Ana lucía Armijos, el Econ. De la Torre (funcionario del FMI), y d los propios accionista, los hermanos Ortega, defendidos por estudios jurídicos relacionados con Moeller.

A esto se suman fallos u omisiones en juicios que afectarían los intereses económicos del país y del pueblo en casos como el salvataje bancario, la pipetas de gas de Nino Salvatore, de las empresas como Odebrech, Andrade Gutiérrez, Tribasa Colisa, la devolución del IVA petrolero, entre otras.

¿Qué ha ganado el Pueblo con todo este barullo? Bastante. Sobre todo en una mejor conciencia de que la institucionalidad burguesa no le beneficia en nada, que todas estas instituciones son corruptas y que sirven a los interese de los de arriba. Varias encuestas han demostrado que el pueblo está hastiado de esta situación como lo demuestra la empresa “Perfiles de Opinión” “El 94,7 por ciento de los entrevistados considera "poco o nada" confiables a los partidos políticos, y un 55,3 por ciento culpa por igual a la oposición y al Gobierno de la actual inestabilidad. El 88,9 por ciento teme a corto plazo un aumento de la violencia política, hasta ahora salpicada por esporádicas manifestaciones callejeras e insultos recíprocos que a diario reproducen los medios de comunicación, dijo el director de la encuestadora, Hugo Barber. El 62,5 por ciento de los encuestados consideran como "mala" o "muy mala" la administración de Gutiérrez, mientras que el 37,5 por ciento aprueba su mandato, que comenzó el 15 de enero de 2003. El Congreso es la institución peor considerada porque, según la encuesta, más del 90 por ciento desaprueba la gestión de los cien diputados que la integran, sobre todo en el caso de su presidente, Omar Quintana, que tiene un nivel de rechazo del 84,8 por ciento. El sondeo fue realizado sobre una muestra de 509 personas en las ciudades de Quito y Guayaquil, las más pobladas de Ecuador, con un millón y medio, y dos millones de personas, respectivamente”. Los sectores populares vuelven a optar por el camino que conocen para hacer respetar sus derechos y reivindicaciones, hoy van a las calles, no para reclamar terceras cortes, sino sueldos justos como el caso de los médicos, pensiones jubilares dignas, miles de estudiantes se movilizaron en todo el país por el carné estudiantil. Frente a estas acciones el gobierno ordena la represión, la otra facción burguesa calla y los medios de comunicación, antes convocantes de marchas y relatores de las mismas hoy las condenan, el pueblo gana porque cada lo pueden manipular menos.

¿Quiénes conformaban la Corte hasta hace poco?

PRESIDENTE: Hugo Quintana Coello ( PSC) I SALA PENAL: Eduardo Brito (FRA - PSC), Gonzalo Zambrano (PSC), Carlos Riofrío (PSC). II SALA PENAL: Miltón Moreno (PSC), Arturo Donoso (DP), Jorge Andrade Lara (DP) y también actúa de conjuez Manuel Castro (PSC). I SALA CIVIL: Ernesto Albán (DP, autoridad de la Universidad Andina), Santiago Andrade (DP, autoridad de la Universidad Andina), Galo Galarza (Pachakutik). II SALA CIVIL: Bolívar Guerrero (PSC - CFP), Armando Serrano Puig (PSC), Bolivar Vergara (independiente, cercano al MPD). III SALA CIVIL: Estuardo Hurtado Larrea (DP - Patria Solidaria), Rodrigo Varea (DP - PCE), Galo Pico Mantilla (PSC). I SALA LABORAL: Armando bermeo (ID), Miguel Villacís (PSC), Jaime Velasco (DP). II SALA LABORAL: Julio Jaramillo (PCE -PSC), Camilo Mena (PSC), Teodoro Coello (Pachakutik). III SALA LABORAL: Nocolas Castro (PSC), Angel Lescano (PSC), Jorge Ramírez (Partido Socialista Frenta Amplio, León Roldós). SALA FISCAL: Alfredo Contreras (PSC - Moeller, Hernan Quevedo (PSC), José Vicente Troya (Pachakutik, autoridad de la Universidad Andina). SALA CONTECIOSO ADMINISTRATIVA: Luis Heredia (PSC) José Julio Benítez (DP), Clotario Salinas ( Conjuez - PSC).

¿Quiénes fueron los que calificaron a estos magistrados para su designación?

TRES DELEGADOS DEL CONGRESO: Alvaro Pérez (PSC), Alexadra Vela (DP - Patria Solidaria), Marco Landázuri Soto (FRA). TRES DE LA “SOCIEDAD CIVIL”: León Roldós A., Julio César Trujillo (Pachakutik), profesor de la Universiodad Andina y Angel Felicícimo Rojas, con el “consenso” de estos últimos s encargó “dirimir (¡ en forma concertada¡) al ex - subsecretario del Gobierno de Oswaldo Hurtado, profesor de la Universidad Andina, Alberto Wray. En la edición del periódico Hoy del 23 de septiembre del 2003, pag. 3ª, con el título “12 jueces olvidaron de pagar sus cuentas, bienes...”consta la calidad de accionistas de bancos de varios magistrados de la mayoría PSC -DP.

Un juez tiene que ser un funcionario de servicio al país

Entrevista a Ramiro Román Actual Magistrado de la CSJ

El pueblo tiene que expresarse. Es el único que debe decidir quiénes deben conformar la Corte Suprema de Justicia, pienso que es una de las soluciones más claras, porque aquí no podemos hablar de ‘notables’ para que designen a otros ‘notables’. No puede ser posible que dentro de quienes designen a la Corte aparezca la Iglesia, con las diversas posiciones que ahí existen. Otro sector de los notables que pensarían en nombrar a los jueces continúan siendo los abogados de Jamil Mahuad, como el doctor Alberto Wrig, Fabián Corral y Faridh Simon, todos docentes de la Universidad San Francisco, que ha sido clave en la designación de varios jueces y donde también nacen los Ruptura de los 25. Estos son los grupos que canalizan los financiamientos de la USAID, a través de la fundación Esquel, para varias organizaciones. Por ejemplo: Projusticia es creada para la modernización en la Función Judicial, o por lo menos así se presenta. Entre otros notables que yo pienso que incluirían en esa comisión, están los ex presidentes de la Corte Suprema, que son hasta condecorados por aquellos que salen a las calles a marchar. Pero habría que considerar que hay casos como el del doctor Hugo Quintana, que pidió la extradición, como panameño, del señor Landes, por lo cual no se dio; así como el caso de POP, que es un caso de compra de armas, donde tampoco realizó la extradición de los vinculados. Otro de los notables serán las Cámaras, que tienen muchos intereses en los juicios en la Corte Suprema, a nivel de negocios, para facilitar fallos millonarios a su favor. Otros de los interesados son los banqueros, cuya presencia en esto es fuerte porque tienmen interés en bloquear los juicios de extradición que existen planteados desde la crisis de 1999. Hay juicios entre instituciones financieras que deben ser resueltos según los intereses de los involucrados, por eso la necesidad de contar con magistrados propios; y hay muchos juicios de bancos internacionales a bancos nacionales; y en todo eso hay dinero que tiene que pagar el Estado. Otro de los problemas graves son las transnacionales frente al Estado, que tienen su gente que son sus defensores, y muchos de ellos están en las Cámaras, que trabajan por el IVA petrolero. Pero eso nos es todo, ya que existen intereses también en el sector minero. Lo que yo veo también es una cuestión fundamental: los juicios contra los ex presidentes, ex altos funcionarios del estado, son los que están provocando que se muevan muchas cosas, porque los abogados de esos juicios que se tramitan en la Corte resultan ser también abogados de las fundaciones que están pidiendo la destitución de la Corte. El problema de las Cortes en el país es económico más que cualquier otra cosa, porque hay juicios multimillonarios. La representación popular tiene que ser la base fundamental para organizar, no solo la Corte Suprema, sino todos los estamentos. La carrera judicial es una ley orgánica que tiene que ser efectiva en todo nivel, es decir en juzgados, barrios donde se pueda tener la misma efectividad para disponer de justicia; algo se quiere dar en el movimiento indígena a través de la resolución 191 de la Constitución. Pero dentro la representación popular, tiene que ser auténtica, voto popular primero y buscar representantes que vengan de las organizaciones y de la gente de base. Yo nunca he sido afilado a un partido político, lo que sí he hecho es defender a organizaciones campesinas, indígenas y negras, pero sin ser afiliado siempre tendré una posición de izquierda. Nadie puede impedir su manera de pensar; no puede haber una posición extrema en ese sentido. Quienes hemos venido de la izquierda hemos reunido todos los requisitos, como registro de títulos, edad, tiempo de profesión que se necesitan. ¿hasta dónde más quieren hablar de requisitos? Primero, antes de ser abogado se tiene que ser una persona de servicio al país. Dentro de las posiciones en la selección de los jueces más que nada tiene que ver una posición de servicio a la comunidad. Yo no estaré un momento más del que me toque estar, porque uno tiene que estar con sus posiciones donde quiera que uno se encuentre. Lo importante es no comerciar con la justicia.