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El parlamento está a punto de aprobar una reforma constitucional que protege la vida pública de los hombres públicos, es decir, de la clase política chilena. Se trata de una norma que no existe en ninguna “democracia” contemporánea, sino más bien una aberración jurídica defendida ardorosamente por sus autores, el diputado socialista Juan Bustos y la diputada PPD Laura Soto, ex comunista, ambos abogados distinguidos en la defensa de los derechos humanos violados por la dictadura de Pinochet.

La iniciativa concita apoyo transversal enre todos los sectores políticos, aunque una minoría de legisladores de ambas cámaras observa una postura crítica.

Se supone que el Congreso está reformando la legalidad constitucional heredada de Pinochet, que asaltó el poder en 1973 y lo “legitimó” en 1980 con una carta fundamental que todavía está vigente, aboliendo la vieja Constitución de 1925. Las reformas devolverán al Presidente la capacidad de remover a los jefes de las Fuerzas Armadas, entre otras sentidas reivindicaciones jurídicas de la sociedad chilena, a casi 16 años del término formal de la dictadura de 17 años.

Pero el artículo 16, que garantiza los derechos ciudadanos, las libertades cívicas y los derechos humanos, los diputados introdujeron una norma para proteger su “vida pública” del escrutinio ciudadano y de la prensa, justo cuando la justicia procesa al senador Jorge Lavandero bajo acusaciones de pedofilia que fueron sacadas a la luz por los medios de comunicación y que hoy tienen en tela de juicio al Ministerio Público porque inicialmente trató de protegerlo.

El castigo concebido por los torquemadas del siglo 21 está dirigido exclusivamente a los periodistas y deja incólumes a los propietarios de los medios de comunicación donde estos trabajan, pero no influyen en su contenido ni en su línea editorial.

La sanción será “civil”, o sea, no es penal, es decir cárcel, sino elevadas indemnizaciones que sacarían de la escena y arruinarían a unos trabajadores de suyo insuficientemente pagados y super explotados. La reforma exime de “responsabilidad solidaria” a las empresas, es decir, a los patrones de los periodistas.

No es culpa de los periodistas que la prensa escrita de Chile pertenezca a dos personas, Agustín Edwards (El Mercurio y sus 22 periódicos) y Alvaro Saieh (La Tercera, La Cuarta, Siete y otros medios). Fue la clase política opositora a Pinochet quien no tuvo voluntad para sostener a los medios que combatieron a la dictadura y desaparecieron uno a uno con el restablecimiento de “la democracia”.

Ahora existe una prensa hostil que suele investigar actos de corrupción y escarba la basura entre la clase política. En una paradoja del Chile actual, un país que no es todo lo que parece ser, existía más libertad de expresión, pluralidad en el control de los medios de comunicación y cierta fortaleza de los derechos a opinar y a criticar durante los últimos años del régimen de fuerza que en estos últimos 16 años de “transición a la democracia.

El Colegio de Periodistas rechazó el “criterio impuesto por el Senado y ratificado por la Cámara de Diputados, de mantener el precepto vigente en el artículo 19, N° 4 de la Constitución, que garantiza la protección a la vida privada y pública de las personas”. La Cámara de Diputados, por su parte, agregó un párrafo que entrega a una nueva ley la regulación de estos derechos”.

En opinión del gremio de periodistas, la norma queda así: “En el artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas: (4ª) “El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de las personas y de su familia. La Ley establecerá, además, un sistema integral y efectivo de protección de estos derechos”.

Esa futura ley, según el Colegio, “podrá establecer la responsabilidad solidaria de los dueños de los medios de comunicación social, por las indemnizaciones que procedan”, pero el Senado eliminó tal solidaridad pecuniaria. “Si bien el Senado derogó las normas referidas a la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación; y la Cámara baja propuso entregar a una ley la regulación de estos derechos, primará la mantención del precepto de que dicha ley deberá regular también la protección de la vida pública”, aseguró la organización.

Para el Colegio, “la protección de la “vida pública” no existe en democracia alguna y tampoco en la Constitución, ya que coarta el escrutinio sobre la vida pública, cuando hay involucrado precisamente un interés social legítimo”. Los periodistas chilenos están movilizados para detener esta legislación. Pero dan por descontado que se aprobará. La única esperanza radica en el veto del Ejecutivo, es decir, del Presidente Ricardo Lagos.