El parlamento está a punto de aprobar una reforma constitucional que
protege la vida pública de los hombres públicos, es decir, de la clase política
chilena. Se trata de una norma que no existe en ninguna “democracia”
contemporánea, sino más bien una aberración jurídica defendida ardorosamente por
sus autores, el diputado socialista Juan Bustos y la diputada PPD Laura Soto, ex
comunista, ambos abogados distinguidos en la defensa de los derechos humanos
violados por la dictadura de Pinochet.

La iniciativa concita apoyo transversal
enre todos los sectores políticos, aunque una minoría de legisladores de ambas
cámaras observa una postura crítica.

Se supone que el Congreso está reformando la legalidad constitucional
heredada de Pinochet, que asaltó el poder en 1973 y lo “legitimó” en 1980 con
una carta fundamental que todavía está vigente, aboliendo la vieja Constitución
de 1925. Las reformas devolverán al Presidente la capacidad de remover a los
jefes de las Fuerzas Armadas, entre otras sentidas reivindicaciones jurídicas de
la sociedad chilena, a casi 16 años del término formal de la dictadura de 17
años.

Pero el artículo 16, que garantiza los derechos ciudadanos, las
libertades cívicas y los derechos humanos, los diputados introdujeron una norma
para proteger su “vida pública” del escrutinio ciudadano y de la prensa, justo
cuando la justicia procesa al senador Jorge Lavandero bajo acusaciones de
pedofilia que fueron sacadas a la luz por los medios de comunicación y que hoy
tienen en tela de juicio al Ministerio Público porque inicialmente trató de
protegerlo.

El castigo concebido por los torquemadas del siglo 21 está dirigido
exclusivamente a los periodistas y deja incólumes a los propietarios de los
medios de comunicación donde estos trabajan, pero no influyen en su contenido ni
en su línea editorial.

La sanción será “civil”, o sea, no es penal, es decir
cárcel, sino elevadas indemnizaciones que sacarían de la escena y arruinarían a
unos trabajadores de suyo insuficientemente pagados y super explotados. La
reforma exime de “responsabilidad solidaria” a las empresas, es decir, a los
patrones de los periodistas.

No es culpa de los periodistas que la prensa escrita de Chile pertenezca
a dos personas, Agustín Edwards (El Mercurio y sus 22 periódicos) y Alvaro Saieh
(La Tercera, La Cuarta, Siete y otros medios). Fue la clase política opositora a
Pinochet quien no tuvo voluntad para sostener a los medios que combatieron a la
dictadura y desaparecieron uno a uno con el restablecimiento de “la democracia”.

Ahora existe una prensa hostil que suele investigar actos de corrupción y
escarba la basura entre la clase política. En una paradoja del Chile actual, un
país que no es todo lo que parece ser, existía más libertad de expresión,
pluralidad en el control de los medios de comunicación y cierta fortaleza de los
derechos a opinar y a criticar durante los últimos años del régimen de fuerza
que en estos últimos 16 años de “transición a la democracia.

El Colegio de Periodistas rechazó el “criterio impuesto por el Senado y
ratificado por la Cámara de Diputados, de mantener el precepto vigente en el
artículo 19, N° 4 de la Constitución, que garantiza la protección a la vida
privada y pública de las personas”. La Cámara de Diputados, por su parte, agregó
un párrafo que entrega a una nueva ley la regulación de estos derechos”.

En opinión del gremio de periodistas, la norma queda así: “En el artículo
19, la Constitución asegura a todas las personas: (4ª) “El respeto y protección
a la vida privada y pública y a la honra de las personas y de su familia. La Ley
establecerá, además, un sistema integral y efectivo de protección de estos
derechos”.

Esa futura ley, según el Colegio, “podrá establecer la responsabilidad
solidaria de los dueños de los medios de comunicación social, por las
indemnizaciones que procedan”, pero el Senado eliminó tal solidaridad
pecuniaria. “Si bien el Senado derogó las normas referidas a la responsabilidad
solidaria de los medios de comunicación; y la Cámara baja propuso entregar a una
ley la regulación de estos derechos, primará la mantención del precepto de que
dicha ley deberá regular también la protección de la vida pública”, aseguró la
organización.

Para el Colegio, “la protección de la “vida pública” no existe en
democracia alguna y tampoco en la Constitución, ya que coarta el escrutinio
sobre la vida pública, cuando hay involucrado precisamente un interés social
legítimo”. Los periodistas chilenos están movilizados para detener esta
legislación. Pero dan por descontado que se aprobará. La única esperanza radica
en el veto del Ejecutivo, es decir, del Presidente Ricardo Lagos.

Ernesto Carmona