Para hacer un balance de la situación actual de Putumayo es necesario partir de una pregunta básica: ¿por qué resulta estratégico el control de los diferentes actores armados sobre el Putumayo?

Putumayo es la bisagra que acopla el mundo amazónico con los Andes colombianos y, por esta vía, es la más expedita conexión de la Amazonía con el Pacífico. Putumayo, además, enlaza igualmente la región andina del centro del país con la frontera que conecta a Colombia con Ecuador y Perú. Ambientalmente, Putumayo ofrece una serie de condiciones específicas para la explotación de recursos naturales tales como el petróleo, los recursos forestales y de la biodiversidad. Sus condiciones específicas ofrecen un contexto idóneo para el despliegue de cultivos empleados en economías ilegales como la cocalera.

Esta región del sur del país ofrece una serie de condiciones específicas para el desarrollo específico de un proyecto nacional, pero igualmente posee rasgos que permiten la configuración de lógicas de la guerra por parte de grupos armados, no tanto desde el punto de vista político sino a partir de la accesibilidad a recursos, la movilidad y la desconcentración del conflicto.

La economía de la coca, diezmada hoy parcialmente no sólo por la intervención de las políticas estatales antidrogas sino por la aberrante lógica de monocultivo, atrajo históricamente a los diferentes actores armados y a las mafias del narcotráfico, dadas las ventajas que ofrece la región ambiental y políticamente. Putumayo es, efectivamente, una fuente de posibilidades para el despliegue de economías ilegales con altos dividendos económicos, emanados no sólo a partir de la producción de la hoja de coca sino desde la posibilidad específica de transformación y comercialización internacional (la proximidad con el Pacífico, la existencia de los corredores naturales a través de sus ríos navegables y su carácter de departamento fronterizo aportan al valor estratégico a la región en el tema de la comercialización internacional de insumos y productos finales propios de esta economía).

Desde el punto de vista militar, Putumayo se ha configurado como escenario propicio para el repliegue estratégico de la guerrilla de las FARC característico del gobierno de Álvaro Uribe hasta finales de 2004, dada la proximidad con centros neurálgicos del conflicto tanto en el Cauca como en el Huila y Caquetá. Este carácter de retaguardia estratégica le permite, adicionalmente, cumplir un importante rol en cuanto a la provisión de materiales bélicos y de intendencia a través de la frontera con Ecuador o Perú, materiales necesarios para mantener viva la presencia de este grupo armado en otras regiones del país. Dentro de una estrategia de internacionalización del conflicto, Putumayo sirve para las FARC como potencial lugar de avanzada para eventuales planes de ampliación de la acción político - militar fuera del territorio colombiano.

Finalmente, Putumayo ha sido uno de los más importantes teatros de operaciones empleados por las FARC para la desconcentración del conflicto, en aquellos momentos particularmente críticos de avanzada de las acciones militares de las Fuerzas Armadas colombianas en otras regiones del país. El desarrollo de acciones armadas de las FARC en Putumayo ha forzado la reorientación de las acciones por parte del ejército colombiano aliviando, así sea parcialmente, la presión que pudiera ejercer el ejército en otros frentes del conflicto armado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede leer la particularidad de los hechos del último mes en Putumayo destacando la manera como desde el punto de vista de los “grandes medios” en Colombia se ha subrayado la decisión del gobierno nacional de enfrentar abiertamente a la guerrilla en esta región, en una lógica muy próxima a la de “tierra arrasada”, y cuyo objetivo central sería la eliminación de la influencia de las FARC y, en el mismo sentido, el cerco a importantes líderes políticos y militares de este grupo armado, aquellos cuyo principal centro de acción es precisamente el piedemonte andino amazónico y la llanura putumayense.

Según estas versiones nos encontraríamos ante una de las más decisivas avanzadas del gobierno nacional en el afán lograr el control de este territorio por parte de las fuerzas armadas regulares. Tales acciones han recibido los nombres de Operación Támesis I y II. Efectivamente, se supone que a partir de bombardeos efectuados a las zonas donde se ha ubicado la presencia de campamentos de las FARC y la avanzada por parte del ejército en las zonas rurales de Orito, Puerto Asís y otros municipios del Bajo Putumayo, se lograría someter a los Frentes 48, 13 y 32. De acuerdo con la información de la Policía Nacional, la Operación Támesis II está dirigida a golpear los principales campamentos de ubicación de Raúl Reyes -Edgar Tovar-, comandante del frente 48 de las FARC. En el informe de la Policía se destaca el bombardeo a tres campamentos: el Campamento La Escalada, área principal de ubicación de Raúl Reyes sobre el río San Miguel, y en la cual opera la Emisora “Voz de la Resistencia” del Bloque Sur, el Campamento El Botadero localizado a la altura del río Mecaya y el Campamento La Sastrería donde se confeccionan uniformes para el Secretariado de las FARC, en San Miguel.

El evento que marca el inicio de dichas operaciones se identifica con la respuesta de las fuerzas conjuntas de las FFAA colombianas a los hechos acaecidos en Teteyé (Puerto Asís), el pasado 25 de junio, en los cuales las FARC atacaron el Batallón Plan Especial Energético y Vial 11, cerca de la frontera con Ecuador, con un saldo oficial de veintidós soldados muertos (de acuerdo con otras versiones, como la emitida por Raúl Reyes de las FARC y el diario “El Comercio” de la ciudad de Quito en Ecuador, los resultados de estas acciones son cincuenta soldados y cinco guerrilleros muertos).

Han sido muy difundidas las declaraciones del presidente Álvaro Uribe, respecto a la decisión de “limpiar” a Putumayo de la presencia de las FARC. Sin embargo, los resultados de tal ofensiva han sido altamente contradictorios: de anuncios sobre el cerco a Raúl Reyes, aparecidas el pasado 27 de julio en la prensa nacional, se ha transitado hacia la declaración del “control de la situación” por parte de los mandos superiores del Ejército y la Policía.

No se puede olvidar que dicho manejo de la información va de la mano con la urgente necesidad de mostrar resultados más contundentes por parte del gobierno de Uribe frente a los magros resultados del Plan Patriota, principalmente en Caquetá, frente a los reclamos del gobierno ecuatoriano sobre la necesidad de hacer un manejo adecuado de la frontera por parte del Estado colombiano, y frente a las implicaciones políticas en la pretensión reeleccionista del próximo año.

Frente a esta lectura de la situación, vale la pena considerar otra perspectiva sobre los eventos sucedidos.

Se trata de enmarcar los eventos de Putumayo en una serie incrementada de acciones desarrolladas por las FARC en los últimos meses, quizás desde noviembre de 2004, cuando tienen lugar los atentados a las torres de transmisión eléctrica en el mismo lugar en que fueron voladas las torres la tarde del pasado 20 de julio, el municipio de San Francisco.

Efectivamente, las acciones de noviembre de 2004 coinciden con las consecuencias del mismo evento en el mes de julio de 2005, cuando es dinamitada la Torre 105 y se provoca la caída de la 106 y 107, en la vereda Minchoy, área rural de la vía que de San Francisco va hacia Mocoa.

Desde finales de 2004 a la fecha se ha registrado un número creciente de acciones armadas atribuidas a las FARC, entre las que se destacan emboscadas a los miembros de las fuerzas armadas en las carreteras del departamento, atentados permanentes contra la infraestructura petrolera, estaciones, pozos y el oleoducto.

Por su contundencia son dignas de destacar las emboscadas a miembros de la Policía y el Ejército Nacional en distintas ocasiones: en marzo, en el lugar conocido como La Tagua, municipio de Leguízamo, con un saldo de nueve miembros de las Fuerzas Armadas muertos, y en el mes de junio a un camión que transportaba policías en la vía Mocoa-Puerto Asís, con un saldo de dos policías muertos y nueve heridos (en otras versiones de la prensa nacional se lista un total de cuatro policías muertos y diecinueve heridos); el atentado contra un tramo del Oleoducto Trasandino, en el municipio de Orito, causando el derrame de crudo estimado en diez mil barriles el día 13 de junio y cuatro días más tarde contra el oleoducto de Ecopetrol en treinta sitios diferentes a lo largo de cinco kilómetros, entre las quebradas Amarón y La Dorada, en los municipios de Valle de Guamués y San Miguel.

Estas distintas acciones se constituyen en la antesala del llamado “Paro Armado” anunciado por la guerrilla que, desde el momento de la voladura de las torres, mantiene en situación de emergencia a todo el departamento, a la Bota Caucana y al sur del Huila.

La diferencia notoria entre estas acciones y otros momentos de incremento del conflicto radica en que la arremetida actual de las FARC no responde a la lógica común en la cual tras un golpe contundente sucede un repliegue estratégico de los bloques activos de la región hacia las zonas rurales y montañosas del departamento y los vecinos. Parece haber, claramente, una disposición de la guerrilla hacia el mantenimiento de posiciones, al permanente saboteo a los intentos de las Fuerzas Armadas de “normalizar” la situación del departamento, a la permanente actitud ofensiva a partir de atentados, enfrentamientos permanentes y bloqueo de las principales vías de comunicación.

Los principales teatros de operaciones son el municipio de Orito y la frontera montañosa con el departamento de Nariño, la Bota Caucana a la altura del municipio de Piamonte y el municipio de Mocoa, a la altura del río Villalobos, además de los principales corredores viales, todo ello entre el 22 de julio y los primeros días de agosto.

Pese a las declaraciones del gobierno central, según las cuales la situación se mantiene bajo control dada la injerencia de las fuerzas militares, la información recibida por parte de los representantes de las autoridades públicas locales y de los campesinos que se desplazan hacia las cabeceras urbanas insiste en la persistencia e incluso incremento del número de acciones unilaterales de la guerrilla en los diferentes lugares mencionados. Es clara la posición por parte de las FARC hacia el mantenimiento del bloqueo de las vías, principal rasgo del paro armado, afectando la vida cotidiana del departamento, especialmente en lo referido a la movilización y acceso a los recursos necesarios para la vida cotidiana y económica de los pobladores de Putumayo, siempre dependientes de los bienes y servicios de otras regiones del país.

La realidad del Putumayo es, en síntesis, el resultado de decisiones de los diferentes actores en conflicto (guerrilla y fuerzas regulares del Estado enfrentadas) de mantener las operaciones militares en una extraña “guerra de posiciones” que intenta el control del departamento, por parte de cada uno de ellos.

Esto inicialmente no tendría sentido en el accionar de las FARC si no se entiende en el contexto de la coyuntura política actual, según la cual resultaría importante para la guerrilla desacreditar los logros de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, en momentos en que se juega tanto a nivel nacional como internacional la imagen positiva de un presidente con aspiraciones reeleccionistas.

Mientras se juegan muchas variables en el actual accionar ofensivo por parte de guerrilleros y militares en Putumayo, en medio la situación una vez más se mantienen como principales víctimas los habitantes del departamento.

Hoy, entre los balances que se han hecho sobre la agudización del conflicto del último mes, se resalta la importante capacidad de desestabilización que logra la guerrilla a partir de acciones concretas tales como el atentado contra las torres de transmisión eléctrica, contra la infraestructura vial y contra las posibilidades de movilización dentro del departamento y hacia fuera de él. Los resultados de estas acciones son la casi total suspensión de toda actividad económica y el aislamiento. Estos dos hechos por sí solos rompen la frágil integración de un departamento.

Por otra parte, es necesario entender que las acciones se articulan a una estrategia debidamente meditada del accionar de las FARC en sus demostraciones de fuerza frente al gobierno actual y otros actores internacionales que promocionan su aparente debilidad.

A manera de colofón, se puede anotar que los logros de la intervención tanto de las Fuerzas Armadas como de las FARC en la desestabilización y control de Putumayo son otra constatación de la debilidad de la presencia adecuada del Estado en zonas de frontera. Esta frágil presencia estatal en Putumayo, como en otras regiones del país, ratifica la condición de buena parte de las regiones colombianas como ámbito de exclusión social en el contexto nacional, cuando la presencia del Estado central sigue estando marcada más por la lógica de la confrontación y permanente disputa con otros actores políticos y militares sobre territorios. El Estado central colombiano, de igual forma que otros actores armados como la guerrilla, comparte una misma valoración del territorio en disputa: para uno y otro no es más que un centro de operaciones para la demostración de fuerza, no un escenario desconocido y cargado de potencialidades para en la construcción de un proyecto de Estado nacional, que resalte su importancia estratégica que el mismo escenario tiene en un horizonte de desarrollo y paz.

El tratamiento guerrerista que se le da a Putumayo desdice de los proyectos de desarrollo centrados en una dimensión humana y recuerda la constante falta de compromiso real del Estado para con las acuciantes necesidades de generación de condiciones para el desarrollo y la paz con calidad de vida y dignidad para indígenas, campesinos, colonos de las zonas rurales y habitantes urbanos de las trece cabeceras del departamento.

Efrén Piña