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"No queremos quitar nada a nadie, queremos redistribuir las tierras. Vamos a negociar", expresó el mandatario. Sin embargo, aseveró que quienes se nieguen a negociar enfrentarán consecuencias legales, por lo que insistió en que ahora se les extienden "las manos".

Apuntó que el gobierno sólo expropiará "lo necesario", al negar que las recientes ocupaciones de fincas y empresas privadas formen parte de un plan para arremeter contra la propiedad privada, como afirman los ganaderos, los empresarios y la oposición política.

Chávez fue categórico al señalar que ante quienes afirman que tienen hombres armados, simplemente se le mandará al ejército a que tomen la tierra porque hay una autoridad, una ley y "se acabaron los intocables; a mí no me van a estar chantajeando a través de la prensa u organismos internacionales".

Quines adquirieron tierras, agregó, "no son dueñas", sino que "tienen derechos; no hay pequeñas repúblicas; el territorio es un componente del Estado", y de allí el llamado a discutir un bien del Estado.

Más aún, el presidente venezolano llamó a los "latifundistas que están fuera de la ley a ponerse a derecho", a llegar a acuerdos "en el marco de la ley", al recordar que hay propietarios que poseen tierras con títulos que se remontan a 1848, y tendrán que mostrar "el papelito" y probar ser dueños de la propiedad. Hugo Chávez acusó a un "grupito" opositor de pretender "incendiar" el país con sus protestas a las medidas, que se empeñan en que hay una guerra en el país y pretenden así justificar la intervención de Naciones Unidas, pero que no son más que "lacayos del imperialismo" con medios como la televisión y periódicos.

A la fecha el Instituto Nacional de Tierras ha intervenido más de 600 mil hectáreas en el país para que sean entregadas con concesiones estatales a campesinos, a fin de que las trabajen acorde con planes del gobierno. La víspera los militares ocuparon seis haciendas en los estados de Táchira y Barinas, en un proceso presuntamente vinculado con lavado de dinero. Además, en Barinas se declaró atrincherado uno de los hacendados, Carlos Azpurua, en torno a quien el mandatario dijo que tendrá que probar su propiedad.

En tanto, la Federación Nacional de Ganaderos insistió en que dará una "batalla legal", ya que las tierras intervenidas se encuentran amparadas ante el Tribunal Supremo de Justicia, y señaló que las medidas del gobierno son inconstitucionales.

El líder de los ganaderos, Antonio Genaro, anunció que interpondrán un recurso interpretativo para que los jueces "digan qué significan los términos latifundio y propiedad privada", así como otro sobre la validez de los títulos.

Señaló que el mandato de que deberán ser cedidas tierras o las pierden quienes se nieguen es un concepto que no está en la Constitución y que otro de los recursos que presentarán se refiere a la nulidad de los artículos de la Ley de Tierras.