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Desde esa fecha, y según los informes, cerca de 8.000 paramilitares relacionados con grupos vinculados a las AUC han sido desmovilizados en distintos lugares del país en el marco de las “negociaciones de paz” con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Si bien todas las partes del conflicto armado que desde hace 40 años azota Colombia –es decir, las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros– han vulnerado reiteradamente las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en los últimos años, la mayoría de los homicidios, las masacres, las “desapariciones” y los casos de desplazamiento forzado y tortura se han atribuido a los paramilitares.

El “proceso de paz” no impide que estos sigan matando: más de 2.300 homicidios y “desapariciones” se han atribuido a los paramilitares desde que las AUC declararan el cese de hostilidades en diciembre de 2002.

El uso sistemático y generalizado de tácticas de terror contra la población civil ha sido el trágico distintivo de la estrategia paramilitar. Las fuerzas de seguridad, los narcotraficantes, los funcionarios estatales y los intereses políticos y comerciales en el ámbito local también han sido cómplices de promover política, militar y económicamente sus actividades. Durante demasiado tiempo, los autores de abusos contra los derechos humanos han actuado con total impunidad. Son pocos los paramilitares y, en particular sus líderes, o quienes los apoyan, o los miembros de los grupos guerrilleros que han sido puestos a disposición de la justicia por ese motivo.

Amnistía Internacional ha pedido repetidamente a los sucesivos gobiernos colombianos que desmantelen los grupos paramilitares y rompan los vínculos que existen entre ellos y las fuerzas de seguridad y otros funcionarios estatales. Pero para garantizar una paz justa y duradera y un futuro en el que se respeten y protejan los derechos humanos todo proceso de desmovilización debe respetar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y debe garantizar que los combatientes son realmente apartados del conflicto, que se elimina el control político, económico y criminal del paramilitarismo existente en muchas zonas del país y que éste se sustituye por el Estado de derecho.

La Ley de Justicia y Paz recién aprobada, cuyo objetivo es regular el proceso de desmovilización, no tiene en cuenta estos principios fundamentales, por lo que no ayudará a asegurar que se pone fin a la crisis de derechos humanos. En realidad, el gobierno colombiano parece estar inmerso en un proceso de negociación de contratos de impunidad, que beneficiarán no sólo a los paramilitares responsables de violaciones de derechos humanos, sino también a quienes los respaldan política, económica y militarmente y, posiblemente en el futuro, a los miembros de las fuerzas guerrilleras responsables de abusos contra los derechos humanos.

En la década de 1980, Medellín se convirtió en sinónimo del comercio de cocaína. La ciudad tiene también un largo historial de intentos de paramilitares y narcotraficantes de captar y asimilar bandas criminales que actúan en los barrios pobres. Esto, unido a la presencia de las milicias guerrilleras hizo que Medellín se convirtiera en la ciudad con el índice de asesinatos per cápita más alto del mundo. Los paramilitares han tenido una fuerte presencia en Medellín desde finales de los años 1990; primero, con el Bloque Metro y, después, con el BCN. En colaboración con las fuerzas de seguridad, sustituyeron a la guerrilla como grupo armado dominante en la ciudad.

El éxito de la consolidación del paramilitarismo en muchos de los barrios más pobres de Medellín –y la neutralización de la guerrilla– convirtió a la ciudad en el escenario ideal para la primera desmovilización en gran escala de los paramilitares, ya que ayudaba a dar credibilidad al proceso nacional de desmovilización. Y, sin embargo, Medellín es el doloroso ejemplo del fracaso de la estrategia de desmovilización del gobierno. A la mayoría de los paramilitares se les ha concedido una amnistía de facto, mientras siguen activos y ejerciendo un control férreo sobre muchas áreas de la ciudad. Los civiles –y, especialmente los defensores de los derechos humanos y los activistas comunitarios– siguen recibiendo amenazas y siendo objeto de agresiones. La tasa de homicidios ha descendido, pero el Estado de derecho no puede garantizarse en una ciudad en la que cualquier intento de cuestionar o desafiar el control de las fuerzas paramilitares puede tener y, tiene, como respuesta la violencia política.

El paramilitarismo, tanto en Medellín como en otros lugares de Colombia, no se ha desmantelado; simplemente se ha “reinventado”. Puesto que ya se ha arrebatado a las guerrillas el control de muchas zonas de Colombia, y en muchas de ellas se ha establecido un control paramilitar, ya no hay necesidad de contar con grandes contingentes de paramilitares uniformados y fuertemente armados. En lugar de eso, los paramilitares están empezando a contribuir como “civiles” a la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad en estructuras legales, como empresas privadas de seguridad y “redes de informantes”, que sean más aceptables para la opinión pública nacional e internacional.