Soy desplazada. El médico del centro de salud no quiso ponerle las vacunas de los cuatro meses a mi bebé, porque no tengo el carnet de vacunación.

Mi hija necesitaba un trasplante de hígado para que no se muriera. Tuvimos que poner una acción de tutela porque la EPS no quería hacer la operación. También ganamos un incidente de desacato.

Testimonios como éstos, y un sinnúmero más, relacionados con la negación en el suministro de medicamentos y de exámenes de complejidad, así como de aquellos relacionados con los programas de promoción y protección (citología vaginal, aplicación de vacunas para la población infantil, muerte por diagnósticos errados, no atención de accidentes de trabajo y clasificación de los mismos como de origen común) que conllevan en muchos de los casos la imposibilidad de acceder a una pensión, fueron expresados en la tribuna pública habilitada en el Campamento Humanitario por el Derecho a la Salud en Colombia.

Denuncias de pacientes retenidos en hospitales porque sus familiares no disponían de recursos para pagar por su salida, cancelación de procedimientos quirúrgicos, ya programados, debido a la cancelación del contrato con la Empresa Promotora de [1](EPS) o Administradora del Régimen Subsidiado [2]

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Se destacan de manera especial, los testimonios expresados por los dirigentes de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales de Colombia –ANTHOC–. Relataron estos el drama que viven: inestabilidad laboral derivada de las políticas de reestructuración y el cierre de instituciones públicas de salud; falta de pago de salarios, llegando a casos aberrantes de 29 meses sin recibirlo; persecución laboral por oponerse a las políticas neoliberales, sumado a las infracciones a la misión médica de que son víctima por la degradación del conflicto armado interno que vive el país.

Así mismo, según estadísticas de ANTHOC, desde 1999 han sido asesinados128 miembros de esta organización sindical, lo cual configura un claro genocidio [3].

Las denuncias relacionadas con la crisis en salud pública, enfatizaron en la ausencia de una política pública coherente en el país. Recordaron que la política hoy existente en este campo se limita a un paquete de servicios que no recoge una mirada de lo público y las necesidades de los distintos sectores sociales. Resaltaron, así mismo, el resurgimiento de enfermedades otrora controladas, como el sarampión, la lepra, y la fiebre amarilla, entre otras.

Otras denuncias se refirieron al impacto del Tratado de Libre Comercio acordado con Estados Unidos, el cual implicará, entre otros aspectos, el alza en los medicamentos, lo que limitará el acceso, de manera grave a los mismos, de importantes conglomerados sociales.

Sentido de país

El Campamento Humanitario es un hecho político en la medida en que nos apropiamos por derecho propio de lo público, haciendo de él un escenario propicio para la expresión, el debate y la discusión alrededor de la situación del derecho a la salud en Colombia.

Pero además, el Campamento no es una acción aislada, se enmarca en el movimiento mundial por la defensa de la salud de los pueblos, recibiendo el respaldo y solidaridad del Consejo Nacional de Salud de Brasil, ATTAC de Francia, Foro Social Mundial de Salud, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social –ALAMES, la Cátedra de Antropología y Salud de México y la Sociedad de Medicina del Trabajo de Perú, entre otras organizaciones.

A pesar de la lluvia persistente y las difíciles condiciones derivadas de acampar durante cuatro días con sus noches en un parque, 536 personas pasaron o se mantuvieron en él, entre ellas indígenas, campesinos, afrocolombianos, habitantes de la calle, estudiantes, desplazados forzados, personas en condición de discapacidad, madres cabeza de familia, miembros de Ong’s de derechos humanos, activistas culturales, y representantes de los trabajadores de la salud de 20 departamentos.

El Campamento Humanitario señaló al Estado colombiano, en cabeza del actual gobierno nacional y las instituciones a través de las cuales desarrolla su política en salud, como el responsable de las flagrantes violaciones del derecho a la salud y de las muertes que a diario se presentan por desatención, las cuales, una a una, quedan en la impunidad.


Principales acuerdos y conclusiones del Campamento Humanitario

El Campamento Humanitario es un proceso de largo aliento. Sus acuerdos y conclusiones se convierten, para el conjunto de organizaciones que hacen parte del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, en la ruta para avanzar en la exigibilidad social, cultural, política y jurídica del derecho a la salud en las diferentes regiones del país.

Los participantes en el Campamento Humanitario acordaron, entre otras acciones:

  1. Replicar en cada municipio, ciudad y/o región del país la experiencia vivida en este Campamento, con el fin de generar espacios de denuncia de la violación del derecho a la salud.
  2. Continuar en la construcción del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social desde los barrios, veredas, municipios y ciudades, como herramienta para generar fuerza de acción ciudadana hacia la defensa del derecho a la salud en Colombia.
  3. Avanzar en la construcción de una defensoría ciudadana que permita generar mecanismos jurídicos, políticos y sociales para contribuir a resolver el drama cotidiano de los ciudadanos y ciudadanas en relación con el derecho a la salud.
  4. Continuar en la construcción colectiva de un nuevo modelo de salud, que reemplace la ley 100/93, y que configure una nueva política de Estado en salud, desde la perspectiva de un derecho humano interdependiente con otros derechos, como al trabajo –en condiciones dignas y seguras, la alimentación, la educación, el medio ambiente, entre otros. Igualmente, que posibilite la rectoría del Estado en materia de salud con participación real de la población, y que centre su desarrollo en acciones de prevención y promoción.
  5. Llamar a la unidad de los diversos sectores sociales, empezando por la unidad del sector sindical de la salud, para avanzar en la configuración de un nuevo gobierno y una nueva forma de gobernar, que posibilite la construcción de una Colombia más humana en donde efectivamente se garantice a todos sus habitantes los derechos humanos.

[1] Salud1 Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) pueden ser de carácter público o privado. Ellas administran y recaudan las cotizaciones obligatorias de los afiliados al Régimen Contributivo en Salud. Los afiliados son las personas con capacidad de pago, en calidad de empleados o independientes

[2] Las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) son las encargadas de administrar los recursos asignados al Régimen Subsidiado en Salud. Los afiliados a este régimen son las personas sin capacidad de pago en condición de pobreza o vulnerabilidad.

[3] Escuela Nacional Sindical. Política antisindical en reelección: El Embrujo Continúa. PCDHDD, 2.004. pp. 227-232.2 (ARS), entre otros, representan una pequeña muestra de lo que le sucede cada día a miles de familias en todos los rincones de Colombia.