Un equilibrio secreto fue roto. Aparentemente, el traslado de 765 presos miembros del Primer Comando de la Capital (ver recuadro) fue lo que desencadenó el motín de 77 cárceles del Estado de San Pablo y 300 ataques, con un saldo de más de 160 muertos, 46 de ellos policías. La transferencia del líder de la organización, Marco Herbas Camacho, “Marcola”, al Régimen Disciplinario Diferenciado (RDD), con reglas más severas de aislamiento, también parece haber contribuido a la reacción coordinada del PCC, aparentemente articulada usando los recursos más recientes de la telefonía celular.

Un par de semanas antes, el Coronel Ubiratan Guimarães, considerado responsable por la masacre de 111 presos en la cárcel de Carandirú en 1992, fue declarado inocente.

Curiosamente, de los más de 160 muertos, 111 (igual cantidad que en Carandirú) fueron presentados como “sospechosos”. Es decir, no murieron en enfrentamientos, fueran o no miembros del PCC. Según los médicos de la morgue, muchos de ellos fueron baleados en la cabeza y en la nuca. Éste y otros indicios hacen temer el retorno de grupos de exterminio, como los tristemente recordados “Escuadrones de la Muerte” que actuaron desde los años 50 y tuvieron su auge durante la dictadura militar.

En los suburbios hay denuncias de vecinos que describen hombres encapuchados y fuertemente armados como los autores de ejecuciones sumarias. Según la edición extra de la revista “Caros Amigos”, en por lo menos un caso, los encapuchados bajaron de un coche policial.

El incendio de más de 80 colectivos y el ataque a dos estaciones de subte en la capital no fue suficiente para que los paulistanos pobres desistieran de ir al trabajo. Y aun cuando las empresas de transporte retiraban sus unidades de circulación se veían millares de personas caminando. El miedo a perder el empleo es mayor que el miedo al tiroteo. Al final, en los suburbios todos los días hay tiroteos y balas perdidas.

La clase media blanca, en cambio, por primera vez se desayunaba frente a aquello que es el pan de todos los días en los barrios pobres. La televisión y la radio alimentaban la perplejidad y la fantasía amenazadoras de una invasión bárbara a los barrios elegantes. El jueves 18, en el programa de TV conducido por Susana, digo Luciana Gimenes, el invitado era el Coronel Ubiratan Guimarães. En el programa, recordando Carandirú, el coronel dictaba clase de cómo tratar rebeliones carcelarias.

Por su parte, en el Senado vienen tramitando un paquete de medidas para endurecer las condiciones de las prisiones. En el Estado de San Pablo hay más de 140.000 presos en 144 unidades con capacidad de poco más que la mitad de los internos que realmente abarca. La fiebre de construcción de prisiones no acompaña ni lejanamente el aumento de la población carcelaria. Situación alimentada por la falta de creación de empleos por un lado y por el gran crecimiento de las actividades criminales favorecida por las tendencias económicas de los últimos tiempos. Según estudios del sociólogo y economista Luis Estenssoro, la misma desregulación financiera que facilita la expansión de redes legales en la internacionalización de los mercados, también facilita “el narcotráfico, el crimen organizado, el lavaje de dinero, el contrabando y el comercio de armas”. A lo que debe sumarse “la falta de control social, la falta de transparencia y falta de legislación para incriminar las irregularidades del mercado financiero”, así como “la dolarización de los mercados negros”, la tecnología de las comunicaciones, “los paraísos fiscales y el sigilo bancario (que) refuerzan y complementan los instrumentos manipulables por criminales”.

El gobierno de Lula estudia medios técnicos para bloquear el uso de teléfonos móviles en las prisiones. Ya que le resulta imposible impedir su entrada con 1000 a 2000 visitantes semanales, la ilegalidad de revisar a los abogados y la circulación de enorme cantidad de mercadería para la alimentación de los internos. Y resulta inocuo “pincharlos”, pues se conocen por lo menos 36 centrales clandestinas que distribuyen llamadas para el PCC y no hay empleados suficientes para escuchar las conversaciones. Los teléfonos son usados tanto para comunicación con los familiares como para organizar acciones que mantienen económicamente la organización.

Todo esto ocurre en plena campaña para las elecciones presidenciales, cuando el gobernador electo renunció a ser candidato al ejecutivo por el partido del ex mandatario Fernando Henrique Cardoso, el Partido Social Demócrata Brasileño. El gobernador en ejercicio, Claudio Lembo, fue abandonado en medio de la crisis por sus antiguos aliados, temiendo quedarse “pegados” a quien parecía ser responsable directo por la falta de control de la situación, lo que tendría consecuencias nefastas sobre la campaña. Lembo, miembro del Partido del Frente Liberal, una continuidad de aquel que fuera base de sustentación parlamentaria de la dictadura, culpó a la “minoría blanca perversa”, que no se preocupa por la exclusión de las mayorías ni por las condiciones de funcionamiento de las prisiones.

Esa minoría blanca, en cambio, ensaya un discurso hasta hoy encajonado en nombre de la “corrección política”. Cada vez menos tímidamente, articula una narrativa que criminaliza la pobreza, a la “Blumberg”, que en Brasil se carga aún más de un tinte racista.

En todo caso, son malas noticias.

La historia del PCC

En 1993, el Primer Comando de la Capital (PCC) era uno de los equipos de fútbol de los presos de la cárcel de Taubaté, en el interior del Estado de San Pablo. Después de un partido que terminó con dos muertos del equipo contrincante, los jugadores se juraron mutua protección.

El anexo de la Casa de Custodia y Detención de Taubaté, al que pertenecían los fundadores del PCC, era un presidio de máxima seguridad. Allí estaban internados los presos considerados más peligrosos por el sistema. “Pirañas”, según la jerga y por eso el lugar era llamado “Pirañón”. En aquella época estaba habitado por 150 condenados tratados diariamente a golpes de caños de hierro.

Los miembros originales del PCC redactaron un código de solidaridad para combatir las agresiones, robos y violaciones entre los presos. En la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el prisionero frente al poder de los agentes penitenciarios y de los criminales más fuertes, la organización garantizaba cierta protección ante el peligro inminente de muerte o violencia.

El traslado de los miembros de la organización a otros presidios tuvo como resultado la diseminación del PCC por todo el sistema carcelario del Estado y su supremasía frente a otras organizaciones más antiguas, como la s Serpientes Negras, Secta Satánica y otras.

En febrero de 2001, se desataba una “mega-rebelión” con la bandera de “Paz, Justicia y Libertad”, copiada de la organización Comando Vermelho (CV), de Río de Janeiro, creada tres décadas antes en un contexto semejante y todavía activa. Esa rebelión involucraba 29 presidios con 30.000 detenidos y pudo organizarse desde teléfonos celulares que entraban en la prisión por medio de visitas, abogados y agentes sobornados.

Cinco años después de esos primeros motines liderados por el PCC, la organización tiene más de 100.000 miembros dentro de las prisiones y 10.000 en las calles. La lealtad a la organización tiene que ver con la solidaridad, con la ventaja de protección y ayuda material al preso y su familia que el “partido” (como el PCC es llamado dentro de la cultura “tumbera”) presta, y también con el terror que impone a quien viola alguna de sus reglas. Los miembros dentro y, sobre todo, fuera de la prisión deben contribuir con el fondo común con cuotas que van de 50 a 700 reales por mes.

Según la investigación del periodista João de Barros, fuera de las prisiones la organización se dedica a actividades variadas, siendo la principal el tráfico minorista de drogas. Cada “boca” de venta mueve entre 2000 y 5000 reales diarios. Para comprar la “mercadería”, el PCC se vincula a una red de traficantes de medio porte que se ocupa de la distribución mayorista y del lavado del dinero a través de pequeños y medios emprendimientos comerciales. En los barrios donde el PCC instala sus “bocas”, impone su ley a la población que sufre las amenazas de los bandidos y la represión por las incursiones policiales.