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No había previsto dirigirme a ustedes en cadena nacional tan pronto después de mi declaración de Año Nuevo.

Pero se ha producido un hecho preocupante en relación con nuestra integridad territorial que requiere que me dirija a ustedes directamente, con total transparencia, y que los mantenga plenamente informados.

Como ustedes saben, Guyana ha mantenido una Embajada en Venezuela acreditada ante el Gobierno.

Igualmente, hemos seguido acogiendo a una embajada venezolana en Guyana acreditada ante nuestro Gobierno.

En otras palabras, Guyana ha mantenido escrupulosamente abiertos todos los canales oficiales de comunicación con el Gobierno de Venezuela.

Lo hemos hecho incluso mientras ejercíamos nuestro derecho de solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remitiera a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la controversia de larga data con Venezuela sobre el laudo arbitral de 1899.

En ningún momento hemos hecho declaraciones sobre las continuas observaciones incendiarias emanadas del Gobierno y otras partes de Venezuela, excepto para seguir afirmando la soberanía y la integridad territorial de nuestra nación.

Siempre hemos elegido un camino de solución pacífica de la cuestión venezolana con arreglo al derecho internacional.

Por lo tanto, es profundamente inquietante que el 7 de enero el Presidente de Venezuela, Sr. Nicolás Maduro, haya emitido un decreto reclamando para Venezuela la soberanía y los derechos exclusivos de soberanía en las aguas y el fondo marino adyacentes a la costa de Guyana, al oeste del río Esequibo.

Recuerdo que la soberanía sobre esa costa, y el territorio terrestre adyacente, se concedió a Guyana (entonces Guayana Británica) en el laudo arbitral de 1899, cuya validez y carácter jurídicamente vinculante Guyana confía en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) defienda inequívocamente.

Lamentablemente, al decretarse que los mares adyacentes a ese territorio pertenecen a Venezuela, se han violado al menos dos principios fundamentales del derecho internacional.

La primera violación es que ningún Estado puede determinar unilateralmente sus fronteras internacionales, ya sean fronteras terrestres o marítimas.

La fijación de una frontera internacional en virtud del derecho internacional solo puede ser resultado de un acuerdo entre Estados vecinos, o de una determinación vinculante de una corte o tribunal arbitral internacional.

Por lo tanto, este intento de Venezuela de fijar unilateralmente su frontera terrestre y marítima con Guyana es una nulidad jurídica que no puede ser ni será respetada por ningún otro Estado del mundo, incluida Guyana.

La segunda violación del derecho internacional fundamental se basa en el hecho de que, en virtud de normas bien establecidas del derecho internacional, existe el principio fundamental de que “la tierra domina el mar”.

Ello significa que la soberanía y los derechos soberanos en el mar y el fondo marino emanan de la propiedad de la tierra que forma la costa a la que ese mar y fondo marino son adyacentes.

Como Guyana es soberana sobre la costa al oeste del río Esequibo, hasta Punta Playa, se deduce, en consecuencia, que solo Guyana puede disfrutar de soberanía y derechos soberanos exclusivos sobre el mar y el fondo marino adyacentes.

Esta es precisamente la cuestión que tiene ante sí la Corte Internacional de Justicia, y que, el 18 de diciembre de 2020, la Corte decidió resolver, a saber, si Guyana o Venezuela es soberana sobre ese territorio terrestre.

Guyana confía en que la Corte resolverá la cuestión a su favor, y que ello necesariamente resolverá también la cuestión de los derechos marítimos en el mar y el fondo marino adyacentes.

Ahora bien, en virtud del derecho internacional, esto es algo que debe decidir la Corte Internacional de Justicia.

Entretanto, el intento de Venezuela de reclamar para sí el mar y el fondo marino adyacentes a la costa al oeste del río Esequibo es otra nulidad jurídica, que no recibirá ninguna consideración jurídica de ningún otro Estado del mundo, incluida Guyana.

La segunda medida lamentable que el Presidente Maduro tomó el 7 de enero fue rechazar la decisión de la Corte Internacional de Justicia emitida el 18 de diciembre; en ese caso se decidió que tenía competencia para considerar el laudo arbitral, emitido el 3 de octubre de 1899, incluido el hecho de que sigue siendo válido y legalmente vinculante para ambos Estados, y emitir un dictamen al respecto.

En virtud del derecho internacional, la decisión de la Corte, que fue adoptada por una abrumadora mayoría de sus magistrados, es definitiva y jurídicamente vinculante tanto para Guyana como para Venezuela.

Para que quede claro, señalo lo siguiente:

En primer lugar, durante mucho tiempo ha sido un principio fundamental del derecho internacional que un tribunal internacional, incluida la Corte Internacional de Justicia, tiene competencia para determinar su propia jurisdicción, como hizo la Corte Internacional de Justicia el 18 de diciembre de 2020.

En segundo lugar, la Carta de las Naciones Unidas obliga a todos los Estados Miembros a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluidas las determinadas por la Corte Internacional de Justicia.

En este sentido, Venezuela no tiene el “derecho” de “rechazar” la decisión vinculante de la Corte.

Es más, sus asesores jurídicos sabrán que hacerlo es una violación flagrante de sus obligaciones jurídicas y no será aceptado por la Corte Internacional de Justicia, las Naciones Unidas o cualquier otro órgano que defienda el derecho internacional y sus normas y prácticas.

En mi calidad de Presidente de Guyana, expreso la esperanza de que el Gobierno venezolano reconsidere su posición y decida participar en el resto de las actuaciones ante la Corte Internacional de Justicia, al pronunciarse esta sobre la validez y el carácter vinculante del laudo arbitral de 1899 y la frontera internacional por él creada.

Sin embargo, aunque expreso esa sincera esperanza, también quiero dejar claro que, si Venezuela decide boicotear los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia, no disuadirá a la Corte ni retrasará su fallo.

El reglamento de la Corte establece expresamente que la ausencia deliberada de una de las partes no impedirá que decida un caso.

Llamo la atención sobre otro asunto relacionado con el caso que tiene ante sí la Corte Internacional de Justicia.

Desafortunadamente, en un esfuerzo por desacreditar a la más antigua y respetada Corte mundial, Venezuela ha tergiversado la naturaleza del reciente acto administrativo de la CIJ.

Ese acto consistió en invitar a las partes a reunirse con el Presidente de la Corte para conocer sus opiniones sobre la programación de los alegatos escritos para la etapa relacionada con las cuestiones de fondo del caso.

Es una práctica habitual de la Corte.

Tiene por objeto que las partes indiquen cuánto tiempo se necesitaría para preparar y presentar la Memoria de Guyana y la Contramemoria de Venezuela.

Ese es el único tema que ha de tratarse en la reunión.

Por lo tanto, es inexacto y engañoso que Venezuela afirme que la Corte ha programado una “audiencia” sobre el fondo del caso sin darle tiempo suficiente para prepararse.

De hecho, Venezuela tendrá más de un año para preparar su caso.

Conciudadanos, he tomado nota de que un periódico de Guyana ha atribuido al Presidente Maduro un tuit en el que supuestamente ha jurado reconquistar el Esequibo.

La investigación realizada por mi Gobierno de las declaraciones del Presidente Maduro no corrobora la afirmación del periódico.

Por lo tanto, mi Gobierno tiene la intención de actuar únicamente sobre la base de las declaraciones oficiales emanadas de Venezuela que han sido corroboradas.

A ese respecto, hoy mismo he dado instrucciones al Ministro de Relaciones Exteriores, Hugh Todd, para que convoque al Oficial Encargado de la Embajada de Venezuela en Georgetown al Ministerio de Relaciones Exteriores para expresar la profunda preocupación de Guyana por el decreto emitido el jueves pasado.

Se ha dicho al Oficial Encargado que transmita a las autoridades venezolanas en Caracas que, de conformidad con el derecho internacional, y en afirmación de su soberanía e integridad territorial, Guyana rechaza por completo el decreto emitido por el Presidente Maduro.

Guyana continuará en el camino de la solución pacífica de este asunto de conformidad con el derecho internacional y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

Instamos a nuestra vecina Venezuela a hacer lo mismo.

Mientras tanto, estamos alertando a la Comunidad Internacional, en particular a nuestros Estados hermanos de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y de las Américas, sobre el peligro para la paz y la seguridad internacional que está planteando el decreto de Venezuela del pasado jueves, que viola los principios fundamentales del derecho internacional.

Conciudadanos, continuaremos con nuestro enfoque bipartidista y nacional en este asunto, seguros de que el derecho y la ley están de nuestro lado.

Tengan la seguridad de que mi Gobierno, y yo personalmente, seguiremos manteniéndolos informados de cualquier novedad sobre este asunto.

Guyana es nuestra tierra, la tierra de los guyaneses, un pueblo, unido y firme en nuestra devoción a ella.

Gracias por escuchar.

Dios bendiga a Guyana; Dios bendiga al pueblo guyanés.