Angélica Rettberg es Ph.D en Ciencia Política de la Universidad de Boston; Dirige el programa de Investigación sobre Construcción de Paz –Conpaz- del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, de donde además es profesora de planta desde 2002. Actualmente se encuentra realizando una investigación sobre costos del conflicto para el sector privado en Colombia, con colaboración del CEDE y en asociación con la Fundación Ideas para la paz e Internacional Alert.

¿Por qué la necesidad de “tender puentes” entre el sector privado y la sociedad civil para construir paz?

Hay un mandato de las entidades oficiales hoy en día en esa dirección. Pero también hay evidencia empírica que demuestra que las alianzas entre sectores son más conducentes a producir los resultados esperados por todos; de ahí la necesidad de parar o revertir el aislamiento en el que normalmente opera el sector privado en cuestiones de construcción de paz, o en general, para buscar asociaciones más proactivamente con organizaciones de la sociedad civil porque eso se espera, le da mayor estabilidad y legitimidad a los procesos que se emprenden.

¿Qué tipo de costos de conflicto son los más representativos para el sector privado?

Eso es interesante porque hay que distinguir entre costos directos –ser atacado, agredido, secuestrado, extorsionado o sometido a un atentado- que son muy dirigidos a una persona o empresa y los costos indirectos que tienen que ver con lo que significa operar en un entorno complicado, como es el caso colombiano. Estos segundos son lo más comunes y elevados según la encuesta que hicimos (Conpaz, Universidad de Los Andes) con ayuda del CEDE y de International Alert y lo que muestra eso por ejemplo es que perder oportunidades de negocio y el retraso de la mercancía porque las redes de distribución y transporte no están funcionando entre otras cosas, es lo más común y genera un mayor costo para los empresarios en Colombia.

¿Qué tipo de empresas resultan más vulnerables a estos costos?

Son las grandes principalmente y las que operan a nivel nacional. Las primeras porque son más atractivas para alguien que quiera extorsionar por ejemplo y también las que más pierden en condiciones adversas. Las segundas, que suelen ser grandes también, son las que tienen que atravesar carreteras dentro del país y pasar por zonas conflictivas.

¿Qué tipo de acciones concretas puede tomar una empresa privada en Colombia para contribuir a la construcción de paz?

Hay diferentes ejemplos: Pueden invertir socialmente por ejemplo, en cooperativas y proyectos de desarrollo productivo –que lo hacen en varias partes del país-; brindar programas de capacitación más allá de sus propios trabajadores; antes que nada, pueden pagar impuestos pues aquí la evasión es altísima y parte de los recursos que nos faltan para promover desarrollo tienen que ver con los enormes niveles de evasión, pues es plata que al Estado no le entra para hacer cosas que debería hacer; dejar de financiar paramilitares como lo han hecho, o de contaminar e incumplir condiciones y requisitos laborales. Aparte, como mencioné, cuestiones más proactivas como invertir socialmente con el propósito explícito de construir paz, casi siempre a nivel local, o sea en el entorno inmediato de las empresas.

Si se tiene en cuenta que las empresas son entes racionales, ¿puede asumirse entonces que una vez cese el fuego éstas dejarán de emprender acciones encaminadas a la construcción de paz?

Incluso antes de un cese al fuego. Lo que hemos visto siempre es que el argumento para un dividendo para la paz y la participación empresarial para la construcción de paz es más elevado cuando les respira el monstruo en la nuca: cuando hay crisis económica, altos costos de conflicto y ausencia estatal. Cuando una o todas las variables disminuyen, se pierden los adeptos… y eso lo estamos viendo en Colombia. En el año 2000 por ejemplo, veníamos de una crisis económica y un drama general, había un proceso de paz y hubo gran participación empresarial; cuando eso empezó a no mostrar resultados, y en cambio la política de Seguridad Democrática sí, toda esa vocación empresarial en pro de paz comenzó a decaer. Hoy en día es más difícil lograr que participen en la construcción de paz.

¿Qué espacios existen para que las empresas se vinculen a la construcción de paz?

Las cámaras de comercio promueven esas iniciativas y hay varias andando en diversas partes del país. Lo común es precisamente que varias empresas se unan y trabajen conjuntamente, y un ejemplo es lo que conocemos como Vallenpaz, que está liderado por el sector privado en el Valle del Cauca y Cauca y también incluye universidades, organizaciones sociales...etc. Donde la empresa no presta dinero pero si know how, habilidades administrativas, capacidad de diseño y planeación para que en zonas “rojas” de esos dos departamento superen lo que se consideran causas estructurales de la guerra local, que llevan a desplazamiento y a mayores índices de conflicto. Entonces por ejemplo, promueven proyectos productivos para que los campesinos produzcan lo que sea que no sea coca, ofreciéndoles canales directos de distribución en Cali para que no tengan que pasar por todos los intermediarios; esto con el efecto neto de que al campesino que produce tiene muchos más ingresos. Éste es un ejemplo concreto de lo que están haciendo, que está funcionando y arrojando resultados.

¿Qué actores externos al sector incentivan o desincentivan el propósito de las empresas de construir paz?

Hay que decir primero que las empresas suelen tener un umbral de aguante y éste es más alto o más bajo dependiendo de qué sector, empresa y tamaño de empresa estamos hablando. El extractivo o petrolero por ejemplo, tiene uno altísimo, ellos están acostumbrados a operar en situaciones muy complejas, tiene que pasar mucho para que se vayan o digan no más. Hay otros que no tienen esa capacidad. Habiendo aclarado eso, la acción armada sostenida tanto directa en ataques como extorsiva, etc., puede llevar a que las empresas decidan retirarse, trasladarse o cerrar totalmente el negocio, desincentivando así su capacidad de operar y sus acciones de cooperación.

…muchas empresas, cuando se meten en tareas de construir paz, lo hacen como reacción a una ausencia estatal local.

Gran parte del tiempo eso no ocurre porque surge una especie de equilibrio estable entre empresas y actores armados localmente, donde nunca extorsionan más allá de la capacidad de aguante de la empresa; Se desarrolla un modus vivendi muy perverso ya que los unos saben cuánto pedir y los otros cuánto pueden dar sin dejar de ganar.

Ahora, otros actores como entidades internacionales son relevantes y es muy común que una agencia de cooperación internacional asuma los costos directos de la acción de construcción de paz; Vallenpaz es ejemplo de ello y hay otros similares donde quién pone la plata no es el empresario. Pretender que ellos se saquen la plata del bolsillo es mucho menos probable que darles la de otro para que la administren; Ahí hay una delegación de funciones que incentiva la construcción de paz. Es decir, si yo voy a tener que poner mi trabajo a cambio de tener comunidades locales más afines a mi negocio, en las que me van a dejar operar tranquilo, pues eso me incentiva mi acción.

¿Y el Estado qué papel juega en todo esto?

El Estado juega un papel en la medida que está ausente. Es decir, muchas empresas, cuando se meten en tareas de construir paz, lo hacen como reacción a una ausencia estatal local. Estoy hablando por ejemplo de casos como Indupalma en el Magdalena Medio, donde hay una exposición y vulnerabilidad total, soledad profunda de una empresa tratando de producir aceite de palma en una zona muy compleja, donde el ejército es muchas veces la única presencia estatal que hay… y va y viene. El resto del tiempo están ellos y sus operaciones expuestos a los vaivenes del conflicto armado local.

El Estado sin embargo es, curiosamente, muchas veces el beneficiario indirecto de estas acciones; Por ejemplo en el caso de Vallenpaz, una de las metas era traer a las localidades en las que trabajan instituciones oficiales: que vuelva funcionar el teléfono, la procuraduría, un juzgado donde registrar los niños… que hayan mínimos de presencia estatal. En esa medida el Estado no asume el costo, es el causante del problema pero si se ve beneficiado.

¿Existen diferencias sustanciales entre las empresas cuya operación es netamente urbana y las que operan regional o ruralmente?

En el campo en general son más fácilmente presas, es decir, si hay una diferencia cualitativa entre la presión del conflicto armado en la ciudad y en el campo, generalmente el conflicto se percibe distinto. Eso se manifiesta por ejemplo en que el fenómeno paramilitar tiene sus orígenes en el agro, en ganaderos y agricultores desesperados del hostigamiento guerrillero y enfrentados a una ausencia estatal, que se organizan para contrarrestar ese fenómeno; entonces digamos que hay un hostigamiento y respuesta más severos ahí. Eso no significa que en la ciudad no se sienta el conflicto. Así uno crea que en Bogotá está mucho más alejado de lo que pasa, hay zonas de la ciudad -por ejemplo Soacha, Bosa o Ciudad Bolívar- donde operan empresas que están sometidas a los mismos regímenes de extorsión, boleteo, vacunas y persecuciones a ejecutivos, como si estuvieran en el campo, estando a 20 minutos de su casa. Es decir, estar en la ciudad no es necesariamente garantía de nada, pero en general la presión si es menor acá.

¿Cual es en su opinión el hallazgo más relevante de la investigación que realizaron y cuáles los pasos a seguir?

Hay dos cosas que realmente quiero resaltar de esa investigación: En primer lugar, si uno mira el discurso empresarial tradicional, incluye cuestiones como que “a mi no me ha ocurrido nada, no me han secuestrado ni extorsionado…” y con eso dicen entonces que se están sobredimensionando los costos del conflicto. Lo que muestra nuestra encuesta es que es cierto, directamente muy pocos han sido afectados; Es decir que afortunadamente en este país no es tan fácil que las empresas tengan que sufrir directamente las consecuencias del conflicto. Pero hay algo a lo que están todos muy expuestos y que efectivamente no calculan: cuánto les cuesta lo que se gastan en seguros, vigilancia y seguridad, ratings de inversión bajos a nivel internacional, que la inversión extranjera no llegue, o que el turismo no venga… ¿Cuánto les cuesta por ejemplo que un camión se quede parado en una carretera, porque dañaron un puente?

Estos costos acumulados no se miden y cuando se hace esa sumatoria -por lo menos con lo que nos demuestra la encuesta- se ve que si tienen un alto costo indirecto las consecuencias del conflicto armado.

Una misión que yo me propongo como académica es tratar de transmitir más claramente esta información, es decir, es cierto que a usted no lo han atacado, pero no crea que eso implica que no le está costando lo que está pasando y sobretodo que está dejando de ganar. Yo creo mucho en la fuerza del argumento económico, apelar al bolsillo del empresario tiene mucho sentido; Uno gana o pierde con respecto a una situación, y si además, por buena persona o altruista se quiere dedicar a la paz, excelente, pero antes de eso entienda que para usted y su empresa es mejor que esto pare.

Un segundo resultado importante es identificar los retratos típicos de empresas más vulnerables. O sea poder decir si usted está en el sur del país, es una empresa grande, tiene una operación nacional y en el sector de minas, energía o transporte… etc., está más expuesto al conflicto; creo que así puede moverse más el tapete de las empresas, ya que si uno habla del sector privado colombiano en términos generales, inmediatamente se enfrenta al hecho de que no todos sufren igual y tampoco las mismas cosas. Entonces, a medida que uno especifica el costo y logra llegar a los grupos “target”, haciéndoles entender que son más vulnerables y por lo tanto cambiando algunas cosas se generan grandes beneficios para su empresa, termina siendo más efectivo.

Con respecto a la segunda pregunta, tenemos una meta concreta que es llevar este trabajo a las regiones, queremos hacer una ronda nacional, para generar conciencia de que existe esa diferencia entre costo directo e indirecto en Colombia y los segundos son precisamente más altos y más masivos.