La pobreza extrema, emigración rural masiva e incremento de la delincuencia organizada, que se agudizan en el sur-sureste de México, exhiben el fracaso del Plan Puebla Panamá (PPP), promovido por el presidente Vicente Fox. Cinco años después, esa iniciativa que prometía un flujo importante de inversión nacional y extranjera para nueve estados sureños y alivio a los añejos problemas sociales y económicos de la región, naufragó por falta de planeación e indolencia.

El PPP fue presentado el 15 de junio de 2001 como un proyecto para integrar la zona sur-sureste de México y Centroamérica al mercado internacional. Sería ejemplo del proceso de inversión-comercio a escala mundial mediante ocho iniciativas que se enfocarían a la construcción de infraestructura, procesos de privatización y creación de una zona de libre comercio en una región rica en recursos y biodiversidad. Ninguna fue concretada.

El plan que detonaría a Mesoamérica, beneficiaría, se dijo, a los 65 millones de habitantes de la región (28 en la zona mexicana y 36 en Centroamérica). Todos ellos siguen en la pobreza, tienen bajo nivel educativo y altos índices de desempleo; sin embargo, fracasó porque el gobierno foxista no estableció un diálogo con esas comunidades, las cuales desde su lanzamiento se opusieron al plan.

El proyecto mesoamericano no transparentó el manejo de los recursos públicos desde las dependencias ni el criterio de selección, origen y destino de las inversiones que arribarían a la región. Tampoco fue claro el compromiso asumido por el gobierno con el Banco Mundial, el BID y otras instituciones financieras para sustentar esa iniciativa.

Al final del sexenio, la atonía económica prevalece en Campeche, Yucatán. Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, entidades que se beneficiarían con el PPP.

José Gasca Zamora, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y experto en el tema, explica que a esas entidades se les atendió con políticas asistencialistas, lo que convierte a la población en sujeto muy manipulable.

“No quieren esperar cada mes a que les lleguen las becas o lo que les dé el gobierno porque se vuelven improductivos. Pero el gobierno insiste en dar esa ‘ayuda’ planeada desde las cúpulas”, señala el investigador. El problema no es la política de asistencia, sino los recursos que se lleva. En la estructura financiera de los recursos que se le destinan a la Sedesol, esos programas ocupan muchos recursos, casi el 80 por ciento o más de su presupuesto se destinan para programas de tipo asistencial.

“Además, Sedesol es la responsable de la política territorial y regional del país, y los programas de ordenamiento del territorio se quedan en los libreros, en las buenas intenciones”, indicó Gasca, autor del estudio próximo a publicarse “El Plan Puebla Panamá. Una perspectiva del desarrollo regional en el contexto de los procesos de la economía mundial”.

A los estados más pobres del país no llegó la ayuda del PPP. Así lo cita el informe del Banco de México sobre las remesas del 25 de agosto, que indica cómo el envío de dinero por los trabajadores mexicanos en Estados Unidos superó la inversión extranjera directa el primer semestre del 2006, al sumar 11 mil 425 millones de dólares.

¿Qué faltó?

Este Plan ejemplifica también que el Estado no logró ser un promotor eficiente del desarrollo regional. Gasca Zamora afirma que la planeación centralizada y vertical sólo privilegia a ciertos sectores y regiones, imponiendo sus intereses, y niega a las regiones su derecho a participar del beneficio y riqueza de su propio territorio. Al final, estos programas se reducen a dotarlos de un carácter asistencial y clientelar.

Así sucedió históricamente con las políticas de corte regional que fueron impuestas durante décadas en México. Su impacto fue aislado y coyuntural lejos de su objetivo de desarrollo, con lo que la inercia negativa del modelo interno de economía protegida se reflejó en estrategias de sobreexplotación de los recursos de las regiones, que no diversificaron ni otorgaron continuidad a las inversiones, abunda el experto en desarrollo regional.

El Programa Microregiones del gobierno federal, fue otro fracaso. Se destinó a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Puebla y no fue suficiente para reducir la pobreza extrema al ritmo que se requiere. Así, el PPP enfrentó un dilema: proporcionar a esas entidades una inyección temporal de recursos financieros para explotar sus valiosos recursos, o quedar fuera de la inversión y acumulación de capital.

En su estrategia transfronteriza, el PPP incorporó también a Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, los siete países de Centroamérica, a su proyecto centralista sin tomar en cuenta las iniciativas locales. Ese Plan tuvo que discernir cómo lograr el equilibrio entre crecimiento económico, expansión del capital y alcanzar el desarrollo regional.

Gasca Zamora afirma que el PPP fue la punta de lanza para atraer inversionistas al proyecto Mesoamérica. “Pero es un proyecto al que no le ven mucho futuro los inversionistas que podrían haber invertido en las áreas portuarias, transporte y comercialización”.

- ¿Y los inversionistas mexicanos?

- Es lo que quisiéramos saber. Hay algunos muy fuertes que sí tienen inversiones en la región, como los productores de lácteos en la región de la Frailesca en Chiapas (de tipo trasnacional). Y se habló de que grupos como Banamex y Carso estaban interesados, pero brillaron por su ausencia”.

El académico atribuye esa falta de inversión nacional a que en la región sureste del país y en Centroamérica en general no existe tradición empresarial, “como sí hubo en el centro y norte del país, donde ha habido una tradición de consolidación de grupos empresarios importantes.

“No se debe seguir apostando a este tipo de esquemas. El desarrollo regional es un concepto más amplio e integrador que implica la participación de las poblaciones locales, no sólo de las cúpulas gubernamentales. No hubo descentralización y el Plan Puebla Panamá, fue una agenda para discutir cómo abrir la región a las inversiones, fue el complemento del ALCA y se quedó simplemente en políticas centralizadas y asistencialistas.”, sentenció.

Integración ad hoc

Del PPP, sólo avanzaron las iniciativas de infraestructura y energética. De la mano con la estrategia de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte (ASPAN), firmada en marzo del 2005 por Estados Unidos, Canadá y México, se asegura el suministro de crudo a la superpotencia mundial.

El 14 de diciembre de 2005, los presidentes de los países centroamericanos, de República Dominicana, México y Colombia, que forman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), acordaron la participación energética de la región en la “Declaración de Cancún”. Se construirá una refinería; una planta de generación de electricidad; una red de gasolinerías de Pemex, la integración eléctrica México-Centroamérica-Colombia, la integración gasera de la región, el impulso a las energías renovables y la eficiencia energética.

México ya apuró el paso para erigir la refinería Mesoamericana. El 10 de agosto, Fernando Canales Clariond, secretario de Energía anunció que participarán firmas nacionales y filiales de empresas extranjeras en ese complejo industrial energético en el Istmo centroamericano, con un valor de 100 mil millones de dólares y capacidad mínima de 360 mil barriles diarios en promedio.

Canales Clariond anunció que México será el principal abastecedor de crudo y atenderá así la demanda de Estados Unidos, el principal consumidor del mundo. Y como ejemplo de la falta de transparencia sobre el tema, el funcionario omitió dar los nombres de los concursantes. “Son entre 20 y 25; no puedo citarlas si no lo autorizan”, dijo a su regreso de Washington y Houston, en donde se reunió con inversionistas.

El complejo industrial se construirá y operará, ya sea desde Puerto Quetzal, en Guatemala o Puerto Armuelles, en Panamá y exportará sus excedentes al mercado estadounidense. De esta manera, la iniciativa del PPP, asegura el abastecimiento energético en una región que, salvo México, es importadora de hidrocarburos.

También en el rubro eléctrico, fue útil el PPP para alimentar la avidez energética de los Estados Unidos. Ubicó los mercados eléctricos para promover inversiones privadas con sus principales proyectos: el Sistema de Interconexión Eléctrica Centroamericano (SIEPAC); la interconexión México-Guatemala, y la interconexión Guatemala-Belice.

Esa iniciativa energética tuvo el amplio respaldo del gobierno de Estados Unidos, los gobiernos centroamericanos, y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parte del proyecto y México sería el operador del Plan, señala Rocío Vargas Suárez, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), en su estudio “Trasfondos de la integración energética centroamericana”.

Para la especialista, “el presidente Fox, vio en el Plan Puebla Panamá, la posibilidad de fortalecer el liderazgo regional de México y, a la vez, asumió el papel de aliado y vocero de la administración republicana de Estados Unidos. Al crearse el Comité Técnico de la Comisión Ministerial, México aportaría un millón de dólares, mientras que era pública la falta de presupuesto gubernamental para las inversiones en sus propias empresas nacionales.

“La brecha en la lógica que se observa entre el discurso y el desempeño nacional muestra que el presidente Vicente Fox es el intermediario de intereses que no corresponden precisamente a los de la nación mexicana”, explica la experta en economía y política internacional.

No es desdeñable el atractivo económico para los empresarios que licitaron sus obras en el Plan: se estima en 25 mil millones para los próximos diez años.

La papa caliente

Al asumir la presidencia, Vicente Fox designó a Florencio Salazar coordinador del Plan Puebla Panamá durante 21 meses. En 2003, Salazar Adame fue designado titular de la Secretaría de la Reforma Agraria y aunque afirmó que dejó al PPP “vivito y coleando”, expresó que su gran limitante fue la falta de presupuesto, pues sólo ejerció 10 millones de pesos.

Aun en funciones, Salazar confirmó que el capítulo social del Plan no contempló nunca a la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas –que se presentó en marzo de 2001 al Congreso de la Unión– ni las demandas de los indígenas del sureste mexicano.

Aunque se habló de un intenso trabajo intersecretarial y de enlace regional, el coordinador de la Semarnat en Chiapas, desconocía en el año 2002 los proyectos considerados por el PPP para su propia oficina. Esas contradicciones reflejaron la poca coordinación interna.

José Gasca, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM explica que al comenzar, el PPP se articuló desde Los Pinos porque no tenía presupuesto ni estaba en el organigrama de la Administración Pública Federal del 2001. Un año después, la Cámara de Diputados le asignó presupuesto y se crearon cuatro grupos interinstitucionales operados por las nueve dependencias federales, entre ellas la Sedesol, SCT, Semarnat y la SRE.

La operación del PPP desde la SRE no estuvo exenta de problemas. El 20 de diciembre de 2002, Jorge Lomonaco, oficial mayor de la SRE renunció a hacerse cargo del Plan, alegando los recortes a su presupuesto para 2003. Lomonaco explicó que la dependencia tenía un déficit de 500 millones de pesos y le sería “imposible coordinar el PPP con Centroamérica; simplemente no nos podemos hacer cargo".

Al final, la cancillería aceptó y el PPP se ejecutó desde la subsecretaría de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional de la SRE, a cargo de Miguel Hakim.

De acuerdo con la solicitud de información pública a esa dependencia, provista por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la cancillería erogó en el año 2003, un total de 16 millones, 367 mil 80 pesos por concepto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles, además de “otras erogaciones, y pensiones, jubilaciones y otras”.

Durante 2004, por el mismo concepto la cancillería erogó 13 millones 198 mil 40 pesos y al 2005, gastó 14 millones 953 mil 60 pesos. Es decir, la promoción del Plan Puebla Panamá por la SRE por tres años le costó al erario 44 millones 519 mil 80 pesos.

Sin embargo, ya desde el 2002 la Coordinación General del Plan Puebla Panamá de la SRE tenía asignadas a 14 personas bajo la responsabilidad de Héctor Ferreira Dimenstein y Herbert Taylor Arthur. En 2003 y 2004, Taylor Arthur fue el único responsable y en 2005, él e Ignacio Villaseñor Arano fueron responsables de 15 empleados.

Año IV No. 44 Septiembre 2006

Rechazo popular

En 2003, Miguel Pickard, investigador del Centro de Investigaciones y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), preguntaba en su estudio “Cambio de estrategia”: ¿Qué ha pasado con el PPP? Y respondía que en el 2002 hubo un cambio en la estrategia del gobierno de México del que fue uno de los proyectos mas acariciados por el presidente.

Pickard observó entonces la ausencia de toda mención del Plan en la prensa mexicana, “en momentos clave como el actual, en que Fox y el gobernador de Chiapas buscan inversiones. ¿Por qué este vuelco de 180 grados? ¿Qué produjo el actual mutismo oficial y qué podemos esperar en cuanto a una nueva orientación estratégica del gobierno?

“Una razón del silencio oficial es la creciente ola de rechazo popular generada por el PPP. Detrás de la delgada capa de barniz social que proyectó la retórica oficial, su intencionalidad real fue clara. El PPP es un engrane más en los diversos proyectos neoliberales (ALCA, OMC, TLC) impulsados por grandes corporaciones, los gobiernos de EUA y Europa y la banca multilateral”, para canalizar miles de millones de pesos de fondos públicos a construir o mejorar obras de infraestructura y propiciar el ingreso de capitales corporativos a la región”.

En abono de su tesis, Pickard reseña que al comenzar a operar el Plan, un sector importante de la población del sureste de México y de Centroamérica se informó, organizó y movilizó, para protestar contra “este mega-plan, diseñado a espaldas de las necesidades reales de los habitantes de la zona. De la protesta se pasó a los actos para detener obras como:

La suspensión (en 2002) del anillo periférico en la ciudad de San Salvador, para evitar el desplazamiento de decenas de miles de personas. Las organizaciones campesinas en Chiapas, aledañas al Río Usumacinta, vigilan todo movimiento oficial de obras para evitar la construcción de hidroeléctricas. Ahí, las comunidades ribereñas se han confrontado con personal del Comisión Federal de Electricidad que busca comprar tierras o negociar derechos de paso.

En Xalapa, Veracruz, los activistas lograron desviar el trazo original de una carretera de libramiento que habría destruido un bosque de niebla que dota 50 por ciento del agua que consume esa ciudad. En Puebla las movilizaciones de las organizaciones, cancelaron el Plan Milenium, expresión local del PPP.

Por su parte, la 3ª Comisión Civil Internacional de Observación Europea por los Derechos Humanos, denunció en 2002 que la baja drástica de los precios del café, influía en la migración de población del sureste mexicano, al ser uno de los sectores más golpeados por la globalización. En el Plan Puebla Panamá, el fomento a los cafeticultores no se contempló, como tampoco el rubro de salud, y sólo tiene un proyecto piloto que consisten en construir un hospital de medicina tradicional (por 25 millones de pesos) en Puebla.