La detención del periodista colombianoFredy Muñoz Altamiranda, corresponsal del canal Telesur en Colombia, provocó en su favor la más heterogénea solidaridad nacional e internacional a partir de que su caso fue asimilado al de otras víctimas que, con pruebas fabricadas y aportadas también por los organismos de seguridad, terminaron judicialmente comprometidas. Pero también por la connotación política que su cadena y el gobierno venezolano le dieron desde el primer momento a la detención, ocurrida el 19 de noviembre en Bogotá, cuando el comunicador regresaba de Caracas de una capacitación profesional.

La solidaridad provino desde el presidente venezolano Hugo Chávez hasta el más humilde reportero de la Costa Caribe colombiana, pasando por voceros de reconocidas organizaciones internacionales, como la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Trato legal y justo, y libertad para el periodista son las peticiones más comunes.

Según explicó el mismo periodista a diversos medios, tres ex guerrilleros de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) lo señalaron hace varios meses ante las autoridades de ser “Jorge Eliécer”, un guerrillero que, según los delatores, habría participado en 2002 en varios actos terroristas en las ciudades de Cartagena, Barranquilla y sus alrededores. Pero Muñoz Altamiranda, de 33 años, de los cuales 12 de ejercicio profesional en radio, prensa y televisión, ha insistido en que es inocente.

Quienes han trabajado con él en este tiempo, especialmente en Barranquilla y Cartagena, creen a pie juntillas en su inocencia. Lo creen incapaz de promover actos terroristas del tipo de que lo acusan, como el ataque con bombas incendiarias a las oficinas de una empresa distribuidora de energía y de torres eléctricas en Cartagena y sus alrededores. “Fredy lo que es un hablador”, dice desde Londres César Molinares, quien fue su compañero en 2002 en la planeación de un programa radial y de televisión que “revolucionaría el periodismo en la Costa” y que no avanzaba porque andaban sin dinero y sin apoyo empresarial, hasta que apareció un mecenas, justamente una multinacional que presta el servicio de agua potable en Barranquilla. El programa se llamó “Puro Ambiente” y trató de sensibilizar a los barranquilleros y a los costeños para que hiciera mejor uso de la naturaleza, en verdad periodísticamente nada del otro mundo pero sí con el ánimo de la denuncia. Con el mismo criterio altisonante formó parte en ese entonces Fredy de un grupo de periodistas que creó el semanario Al Día, que feneció con seis ediciones, dos meses después de su nacimiento.

Dice otro compañero de andanzas, José Vicente Camargo, realizador de televisión, que aun cuando Fredy pertenecía al grupo de radio en “Puro Ambiente” se enamoró de la propuesta televisiva y entonces empezó a hacer los libretos, y así fue como inició su carrera en televisión. Hizo luego documentales con su padre, el escritor y periodista de opinión Libardo Muñoz, y posteriormente retornaron los tiempos malos. Fue entonces cuando Fredy se enteró que en Venezuela iban a abrir un canal regional internacional y se marchó a Caracas. De allá regresó como corresponsal.

Decisión pendiente

Tras su detención, Fredy fue llevado a Barranquilla, a la Fiscalía Especializada número cinco, donde le recibieron su primera indagatoria y le dieron por cárcel las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que han sido habilitadas para detenidos con especial consideración. Allí permanece. El fiscal ordenó unas pruebas, entre ellas para determinar si efectivamente tenía en su cuerpo huellas de unas quemaduras ocasionadas en uno de los episodios terroristas que le imputan, y pidió que la investigación pasara al Fiscal Especializado número tres de Cartagena, cuya decisión de si permanece detenido o le otorga la libertad está pendiente a la hora en que se escribe este texto.

Desde el mismo momento de su detención Fredy emitió un comunicado que alertó a los medios colombianos y organizaciones de protección de la libertad de prensa, mientras Telesur ha mantenido la atención sobre su caso, con intervenciones de su propio presidente Luis Izarra, denunciando persecución por la condición independiente y crítica de la cadena respecto al gobierno colombiano.

La solidaridad de los periodistas del Caribe colombiano se facilitó por la existencia de una red virtual con unos 400 miembros denominada Redcaribe, a través de la cual empezaron a transmitirse testimonios de lo que ha sido Fredy y la imposibilidad, por su talante profesional y práctica cotidiana, de que estuviera comprometido en hechos delictivos con las Farc. En la red se puso de presente que este caso parece calcado de la experiencia que soportó el sociólogo cienaguero Alfredo Correa De Andreis, quien residió en Barranquilla y en 2004 fue asesinado en una de sus calles por los paramilitares de derecha. Correa también fue acusado por unos ex guerrilleros, estuvo detenido en Cartagena y luego en la cárcel El Bosque de Barranquilla. Él y su familia enviaron varias comunicaciones al Presidente de la República Álvaro Uribe pidiéndole apoyo y protección, pero de nada sirvió. Posteriormente se dio otro caso igual, esta vez contra el gestor cultural Yamil Cure, quien, después del susto, se fue de la ciudad.

Ambiente de miedo

El caso de Fredy Muñoz se desarrolla justamente cuando la situación general de la libertad de expresión en la Costa Caribe se deteriora como consecuencia del escándalo de la “parapolítica”, que, por afectar a numerosos miembros de la clase política regional, ha generado un ambiente de tensión y hasta amenazas contra los comunicadores en ciudades como Sincelejo, Valledupar y Santa Marta.

Quienes infieren las amenazas buscan evitar que los periodistas publiquen noticias o comentarios sobre los temas que afectan a los políticos por sus nexos con los paramilitares.

Los periodistas de radio son los más afectados. Es el caso de José Ponce Obispo, de Santa Marta, director de Mi Radioperiódico, en la emisora Radio Galeón, cuyo propietario, Rodrigo Ahumada, fue asesinado por narcopolíticos en 1994. Ponce Obispo recibió llamadas telefónicas en su casa que le conminaron a no seguir hablando del tema de la parapolítica y luego las autoridades confirmaron la seriedad de los riesgos. Desde entonces ha cesado en su participación en el noticiero.

Por otro lado, el martes 28 de noviembre el periodista Robinson Ruz Ruz, director del Noticiero del Medio Día, de la emisora Radio Piragua, de Sincelejo, Sucre, recibió un sufragio con una amenaza de muerte.

En ambos casos se trata de periodistas caracterizados por un manejo crítico de los hechos noticiosos