A continuación presentamos algunos apartes de la exposición de motivos del mencionado proyecto de acto legislativo "Por el cual se constitucionalizan los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad y se establecen mecanismos para garantizar la no repetición del paramilitarismo en Colombia".


En el último medio siglo, millones de personas en Colombia han sido víctimas de múltiples formas de violencia. A los crímenes y vejámenes sufridos en carne propia, o en la persona de sus seres queridos y cercanos, se han sumado con frecuencia el desarraigo yla miseria. Muchas comunidades han sido desintegradas por efectos de la guerra, o sometidas a formas de control autoritario. La impunidad generalizada ha brindado seguridad a los perpetradores de estos hechos para que puedan gozar del botín de su accionar violento en total libertad. Sin la sanción social de sus actos, se han sentido estimulados a cometer nuevos crímenes.

La negociación emprendida en el marco del gobierno de Álvaro Uribe con las AUC, no ha permitido desmantelar a los grupos paramilitares como estructuras mafiosas que actúan en contra del movimiento popular; ni tampoco, avanzar en superar la impunidad estructural. Por el contrario, su desarrollo ha tolerado la reingeniería del proyecto de extrema derecha: avance en el control político de vastas regiones, legalización de fortunas y legitimación del terrorismo de estado.

El marco jurídico de "Justicia y Paz", en el cual se juzgarán los mandos medios y los comandantes del paramilitarismo, lejos de garantizar que se conozca la verdad histórica; que se aplique justicia efectiva a los perpetradores, financiadores, ideólogos y beneficiarios de crímenes atroces; que las víctimas obtengan reparación integral; y que el sistema político colombiano sufra las modificaciones requeridas para garantizar la no repetición de los crímenes, más bien conduce a una nueva victimización y estigmatización de las víctimas, sus familias y sus organizaciones.

El proceso de legitimación del paramilitarismo que se adelanta, exige que las victimas y la sociedad entera levanten la bandera de la memoria y la dignidad, denunciando que la impunidad no conducirá a la paz. En este sentido, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en desarrollo de las Ocho estrategias contra la impunidad definidas como marco de acción en el encuentro nacional, viene edificando propuestas que aporten a la construcción de las condiciones que permitan la realización de los derechos de las víctimas.

Dentro de dichas estrategias se encuentra la presentación del proyecto de acto legislativo "Por el cual se constitucionalizan los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad y se establecen mecanismos para garantizar la no repetición del paramilitarismo en Colombia". Por medio de este proyecto se busca: contrarrestar los efectos de la legalización de la impunidad, mediante la constitucionalización de los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad y genocidio, a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición; y el diseño de mecanismos de no repetición y prevención de tales atrocidades, específicamente destinados al desmonte de las estructuras que las hicieron posible.

La constitucionalización de estos derechos resulta importante porque éstos no sólo cumplen la función de proteger a las víctimas y de reestablecer su dignidad, sino que además ayudan a garantizar que las estructuras que perpetraron las atrocidades sean desmontadas, con el fin de que se garantice que actos similares no volverán a tener lugar. En esa medida, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación son, a un mismo tiempo, derechos subjetivos de las víctimas y mecanismos de la garantía de no repetición.

Por todas las razones expuestas anteriormente, y como homenaje a la memoria de las personas y comunidades que han padecido los crímenes contra la humanidad y el genocidio en Colombia, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y las personas e instituciones suscribimos el proyecto de Acto Legislativo proponemos las siguientes reformas de la Constitución Política, destinadas todas a garantizar los derechos de las víctimas y la sociedad colombiana a la verdad, la justicia, y la reparación integral, así como la no repetición de fenómenos como los grupos paramilitares, los escuadrones de la muerte y las estructuras mercenarias.

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Verdad, Justicia y Reparación, derechos que garantizan la no repetición.

Verdad: El esclarecimiento pleno de la verdad de los crímenes contra la humanidad trae como resultado la protección del derecho de las víctimas a conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que éstos ocurrieron y la protección del derecho de la sociedad a tener un relato histórico objetivo sobre los acontecimientos anteriores a la superación de la violencia. Pero dicho esclarecimiento permite también la dilucidación de las lógicas de operación y las redes delictivas con base en las cuales se cometieron esos crímenes, lo que puede aportar enormemente a su desmonte definitivo.

Justicia: El derecho a la justicia permite que los crímenes atroces sean castigados no sólo para que las víctimas no conserven sentimientos de injusticia, sino también para establecer que, en el futuro, la ejecución de esos crímenes no quedará en la impunidad.

Reparación: El derecho a la reparación busca el resarcimiento del daño sufrido por las víctimas como consecuencia de la comisión de un crimen atroz, así como el debilitamiento del poderío y la legitimidad social adquiridos por los agresores. La garantía del derecho a la reparación permite que las estructuras económicas de poder con base en las cuales se desató la violencia sean desarticuladas.

No repetición: La garantía de no repetición propiamente dicha es un derecho independiente de las víctimas que sólo puede ser satisfecho plenamente mediante la puesta en práctica de mecanismos institucionales tendientes al desmonte de las estructuras que hicieron posible la comisión de los crímenes atroces, con miras a prevenir que éstos sean cometidos nuevamente. Así, si bien la protección constitucional de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación puede contribuir a realizar la garantía de no repetición, ésta requiere de mecanismos institucionales específicamente diseñados para su satisfacción.