En Washington la bancada demócrata espera aclaraciones del Departamento de Estado sobre presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública, antes de desembolsar 55 millones de dólares de ayuda militar. El Tratado de Libre Comercio sigue en lista de espera por diversas razones, una de ellas la muerte violenta de dirigentes sindicales, por acción u omisión de los cuerpos de seguridad del Estado colombiano. La segunda fase del Plan Colombia está en cuarentena. Cuando los parlamentarios demócratas aprietan las tuercas del gobierno republicano para que apresure la retirada del pantano iraquí, no hay ninguna esperanza para los que anhelan que el Pentágono repita el descalabro vietnamita: comenzar con 800 asesores militares y terminar entrampados en la vorágine selvática del trópico. El llamado desplante de Al Gore fue un acto político de la oposición al Gobierno Bush y no producto de los supuestos ataques calumniosos contra el Presidente Uribe y su familia.

Bruselas está de fiesta. Los 50 años de la Unión Europea siguen dando lugar a reuniones de balance y prospección. En la sede del Parlamento Europeo, el presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, clausuró la segunda Conferencia de Derechos Humanos en Colombia, convocada por la oficina internacional de derechos humanos, Acción Colombia. El evento fue apoyado por las bancadas socialista, liberal, Verde y de Izquierda Unida Europea. La Conferencia demandó de los países del Viejo Continente condicionar todos los acuerdos con Colombia “al respeto y la garantía de la integridad de los derechos humanos”. Y a la comunidad internacional la exhortó a vigilar al gobierno colombiano para que cumpla con las siguientes “obligaciones”: desmantelar efectivamente todas las estructuras paramilitares y depurar todas las instituciones de sus vínculos con ellas; garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; resolver por la vía de la negociación el conflicto armado interno y llegar al acuerdo humanitario con las FARC para la liberación de los rehenes y garantizar el ejercicio de las libertades sindicales, la actividad de las defensoras y defensores de derechos humanos y el libre ejercicio de la oposición.

También en el marco del cincuentenario de la UE se celebró en Santo Domingo, República Dominicana, una cumbre de los Cancilleres del Grupo de Río (18 países latinoamericanos, además de un delegado de la Comunidad del Caribe) y una representación de ministros de la organización regional europea. Este mecanismo permanente de consulta y coordinación política se reúne cada dos años. En las sesiones efectuadas entre el 19 y 20 de abril, la UE comunicó que durante el período 2007-2013 entregará a Latinoamérica 2.690 millones de euros para combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Allí se informó que la ayuda humanitaria a Colombia desde 1997 asciende a 34 millones de euros (aproximadamente cien mil millones de pesos) para atender a cerca de 200.000 desplazados por el conflicto interno. Ni un solo euro para la guerra, todo para las víctimas.

Cuando se pide el desmonte del paramilitarismo y garantías para la oposición, la opinión democrática europea tiene claro que no hubo transparencia en la desmovilización y entrega de armas. Hay temor de que se repita un genocidio de la oposición con la cobertura contrainsurgente, como el ocurrido con los dirigentes y activistas de la Unión Patriótica. La ley de justicia y paz tampoco inspira confianza. Ya, más allá de las fronteras, se puede apreciar que esa ley fue votada, rapidito, antes de que pusieran presos a los parlamentarios.