Actualidad Colombiana: Háblenos de la Segunda Conferencia Internacional sobre DDHH en Colombia ¿Cómo y cuándo surge esta iniciativa y a qué intereses responde?

Camilo Borrero: La Segunda Conferencia Internacional sobre DDHH de Colombia se viene planeando hace unos dos años y siempre buscó ser un espacio, por un lado, de evaluación de la Primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos y, por otro lado, un relanzamiento del interés europeo -en especial del Parlamento Europeo- en relación la situación de Derechos Humanos en Colombia.

En ese sentido se esperaba que una nueva conferencia, además de evaluar estas tres iniciativas específicamente, también reavivara el interés europeo y europarlamentario por la situación de derechos humanos en Colombia, dado que la crisis humanitaria continúa siendo preocupante.

Luego de la Segunda Conferencia, ¿qué logros o avances puede destacar de la primera?

La conferencia de hace doce años fue muy importante para Colombia por diversos motivos. En primer lugar, porque ahí cogió fuerza y posteriormente se materializó la idea de tener una oficina permanente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, cometido que efectivamente se logró. En segundo lugar, porque de ahí surgió la idea de que las diferentes organizaciones no gubernamentales de Europa que trabajaban por los derechos humanos en Colombia, lograran un nivel de articulación. También se creó la OIDAH-ACO (Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia). Finalmente de ahí surgió la idea de que las organizaciones que en Colombia trabajaban en materia de derechos humanos, sobretodo aquellas cuyo trabajo estaba orientado a impactar instituciones u organismos internacionales, también lograran un nivel de articulación; de ahí salió la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU).

Tres aspectos claves alrededor de los cuales, en su concepto, deba centrarse la cooperación de la Unión Europea en el próximo año, teniendo en cuenta la coyuntura política.

La cooperación europea en general y la Comisión Europea –específicamente la colombiana- ha determinado tres ejes de intervención en Colombia: La primera está ligada a la continuación de los Laboratorios de Paz y está previsto que para esa iniciativa se destinen el 70% de los fondos que se reciban; otro 20% está destinado al eje de justicia y derechos humanos; y el 10% restante para competitividad. Luego los tres puntos ya han sido definidos por la Unión Europea (UE) y por su delegación en Colombia. La priorización y definición de estos ejes se hizo después de un proceso de más o menos dos años, en el cual hubo consultas con diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales. En general lo que se expresa en ella es la continuidad de un programa que la UE considera que es exitoso en Colombia, que son los Laboratorios de Paz.

Además de ello, en la agenda central de la UE esta la consolidación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la CAN, que está previsto, a su vez, en el marco de un acuerdo más amplio de cooperación entre América Latina y Europa. El Acuerdo de Asociación, después de varias cumbres que ha habido sobre el tema, toca tres puntos a su vez: 1) Cómo lograr una cooperación horizontal entre Europa y la CAN; 2) Cómo aportar al diálogo político, a la consolidación de las democracias regionales y al fortalecimiento de los Estados de derecho de los países de la CAN; 3) Cómo lograr una cooperación que vaya hacia el desarrollo. A través de un Tratado de Libre Comercio que no sea sólo unos beneficios arancelarios, sino que constituya una plataforma para el desarrollo y el cumplimiento de las metas del milenio.

Mientras la Conferencia se llevaba a cabo, el clima político colombiano se vio sacudido por el debate del Senador Petro, el incidente con Al Gore y la puesta en hold de los dineros del Plan Colombia en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo se vivieron estos eventos en Bruselas?

La Segunda Conferencia fue impulsada por un grupo fuerte de europarlamentarios que ha constituido una especie de grupo de trabajo por Colombia que está siguiendo muy de cerca la coyuntura nacional. Este grupo a su vez tiene relaciones muy amplias con otros grupos, específicamente sindicales. En cierto sentido ya existía una concepción sobre la necesidad de enfatizar, en este momento de la coyuntura colombiana, sobre el tema de democracia y fortalecimiento institucional. Había previamente una honda preocupación por parte de todos los parlamentarios en el tema de la parapolítica y de las violaciones selectivas a los derechos humanos, específicamente a las de los sindicalistas.

La coyuntura de las noticias que estaban saliendo en Colombia repercutió en la Conferencia reflejándose en un apoyo muy caluroso de los parlamentarios a la presencia de Carlos Gaviria y en una demanda colectiva porque en Colombia se trabaje por garantías a la oposición política. Éste fue un tema fundamental y quedó dentro de las recomendaciones. Del mismo modo, la idea que nosotros llevábamos de introducir formas de verificación del próximo proceso electoral colombiano (octubre), fue uno de los hechos que logró consonancia entre lo que estaba pasando acá y lo que estaba pasando en la Conferencia.

Usted tuvo la oportunidad de dialogar con parlamentarios y representantes de organizaciones sociales de varias partes del mundo, en general, ¿cómo describiría la visión que se tiene sobre la situación de los DDHH en Colombia en la actualidad?

Yo creo que ahí se enfrentan varios escenarios. Por un lado es cierto que el Gobierno ha adelantado en los últimos meses una ofensiva diplomática en la cual ha posicionado cifras de mejoría sustantiva en materia de derechos humanos; obviamente esto genera beneplácito por parte de las entidades gubernamentales de los otros países y de alguna manera deseos de colaborar en el fortalecimiento de ese proceso. Pero a la vez plantea al Gobierno un reto muy grande que es el de mantener ese perfil general que ha generado en Europa de que las cosas están cambiando para bien en Colombia. Sin embargo, yo diría que sigue habiendo grandes escepticismos en algunos datos. Por lo que nosotros percibimos, los puntos más complicados son:

En primer lugar, la situación de los sindicalistas. En términos de lo que expresaron allí los representantes sindicales, que incluso estaban pidiendo una nueva misión de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para Colombia, por el tipo de crímenes contra los sindicalistas en Colombia y la continuidad de éstos, etc., tienden a mostrar que la violación a los derechos sindicales y a la vida de los sindicalistas es sistemática, es coordinada y tiene vinculación con el Estado.

Lo segundo es que hay una gran expectativa en Europa porque se concrete el ofrecimiento del mismo gobierno colombiano para que Colombia sea uno de los países que son objeto de revisión más o menos continuo, donde haya la posibilidad de hacer informes y relatorías en materia de derechos humanos. Esto indica que, si bien Europa percibe que hay una mejoría en la situación de DDHH en Colombia, eso no significa que sea un proceso irreversible. Y obviamente hay un gran cabildeo o un gran esfuerzo por parte de las organizaciones de derechos humanos, tanto colombianas como europeas, tratando de mostrar con otras cifras y análisis, que la situación no es del todo como la presenta el gobierno colombiano.

Qué respondería usted a aquellos defensores del Gobierno que señalan que algunas ONG y miembros de la oposición van a hacer a Europa y a EEUU es “diplomacia de oposición”.

Yo lo que creo es que cada vez es más importante tener una interlocución amplia en los países europeos sobre la situación de Colombia, porque la realidad colombiana tiende a desaparecer del concierto mundial. Es decir, lo que uno percibe en la mayoría de estos países y en la percepción de la UE, es que realmente frente a otras situaciones del mundo, la situación colombiana no es prioritaria, no es importante. Por lo tanto, se requiere una labor diplomática amplia -pública y privada- para posesionar las preocupaciones sobre Colombia.

El punto no debería ser el enfrentamiento entre las visiones del Gobierno, las ONG’s o los partidos políticos; el punto debería, en este caso por ejemplo, interesar al europarlamento y a cancillerías, etc., en hacer exámenes amplios y recurrentes sobre la situación colombiana y que consideren las diferentes posiciones en el marco de un diálogo bien informado. Eso le corresponde no sólo a las ONG sino también del Gobierno, para con eso vislumbrar claramente cuál puede ser el apoyo internacional a los procesos en Colombia. Lo que a mi me preocupa es que desafortunadamente este diálogo se ha convertido, a su vez, en una arma política y ha estado vinculado con los temas de oposición política.

En este sentido, nuestro mensaje no era decir “no le den plata al Gobierno” o “denle plata al Gobierno”, “créanle” o “no le crean”, sino, de alguna manera fortalecer esta gran discusión nacional que está habiendo sobre la cooperación internacional.

En la declaración que produjeron las organizaciones sociales colombianas desde Bruselas con el apoyo de algunos europarlamentarios, se critica una vez más el marco legal establecido por el Gobierno para el desmonte del paramilitarismo. ¿Qué propuestas concretas existen? ¿Qué papel pueden jugar las ONG en el logro de estos objetivos?

La declaración refleja dos de los puntos más recurrentes en la conferencia: la parapolítica y la necesidad del desmonte efectivo de las estructuras paramilitares. Allí se hacía un diagnóstico que, grosso modo, es el siguiente: la mayoría de las personas que hablaron sobre este tema consideran que la ley expedida por el Congreso, con las modificaciones, aclaraciones y especificidades expedidas por la Corte Constitucional podrían garantizar un proceso de desmonte del paramilitarismo. En segundo lugar, se considera que ni el Gobierno ni la Fiscalía están desarrollando institucionalmente este marco legal con las precisiones que hace la Corte y que, por el contrario, los últimos decretos van en contravía en buena medida con el espíritu de la sentencia de la Corte Constitucional. Por lo tanto, un primer llamado era a que efectivamente la reglamentación de la ley corresponda a la ley de Justicia y Paz con las introducciones de la Corte Constitucional y la aplicación de los estándares internacionales en la materia.

Se ha insistido, primero, en la vigilancia general al proceso; segundo, que la cooperación internacional que se da desde la Unión Europea no cambie de sentido y no se convierta en un nuevo escalón de lo que ha sido en últimas la financiación de un “desmonte de los actores paramilitares” que no se ha dado, sino, que esta esté orientada fundamentalmente hacia las víctimas; y tercero, que se aumente el control sobre el próximo proceso electoral.

Acuerdo humanitario y diálogos ELN - Gobierno

Los parlamentarios habían expresado un especial interés por saber lo que estaba pasando con el ELN y el acuerdo humanitario; específicamente por la labor fuerte que hacen en Europa los comités de Ingrid Betancourt. Ese fue un tema fuerte, donde se evaluó negativamente la ausencia gubernamental en la conferencia. El gobierno había sido invitado a la conferencia, específicamente el vicepresidente y el alto comisionado para la paz; a nombre de los dos intervino el embajador ante la Unión Europea y Bélgica, Carlos Colmes Trujillo. Varios de los parlamentarios fueron muy críticos ante la ausencia en el sentido que consideraban muy oportuno por ese interés específico que existía en Europa, la presencia de altos funcionarios del Gobierno para saber en qué va el diálogo político con el ELN y el acuerdo humanitario. Los europarlamentarios insistieron en que ese era un tema de interés en la cooperación política entre Europa y Colombia.