La paradoja es simple: el fenómeno, que desde noviembre del año pasado adquirió carácter de masivo, ya desbordó la capacidad económica y logística tanto de la administración municipal como de los organismos humanitarios, quienes admiten que no cuentan con los recursos suficientes para garantizar “condiciones dignas de retorno y restitución plena de los derechos afectados durante el desplazamiento”, tal como lo exige la Ley.

La preocupación ha llegado a tal punto que el pasado 21 de abril, una comisión encabezada por el alcalde municipal, Juan Alberto García Duque, viajó a Bogotá para buscar reunirse con miembros de la Consejería Para la Acción Social y con representantes del Gobierno Nacional a fin de gestionar recursos económicos y logísticos que les permita afrontar esta situación.

“Vamos a tocar puertas, a ver cómo nos pueden ayudar con este difícil situación. Nos vamos a quedar los días que sean necesarios, pero tenemos que regresar con noticias positivas para nuestros habitantes”, aseguró Patricia Giraldo, Personera de San Carlos, integrante de la delegación.

Drama continúo

A juzgar por el diagnóstico realizado por la Oficina de Atención y Orientación a Población Desplazada de San Carlos, el drama de los pobladores que decidieron retornar es casi comparable al que produjo el desplazamiento forzado cinco años atrás. Desde el año 2005, esta oficina venía registrando el regreso esporádico de pobladores a zonas rurales del municipio, atraído en buena medida por el clima de tranquilidad que vive la región o, simplemente, porque no resistieron la vida en las grandes urbes del país, donde debieron instalarse en condiciones infrahumanas.

Pero desde noviembre del año pasado el fenómeno adquirió carácter de masivo. Sólo entre noviembre del año anterior y marzo del presente año, han regresado a las zonas rurales de San Carlos unas 1.043 familias y al casco urbano cerca de 267, lo que equivale a decir que más de 3.500 sancarlitanos han decidido reanudar sus vidas en el lugar que nunca quisieron abandonar: su tierra.

El hecho podría considerarse una noticia positiva, evidencia de la recuperación del tejido social en este zona del departamento que padeció como ninguna otra los efectos del conflicto armado, de no ser porque los retornados están encontrando en sus antiguas veredas y corregimientos un panorama desolador: casas derruidas por el abandono, tierras fértiles convertidas en inmensos potreros, vías sepultadas por la manigua, sin acceso a puestos de salud y escuelas, sin mencionar el problema con los servicios públicos.

“En muchas veredas quitaron los transformadores de la luz y donde todavía hay servicio eléctrico, la gente encuentra unas deudas altísimas, casi imposibles de pagar. Realmente es muy preocupante porque si bien es muy bueno que la gente regrese, quienes lo han hecho nos han manifestado que prácticamente están aguantando hambre. Eso se convierte en factor de riesgo para nuevos desplazamientos”, advirtió la Personera.

Las cuentas de la Administración municipal son contundentes: garantizar el retorno de una sola familia, con todo lo que ello implica en salud, educación, vivienda y vías, le cuesta al Municipio entre 7 y 9 millones de pesos.

“En el presupuesto del Plan Integral Único Departamental (PIU) hay destinados para este año 400 millones de pesos para atender población desplazada y retornada, lo que no alcanza para construir 365 viviendas, realizar 400 mejoramientos de viviendas, reconstruir 150 caminos veredales, construir 24 escuelas y otorgar recursos para proyectos productivos que reactiven la producción de caña, café, pasto y otras cultivos en por lo menos 2.000 hectáreas de la zona”, explicó Didier Alexander Alzate, coordinador de la Oficina de Atención y Orientación de Población Desplazada de San Carlos.

Historia dolorosa

María del Socorro Suárez es el vivo ejemplo de la dramática situación. El 4 de septiembre de 2003 un miembro del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), al que ella se refiere con el alias de “Camilo”, la declaró objetivo militar, sin que al día de hoy ella encuentre una explicación del por qué.

Sin más alternativas que el destierro, María del Socorro, su esposo su hija y un nieto huyeron de su vivienda, ubicada en la vereda Rosalito, dejando atrás una vida llena de recuerdos y todos sus enseres conseguidos a la mejor usanza del campesino colombiano: labrando arduamente la tierra.

“No me quedó más camino que irme para Montería, pero allá me fue muy mal y entonces me fui para Puerto Valdivia. Allá mi esposo y yo pudimos trabajar un tiempo y volvimos a comprar unas cositas, pero desde el día que me fui yo siempre quise volver”, recordó María del Socorro. Fue así como en junio del año anterior, ella y su familia tomaron la decisión de dejar este municipio del Bajo Cauca antioqueño y regresar a su natal San Carlos.

No obstante, la situación en la que se encuentra la tiene a punto de reconsiderar su decisión: “Estuve en el sitio donde estaba mi casa y no hay sino ladrillos caídos y maleza. Ahora estoy viviendo en el pueblo donde un familiar, pero es muy incómodo vivir así, en una casa que no es la de uno. Yo no tengo plata para levantar otra vez mi casa, ni para trabajar la tierra y lo que me preocupa es que todas mis cosas, como la estufa, la nevera, tres camas, el televisor, los dejé en Puerto Valdivia y no he podido ir por ellos. Me moriría de tristeza si los vuelvo a perder”, contó María del Socorro.

Lo peor de todo, según cuenta, es que nunca denunció su desplazamiento ante organismos oficiales por dos razones que ahora no se avergüenza en reconocer: “Tenía miedo y no sabía cómo hacer esos trámites. Creo que no tengo derecho a ninguna ayuda”. Frente a esto, las autoridades se sienten maniatadas pues consideran que el caso de María del Socorro no será ni el último ni el único.

De acuerdo con los registros de Acción Social, en los últimos 10 años abandonaron el municipio por razones del conflicto armado unas 16 mil personas, cifra que las autoridades sancarlitanas considera puede ser mayor si se tiene en cuenta el enorme sub registro. “Estaríamos hablando de unos 19 mil a 20 mil desplazados entre 1998 y 2008, porque hubo gente que fue amenazada si denunciaba el desplazamiento”, sostuvo el coordinador de la Oficina de Atención y Orientación de Población Desplazada de San Carlos.

“Aquí vivimos un verdadero drama humanitario de cuenta del desplazamiento forzado. En 63 de las 72 veredas registramos desplazamientos masivos entre los años 2000 y 2002. Hubo casos como los de los centros zonales El Chocó, Santa Inés, Santa Rita, San Miguel y Samaná, donde toda la población fue desterrada, se convirtieron en veredas totalmente inhabitadas, lugares fantasmas. Ahora llega la gente y claro, encuentra sólo ruinas”, agregó Alzate.

Cuestión de previsión

La pregunta que surge ante este panorama es ¿qué tan preparados están los Gobiernos locales e incluso el departamental para garantizar el retorno de los desplazados a sus lugares de origen?

La 387 de 1997 estipula como prioritaria la atención de población desplazada al momento de la emergencia y reglamenta los mecanismos mediante los cuales los organismos del Estado deben restituir y garantizar el ejercicio pleno de derechos a quienes son víctimas de este flagelo. El articulado también establece bajo qué condiciones se pueden generar retornos de desplazados a sus lugares de origen y los acompañamientos que deben hacerse para tal fin.

Según la Ley, el Estado debe garantizar a la población con intenciones de retorno un concepto favorable de seguridad, otorgado por las autoridades militares de la zona; moverse acorde al principio de voluntariedad, lo cual quiere decir que el Estado no puede obligar a la población a retornar y, por último, garantizar la restitución de derechos que disfrutaban al momento del evento y aquellos vulnerados durante el transcurso del desplazamiento.

La Gobernación de Antioquia, a través del Comité Integral para la Atención de la Población Desplazada, destinó más de 50 mil millones de pesos para la atención de los desarraigados, de los cuales un importante porcentaje fue ejecutado en el acompañamiento de 9.208 familias retornadas en eventos masivos en todo el departamento, en procesos que incluyeron conceptos favorables de seguridad emitidos por la Fuerza Pública y apoyo para mejoramiento de vivienda o en el mejor de los casos, construcción de vivienda nueva.

No obstante, los esfuerzos han quedado cortos y en el caso San Carlos confluyen otros factores que hacen más compleja la intervención. Según las autoridades municipales, la gente está llegando por sus propios medios a veredas inhabitadas desde hace más de siete años, como el corregimiento El Samaná, San Miguel, Las Flores, donde aún no es posible asegurar que están dadas las condiciones de seguridad. De ahí que los 300 millones de pesos que se han ejecutado en la atención de los retornos masivos hayan sido más que insuficientes.

“Aquí todavía se sigue presentando desplazamiento. Por ejemplo, tenemos varios casos de familias que fueron amenazados por la guerrilla porque sus hijos hicieron parte del programa de Soldados Campesinos. La guerrilla no se ha ido del todo de San Carlos. Ya varios que han retornado a centros zonales como Calderas, Santa Inés, el mismo Samana, nos han dicho que el Frente 9 de las Farc ha hecho presencia allí, pero que no ha pasado a mayores”, contó Didier Alzate.

Y mientras se gestionan los recursos con el gobierno departamental a través del PIU, que a juicio de la Administración de San Carlos son dispendiosos y demorados, los organismos humanitarios y sociales seguirán ideando mecanismos para atender de manera óptima a quienes ya llegaron y a los casi 3.000 que posiblemente lleguen este año al municipio.

“Ya inscribimos unas 3.000 familias en Acción Social para iniciar, de manera más coordinada, un proceso de retorno masivo para lo que resta de este año. Nuestras condiciones son distintas, un poco más complejas que otros municipios, por lo que nuestro proceso no solo es sui generis sino que puede convertirse en modelo a nivel nacional”, afirmó el funcionario de la Oficina de Desplazados.

Ricardo Cruz Baena