Las autoridades hacendarias de México estiman que el sistema financiero lava unos 10 mil millones de dólares anuales. La cifra representa el 25 por ciento de los 39 mil millones de dólares que, año con año, obtienen los narcotraficantes del mercado de drogas ilícitas en Estados Unidos, según el estudio Southwest border violence: issues in identifying and measuring spillover violence, elaborado por el servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos y dado a conocer el 28 de febrero de 2013.

El dato es reforzado, además, por la “calificación” que otorga el vecino país al gobierno mexicano en materia de combate a ese ilícito. Por sexto año consecutivo, el estadunidense Departamento de Estado califica a México como un centro de blanqueo de capital.

“México sigue siendo un importante país de origen y tránsito de drogas ilícitas destinadas a Estados Unidos (lo que incluye cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas) y un centro de lavado de dinero”, indica el International narcotics control strategy report 2013.

En su “Volume II: money laundering and financial crimes” (“Volumen II: lavado de dinero y crímenes financieros”), refiere que “las ganancias del tráfico de drogas ilícitas que salen de Estados Unidos son la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano”. Agrega que otras fuentes importantes de ingresos ilegales en dicho sistema son la corrupción, el secuestro, la extorsión, la piratería, el tráfico de personas y el tráfico de armas de fuego, aunque no estima la cantidad de dinero blanqueado por cada uno de estos delitos.

Para el investigador Retana Yarto, en el caso de los bancos hay un “problema muy grave” que tiene que ver con las sanciones. “Si se depositan recursos en una cuenta bancaria y después se comprueba que eran de procedencia criminal se aplica el marco penal y se acusa de lavado de dinero [a quien realizó la operación]; pero a la institución que recibió los recursos se le finca un delito de carácter administrativo, y para ellos no existe la pena de cárcel. Se les aplican multas porque se consideran fallas en los sistemas de supervisión interna”.

Para el maestro en ingeniería financiera es claro que se aplican dos criterios distintos a quienes son responsables prácticamente del mismo delito (operaciones con recursos de procedencia ilícita) aunque con funciones distintas: el lavador y la institución que lavó. Por ello, indica, esta falla del sistema de justicia mexicano debe ser subsanada lo más pronto posible.

Sin embargo, José Luis Marmolejo considera que “tenemos un sistema más sólido, más consolidado. Ha habido errores, fallas, como la que pasó con el banco HSBC, pero tampoco podemos imputarle toda la culpa de manera universal al sistema financiero. Es un error garrafal que comete una institución y ahí es una falla de ésta en cuanto a sus controles de protección; pero no podemos hablar de que todo el sistema financiero está en las mismas condiciones”.

En su International narcotics control strategy report 2013, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que los tres métodos más utilizados por el narcotráfico mexicano para lavar dinero son el contrabando de embarques de dólares a granel, la repatriación de los fondos por vía correo y vehículos blindados y las transferencias bancarias.

No obstante, México se encuentra lejos de enfrentar con eficiencia este delito. “En la Unidad [de Inteligencia Financiera] de la Secretaría de Hacienda no tienen un tamaño y un número de especialistas suficientes para la magnitud del problema de nuestro país, y si a eso le agregamos que acabamos de ponernos de acuerdo en un marco jurídico para perseguir legalmente este delito, nos damos cuenta que el retraso es bastante considerable, y que los casos más importantes se han dado a través de capturas de personas involucradas en el delito a quienes se aprehende in fraganti”, finaliza el maestro Retana Yarto.

Infografía:

Fuente
Contralínea (México)

Parte I: Hacienda acredita 109 mil MDP lavados en sistema financiero

⇒ Parte II: Sistema financiero, principal centro de lavado en México

Parte III: Ley antilavado: 12 años de retraso