Red Voltaire
La Prueba - Capítulo 10

El sexo del dinero

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Por un destino menor se suelen pagar los precios mayores.
Carlos Franz, El lugar donde estuvo el paraíso, Planeta, Buenos Aires, 1996.

En las profecías de mi patria individual, el destino no existe, se hace. Otra de mis convicciones es que la mayoría de los secretos de la gente son sexuales. Por eso se me ocurría que, con el sobresalto en el cuerpo, el senador Cantarero debía de lamentarse de los avances con que se insinuó a la periodista María Fernanda Villosio. Y que Alasino y Pontaquarto debían de maldecir el momento en que cedieron a la tentación de compartir el lecho con la verborrágica arrepentí da que los escrachó en la revista Noticias. ¿Sería cierto, me preguntaba, que las mujeres tienen por lo general tendencia a ir siempre detrás de alguien, y los hombres a desgañitarse por la plata?

Sea como fuere, los crímenes económicos de los dineros ocultos de la política. siguen impunes y tienen su sexo. Las coimas de la Cámara Alta son execrables por su esqueleto de feria promiscua, pero el espectáculo inconcluso al cierre de mi libro es un acto exuberante de una obra teatral que todavía no se ha terminado de escribir: la de los fondos reservados y la de los Juicios y liquidación de deudas, pasivos y resarcimientos pecuniarios del Estado.

En suma, era hora de completar el opúsculo de los afortunados senadores que se sacaron la lotería de la Reforma Laboral.

Al senador Ramón Palito Ortega también lo bruñían las coimas. Nacido en el ingenio azucarero de Lules, en Tucumán, el 8 de marzo de 1941, Ortega fue lustrabotas, cafetero ambulante, canillita, lavacopas, cantante y compositor, actor y director de cine, y se hizo con un Master en Economía en la Universidad de Miami, Estados Unidos, adonde se fue a vivir en 1983.

En 1990 volvió al país y mordió la política. Se afilió al Partido Justicialista y formó el Surgimiento Innovador (SI), una agrupación con la que, aliado al PJ en el Frente de la Elperanza (FE), conquistó la gobernación de Tucumán el 8 de septiembre de 1991. Debió resignarla cuatro años más tarde a manos del partido Fuerza Republicana, del carnicero militar Antonio Domingo Bussi. En abril de 1998 desembarcó en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Carlos Menem, que le serviría como trampolín para ser electo Senador Nacional por Tucumán en noviembre de ese año.

En 1999 fue candidato a Vicepresidente en la fórmula justicialista que encabezaba Eduardo Duhalde que resultó vencida por la dupla Fernando De la Rúa-Carlos Chacho Álvarez.

En su escueta declaración patrimonial del 15 de septiembre de 2000, Ortega menciona cinco inmuebles en Capital Federal, a los que asigna en total un valor de 1.400.000 dólares. Entre ellos se encuentra el piso de Demaría 4559, 29 "B" , en el edificio Le Parc, en el que ofreció una suculenta cena a sus colegas Alasino y San Millán, y al Ministro del Interior Storani y su subsecretario Martucci para hablar convenientemente de la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado. Al margen, Ortega mencionaba un departamento en Miami que le costara 237.286 dólares. En títulos y acciones dijo tener invertidos 714.675,36, sumados a un plazo fijo de 971.449,27 pesos, y a 9.200 en efectivo. En sus cuentas corrientes compactó 230.124,58 dólares. En concepto de derechos de autor percibe 94.094 pesos por año y cobra 29.035 pesos de salario anual en Chango Productions, la empresa productora de eventos artísticos que posee en Estados Unidos. Del Senado dijo recibir 20 pasajes de avión por año para Tucumán, pese a que no reside allí y tampoco tiene propiedades, y 1.200 pesos anuales para bonos de nafta, aun cuando aseguró no tener vehículos. Su patrimonio total asciende a 3.685.864,31 dólares.

Palito Ortega y su esposa Evangelina Yolanda Salazar trajeron seis hijos a este mundo: dos mujeres y cuatro varones. El mayor de todos, Martín Manuel, tiene dos automóviles a su-nombre: un Mercedes Benz 1994 y un Ford Escort Ghía modelo 2000, adquirido en mayo de 2000, justo después del cobro de las coimas; Ortega padre se mueve en tres coches que escaparon a los radares de su declaración de bienes, de marcas Mercedes Benz, MG Midget y Peugeot. El campo de 400 hectáreas que Ortega disfruta en Pilar, entre los del banquero Raúl Moneta y el de la millonaria cementera Amalia Lacroze de Fortabat, tampoco fue puesto en conocimiento de la Cámara Alta, como lo prescribe la ley de ética pública.

En los tribunales, Palito Ortega también incurrió en faltas. Fue indagado el 27 de noviembre de 2000. Su declaración fue tajante: aseguró que no tuvo «ninguna participación» en el tratamiento de la Reforma Laboral, y que no estuvo en reuniones con otros senadores o funcionarios públicos fuera de la Cámara Alta. Se le olvidó el cónclave de los sorrentinos, precedido de fiambres y quesos, en el que lo rodearon los sobresalientes emisarios gubernamentales, Storani y Martucci, y sus colegas Alasino y San Millán. Eso aconteció el 12 de abril de 2000, exactamente en el intervalo entre la primera y la segunda vuelta de las extracciones de la SIDE del Banco Nación. Ese dinero cobrado por ventanilla que se declaró como "gastos automovilísticos y otros varios", en realidad, fue destinado a untar a Senadores de la Nación en el circuito porteño de los sobornos, que ineludiblemente mandó pagar Fernando De la Rúa.

Poco más de un mes antes, el 6 de marzo de 2000, De la Rúa y Palito Ortega se habían reunido en audiencia oficial. El encuentro tuvo dos partes bien diferenciadas. En el tramo tucumano, rodeaban a los dos protagonistas centrales, Paulino Ríos y Juan Antonio Zapata, asistentes del senador, y el Ministro de Economía de la Nación, José Luis Machinea. Estaba también Aldo Luis Ducler, titular de Mercado Abierto S. A., quien sería inculpado al año siguiente por haber lavado dinero del Cártel de Juárez. La crisis azucarera y la pauperización de Tucumán dominaron el diálogo.

De la Rúa tomó la iniciativa de llamar por teléfono a su entonces Ministro de Acción Social, Graciela Fernández Meijide. "Acá estoy con Ortega. Hay que hacer algo en Tucumán, con estas familias que están en situación crítica. Le voy a dar tu celular para que te llame..."

Un momento después, los actores de reparto salieron de la escena. El Presidente, a solas con Ortega, lo escuchó decir, a propósito del proyecto de ley de Reforma Laboral: "En nuestra bancada existe el mejor espíritu para apoyar el proyecto. Habrá que analizar bien si se justifica incluir modificaciones. Es nuestra obligación y responsabilidad apoyar las medidas que el Poder Ejecutivo entienda que son beneficiosas". No se sabe cuál fue la respuesta de Fernando De la Rúa.

Cuando el Senador Antonio Cafiero lo delató como la letra B del abecedario de los cobradores de coimas, las cámaras de televisión captaron a Palito Ortega llorando en vivo y en directo en el programa de Susana Giménez. Como si estuviera sentado a su lado, la reacción de Norman Briski no tuvo desperdicio: "llorar como Palito, como Ubaldini, como Cavallo, no es moco de pavo, no es menta en la córnea, es técnica depurada y se trata de que siempre lo pueden hacer cuando están al borde del precipicio, están en el borde de perderlo todo si no lloran en ese televisivo momento. Podrían tirarlos del viejo Olimpo pero todos están en la vergüenza de la corbata esponsoreada».

En el mismo orden de cosas, la declaración jurada del senador Ricardo Alberto Branda publicada en Internet se remonta al 31 de diciembre de 1998, quince meses antes que la SIDE insuflara de coimas la Cámara Alta. La evolución de los bienes de este abogado formoseño nacido el 1 de julio de 1950 no ha quedado registrada.

Lo acumulado hasta fines de 1998 habla de una relativa sobriedad —declara 475.500,60 dólares-, que contrasta con sus numerosas salidas y entradas del país, observadas por los peritos contables de la Corte Suprema de justicia de la Nación, Luis Sánchez Brot y Roberto Rodríguez. Branda preside los Grupos Parlamentarios de Amigos de Japón e Israel, pero los viajes del 15 de marzo de 2001 que constan en fojas 4.918 del sumario al que accedió el semanario Noticias, son a Uruguay y Estados Unidos.

Según Branda, su patrimonio familiar —que comparte con una esposa comerciante y tres hijos estudiantes-, consta de bienes habitacionales en Formosa (dos casas y una manzana de terreno sin especificar edificación) y un departamento en Buenos Aires. De los cinco automóviles del matrimonio, dos fueron omitidos. Los títulos y acciones por valor de 161.103,82, depósitos a plazo fijo en bancos por 17.000 dólares, y 5.665 pesos constituyen los haberes. Los débitos reúnen hipotecas y prendas por 38.000 pesos, la manutención de la madre de Branda, y un alquiler. El sueldo de este senador es de 8.155,48 pesos.

Branda prestó declaración dos veces en sede judicial, y cometió un delito. En la primera, del 30 de agosto de 2000, testimonial, y bajo juramento de decir la verdad, sostuvo tajantemente que no había participado en reuniones sobre la

Reforma Laboral que hubieran sido celebradas fuera del Senado. En la segunda, del 19 de octubre de 2000, indagatoria, se desdijo: "Participé en reuniones en el gremio de camioneros con Moyano para juntar voluntades para votar en contra de la ley, de ahí que me decían moyanista Que fue a una cena..."

Sin embargo, y al revés de lo que podía esperar Moyano, en el recinto Branda alzó la mano para saludar las bondades de la Reforma Laboral propugnada por Flamarique, Nosiglia, Fernando de Santibañes y el Presidente. Para desligarse de la traición para consigo mismo encriptó el verbo: estaba en contra de la ley pero votó a favor porque «... no se le autorizó el uso de la libertad de conciencia". Formulaciones políticas aparte, el juez y el Ministerio Público coincidieron en que no había materia para imputarlo por falso testimonio.

En las páginas de la revista Noticias, Branda se ofuscó y perdió un poco los pedales. "¿Vos querés saber si acá hay corrupción? Sí, acá hay corrupción. El sistema funciona así, porque los controles del Estado no funcionan y porque el sistema político. empuja a la corrupción ( ... ) Favores políticos siempre hay. Es muy difícil decir cuál es un acto de corrupción, pero sí es un estilo que se usa dentro del sistema político ( ... ) una cosa son los favores y otra son las coimas. A mí no me importa que digan que yo consigo cosas para la política a cambio de votar algunas leyes si eso es ser corrupto, entonces soy corrupto. Los dichos de Branda eran una prueba flagrante de cómo las simplificaciones perversas del sentido común puedenconducir al crimen. Es evidente que de tanto querer amoldarse al orden establecido anteponiendo la seguridad por el miedo que infunde el poder, el hombre se abandona y es subyugado por la tiranía del statu quo. La esclavización a este orden de ideas no es la preocupación cotidiana del renombrado abogado porteño Ricardo Monner Sans. Al menos por lo que resulta de la lectura del semanario Noticias. Su insurrección ante la clarísima exposición de sujeción al delito en que incurrió Branda fue elevar a la justicia federal una denuncia contra el senador, que dio lugar a la apertura de un sumario penal por la presunta infracción de encubrimiento.

Monner Sans tuvo otra deferencia para con el senador Branda. El 25 de abril de 2001 presentó ante los fiscales Freiler y Delgado un escrito en el que daba cuenta de que "Hacia fines del mes de agosto o principios de septiembre del año 2000 se realizó una reunión en el inmueble ubicado en la calle Hidalgo a una o dos cuadras de la Avenida Rivadavia» en la que participaron el arquitecto Jorge Cosci, Gustavo Tarallo, Lorena Rojas, Soledad Boschi y su esposo. La vivienda está ubicada exactamente en Hidalgo 354, segundo piso, departamento 4. Se halla a nombre de Cosci y su mujer, María de los Angeles Zamora. Cosci es empleado del senador justicialista de La Pampa, Carlos Verna, y pagó por el departamento 72.000 dólares, de los que 45.000 están hipotecados a favor del Citibank. Según Monner Sans, en aquella reunión Cosci habría dicho a sus contertulios: "Un día me llamaron del despacho del senador Branda y me pidieron que hiciera los paquetes (sobres) de la plata que había que repartir. Por ese trabajo cobré 5.000 pesos. Ya lo había hecho en otras oportunidades que se repartieron coimas, en esos casos iba al departamento del senador Cantarero».

La pieza maestra del sumario es exterior a los cinco protagonistas. Resulta de la declaración de Estela del Carmen Luna, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social, quien certificó que Gustavo Tarallo, Soledad Boschi y Lorena Rojas se conocen y se tratan porque trabajan juntos bajo sus órdenes. Está documentado además que esa Comisión se halla estrechamente relacionada con otra que funciona en el Senado, la Comisión de Presupuesto y Finanzas, de la que es empleado Jorge Cosci. Llamado a declarar, Tarallo confirmó la reunión y los dichos de Cosci. Los fiscales no han podido localizar a Lorena Rojas, Soledad Boschi y su marido. Aparentemente y por encantamiento de unas becas a Holanda, se han hecho humo.

El juez Cavallo tiene en su escritorio para resolver, el pedido del Ministerio Público de citar a indagatoria a Cosci, quien.entre tanto ha vaciado su alacena de deudas bancarias. La cancelación de la hipoteca de 45.000 dólares que pesaba sobre su vivienda, la misma en la que socializó su rol de encarpetador de billetes moneda, pondría en evidencia que se llevó bastante más que 5.000 dólares de las coimas que se ocupó de envolver. Durante los meses de marzo y abril de 2000, cuando hacían furor los fardos de las coimas de aquí para allá, Cosci redujo en 6.000 dólares su deuda con el Citibank. En mayo de 2000 pagó 4.000 dólares más, y luego disminuyó la suma a 3.000 por mes, entre junio de 2000 y febrero de 2001. Cosci no puede justificar esos reintegros con su salario. Si para cuando este libro llegue a las librerías el juez Cavallo no lo ha citado a declarar, como solicitan los fiscales Freiler y Delgado, deberá encontrar un argumento mágico para no hacerlo traer a sede judicial.

Pero Branda no tiene de qué preocuparse. A mediados de julio de 2001, de dos plumazos y en el término de una semana, la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, le quitó los dolores de cabeza judiciales. Una semana antes los mismos magistrados, Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani, habían revocado el procesamiento de Branda dictado por el juez Adolfo Bagnasco en marzo, por otro caso de naturaleza similar.

En 1995, el Colegio de Escribanos porteño le había pagado a Branda un viaje a Alemania con su mujer, "en señal de agradecimiento a la presentación de un proyecto de ley sobre los escribanos». En primera instancia el viaje fue considerado una dádiva y Branda fue inculpado. Para el tribunal de alzada, el desplazamiento transoceánico no fue turístico ni de placer, sino que tuvo como motivo la concurrencia al XXI Congreso Internacional del Notariado Latino, que inopinadamente se llevó a cabo en el Viejo Continente.

El tercer plumazo reparador para Branda, debería venir del gobierno, una vez que deje su banca de senador el 10 de diciembre de 2001. Según el periodista Miguel Bonasso, el comportamiento de Branda sería premiado por Fernando De la Rúa con la nominación como director del Banco Central de la República Argentina. A los demás legisladores salientes y enchastrados por las coimas, con Alasino al frente, se les aplicaría la ley Vaquir. En similitud con la designación del senador peronista por Santiago del Estero, Omar Muhammad Vaquir, que fuera nombrado embajador en Kuwait el 27 de julio de 200 1, la prodigalidad de las recompensas afianzaría el diabólico emplasto.

También los viajes del senador Tell, por su asiduidad, atrajeron la atención de los técnicos judiciales. Sus destinos preferidos han sido Brasil, Uruguay y España.

Alias El Bonzo, por su tentación a inmolarse cuando las causas perdidas se verifican irreversibles, Tell mantiene en vilo a la clase política argentina como el candidato más firme a quebrarse y contar el derrame de las coimas. No es para menos. Ante todo por su extracción gremial: fue Secretario General de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina y Presidente del Fondo Compensador para jubilados y Pensionados de ese sindicato. También por su inserción en el riñón del menemismo, antes como diputado nacional, de 1995 a 1999, y después, y hasta el 9 de diciembre de 2001, como senador nacional por Jujuy. Pero especialmente porque su biografía lo vincula con problemas judiciales sin cuento.

junto a otros dirigentes del Consejo de Administración del Fondo Compensador Telefónico, Tell fue denunciado por administración fraudulenta. Lo cascó la inculpación de sus colegas Rogelio Rodríguez, Diógenes Salazar y José Ferrari, del sindicato FOESITRA, por el manejo arbitrario de 42 millones de dólares del Fondo, creado en 1990 con aportes patronales y de los trabajadores para sostener a 18.000 afiliados y 25.000 jubilados. Cuando los ecos de la denuncia hicieron su entrada en el Ministerio de Trabajo, el ministro Flamarique y su Secretario de Seguridad Social, Melchor Posse, torcieron la vista. A Posse le valió una denuncia por encubrimiento y su expulsión del cargo por Patricia Bullrich, sucesora de Flamarique.

Sin transición, Bullrich despidió también a Enrique Espínola Vera, del FREPASO. El 25 de octubre de 2000 lo incluyó en el pelotón de vanguardia de una organización de funcionarios ministeriales y abogados laboralistas que coimeaban para agilizar expedientes. La Oficina Anticorrupción concluyó que Espínola Vera no había "cometido ninguno de los ¡lícitos en los que se pretendía involucrarlo". Sin embargo, debió renunciar, sometido como estaba a las presiones confluyentes del gobierno y de su partido. Espínola Vera fue uno de los puntales del equipo Flamarique en la "negociación» de la Reforma Laboral, y estuvo presente en la celebración de la victoria, en el restaurant Vasco Francés, con uno o dos De la Rúa entre los alborozados comensales.

Si hubiera que caricaturizar a Tell se lo podría dibujar como una morsa, o como un lobo marino voluminoso y de tez oscurísima. El senador jujeño usa el pelo corto, sin canas, peinado para atrás y apelmazado por un gel que lo hace brillar. En una acuarela se podría apreciar su preferencia por los trajes azul marino. Cualquiera que entrara a una reunión de la Comisión de Comunicaciones del Senado quedaría encandilado por el prominente anillo color plateado, con una piedra en el centro, que destella en su anular izquierdo. La enfermedad política que se le podría diagnosticar es la constipación para rendir cuentas.

Tell fue moroso para los números del Fondo Compensador, que disminuyó sus reservas, injustificadamente, de 37 a 28 millones de dólares. En los balances de 1995 a 1997 existen diferencias superiores a los 3,5 millones de dólares; el período involucra a las empresas privadas que compraron ENTEL. Gastos triplicados en franqueo y sextuplicados en comisiones bancarias, por casi medio millón de dólares, y un Jorge Díaz como «contador auditor" en dicho ente, cuya matrícula habilitante no aparece por ningún lado en los libros y documentos contables, configuran la desarbolada zona de nadie en que imprimiera sus pisadas Alberto Máximo Tell, abogado, sindicalista, nacido el 24 de abril de 1955, casado con Eugenia Alicia Scaro, padre de tres hijos, y Senador de la Nación por la Provincia de Jujuy hasta diciembre de 2001.

La necesidad de una purga intestinal para evacuar la materia que Tell falseó en su declaración de bienes y en sus apariciones judiciales se impone por su propio peso. Ha dicho poseer nueve casas sin aportar estimación monetaria, y un campo de 451.823 pesos, valores a los que descuenta una hipoteca de 78.000 pesos. Su sueldo es de 8.824 pesos mensuales y exhibe inversiones por 85.543 dólares. Cuenta también con un Chevrolet Blazer 1998 y un Volkswagen Golf 1997. En marzo de 2000, cuando se cocinaban las coimas del Senado, Tell compró un Volkswagen Panda modelo 1998, que no declaró. Su mujer circula en un Renault patente CTN-938. Ninguno de los dos aparece en su manifestación de bienes, mientras que el Golf que mencionara, no existe, porque lo vendió en 1999, un año antes de que la declaración jurada de su patrimonio quedara depositada en los archivos conservados de la Cámara Alta.

Hay siete puntos sobre los que aún no se ha profundizado suficientemente en las finanzas de Tell, a saber:

- 1. Movimientos de la tarjeta Diners 3646-5634-83-007 y su extensión terminada en 1039, cuyo límite es,de 5.000 pesos.

- 2. Detalles de los depósitos y extracciones efectuados en la Caja de Seguridad 916-0213-04 abierta el 5 de julio de 2000 en el Bank Boston de Capital Federal.

- 3. Soporte documental y origen de los fondos para la adquisición de 693 acciones Telecom Argentina, depositadas en la Cuenta de Valores 3000474 del Banco de Galicia, sucursal 994 de Capital Federal.

- 4. Movimientos de la cuenta corriente 48810-399/64 y las cuentas de ahorro 488096-995/1 y 488096-003/3 del Banco de la Nación de San Salvador de Jujuy.

- 5. Movimientos de la tarjeta VISA Oro 4546-4200-00186943 otorgada por el Banco de Galicia, sucursal 994 de la Capital Federal, y actualmente cerrada.

- 6. Origen de los depósitos ingresados en la Caja de Ahorros 4366951/3-9994/4 del Banco de Galicia, sucursal 994 de Buenos Aires, en particular los 34.450 pesos que arribaron el 5 de junio de 2000, y un cheque por 158.220 dólares que hizo entrada el 27 de julio de 2000.

- 7. Origen de los fondos de la compra de un lote en San Salvador de Jujuy en mayo de 2000 que le costó 80.000 dólares.

Siempre del brazo de Alasino y Costanzo, los purpurados de estas coimas, el cardenal Tell, trataba de imprimir seriedad a la desfachatez de su declaración judicial. Para dar visos de severidad a las huecas audiencias que concedió como titular de la Comisión de Trabajo y Prevision Social del Senado para la Reforma Laboral, Tell, en nombre del trío, llevó a cabo nueve reuniones públicas informativas en el Salón de Lecturas. Aparte de los ministros Machinea y Flamarique, de los senadores Genoud, López y del vicepresidente Álvarez, atendió visitantes de poca monta, si se exceptúan los sindicalistas Rodolfo Daer, Víctor de Gennaro y Hugo Moyano. La flojedad de la agenda agiganta la tesis según la cual, paralelamente, se desarrollaba otra negociación. Una negociación verdadera, en la ajena Buenos Aires, y con los reales interlocutores del Presidente de la República: Enrique Nosiglia, Fernando de Santibañes y Alberto Flamarique.

Pensé que la maraña de información en la que estaba enredado me haría estallar la cabeza. Toda esta investigación me había llevado a enterarme de muchas cosas que se supone no debería saber.

Además, me preguntaba por qué estos elegidos de la democracia se esforzaban en enterrar una etapa de sus vidas, enterrando a la gente con ella. ¿No se habrían dado cuenta de que lo único que se le puede pedir a lo inevitable es que se demore, y que todo termina por saberse? Lo que apaciguaba mi rebelión interior eran las virtudes anestésicas del trabaJo. A losfondos reservados, entonces.

Los fondos reservados deben ser recogidos tanto en la Ley de Presupuesto como en la Cuenta de Rendición del Ejercicio. Un artificio para eludir esa obligación es considerar los gastos reservados como partidas parciales, cuando en el presupuesto se aprueban partidas principales. Por lo general, el Ejecutivo recarga el encubrimiento pidiendo autorización al Congreso para realizar gastos secretos que se presentan como mucho menores que aquellos en los que después efectivamente incurre, como se puede comprobar revisando la Cuenta Anual de Inversión.

Las auditorías de la SIGEN, por su parte, han mostrado que nada de todo esto es una novedad. Los gastos de la SIDE han desbordado constantemente las asignaciones presupuestarias que le autoriza el Congreso, quebrantando los controles de salvaguarda. Entre 1992 y 1995, la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado bordeó los 70 u 80 millones de pesos anuales, y en 1996 la SIDE terminó gastando 31,5 por ciento más de lo previsto. Si a lo ejecutado se añade lo consumido en fondos reservados asignados a otras jurisdicciones del Estado, las magnitudes son elocuentes. En 1994 se gastaron 304,5 millones de dólares, y en 1995, 295 millones. Este comportamiento contrasta con el resto de la administración nacional, que no alcanza a ejecutar ni siquiera los créditos aprobados por el Congreso: en 1995 se dejaron de gastar 112 millones en el rubro social, y el 50 por ciento de los créditos aprobados por ley no fueron utilizados.

En julio de 1995, apenas se hizo cargo de la Vicepresidencia de la Nación, Carlos Ruckauf restituyó los fondos reservados afectados al Senado, que habían sido abolidos por su antecesor, Eduardo Menem. Ruckauf justificó la medida con el argumento de que debía incorporar nuevo personal para atender a los 24 flamantes senadores por la minoría, que llegaban a la Cámara Alta como consecuencia de la reforma constitucional de 1994.

El artificio permitió incorporar gastos reservados para atender los salarios de los nuevos empleados, pero también "gastos en personal un rubro copioso e insostenible a la luz del senti do común. Porque nadie se explica que en el Senado pueda ha- gastos en personal que haya que mantener en reserva. Por ese apartado se fueron 97 millones en 1997 y 120 en 1999.

Por de pronto, en 1999 la caja confidencial de la presidencia de la Cámara Alta había aumentado a 2 millones de pesos, un 150 por ciento más que el año anterior. Los bloques tuvieron, además, cada uno su parte. El FREPASO los dio a conocer, anunciando que los destinaría a "ayuda a la comunidad, concentrándose prioritariamente en escuelas, hospitales, entidades de bien público y ayuda social individual Entre marzo y agosto de 1997, repartió un total de 139.300,73 pesos entre 135 beneficiarios, desde hospitales públicos, asociaciones vecinales, cooperadoras, parroquias y clubes. Los otros bloques no han informado lo que hicieron con la tajada que les correspondió. El proyecto de reforma política que el gobierno de la Alianza lanzó mientras Federico Storani estaba al frente del Ministerio del Interior, no contempla la eliminación de los fondos reservados.

La Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la investigación de los atentados a la Embajada de Israel y a la mutual de la AMIA, constituida en 1996, se estrelló contra la fortaleza del secreto de los fondos reservados cuando quiso saber cómo financiaba la SIDE la pesquisa. El 5 de febrero de 1998, la Comisión solicitó a la Auditoría General de la Nación un-informe sobre los recursos presupuestarios ejecutados por la SIDE desde 1992 a 1997, en las investigaciones de los atentados antijudíos. El 5 de agosto de 1998, el entonces jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, respondió que no habían existido partidas presupuestarias destinadas a tales fines. La Comisión hizo su segundo balance en 1998: recomendó al Ministerio Público "denunciar penalmente a los funcionarios que correspondan a las áreas de seguridad e inteligencia por no haber aportado los datos requeridos por esta Comisión Especial, facultada para ello". El exhorto quedó vagando en los pantanos sin fronteras de la administración pública. Sus actuales autoridades, el senador Luis Molinari Romero (UCR, Córdoba) y el diputado Carlos Soria (PJ, Buenos Aires) han sido picadas por la viruela de la inocuidad.

En 1991, el entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo, anotó en su declaración de impuestos que, además de sus haberes como funcionario, había utilizado 72.736 pesos provenientes de fondos reservados para gastos personales. En sus presentaciones impositivas de los dos años subsiguientes aparecen cifras similares. En su declaración jurada de 1994, asentó 107.627,68 que cargó a fondos públicos secretos. En 1996 la DG1 le reclamaba 340.000 pesos de multas por defraudar al fisco, más 270.000 pesos de impuestos a las Ganancias y otros 70.000 de aportes jubilatorios. El diputado Enrique Benedetti lo denunció ante el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia, quien pidió cuentas al Ministerio de Economía, y obtuvo por respuesta que esa repartición no administraba gastos reservados "debido a que no están incluidos en el ordenamiento legal vigente". Por su lado, la DGI acotó que los fondos reservados "se hallan gravados en el Impuestoalas Ganancias y que de considerarse como remuneraciones, están sujetas al Régimen Nacional de Seguridad Social-.

Suponiendo que Domingo Cavallo no contaba con fondos reservados, ¿de dónde provenían esos fondos que él consideraba como tales? Quien salió a esclarecer la cuestión fue Alberto Kohan, Secretario General de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Menem, que informó que no eran sobresueldos financiados por fondos secretos sino "gastos protocolares». No acertó, porque la cartera económica en manos de Cavallo dispuso de 3 millones para «gastos protocolares-" y los 72.370 pesos que el superministro sacó a florear como "fondos reservados" no salieron de esa cuenta. Más allá de lo reducida que era la cantidad, el meollo de la cuestión radica en la coartada que se les ofrece a los políticos para limar sus declaraciones de impuestos con la fórmula de los sacrosantos fondos reservados, que permite camuflar "favores personales- recibidos o dádivas que se blanquean con otro rótulo. La coincidencia no es tal vez fortuita. Domingo Cavallo y Alberto Kohan, hermanados en este incidente relativo al enmascaramiento del dinero estatal dentro del país, han sido denunciados por la Comisión Antilavado de la Cámara de Diputados, en su informe preliminar del viernes 10 de agosto de 2001, por tener cuentas bancarias no declaradas en el exterior.

La parafernalia de la cohetería financiera de los fondos reservados se halla acompañada por la doctrina del sigilo instaurada bajo la década menenista. Por decreto del Poder Ejecutivo, en 1995 se abrogó uno anterior de 1985, que establecía «normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativa". Para solicitar copia, la norma fija como requisito elevar la solicitud a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, firmada por un Ministro o por el Secretario General de la Presidencia. El legislador que desee conocer el contenido de una decisión confidencial debe, por su cuerda, pedirla a través del Presidente de su Cámara, a la Secretaría Legal y Técnica, encargada del archivo de los documentos secretos. Si consiguiera finalmente la copia, se le advierte que lo alcanza el artículo 157 del Código Penal sobre violación de secretos. Empavonados con múltiples cerraduras de seguridad los papeles que rigen los fondos reservados son prácticamente inexpugnables al control democrático.

La libido del poder y los colores del dinero a lo largo y ancho de la geografía humana tienen sus puntos cardinales en el mapa del latrocinio argentino. El viernes 17 de agosto de 2001 el juez Gabriel Cavallo había sido elegido por el Ministro de justicia, Jorge De la Rúa, para que su hermano Presidente lo embocara en el puesto vacío de la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires. En el impulso, el magistrado anuló las solicitudes pendientes decretadas por su predecesor Liporaci, y exigidas por el Ministerio Público, por las cuales se convocaba a declaración indagatoria a Fernando de Santibañes, Alberto Flamarique y José Genoud.

Catorce días después, o sea el viernes 31 de agosto, el Presidente Fernando De la Rúa envió el pliego del juez Cavallo al Senado, que, de acuerdo con la premonición de los fiscales Freiler y Delgado, lo ungirá como camarista.

La pregunta acerca de la conducta del juez Cavallo me pareció inevitable. Si no se inhibió luego de que dos senadores imputados en la causa lo votaron en el Congreso de la Magistratura para camarista, ¿por qué debería hacerlo ahora? Y se me ocurrió una respuesta. Si lo hace será para que no encaiga en sus espaldas el peso de la decisión del sobreseimiento que necesitan los actuales senadores, pues luego del cambio de legisladores nacionales en diciembre venidero se quedarán sin fueros.

El domingo 9 de septiembre de 2001, el juez Cavallo volvía de España, a donde había ido a dar una serie de conferencias acerca de su resolución de abolir las leyes de impunidad.

Recordé que en un capítulo anterior había dejado anotados los malos augurios que me inspiraban aquellas medidas mal imaginadas por Gabriel Cavallo. Las combiné de inmediato con la fresca noticia de que ese Juez era llamado a resolver desde el lunes 10 de septiembre de 2001, a propósito del pedido de detención preventiva, con fines de extradición, de 17 militares y un ex juez civil, presentados por el magistrado español Baltasar Garzón, quien en su requisitoria reiteraba una solicitud anterior referida a otros 48 represores, entre ellos un civil.

Lo que temía era que el Juez Cavallo echara a dormir la petición, cobijándola con supuestas impresiones y faltas deforma hasta que no hubiera posibilidades de hacer nada. Y le daba vueltas a una pregunta que quizá tenga una plena respuesta cuando el manuscrito en el que estoy empeñado entre a la imprenta: ¿a quién se le podía ocurrir que un juez candidato a camarista, y que está a la espera de que los poderes el ejecutivo y legislativo lo promuevan a semejante ascenso, será capaz de enquilombarle la vida al gobierno decretando detenciones preventivas de genocidas despreciables perseguidos por un Juez extranjero?

La campaña electoral para elegir el próximo 14 de octubre de 2001 a los 72 futuros ocupantes de las bancas senatoriales se anuncia reñida. Esos escaños siguen enervando muchas aspiraciones. Dos ex presidentes, un gobernador en ejercicio y otros seis que lo fueron, 16 diputados y 11 de los actuales senadores serán candidatos. Raúl Alfonsín como titular en la provincia de Buenos Aires, y Carlos Menem como suplente en La Rioja, se enzarzarán con los ex gobernadores Eduardo Duhalde (Buenos Aires), Jorge Busti (Entre Ríos), Carlos Maestro (Chubut), Ramón Puerta (Misiones), Pedro Salvatori (Neuquén), y con el actual gobernador de Santiago del Estero, Carlos Juárez. Completan provisoriamente las listas los intendentes de dos capitales provinciales (José Zavalía, Santiago del Estero, y Eduardo Brizuela del Moral, Catamarca), el cura de Quilmes, Luis Farinello, con su partido Polo Social, Rodolfo Terragno por la UCR de Capital Federal, y varios senadores que quieren renovar sus mandatos: por el PJ, Eduardo Menem, Jorge Yoma, Ángel Pardo, Carlos Verna, Beatriz Raijer, yJosé Luis Gioja; por la UCR, Mario Losada, Horacio Usandizaga, Raúl Galván y Jorge Agúndez.

Si desde Balcarce 50 le orientan la vida futura al juez Gabriel Cavallo en el 2002 de Comodoro Py, el juez Rodolfo Canicoba Corral, por su parte, se apresta a resolver si cierra el procedimiento penal contra Rafael Bielsa por el sumario incoado a partir de la denuncia de Fernando de Santibañes por abuso de autoridad y violación de los deberes de funciónario público. El pleito es porque el titular de la SIGEN auditó la SIDE, como se consignó en capítulos precedentes. El fiscal federal Miguel Ángel Osorio, pidió el sobreseimiento de la causa, pero el juez seguía remojando sus fauces en parajes recónditos del expediente. Nadie podía sonsacarle nada.

En ese contexto, los dictámenes del titular de la Procuración General del Tesoro de la Nación (PGT), Ernesto Alberto Marcer, son arrebatadoramente armónicos. Por el interpósito Marcer se decomisaba la munición de Fernando de Santibañes contra Bielsa.

Desde el 10 de diciembre de 1999, Marcer intentó vaciar de contenido las funciones de la SIGEN. El conflicto entre De la Rúa y Chacho Álvarez se prolongaba entre Marcer y Bielsa. Los casos trenzaban sumas hipermillonarias: las adjudicaciones de los corredores viales (peajes), el PAMI, el canon adeudado por Aeropuertos 2000 S.A. (Eurnekian) por la privatización de los aeropuertos, la liquidación del Instituto Nacional de Reaseguros y los juicios contra el Estado entablados por el grupo Bridas (Bulgheroni).

En todos ellos, Nicolás Gallo, entonces Ministro de Infraestructura y Vivienda y padrino de Marcer, fue el encargado de negociar los pagos, hasta que lo ascendieron a Secretario General de la Presidencia en reemplazo de Jorge De la Rúa, que pasó al Ministerio de justicia, al tiempo que Bielsa fue y es contralor y autorizador de la legalidad de las decisiones.

Marcer encargó al abogado contratado doctor José Manuel Ugarte un dictamen sobre las competencias de la SIGEN y la PGT, en el que se concluye que las decisiones de la SIGEN pueden apelarse ante el propio Marcer, inventando, así, una instancia inexistente. Según la Ley 24.156, que regula la acción de la SIGEN, cualquier organismo controlado que no colabore o desoiga las recomendaciones incurre en falta grave. Para Ugarte esto no es automático, y es conveniente escuchar la opinión de la Procuración del Tesoro. En esa dirección relativiza las facultades que la citada ley da a la SIGEN en materia de aplicación de sanciones y realización de denuncias.

El fundamento legal que esgrimía Ugarte era de la autoría de Eduardo Mertehikián, mano derecha del ex ministro de la Corte Suprema de justicia, Rodolfo Barra, quien siendo Ministro de justicia de Carlos Menem tuvo que renunciar al revelarse públicamente su pasado nazi.

Barra, por su parte, comanda hoy en día la Auditoría General de la Nación, cargo al que llegó a través de uno de los últimos actos del gobierno de Menem, quien propuso su nombre al Senado el 6 de diciembre dé 1999. Su pliego fue aprobado por la mayoría del PJ en la Cámara Alta pero, primero Álvarez -ya Vicepresidente- y luego Genoud como Presidente Provisional del Senado, se negaron a tomarle juramento. Por ello, el PJ organizó un tumultuoso acto en el Salón Azul del Palacio del Congreso y, lo que debió ser una ceremonia en el recinto, tuvo ribetes de bufonada. Entre gritos y cánticos de legisladores y funcionarios del menenismo que se despedía del gobierno, Barra juró ante Antonio Cafiero, por entonces Vicepresidente Primero del Senado. Así fue designado Presidente de la Auditoría.

El punto más llamativo del informe de Ugarte es el que sugiere a los acreedores que reclaman al Estado que consulten a la Procuración General del Tesoro y eludan a la SIGEN para evitar frenos o demoras. Desde la llegada de la Alianza al Gobierno, la SIGEN ahorró al Estado 800 millones en bonos rechazados, vale decir, deudas ¡legales por ausencia de los títulos o por insuficiente acreditación de existencia de la deuda. Ugarte admitió ser el autor del dictamen a pedido de Marcer, pero éste lo negó. El informe existe y es posible obtenerlo por vías gubernamentales.

El dictamen de la PGT que se explaya sobre ATC y Télam, era la arbitrariedad jurídica de punta en blanco. A principios de 2001, el presidente Fernando De la Rúa firmó el decreto 94/01 por el que creó el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado (SINAMEP S.E.) y declaró disueltas y en situación de liquidación a ATC Canal 7 S.A. y Télam S.A.l.P. Perentoria, la SIGEN observó que el decreto era inconstitucional, ya que para modificar o transformar sociedades autárquicas del Estado, se necesita de una ley del Congreso y no se puede hacer por decreto del Poder Ejecutivo, tal como lo establecen el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional y el artículo 9 de la Ley 20.705, publicada en el Boletín Oficial del 28 de agosto de 1974. La Carta Magna establece que el Presidente de la Nación tiene vedado emitir disposiciones de carácter legislativo, mientras que la ley de marras anuncia que para transformar una Sociedad del Estado, el Ejecutivo debe solicitar al Congreso facultades delegadas y específicas para el organismo que se pretenda modificar. En el ejemplo de la SINAMEP, De la Rúa violó la Constitución y la ley vigente, usurpando facultades propias del Poder Legislativo, además de validar graves deficiencias en los balances de ATC y Télam que, previamente a la sanción del decreto, los auditores del Estado se habían negado a aprobar.

La SIGEN advirtió a De la Rúa que estaba cometiendo un acto que puede acarrear un significativo perjuicio al patrimonio público, en virtud de las consecuencias que puede conllevar el dictado del decreto 94/01. En lenguaje llano, las consecuencias son: incumplimiento de los deberes de funcionario público, ergo, juicio político de destitución. A diez días de esta barrabasada, Marcer declaró que "El argumento del Síndico General de la Nación ( ... ) resulta irrelevante", dándole así viso de legalidad al decreto 94/01.

Dos dictámenes más de la PGT son de una naturaleza tal que para averiguar su paternidad no hace falta la prueba del ADN. El 26 de julio de 2000 la SIGEN le comunicó al entonces titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Pedro Pou, el inicio de un relevamiento con vistas a una auditoría. El 29 de agosto siguiente, Pou le comunicó a Bielsa que eso era imposible ya que el BCRA no estaba bajo la égida de competencia de la SIGEN. Un año después, Marcer apañó a Pou. Y de paso, a la SIDE. Elaboró un dictamen de tipo secreto, algo no solamente inédito sino jurídicamente aberrante, teniendo presente que todo dictamen legal para que pueda ser discutido, rebatido o aceptado, debe ser público.

El 6 de febrero de 2001, Marcer escribió: "Del texto del precitado decreto ley 5315/56 ( ... ) puede inferirse con total claridad que el Sr. Presidente de la Nación cuenta con facultades suficientes para disponer la autorización para que dejen de ser secretas las actividades de la Secretaría en cuanto al manejo de fondos. Se colige de lo anterior que: a) Mientras no se confiera autorización circunscripta a determinada persona y siempre que se invoquen razones suficientemente fundadas, la información [sobre las cuentas de la SIDE] debe mantenerse en reserva y, por ende, sustraída al control que ordinariamente ejerce la SIGEN debido a las atribuciones que le confiere la Ley de Administración Financiera número 24.156 (...) c) El Secretario de Inteligencia del Estado no puede, por sí, suplir la mentada autorización presidencial (...) por las razones expuestas, concluyo -salvo que el Presidente de la Nación disponga lo contrario-, que la SIGEN carece de atribuciones para controlar las asignaciones presupuestarias de carácter secreto de la SIDE, su aplicación y el pertinente trámite de sus solicitantes".

Donde Marcer se ponía a cañón tocante con la plata negra era en un dictamen específico sobre honorarios de los abogados del Estado, rozando el presunto enriquecimiento ¡lícito personal. El espíritu de la Ley 12.954 que crea el Cuerpo de Abogados del Estado, tanto como el del artículo 12 del Decreto Reglamentario 34952/42, es que la representación en juicio del Estado la tienen los servicios jurídicos de los ministerios, entes autárquicos u organismos nacionales.

Pero ocurre que solamente en casos excepcionales el Poder Ejecutivo puede conferir tal representación al Procurador General del Tesoro. Esto se fundamenta en su carácter de asesor del Poder Ejecutivo; y, como principio, el asesor no debe ser litigante porque no es imparcial. Si se convierte en litigante, pierde su independencia técnica para asegurar el imperio de la legalidad en la administración. Existiendo esta doctrina, el 7 de enero de 2000, Marcer dictó la Resolución 002/00 por la que ordenó a los Servicios jurídicos Permanentes del Cuerpo de Abogados del Estado que en un plazo de 24 horas deberían poner en conocimiento del Procurador General del Tesoro «toda demanda de relevante significación económica o institucional, en la que el Estado se encuentre demandado o tenga interés comprometido», fijando el piso de las demandas en un millón de dólares o más.

Esto implicaba que en la práctica Marcer debe firmar todas y cada una de las minutas correspondientes a tales juicios, reservándose así una posición privilegiada para cobrar honorarios según una normativa a medida, regulada por una resolución de su autoría. En síntesis, Marcer no solamente se apropia del trabajo de los Abogados del Estado haciendo autofavoritismo, sino que negocia personalmente con la contraparte en procesos judiciales que duran varios años, y que finalizan con decisiones políticas en las que la danza de los millones está preñada de concertaciones entre bastidores.

Dejé el departamento de Caballito anegado en sombras y con los muebles ensabanados. Los aposentos de soltera de mi cuñada quedaron a merced de los apagados ruidos del abandono. Cerré la puerta con llave, bajé a la calle y salía la grisura de Buenos Aires.

Con el disquete del manuscrito terminado en mi portafolios, sentí que había superado el ecuador de mis aspiraciones. Desarraigado en mi propio país no en vano pensaba que, a lo largo de la redacción, había resucitado las colmas del Senado desde una postura algo distante, como si las viera en una secuencia cinematográfica. Y eso me aterrorizó doblemente. Porque podía palpar en el ajetreo de las calles el riesgo que siempre traté de imprimirle a mi vocación profesional, y porque, al mismo tiempo, la fuerte emoción que me había inspirado la tarea estaba en su apogeo. Quien no mira adelante, atrás se queda, pensé, tal vez con cierto atrevi . miento. Me veía como un transgresor, y eso me llevaba a compadecerme de los cómodos, los resignados y los razonables, los que nunca se han estremecido con la lúdrica hazaña de la creación literaria.

El editor esperaba, y yo no pensaba defraudarlo. Me había invitado a cenar comida multiétnica, pero casera, en un modesto restaurante afgano. Lo había montado un ex diplomático de esa nacionalidad que se quedó en la Argentina cuando los talibanes se alzaron con el poder El lugar lo había elegido yo. Tomaríamos vino sudafricano, y de entrada comeríamos ensalada de tomates, cebollas y pepinos, con salsa de cilantro, limón verde y menta. Para uno seguiría una Moshawa, sopa de sola, judías rojas y carne picada, aromatizada con hierbas del jardín. Para el otro unos Mantou, ravioles de puerro con una salsa de legumbres y carne picada, cubierta de una fina capa de yoghurt picante. Después, compartiríamos como plato principal un Quabouli-Palaw. Mejor dicho, un arroz al vapor con especias, servido con zanahorias, pistacho, pasas de uva y almendras; con pollo para el editor, con carne de cordero para mí.

Fuentes

Página 12, Buenos Aires, 16 de septiembre de 2000. Informe del 29 de septiembre de 2000, firmado por María Esther Bruzzo, jefa del Departamento Técnico Registral de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. Copia en el archivo de los autores.

Clarín, Buenos Aires, 7 de marzo de 2000. Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho", declaración indagatoria del senador Ortega en presencia de su abogado, Carlos A. Daray, Tomo v, folios 976-985.

Noticias, Argentina, número 1235 del 26 de agosto de 2000 y número 4298, del 4 de agosto de 2001. "Ortega Ramón B. y otros s/cohecho», declaración testimonial del 30 de agosto de 2000 de Ricardo Branda, Tomo ii, folios 251 y 254 y su indagatoria del 19 de octubre de 2000, Tomo viii, folios 14831492. Escrito del 25 de abril de 2001 de Ricardo Monner Sans, Tomo XXVII folios 5359-5360. juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 7, causa 10075/00, "Branda, Ricardo s/delito de acción pública". La Nación, Buenos Aires, 3 de mayo de 2001. Rodolfo González Arzac, La pista del ensobrador, en http//w-ww.data54.com, 15 de mayo de 2001. Clarín, Buenos Aires, 15 de julio de 2001. Página 12, Buenos Aires, 5 de agosto de 2001.

Causa 9900/00, «Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho", informes del Citibank N.A., Tomo xxxii, folios 6305-6314 y 6462-6465. Solicitud de indagatoria de Jorge Cosci de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado del 17 de julio de 2001 y recepcionada por el juez Gabriel Cavallo el 18 de julio de 200 1, Tomo XXXIII Actuaciones complementarias de la Fiscalía Federal 7, sobre la denuncia de Ricardo Monner Sans; declaración testimonial de Gustavo Tarallo, folios 460-461; declaración testimonial de Estela del C. Luna, folios 583-584.

Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho», escrito de Alberto Tell y su indagatoria del 10 de octubre de 2000 en presencia de sus abogados Nicolás Maciel y Roberto Vald, Tomo vii, folios 1280-1297. Informe de American Express Argentina S.A. del 11 de septiembre de 2000, Tomo x, folios 1835-1836. Informe del Banco de Galicia del 20 de noviembre de 2000, Tomo xv, folio 2818. Informe de la Caja de Valores S.A. del 15 de diciembre de 2000, Tomo xviii, folio 3466. Informe del Departamento de Delitos complejos de la Policla Federal del 1, 14 y 17 de noviembre de 2000, Tomo xx, folio 3994, y Tomo xxi, folios 4032 y 4059 respectivamente. Requerimiento del 16 de marzo de 2001 a los peritos de la Corte Suprema de justicia Luis Sánchez Brot y Roberto Rodríguez, Tomo xxix, folios 4918-4924. Página 12, Buenos Aires, 18 de marzo de 2001; Clarín, Buenos Aires, 9 de septiembre de 2000; Noticias, Argentina, número 1298, del 4 de agosto de 2001.

Revista Veintitrés, Buenos Aires, número 113 del 7 de septiembre de 2000. Espinola Vera fue Subsecretario de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en el gobierno del radical Alejandro Armendáriz (1983-1987). También asesoró a los ex candidatos presidenciales Eduardo Angeloz (1989) y Horacio Massaccesi (1995). Página 12, Buenos Aires, 24 y 26 de octubre de 2000. Entrevista con E. Espínola Vera en Radio del Plata, Buenos Aires, 26 de octubre de 2000, copia de la transcripción en el archivo de los autores. Resolución OA 1077/01.

División Determinaciones de Oficio de la DGI, informe del 8 de noviembre de 1996. Asesoría Legal de la DGI, dictamen de 11 de noviembre de 1996. Subsecretaría de Presupuesto, respuesta al juez Tiscornia del 6 de enero de 1997. Decretos del Poder Ejecutivo, números 2.360 del 28 de diciembre de 1994 y 117 del 24 de enero de 1995. Nomenclador Nacional para la Clasificación del Gasto Público. Presupuestos Nacionales y Cuentas de Inversión. Resoluciones de la Auditoría General de la Nación y Decretos distributivos de gastos del Poder Ejecutivo Nacional, años 1985 y 1997. Rendición pública de Cuentas de los Gastos Reservados por el Bloque FREPASO, marzo/agosto 1997. Expediente 1501-D 95 de la H. C. de Diputados y Resolución 56/96 del H. Senado de la Nación. Texto del Reglamento Interno aprobado en el H. Senado de la Nación el 30 de noviembre de 1996. Expediente S-2291/96 (DAE 149). Apartado "F.9. Del acceso a información y documentación del poder ejecutivo Nacional». Segundo informe de la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA, 1998, páginas 298-300. Clarín, Buenos Aires, 22 de septiembre de 1997 y 11 de agosto de 2001. La Nación, 22 de junio de 1999 y 22 de octubre de 2000.

Página 12, Buenos Aires, 23 y 27 de julio de 2000, 18 de agosto y 7 de septiembre de 2001; Clarín, Buenos Aires, 20 de agosto de 2001 y La Nación, Buenos Aires, 22 de agosto y 1 de setiembre de 2001. El Mundo, Madrid, 22 de agosto de 2001 y El País, Madrid, 8 de septiembre de 2001. Memorando de José M. Ugarte sobre las competencias de la SIGEN y la PGT. Decreto 94/01 publicado en el Boletín Oficial del 30 de enero de 2001. Notas SIGEN 2061/00 del 26 de julio de 2000 y 0291/2001 -GS del 8 de febrero de 2001. Dictámenes del Procurador General del Tesoro Ernesto A. Marcer del 6 y 16 de febrero y del 26 de junio de 2001. Resolución 002/00 del 7 de enero de 2000, firmada por el Procurador General del Tesoro, Ernesto A. Marcer. Nota de Pedro Pou a Rafael Bielsa del 29 de agosto de 2000. Memorando SIGEN 7790/00-GAL del 8 de noviembre de 2000. Copias de los citados documentos en el archivo de los autores.

FIN

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