La transferencia de fondos públicos para mantener a flote a los bancos que manejan el ahorro nacional, es una monstruosidad que implica que las operaciones de salvamento de los bancos que jamás han financiado el desarrollo nacional, se apliquen a costa de la reducción de obras en beneficio de la sociedad.

La aplicación de cada vez menos recursos a la inversión física en comparación con los que se dirigen al rescate financiero ha sido una invariable práctica oficial desde que el presidente mexicano Ernesto Zedillo (1994- 2000) decidió comprometer dinero de los contribuyentes para evitar que los bancos que pasaron de manos privadas mexicanas a grupos financieros estranjeros quebraran por la crisis que tuvo lugar las vísperas del cambio de la titularidad. De tal manera, el segundo banco mexicano en importancia, Banamex, quedó totalmente en manos de Citibank y el primero, Bancomer, quedará en marzo entrante en las del español BBVA, a pesar de que ha quedado bajo sospecha la naturaleza de los fondos desplazados desde España a México para invertir en el banco mexicano. Serfin quedó en poder de Santander Central Hispano. El Hong Kong Shanghai Bank Holdings adquirió Bital, el cuarto en importancia.

Para hacer las adjudicaciones, calificadas de milagrosas por el gobierno zedillista, el gabinete financiero fundó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). La pantalla para fundarlo fue la necesidad de establecer en un entorno incierto una protección cierta para los ahorradores. En la práctica el IPAB se limita al rescate de los intereses bancarios. El IPAB ha anunciado que entre 1995 y diciembre de 2003 el gobierno ha destinado 27.5 mil millones de dólares para cubrir a los banqueros el interés derivado por el rescate, cuando sus crisis estructurales no les habrían permitido sobrevivir sin el apoyo del gobierno y sobre la base del presupuesto nacional.

Esa cantidad fue superior al monto de los recursos públicos canalizados durante el mismo periodo de ocho años a financiar la inversión física gubernamental, que fue de sólo 16 mil millones de dólares. En 1998, cuando prácticamente habían concluido las operaciones de saneamiento de los bancos con recursos pùblicos, la deuda por esas operaciones alcanzó los 50 mil millones de dólares. Pero en noviembre de 2003 el pùblico mexicano se sorprendió al enterarse de que los pasivos acumulados, materia de los intereses imprevistos, llegan a casi 90 mil millones de dólares, cifra superior a la de la deuda pública externa que asciende a 78.5 mil millones de dólares.

Para dar una idea al lector de lo que significa este derroche, es suficiente con que se entere de que para el salvamento de Serfin el gobierno le inyectó 11 mil millones de dólares, para ser vendido en 1200 millones de dólares al Santander.

En relación con Banamex, que ahora pertenece a Citibank, el gobierno de Fox no parece muy interesado en saber los antecedentes de ese banco norteamericano, así en México como en el extranjero.

Según The New York Times del 5 de junio de 1996, Citibank, fue el medio de que se sirvió la familia del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) para desplazar desde su oficina en México a la matriz en Nueva York 100 millones de dólares de dudoso origen.

El mismo diario TNYT en su edición de 11 de junio de 1966 informó de que a raíz de las acusaciones de que Citibank había recibido, por su complicidad en el lavado de dinero a cargo de Raúl Salinas de Gortari, la ex subdirectora del Citibank, Jane Wexton, fue excluida de la investigación, a pesar de que cuando trabajaba en la institución norteamericana, había sido la encargada de detectar los fondos que presumiblemente provenían del narcotráfico.

La desnacionalización de Banamex fue autorizada por Zedillo (servil empleado de Dick Cheney) y formalizada por el gobierno de Fox, a pesar de que tanto los antecedentes de la empresa compradora Citibank, y la parte vendedora, el narcotraficante Roberto Hernández (semanario La Crisis) ya habían recibido señalamientos graves en México y en el extranjero.

Para Fox carece de importancia que el fraude de Parmalat, consistente en pretender una liquidez de 8 mil millones de dólares mediante su subsidiaria Bonlat en el lavadero de dinero de las Islas Caimán, liquidez que no existía. El aval de los fondos inexistentes lo dio Citibank, institución bancaria que fue de nuevo atrapada in fraganti. Hoy Parmalat es el instrumento de un banco que sirve al conglomerado mafioso texano encabezado por la familia Bush y no, como se dice en Roma, por la mafia italiana.

El resultado de este desastre globalista es que el número de pobres en México abarca ahora a un público de 70 millones en un país de 100 millones de habitantes, y que miles de mexicanos sigan emigrando hacia Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad para vivir.

Mientras el rescate financiero brasileño de 1955 equivalió al 10 por ciento de su PIB y a 18 por ciento el venezolano (1994), en México he llegado a representar el 20 por ciento de su PIB en una operación donde el pago de intereses parece no tener fin. Como consecuencia del derroche, el gasto social se ha sacrificado en aras de un rescate que, como el resto de la deuda externa e interna de México, es impagable. Otra consecuencia del descuido de Vicente Fox y su Partido Acción Nacional ha sido que desde que llegaron al poder en 2000, 500 mil personas han perdido el empleo.

Gastón Pardo