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El 31 de Diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, Panamá recibió de Estados Unidos 400.000 hectáreas de terreno y 3.014 instalaciones que allí poseían las Fuerzas Armadas norteamericanas.

De acuerdo con diversos analistas, los sucesivos gobiernos a partir de 1980 sabían que, con el devenir del nuevo siglo, todo ese vasto enclave colonial alrededor del canal interoceánico pasaría a ser propiedad de Panamá, tiempo suficiente para determinar su empleo de forma equitativa y en correspondencia con los verdaderos intereses del pueblo panameño. A partir de esa fecha se esperaba allí el rápido establecimiento de consorcios de diversas ramas de la industria y el comercio, hoteles, zonas procesadoras, puertos, parque de contenedores, refinerías, aeropuertos, etc. Sin embargo hoy, cuatro años después, la mayoría de ellos son sólo proyectos sin concretar, por lo que más de un panameño se pregunta incrédulo sobre el destino de los bienes transferidos, muchos de los cuales carecen todavía de utilización alguna.

Al momento del paso a jurisdicción panameña se decía que existía ya una definición clara por parte del Estado con relación a qué hacer en cada uno de los sitios revertidos. Sin embargo, una vez llegado al poder, el actual gobierno promovió de inmediato una «re-evaluación» de lo planificado con anterioridad, lo que trajo consigo la paralización de muchos de los proyectos ya iniciados.

La presencia militar estadounidense representaba para Panamá un ingreso por consumo y servicios superior a los 200 millones de dólares que no ha podido ser reemplazado, como se había previsto, con el estímulo a la inversión extranjera, ni con el fomento hasta ahora ineficaz del turismo.

Se calcula que el monto total del activo que pasó a propiedad panameña fue de unos 35.000 millones de dólares, pero ya desde entonces se decía que esa cifra era mas o menos exacta en dependencia, fundamentalmente, del uso posterior que se diera a esas instalaciones. Si tomamos en cuenta que, hasta el día de hoy, una parte significativa de esas propiedades se debate ante un futuro incierto, se confirma la predicción de que ese monto no expresa aún el valor real transferido.

Por otra parte, y de acuerdo con cifras divulgadas por la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), esa infraestructura ociosa le cuesta al país más de 20.000 dólares diarios, lo que equivale a unos 7.300 millones de dólares anuales, solo por concepto de mantenimiento y seguridad.

Llama la atención que justamente con el propósito de organizar la reinserción de todos los bienes transferidos a jurisdicción panameña, se creó hace más de 10 años la llamada Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), cuya efectividad y poder de ejecución son objeto de continuos cuestionamientos. El descontrol y falta de planificación han propiciado la contratación sólo de lo inmediatamente posible, la venta o arriendo fraccionado de lo que cada cual consideró vendible o alquilable y hasta el saqueo por parte de maleantes.

El caso particular Howard es un buen ejemplo. Esta gigantesca instalación próxima a la ciudad de Panamá y donde por años se basificó la 24 Ala de Cazas Tácticos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha sido quizás como ninguna víctima de las consecuencias de la indiferencia oficial.

Se dice que, luego de infructuosos intentos, un nuevo Plan está en marcha en estos momentos para que esta gigantesca instalación propicie a Panamá una multimillonaria inversión de capital extranjero Sin embargo, la pretensión de establecer allí un área exenta de impuestos para el comercio internacional entra en contradicción con los intereses de los empresarios de la Zona Libre de Colón, segunda fuente generadora de ingresos al país, por considerarla una posible competidora. No obstante esos enormes gastos y los esfuerzos que se realizan por mantenerlos en óptimo estado, siempre hay un margen lógico de deterioro que actúa en favor de su depreciación, si sobre todo se tiene en cuenta que se trata en muchos casos de construcciones anteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Capitulo pendiente en el proceso de traspaso a soberanía panameña de todas esas propiedades y una violación a la letra de los Tratados Torrijos-Carter, constituyen las áreas contaminadas con explosivos que, a escasos kilómetros del canal interoceánico, permanecen sin poderse emplear.

Los tratados canaleros establecían claramente el compromiso estadounidense en la limpieza de los polígonos de tiro que utilizaron sus tropas, pero ante las reiteradas evasivas norteamericanas, algunos han considerado que el arbitraje internacional es la única posibilidad que tiene Panamá para que Estados Unidos asuma su responsabilidad. Los polígonos pendientes a ‘limpiar’ de minas y explosivos sin detonar son los de Pina, Emperador y Balboa Oeste, que de conjunto representan algo más del dos por ciento del total del territorio que comprendía la denominada Zona del Canal.