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Jorge Giordani

El paso que va imponiendo nuestro texto constitucional, en términos de su ritmo electoral, por un lado, permite crear un clima de renovación de autoridades y, por el otro, canalizar pasiones, intereses y oportunidades para desarrollar un marco más sosegado para la recuperación productiva.

Nueva prueba visualiza la fecha del 31 de octubre de 2004 bajo la pauta del poder electoral ejercido a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) como árbitro, que tuvo que imponer su autoridad en el recién y exitoso proceso refrendatorio que concluyó el 15 de agosto pasado, y que a su vez le planteó a sí mismo, como poder constitucional, otros retos para la próxima fase.

Resulta casi risible y hasta digno de la mejor consideración de una experticia psicológica insistir en la llamada artimaña del "fraude electoral". Y es como desconocer la presencia masiva de 14 millones de venezolanos que dieron muestras de dignidad, paciencia y madurez ciudadana, o la de una diferencia tan significativa de millones de votos entre una opción y otra, entre quienes votaron por un NO abrumador, o por quienes lo hicieron por un significativo SI, por demás honorable y respetable.

Todos esos números, para al final argumentar argucias que tocan un exabrupto que ni quienes lo sostienen lo creen en su fuero interno. A todo ello el tiempo se encargará de darle respuesta y es conveniente para sus propios propósitos representativos y legítimos que dejen de lado semejante tinglado para dedicarse a conquistar voluntades.

Pasada la página del 15 de agosto comenzaron los pases de factura, por aquello de que el éxito no se discute pero la derrota queda huérfana de responsabilidades, sobretodo ante tan obstinados adversarios.

La nueva fecha eleccionaria tiene de hecho características diferentes a la anterior. En la ya realizada se trataba de dar curso a un artículo de la Constitución, el número 72, acerca de la revocabilidad de todos los cargos de elección popular.

Dicho derecho se ejercía en Venezuela por la primera vez y nada menos que en relación con el Presidente de la República. Su gestión fue sometida a prueba y vaya respuesta que tuvo... Venezuela volvió a dar un ejemplo para nosotros mismos y para el mundo entero que tenía puestos sus ojos, oídos y atención en este territorio, a propósito del referéndum. Acontecimiento digno de Ripley...

El próximo evento tiene características diferentes, decíamos, por ser ahora más diversificada la escogencia. Un número considerable de personas someterán sus nombres y trayectorias a consideración del electorado. Y aparte de las cualidades presentadas por cada quién, nos preguntamos acerca de cuál contrato social suscribirán en base a una promesa de apoyo a un programa a cumplir, que vaya más allá del simple discurso promisorio y de las palabras que se las lleva el viento.

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Hacia la escogencia del mejor director para determinada partitura debería fijarse la atención, orientada al logro de una democracia participativa y protagónica. El carácter de la democracia representativa que se quiere superar en calidad, se persigue buscando un salto de acuerdo al principio constitucional de la corresponsabilidad.

No basta con cautivar y seducir la voluntad de los electores, elevar la conciencia ciudadana requiere en la Venezuela de hoy un mayor compromiso de acción por parte de quién salga elegido, y de hecho corresponde a los electores de cada circunscripción dar una batalla por lo mejor de sí en esta nueva confrontación local, con argumentos más cercanos a la base y a los intereses de cada quién.

Las bajas pasiones clientelares dignas del pasado reciente y que todavía andan tan campantes por el carácter rentístico de nuestro sistema socioeconómico, deben dar paso a nuevas cartas de compromiso, realistas, viables, que sirvan de guía para el cumplimiento de un servicio público abierto y transparente. La propuesta de programas con un alto contenido de cambio social es una nueva necesidad para los candidatos a las Alcaldías y Gobernaciones.

No se trata simplemente de una formalidad el presentar propuestas, lo esencial del asunto consiste en adaptarse a las exigencias de los tiempos que corren, a la transformación del aparato del Estado preñado de una burocracia que requiere modificaciones para responder a las necesidades insatisfechas, al pago de la deuda social con una función eficaz y eficiente, con un uso racional de los recursos que siempre son escasos.

Los próximos dirigentes seleccionados deben crecer en su corresponsabilidad ciudadana y es deber de todos como electores analizar el tipo de voto emitido con la conciencia que amerita la nueva ocasión, la cual tendrá sin duda, por sus propias características, un mayor grado de abstención.

El rol de las organizaciones políticas y sociales será fundamental en el nuevo proceso eleccionario.

Y para quienes nos inscribimos en la necesidad de seguir profundizando las requeridas transformaciones del país, las recién estrenadas Unidades de Batalla Electoral (UBEs) y las patrullas tienen una significación por demás especial. Como actores directos de la contienda y conocedores de la realidad local, los miles de integrantes de las cercanas 10 mil UBEs, y los millones de pertenecientes a las 150 mil patrullas deben ser de nuevo el alma y corazón de este otro proceso electoral.

Las UBEs y las patrullas nacieron para quedarse por largo tiempo y en la misma medida que madure su coordinación y acción ellas servirán para nuevas funciones más allá de lo meramente electoral, para proyectarse a nivel de lo social, y porqué no, de lo productivo si llegase el momento adecuado, dado su marcado perfil geográfico específico. Ellas pueden constituirse en parte importante de la célula social de nuevo cuño, y otras organizaciones políticas y sociales tendrán que tomarlas en consideración para marcar el paso de una profundización democrática desde abajo.

Por otro lado, como anunciamos al principio, el sistema productivo también vendrá positivamente influenciado en esta fase de recuperación en que se encuentra. La inversión y el gasto social, y en particular lo referente a la infraestructura podrá tener una contraloría social menos burocratizada en la medida en que quienes salgan favorecidos por la voluntad popular puedan exigir, además del compromiso programático suscrito por el apoyo dado, un seguimiento más transparente del uso de los recursos.

La calidad, eficacia y eficiencia del destino de los mismos permitirá consolidar la legitimidad de los elegidos. En cuanto al ejercicio de la elección esta nueva oportunidad que brindan las elecciones locales podrá consolidar la relación que debe existir en cuanto a la continuidad del gobierno nacional y la genuina representatividad de los recién elegidos.

No desaprovechemos la ocasión para concurrir cívicamente a este nuevo examen que nos pone la traza abierta por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando atrás el espectro de los profetas del desastre, adquiriendo el pueblo cada vez mayor confianza en sus propios actos y decisiones, y recordando con el buen poeta, de que seguimos haciendo camino al andar.